Economía del Tabaquismo

Los fumadores se enfrentan a un endurecimiento generalizado de las condiciones económicas y sociales que rigen el consumo de este bien (dicho sea en sentido económico): un incremento notable de los impuestos que lo gravan; restricciones administrativas variadas sobre los lugares donde se puede consumir y respecto de los grupos sociales que lo pueden adquirir; y, finalmente, un aluvión de información pública negativa en relación a este hábito, que suele insistir en los efectos nocivos para la salud. Que yo sepa, ningún economista español ha querido abordar el signo de las actuales políticas públicas, que sin embargo parecen asentarse en la dudosa premisa (para un economista liberal) de que el Estado está llamado a reprimir los hábitos de conducta que perjudican la salud de los individuos.

Sí lo han hecho, sin embargo, varios economistas americanos. Hace años, Gary Becker, quien postuló la racionalidad del hábito cuando el abandono del vicio es costoso, aunque mejore la calidad de vida actual y futura del individuo, y más recientemente Kip Viscusi (Harvard Law School) y Jonathan Gruber (MIT). Conviene partir de algunas evidencias empíricas, todas ellas referidas a la sociedad americana. Primera, no parece que el hábito genere coste neto alguno para la sociedad; es cierto que empeora la salud de los fumadores y, en consecuencia los costes de la atención médica, pero también lo es que acorta su vida y, en consecuencia, los costes futuros de esa atención o las pensiones. Sin, embargo, el tabaquismo genera un flujo notable de ingresos fiscales. Segunda, la sociedad tiende a sobrevalorar el impacto del hábito sobre la salud; por ejemplo, las mejores estimaciones científicas muestran que el tabaquismo acorta la esperanza de vida en torno a 6/7 años, mientras que las percepciones sociales sitúan tal efecto en 10 (hombres) y 14 años (mujeres). Por cierto que los jóvenes son menos optimistas que los adultos a estos efectos. Tercera, según Viscusi, las evidencias científicas respecto de las consecuencias sobre la salud del tabaquismo pasivo son mucho más débiles que las que se refieren al activo. A partir de aquí el debate.

No cabe discrepancia respecto de la necesidad de restringir el consumo de tabaco en lugares públicos; simplemente porque la gente lo quiere así y en la medida que lo desee. Digo esto, aunque el concepto de libertad negativa me ha parecido siempre vaporoso: no tiene límite superior. Sí que se puede debatir acerca de los impuestos sobre el consumo de tabaco. Ya hemos sugerido que su cuantía puede exceder en bastante el coste social derivado del tabaquismo. En consecuencia, los actuales niveles impositivos sólo pueden responder a la voluntad del Estado de mejorar la salud de sus ciudadanos. La fundamentación técnica más perfeccionada de este género de intervención pública guarda asiento en la teoría del nuevo paternalismo público que ha reclamado Matthew Rabin y, en particular, en la hipótesis de la inconsistencia temporal de los comportamientos individuales. La fundamentación ideólogica es mucho más primitiva: el Estado está llamado a decidir por nosotros. Me fijaré en la primera. El número de verano del Journal of Economic Perspectives publica un interesante artículo de Rabin. El desarrollo de algunos experimentos parece demostrar que los humanos tendemos a adoptar conductas inconsistentes a lo largo del tiempo. ¿Qué prefiere, 100 dólares hoy o 112 dentro de una semana?. Algunos individuos eligieron la primera opción. ¿Qué prefiere, 100 dólares dentro de un año, o 112 dentro de un año y una semana?. Curiosamente, una buena parte de los individuos que eligieron la primera opción en la primera pregunta prefirieron la segunda cuando se les formuló la segunda. Somos impacientes respecto de lo inmediato, naturalmente epicúreos y socialmente apresurados. Ello conduce a la adopción de conductas inconvenientes (para nosotros mismos). El Estado debe impedirlo.

Lo cierto es que la imposición de impuestos elevados sobre el consumo de tabaco puede reconducir los comportamientos. Así, parece probado que la elasticidad-precio de la demanda de cigarrillos es bastante elevada: un incremento de los precios de un 10% reduce el consumo en un 7%. Adviértase, sin embargo, que el hecho imponible no es significativamente distinto del que resultaría de la consideración de la ingestión de pastelería industrial, los baños de sol o una afición desmedida al paddle. En cuanto a la justificación técnica , cabe encontrar este tipo de fenómenos en las compras de automóviles, la decisión de contraer matrimonio y cualquier otra decisión que tenga consecuencias futuras. Nadie en su sano juicio, sin embargo, invitaría al Estado a corregir las estupideces que pueden acompañar tales decisiones. Una cosa es que los poderes públicos deban tener en cuenta que los individuos pueden conducirse irracionalmente y otra bien distinta es que les priven del derecho a la irracionalidad o sacar partido de la misma.

Hasta aquí el debate entre Gruber (paternalismo público contra el tabaquismo ejercido vía impuestos) y Viscusi (limitación de los lugares públicos donde está permitido fumar, sin impuestos específicos de naturaleza regresiva). Véase la revista Regulation. Creo que el segundo está más cerca de la buena economía que el primero; sin embargo, el signo de los tiempos confirmará la hipótesis de la inconsistencia temporal como fallo del mercado de cigarrillos. Será cuando el votante mediano sea no fumador. Aplaudirá la subida de impuestos sobre los vicios ajenos. Entonces, no habrá tabaquismo ni ingresos fiscales. Desaparecerá la especie de los fumadores. Y habrá ganado, una vez más, la corrección social.

Publicado previamente en el diario Expansión