Libertad y Organización

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LXXXII. Falta energía. Parte de Daños.

No quiero detenerme en el episodio de los CTC´s. Está en la hemerotecas. El consumidor español paga por algo que no disfruta: la competencia. Mientras, las compañías hicieron inversiones ruinosas en Latinoamérica. También las pagamos.

El primer registro de daños derivados del frustrado acuerdo Endesa-Iberdrola tiene que ver con la constatación de un fracaso: el de la liberalización eléctrica promovida en la legislatura anterior. Lo señala el informe del Tribunal de Defensa de la Competencia y creo que lo asume el propio Gobierno. Hoy, el debate sobre el sector eléctrico debería centrarse en asuntos como la garantía de potencia, la regulación de la calidad en el suministro de electricidad o la articulación del régimen especial, es decir, en el perfeccionamiento de la regulación pública; sin embargo, en los próximos meses vamos a tener que ocuparnos de una asignatura que debería estar ya aprobada, esto es, la competencia.

Publicado previamente en Expansión, en 2001.

Además, al fracaso anterior se suma el del diseño de los CTC´s. Como se ha podido comprobar, las compañías eléctricas defendieron bastante mal el interés de sus accionistas cuando, en 1996, acordaron con el Gobierno un régimen retributivo manifiestamente incompatible con la Directiva del Mercado Único de la Electricidad. Aquello embarró el proceso de liberalización, y sometió el valor de mercado de las empresas a un riesgo regulatorio con un desenlace fácilmente predecible. La última reforma de los CTC´s no es suficiente: seguirán contaminando el proceso de formación de precios y tarifas. Es dudoso, sin embargo, que en el futuro las compañías obtengan algún beneficio en forma de ingresos adicionales significativos.

Pero, quizá, el daño más grave tiene que ver con el descrédito del Gobierno en materia de liberalizaciones, pues lo sucedido afianza lo acaecido, por ejemplo en el sector de telecomunicaciones. Lo apunto en el parte de daños porque a nadie conviene esa pérdida de reputación: dificulta avances futuros. Que hoy los analistas estén dedicados a tiempo completo a descifrar el fracaso de la fusión invita a pensar que sospechan que la mano del Gobierno en los sectores regulados es larga, y que las cosas no se hacen del todo bien. Por ejemplo, no parece razonable que se modifique por sorpresa un capitulo retributivo esencial como el de los CTC´s en pleno proceso de presentación de OPA´s sobre Hidrocantábrico; tampoco que se diseñe sobre la marcha un estatuto de operador dominante en el sector eléctrico; menos que el informe del Tribunal de Defensa de la Competencia haya sido secreto y, por tanto, conocido en grado distinto por los diferentes intereses en presencia. En suma, no parece razonable que la determinación de criterios generales sobre control de concentraciones resulte de la acumulación desordenada de casos particulares. Reglas generales para todos. La solicitud no es extravagante: el Departamento de Justicia de Estados Unidos determinó hace bastantes años unas Merger Guidelines, que permiten a las empresas protagonistas de procesos de fusión anticipar el juicio de la autoridad de competencia.

El último daño que quiero registrar se refiere al fracaso de las reglas que rigen la actividad en el sector eléctrico español. De un lado, hay una sobreprotección de las empresas mediante artefactos dudosos: los regímenes de golden share, la limitación de los derechos de elección de los consumidores, las barreras administrativas a la competencia. De otro, se ata de pies y manos a las compañías imponiéndoles límites que no afectarán a las empresas entrantes. En suma, sobreprotección de las empresas establecidas y regulación asimétrica en beneficio de los nuevos operadores. No hay que decir que sería fácil encontrar un equilibrio más beneficioso para todos consistente en una protección menor y, en consecuencia, una asimetría menos pronunciada al menos formalmente.

Hasta la fecha nadie ha dudado del interés de los mercados españoles de servicios básicos de naturaleza mercantil: crecimientos apreciables, demanda solvente, país serio. Debería seguir siendo así; es la mejor garantía de competencia y de calidad de los servicios. Pues bien, hay síntomas de que la acción pública en el mercado de empresas, en la regulación de los servicios básicos y en el ejercicio de la política de la competencia empieza a estar teñida de arbitrismo y regirse por un cierto paroxismo. Hoy, se establecen limitaciones sobre la propiedad de las empresas extranjeras que desean comprar empresas españolas, que mañana quedan corregidas para no impedir que una determinada empresa alemana con participación municipal pueda hacerlo. Mañana, se aprueba un régimen de CTC´s que pasado es modificado para volver a la situación anterior. Ayer, se dice que se seguirán de cerca las recomendaciones de los órganos consultivos, aunque hoy se crea uno nuevo para tutelar el cumplimiento de las mismas. Demasiada confusión.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LXXXI. Falta energía. La Próxima Fusión Eléctrica.

Algo que se ocultó celosamente: un porcentaje considerable de fusiones empresariales perjudican a los accionistas.

La OCDE acaba de publicar (en 2000) un estudio de lectura obligada, Regulatory Reform in Spain, sobre los procesos de liberalización de la economía española. El documento presta una atención singular al sector eléctrico. A juicio de la OCDE, la concentración empresarial dificulta considerablemente la existencia de competencia efectiva. Es más, la posición dominante de ENDESA e IBERDROLA faculta a estas empresas a ejercer su poder de mercado, de suerte que los precios del mercado de generación se situarían hoy por encima de los precios que resultarían de un mercado competitivo en una cuantía aproximada al 39%. La OCDE recomienda que el Gobierno español adopte las medidas oportunas para que las dos empresas mencionadas enajenen activos de generación en favor de empresas hoy no presentes en el sector eléctrico español.

Publicado previamente en El País, en 2000.

Naturalmente, el análisis de la OCDE es anterior al anuncio de concentración de las dos empresas españolas y también a las medidas adoptadas en el Decreto-Ley 6/2000 de 23 de junio. Desgraciadamente, la voluntad del Gobierno de someter a moratoria el crecimiento de las dos compañías en España no va a surtir ningún efecto; simplemente, porque la moratoria no afecta a las centrales autorizadas, cuya potencia cubre con mucho el déficit de capacidad de los próximos años. En definitiva, la fusión de ENDESA e IBERDROLA nos situaría en un escenario peor que el que ha dado lugar a las recomendaciones de la OCDE. Por lo que parece, las dos empresas están dispuestas a proceder a enajenaciones importantes de activos, con el fin de no perjudicar la competencia efectiva. No seré yo quien dude de la posibilidad de transformar agua en vino. En todo caso, conviene recordar que la moratoria vigente sobre el crecimiento afecta a las empresas que disfrutan hoy de una cuota de mercado superior al 20%. Hay que suponer que la cifra no fue establecida de manera arbitraria por el Gobierno; la única interpretación posible es que el Gobierno entiende que si una empresa disfruta de una cuota superior, entonces está en disposición de ejercer poder de mercado. Por tanto, el volumen de enajenaciones debería estar en consonancia, por simple coherencia con la doctrina del Gobierno en materia de concentraciones, con esa cota.

Se dirá, con razón, que el sector eléctrico mundial comienza a observar las pautas de concentración empresarial observadas por otros sectores. De hecho, el valor de las fusiones y adquisiciones transfronterizas, entre empresas de países diferentes, registradas en 1999 duplicó el nivel observado en 1996. Un estudio reciente de PricewaterhouseCoopers establece el ranking de las fusiones eléctricas más importantes de los últimos tres años. Si centramos la atención en Europa, las concentraciones empresariales han sido trasatlánticas e intraeuropeas, ambas internacionales, con la única excepción de relieve de lo acaecido en Alemania. En este país, al igual que en otros sectores, se ha querido neutralizar los efectos en territorio alemán de la apertura del sector eléctrico a la competencia dictada en 1996 mediante un proceso de concentración de las empresas alemanas. Con todo, el nivel de concentración resultante es inferior al que hoy tenemos en España, antes de la fusión, siendo bastante superior la competencia potencial. El único precedente comparable de la operación planteada que cabe encontrar en Europa se refiere a Holanda. A mediados de la década anterior, el ministro responsable de energía quiso auspiciar la fusión de las cuatro empresas generadoras con el argumento de que ello daría lugar a un campeón victorioso en el futuro mercado interior de la electricidad. La autoridad de competencia se opuso, y con ella el propio Gobierno holandés. La operación no se realizó. Por lo demás, las dos empresas españolas ocupan lugares de privilegio en el ranking mundial de empresas eléctricas privadas. Que algunos monopolios públicos hagan de las suyas en el mercado único europeo solamente puede tener una consecuencia: que la Comisión de la Unión Europea obligue de una vez por todas a algunos países refractarios a la apertura de sus mercados a garantizar el derecho de establecimiento.

Los analistas nos dirán que la fusión ENDESA-IBERDROLA es muy beneficiosa para los accionistas. No hay que hacerles mucho caso: se lo dicen a todas. Sin embargo, un estudio reciente de KPMG muestra que la mitad de las fusiones y adquisiciones perjudican a los accionistas, especialmente de la empresa adquirente. The Economist nos ha regalado este último verano algunas crónicas de fusiones fallidas y/o perjudiciales para los accionistas. La conclusión editorial es que cuando las empresas se fusionan con el propósito primordial de hacer frente a alguna amenaza externa, suelen trasladar sus problemas al matrimonio, que es contemplado como un remedio milagroso. Después, las expectativas no se confirman. Una condición adicional para el éxito es que las empresas sepan responder de manera convincente una pregunta elemental: ¿para qué?. Normalmente, la respuesta suele ser “para reducir costes”. Sin embargo, no es demasiado creíble si antes no han acreditado esa capacidad. Se dirá que las empresas saben lo que hacen; es posible. Lo que es seguro, sin embargo, es que en estas materias sus directivos se equivocan la mitad de las veces.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LXXX. Falta energía. ¿Adónde va el mercado europeo de la energía?

Las Directivas europeas pretenden introducir competencia en el sector energético. Con resultados magros, por lo que ven los consumidores. Algo debe pasar en este sector para que sea tan complicado el ejercicio del derecho de elección de compañía suministradora. Es un Estado dentro del Estado.

Si en el debate sobre la integración económica y monetaria se habló de una Europa a dos velocidades, la liberalización del sector de la energía parece regirse por siete (o más) velocidades; casi tantas como países. El mercado interior europeo de la energía es, hoy, un conjunto de mercados nacionales y regionales separados tanto por barreras legales como físicas. Entre las primeras se cuentan desde aranceles sobre la exportación de energía hasta el mantenimiento de regímenes de monopolio en algunos mercados y grupos de consumidores. Las barreras físicas, de las que España provee un rosario de ejemplos, son el resultado de la falta de infraestructuras de transporte de electricidad y gas, especialmente en lo que se refiere a las conexiones internacionales.

Publicado previamente en Expansión, en 2002.

Los acuerdos alcanzados en el Consejo Europeo de Barcelona, el pasado marzo (del año 2002), no suponen un cambio sustancial de la situación. Pese a la modestia de las propuestas de la Comisión -sin ir más lejos, el Reino Unido cumplía en 1990 las nuevas reglas- el Consejo apenas alcanzó un principio de acuerdo para abrir los mercados del gas y la electricidad a los consumidores "no domésticos” a finales de 2004, sobre la base de unas nuevas directivas de gas y electricidad. En algunos países, como Reino Unido, Suecia o Finlandia, las reformas han ido bastante más lejos de los requisitos mínimos que propone la Comisión. De todos modos, la resistencia de algunos países, entre ellos Francia y Alemania, a algunas de las propuestas de la Comisión, podría llevar a considerar que el acuerdo adoptado es un avance.

Electricidad

La directiva eléctrica vigente fijó el año 1999 como fecha límite para la apertura de un primer segmento del mercado eléctrico europeo a la competencia. Esta apertura debería incrementarse en los años 2000 y 2003 hasta alcanzar un nivel equivalente a un tercio de la demanda de electricidad. Sin embargo, la norma decía poco sobre las condiciones necesarias para asegurar que ese propósito fuera efectivo. Así, la directiva contempla hasta tres regímenes de acceso de terceros a la red eléctrica, y opta por la forma más débil de separación entre las actividades de transporte y distribución y las restantes, es decir, la separación de cuentas. Apenas aprobada la directiva, se percibió la necesidad de establecer normas para regular los intercambios internacionales de electricidad, sin las cuales no cabe hablar de un mercado interior de la electricidad. Se inició el llamado proceso de Florencia, que instituyó un amplio comité con representación de la industria, gobiernos, reguladores y la propia Comisión Europea con el mandato de proponer un sistema de normas para los intercambios transfronterizos. Los intereses encontrados de la industria y el diferente entusiasmo liberalizador de los países no han permitido todavía aprobar esas normas aunque el pasado invierno se alcanzó, finalmente, un principio de acuerdo.

La Comisión Europea propuso en marzo de 2001 varias medidas dirigidas a acelerar el desarrollo del mercado interior de electricidad; entre otras, un proyecto de directiva que enmienda la actual directiva eléctrica, y un proyecto de normativa sobre condiciones de acceso a la red en los intercambios internacionales de electricidad. El propósito de la propuesta, discutida en Barcelona, era abrir el mercado eléctrico a todos los consumidores no domésticos antes de 2003 y a los domésticos no más tarde de 2005, establecer el acceso regulado a la red como único modo de acceso, requerir la separación jurídica y de gestión de los operadores del sistema, formular la separación jurídica de las redes de distribución en 2002, y obligar a la instauración de reguladores nacionales independientes con autoridad, al menos, para establecer las tarifas de acceso a la red.

El conjunto de estas medidas está en línea con los desarrollos regulatorios observados en muchos países. Sin embargo, Francia no acepta la apertura del mercado de clientes domésticos y Alemania objeta el establecimiento de tarifas de acceso reguladas y la creación de un regulador independiente. Tampoco se ha aprobado la propuesta de regulación sobre intercambios transfronterizos de electricidad elaborada por la Comisión.

Gas natural

La situación en el sector del gas natural es muy similar a la del sector eléctrico, si bien con un desfase temporal. La directiva del gas obliga a los Estados-miembros a abrir al menos el 20% del consumo nacional a la competencia, aunque muchos Estados han ido mucho más allá de esa exigencia. En promedio, un 80% de la demanda europea de gas está sujeta, formalmente, a la competencia. Este porcentaje se incrementará hasta el 90% en 2008 según estimaciones de la Comisión. Las situaciones de los países son muy distintas: la competencia está consolidada en el Reino Unido, mientras que en otros, como Francia, la directiva no ha sido trasladada al ordenamiento jurídico nacional. Es necesario distinguir, además, entre la "elegibilidad" de los consumidores y la apertura real, que depende de la existencia de una competencia efectiva por el lado de la oferta. La directiva deja al arbitrio de los Estados el diseño de la regulación. Así, pueden optar entre dos sistemas de acceso a la red, regulado y negociado; la mayor parte de países ha elegido el sistema regulado. Las excepciones más significativas son Alemania y Austria. La directiva también establece una exigencia mínima de separación contable de las actividades de red, pero no pone obstáculos a la integración vertical de las empresas del sector. En la práctica, muchos Estados han querido una separación más estricta.

En respuesta al deseo político de acelerar la liberalización en Europa y, también, en atención a la experiencia de la liberalización eléctrica, la Comisión elaboró una propuesta de nueva directiva del gas, según la cual el mercado del gas tendría que estar enteramente abierto a la competencia a partir de 2005; se exigiría una separación legal y de gestión de las actividades de red; sólo se admitiría el sistema de acceso regulado a las redes y demás infraestructuras; y en cada Estado debería existir un regulador independiente. Estas propuestas están en línea con la experiencia adquirida, aunque son conservadoras en relación a los países más avanzados.

Un nuevo mapa empresarial

Los anuncios insistentes sobre el inicio de la liberalización energética parecen haber originado un proceso de consolidación de la industria eléctrica, mediante fusiones y adquisiciones transfronterizas. Aunque este proceso es una respuesta natural a la integración de los mercados nacionales en un mercado europeo, el resultado inmediato puede ser la consolidación del poder de mercado de los operadores dominantes en sus respectivos mercados nacionales. Incluso en el Reino Unido, donde la concentración empresarial ha caído a lo largo del último decenio, y en los países nórdicos, donde existía tradicionalmente una estructura relativamente atomizada, la concentración empresarial ha aumentado.

El problema no es tanto que disminuya el número de empresas de electricidad y gas en Europa -parece probable que durante la próxima década su número se reduzca notablemente- como que las empresas que se fusionan operen en un mismo mercado geográfico, lo que consolida situaciones de monopolio y hace muy difícil la concurrencia de operadores extranjeros. Ello podría retrasar algún que otro lustro el establecimiento de un mercado europeo auténtico. Un problema adicional es que algunas de las empresas protagonistas disfrutan de posiciones de monopolio en su mercado doméstico o, por ser de propiedad estatal, se benefician de recursos financieros de bajo coste.

Aunque con diversos grados de entusiasmo, las autoridades europeas de la competencia empiezan a enfrentarse a las operaciones de concentración entre empresas energéticas. Llama la atención, por ejemplo, que la autoridad de competencia alemana haya reconocido, recientemente, que se equivocó en el pasado al autorizar la fusión de dos grandes empresas eléctricas. En todo caso, al igual que en el caso de la regulación, los criterios que se aplican en los países de la UE no son homogéneos.

En definitiva, los mercados de la energía europeos están inmersos en un profundo aunque lento proceso de transformación. Junto a algunas regiones de la UE que observan un grado de competencia significativo, en otras la competencia es inexistente. En España, el grado de apertura formal a la competencia es ligeramente superior al promedio europeo. Como en otros países, la competencia real está lejos de las apariencias.

Lo anterior sugiere que la liberalización y la integración de la energía europea va a seguir adelante, pero también augura un camino lleno de baches.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LXXIX. Falta energía.

Siempre me ha interesado la economía de la energía, especialmente después de mi paso por el Ministerio de Industria y Energía entre 1994 y 1996. Ofrezco aquí unos pocos de los artículos de prensa publicados estos últimos años. Esencialmente los relativos a las fusiones entre compañías eléctricas españolas y otros que rozan consideraciones de orden medioambiental.

Los proyectos de fusión de compañía energéticas españolas reúnen todos los ingredientes del joven capitalismo español: desprecio de los intereses de los accionistas, deterioro de las reglas más elementales de la competencia (¿cómo puede haberla cuando se pretende la fusión de dos compañía como ENDESA e IBERDROLA que suman el 80% del mercado eléctrico español?) y la larga mano del Gobierno en la vida empresarial. No conocemos todavía las razones de la probada hostilidad del Gobierno a la fusión entre IBERDROLA y Gas Natural. Desde luego, la hipótesis más atinada dice que respondió al rechazo de que de la misma surgiera una empresa catalana que articulara el sector energético español. Aclaro que el rechazo se debió al apellido, aunque se hizo uso de la institución pública encargada de que no prolifere ese numeral en la economía español, el Tribunal de Defensa de la Competencia.

Como otros países que han avanzado por la senda de la liberalización tramposa, España también tuvo sus apagones eléctricos. La diferencia es que por asuntos así tiene que marcharse el gobernador de California y aquí no enorgullecemos de la liberalización realizada.

Esto de singularizar al sector energético es un resabio totalitario. La importancia de la industria pesada.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LXXVIII. El valor de la reputación. La Confianza Social en las Empresas.

En los últimos días (en mayo de 2003), y con ocasión de la celebración de las Juntas Generales de Accionistas, unas pocas empresas españolas han presentado sus primeros informes de responsabilidad corporativa, lo que constituye un impulso notable a la extensión de este género de cultura empresarial en nuestro país. Simplemente, se han sumado a iniciativas similares que desde hace algunos años vienen desarrollando empresas líderes mundiales en sus respectivos mercados. Entre los aspectos más interesantes de tales informes cabe citar la fundamentación de la política de reputación corporativa presentada por Telefónica, pues entronca bastante bien con el debate doctrinal sobre la ciudadanía corporativa y la confianza social de las empresas.

Publicado previamente en Expansión, el 30 de abril de 2003.

El Eurobarómetro ofrece algunas pistas acerca de la confianza que despiertan las grandes empresas entre los ciudadanos europeos. Cabe destacar, en primer lugar, que constituyen la institución social peor valorada, con la única excepción de los partidos políticos, quedando muy lejos de los méritos atribuidos a las instituciones del Estado, gobierno y parlamento, iglesias o medios de comunicación. Pero lo más llamativo es que la confianza suscitada por las grandes empresas parece observar un claro declive a lo largo de los últimos años, a diferencia del resto de instituciones sociales, según la misma fuente. No debe extrañar, por tanto, el éxito editorial de los best-sellers que cuestionan a las grandes marcas, como No Logo de Naomi Klein, o que las protestas sociales dirijan la mirada a las grandes empresas. En segundo lugar, tales fenómenos parecen registrarse, casi sin excepción, en todos los países europeos. Las percepciones de los ciudadanos españoles tienden a situarse en el promedio europeo.

Pese a lo anterior, conviene señalar que la valoración social de las marcas muestra una gran heterogeneidad. Aparentemente, la más crítica se centra en un número limitado de marcas de gran notoriedad que, en algún momento, han protagonizado algún comportamiento poco cívico de acuerdo con las creencias y valores de los ciudadanos (Nike), que desarrollan actividades en determinados sectores (Marlboro) o que proyectan imágenes de abuso de poder (Microsoft). Por el contrario, la valoración social más favorable de las marcas parece estar relacionada, según un buen número de análisis empíricos, con la percepciones ciudadanas respecto de atributos tales como la apertura a la sociedad, honestidad, utilidad de sus servicios, simpatía o generosidad. Al decir de su informe, Telefónica pretende construir su política de reputación corporativa en la asociación social de este mismo género de valores a sus marcas; todo ello debidamente proyectado sobre las relaciones con los diferentes grupos de interés que concurren en la actividad empresarial. Creo que no se equivoca: un estudio reciente promovido por la London Business School muestra que la rentabilidad de las grandes empresas parece estar relacionada positivamente con las percepciones sociales respecto de su comportamiento cívico. El mismo informe de responsabilidad corporativa de la compañía demuestra que sus marcas valen mucho; no conviene perder la reputación.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LXXVII. El valor de la reputación. Es Usted un Demagogo

Así están las cosas. Compras acciones, te quejas y quieren insultarte.

Durante la pasada Junta General del BBVA, un accionista cometió la impertinencia de sugerir al presidente de la compañía la rebaja de su remuneración, al igual que otros presidentes de empresas españolas han convenido hacerlo recientemente. Y es que los tiempos no son propicios para la creación de valor. El accionista recordaba, sin citarlos, los principios de moderación y de vinculación a los resultados empresariales que el informe Olivencia consideraba que deberían iluminar la determinación de las remuneraciones de los miembros de los consejos de administración. El accionista no pudo recordar nada del Informe Aldama, porque esos principios han debido caducar: la última generación española de prácticas de buen gobierno corporativo nada dice al respecto. La respuesta del presidente fue congruente con la actualidad. “Es usted un demagogo”, le espetó al accionista protestón. Sin embargo, la modestia de los presidentes es virtud frecuentada en tiempos de zozobra bursátil; así, el consejero delegado de Eli Lilly, compañía presente en el Fortune 500, redujo su retribución e incentivos a un dólar para el ejercicio 2002. Pretendía con ello, como los buenos generales, compartir el rancho de sus soldados. Demagogia.

Publicado previamente, junto con Ramón Pueyo, en El País, el 11 de mayo de 2003.

Recientemente, la firma Heidrick & Struggles ha dado a conocer el último de sus informes habituales sobre prácticas de gobierno corporativo en Europa; el estudio está basado en el análisis de las prácticas de gobierno de 296 empresas de diez países, seleccionadas de acuerdo con la importancia de su valor de capitalización; entre ellas se encuentran las treinta y cinco empresas españolas que forman el IBEX 35. Hay un asunto en el que, como no podía ser de otra manera, las compañías españolas se encuentran en cabeza: los consejeros de las compañías españolas son los mejor retribuidos de Europa, seguidos por los consejeros de compañías británicas y belgas.

Es cierto que las remuneraciones de los miembros de Consejos de Administración deberían, además, estar en relación con sus capacidades profesionales. Un vistazo somero a las webs de las empresas del IBEX demuestra que las compañías españolas no suelen ofrecer información pública de los curricula profesionales de los miembros del consejo de administración, lo que impide evaluar este extremo, a diferencia de lo que es habitual en las empresas europeas más acreditadas en esta materia. De igual manera, mientras que el porcentaje de compañías que informan acerca de la pertenencia de sus consejeros a otros consejos de administración varía entre el 100% de Alemania, Reino Unido y Portugal, y el 55% de Italia, en España el porcentaje no llega al 10%.

En términos más generales, el informe Heidrick & Stuggles valora globalmente la calidad de las prácticas de gobierno corporativo de las empresas analizadas de acuerdo con las recomendaciones al uso. Los asuntos de gobierno corporativo estudiados se corresponden con tres grandes áreas: métodos de trabajo del consejo, incluyendo estructura del mismo y funcionamiento de los comités; composición del consejo; y, por último, transparencia informativa sobre asuntos tales como niveles retributivos o presencia de los consejeros en otros consejos de administración. Así, no extrañará saber que las prácticas mejores parecen producirse en las empresas del Reino Unido y Holanda; tampoco que la valoración de las prácticas de las empresas españolas es desalentadora: sólo las compañías portuguesas están peor. Tal y como señala el informe de Heidrick & Struggles: “las empresas españolas destacan por su poca transparencia con respecto a las políticas de remuneración de sus consejeros, sus historiales y el proceso de nombramientos. De esta forma, se hace difícil para los inversores el evaluar posibles conflictos de interés, así como la verdadera independencia y competencia de los administradores”.

Es cosa sabida que las prácticas en materia de gobierno corporativo importan, y mucho, a los inversores institucionales; así queda reflejado en el estudio, “Global Investor Opinión Survey”, desarrollado por McKinsey & Company. Dicho estudio, basado en entrevistas a doscientos grandes inversores institucionales de todo el mundo, pone de manifiesto que la valoración de las prácticas de buen gobierno de las compañías tiene una influencia decisiva en sus decisiones de inversión financiera. Así, un 63% de los inversores institucionales declara que las (malas) prácticas de gobierno de una determinada empresa pueden conducir a la exclusión de sus carteras, con independencia de otro tipo de consideraciones financieras; igualmente, más de un 50% de los inversores adoptan sus decisiones de inversión en los mercados nacionales de acuerdo con las percepciones sobre las prácticas de gobierno empresarial de cada país. No debe sorprender, pues, que estos mismos inversores se declaren dispuestos a pagar un sobreprecio por las acciones de las empresas mejor gobernadas, con respecto a la valoración estrictamente financiera; la prima alcanza una cota que se sitúa en torno a un 20%.

Entre los principales asuntos de gobierno corporativo que merecen la atención de los inversores institucionales cabe citar, según este informe, las políticas de retribución de los administradores de las compañías y su vinculación a la evolución de sus resultados, así como la disposición de las compañías a debatir con sus accionistas asuntos de gobierno empresarial, como, por ejemplo, los referidos a las políticas retributivas de los consejeros.

Así pues, el accionista demagogo del BBVA miraba, simplemente, por su bolsillo. Lo que no le distingue de su presidente. La diferencia, por lo que parece, es que el primero es copropietario y, además, tiene a favor de sus argumentos las prácticas de buen gobierno corporativo. El segundo tiene por responsabilidad principal su cumplimiento. ¿Qué tiene que ver la constatación de este extremo con la demagogia?.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LXXVI. El valor de la reputación. Urbanidad Empresarial.

Vengo, desde hace algún tiempo, preguntándome qué lleva a ciertos inversores institucionales americanos y europeos de renombre a seleccionar sus carteras de acciones de acuerdo con la observancia por parte de las empresas de prácticas responsables en relación al medio ambiente, accionistas, empleados, clientes o comunidades sociales donde desarrollan sus actividades. Parece que tiene que ver con las exigencias de sus partícipes; incluso con el hecho de que las empresas serias muestran mejores registros de rentabilidad a largo plazo que las que se dan al gamberrismo; aparentemente, con los fenómenos de saqueo de los bolsillos de casi todos, perpetrado por los directivos de algunas empresas notorias. También con la evidencia de que la reputación cuenta; tanto en los medios sociales como empresariales. No hace falta ir tan lejos. La moda de la responsabilidad social corporativa es la primera y más moderna manifestación de la urbanidad aplicada al mundo de los negocios.

Publicado previamente en El País, el 2 de febrero de 2003.

La disciplina de la urbanidad nace en 1530 con una obra menor de Erasmo, De civilitate morum puerilium, que hizo fortuna hasta finales del siglo XIX; al cabo, como manual escolar. Y es que la codificación de conductas ha disfrutado, a lo largo de la historia de la humanidad, de grandísimo predicamento. El último recibe el nombre de la corrección política. Al tiempo que Erasmo ordenaba las maneras de los jóvenes de la época, comenzaba el alumbramiento de la innovación tecnológica más importante después del descubrimiento de la rueda: la sociedad anónima, es decir, la responsabilidad limitada de quienes eligen la dedicación a la actividad empresarial. La asociación temporal no es caprichosa: la primera sociedad anónima de la que se tiene noticia, La Compañía Holandesa de la Indias Orientales, nació en 1602. Después, la administración social de la urbanidad empresarial, esto es, de los efectos de sus actividades sobre la sociedad (las famosas externalidades de los economistas) fue delegada en las facultades policiales del Estado; el género literario de la urbanidad quedó relegado a la educación de las personas físicas. Las otras, las jurídicas, recibían el amparo regulador de la ley.

Pero las cosas están cambiando. Así, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Loyola de Palacio, suele calificar a las empresas responsables de desafueros como los de Aznalcóllar o el Prestige con los mismos adjetivos que utilizamos todos cuando advertimos en un paisaje los restos orgánicos de una comida campestre, o nos vemos obligados a torcer el paso por la adherencia insospechada de un chicle en la suela del zapato: unos guarros. La reconciliación de las personas jurídicas con la urbanidad responde al género de evidencias que parece haber existido siempre, aunque naciera anteayer: no está bien echar al suelo de la calle una cajetilla de cigarrillos vacía, o tratar con desprecio a una persona mayor. De la misma manera, tampoco está bien verter los residuos generados en un proceso industrial en el río más cercano, o despedirse a la francesa de una comunidad cuando las circunstancias obligan a cerrar un establecimiento.
Lamentablemente, las empresas de nuestros días no disponen de una manual erasmista de urbanidad corporativa, aunque las instrucciones del Global Reporting Initiative y el código de conducta para las empresas multinacionales patrocinado por la OCDE ofrecen pistas valiosas acerca de cómo las empresas deberían comportarse en sociedad. Lo que hay por ahora es, sobre todo, la perplejidad de los niños si son advertidos en falta; por ejemplo, cuando no envuelven el chicle en un papel para depositarlo en la papelera más próxima, es decir, poco antes de que se pegue a la suela del zapato del viandante más próximo, o la de las empresas cuando descubren que los vecinos sufren con los malos olores, los clientes protestan por los servicios defectuosos, o los países padecen la corrupción empresarial de sus Estados. No hay que desanimarse: la urbanidad empresarial es una disciplina propia de edades infantiles. En cuanto a los adultos, el mejor argumento para indicar a un directivo la inconveniencia de una determinada práctica empresarial es el mismo que se aplica a la urbanidad de las personas físicas: ¿lo harías en tu casa?.

Naturalmente, sería absurdo hacer de la ciudadanía corporativa un repertorio de normas legales. La urbanidad disfruta de una sutileza que reñiría con el BOE. En términos generales, el informe Aldama acierta cuando prescinde de predicar la elevación de sus recomendaciones a rango de legalidad. Por ejemplo, nadie en su sano juicio pretendería facilitar la seducción amorosa de un /una ecologista mediante el regalo de unas flores: sólo valen las macetas. Pero no hace falta que lo diga un decreto. Dicho en otros términos, la urbanidad empresarial es un ejercicio de perspicacia y de sentido común: no hay que molestar y conviene llevarse (bien) con los vecinos. Una última advertencia: la urbanidad pre al manierismo, es decir, al estiramiento del dedo meñique cuando se empuja la taza de café hacia los labios. Aunque facilita la distinción respecto de los competidores, la exageración es nociva. Se trata simplemente de saber, y que sepan, que el domicilio físico o jurídico no es un lugar adecuado para asaltar a accionistas, clientes o empleados. No volverían a aceptar una invitación a cenar en casa, aunque se haya dispuesto el tenedor a la izquierda del plato.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LXXV. El valor de la reputación. Noticia sobre la RSC de la Empresa Española.

Los tiempos recientes son fértiles respecto de la responsabilidad social corporativa (RSC) de las empresas. Recordemos que el concepto se refiere a los resultados alcanzados por las empresas en materia medioambiental, satisfacción de los grupos de interés que concurren en la actividad empresarial, y atención a diferentes mandamientos de orden ético, por ejemplo, respeto a los derechos humanos. La novedad es que el alejamiento de los enfoques reduccionistas habituales sobre el concepto de empresa tiene premio.

Así, diversos estudios demuestran que la asunción del enfoque RSC mejora la reputación empresarial, permite fidelizar a clientes y empleados, ayuda a mantener relaciones de cooperación con las comunidades sociales donde opera la empresa, permite gestionar la variable medioambiental, y da acceso al ahorro ofertado en el mercado de productos financieros reservado a las empresas que acreditan niveles aceptables de RSC, de acuerdo con el rating de agencias independientes.

Publicado previamente, junto con Ramón Pueyo, en Expansión, el 24 de noviembre de 2001.

Las noticias más importantes vienen de fuera y tienen que ver, por ejemplo, con la publicación en julio de este mismo año del Libro Verde de la Comisión Europea “Fomentar un Marco Europeo para la Responsabilidad Social de las Empresas”, y más recientemente del documento de la OCDE, “Corporate Social Responsibility” Además, recientemente hemos sabido que la inversión en fondos de renta variable de empresas RSC alcanza alrededor del trece por ciento del total de fondos en Estados Unidos y en torno al cinco por ciento en el Reino Unido. En países como Francia, Holanda, Alemania, Italia y Japón, los porcentajes correspondientes se aproximan rápidamente a esas cifras. En Alemania y el Reino Unido, los gestores de fondos y planes de pensiones de tales países están obligados desde este año y 1999, respectivamente, a declarar en qué medida y de qué manera consideran los criterios RSC en sus políticas de inversión en renta variable. Como cabía esperar, la buena salud disfrutada por este segmento del mercado de capitales ha dado lugar a la formación de índices selectivos de valores.

La observación de la presencia de empresas españolas en tales índices permite valorar, siquiera de forma indirecta, el avance de la cultura RSC entre las grandes empresas españolas que cotizan en los mercados de valores. El verano pasado, FTSE decidió lanzar al mercado una serie de índices, FTSE4GOOD, que incorporan criterios RSC para la selección de las empresas constituyentes. De un lado, los índices excluyen a las empresas que desarrollan actividades en determinados sectores; de otro, los índices incluyen las empresas que acreditan de manera suficiente la observancia de criterios de sostenibilidad medioambiental, derechos humanos y transparencia en las relaciones con los grupos de interés (stakeholders). En la práctica, la asociación a tales índices exige que las empresas aspirantes cuenten con instrumentos formales de RSC en los ámbitos social y medioambiental. La configuración de los índices mencionados llevó, a través de un rating independiente, al análisis de las características RSC de 22 empresas españolas. Finalmente, sólo dos empresas españolas, Bankinter y Gas Natural, entraron en el FTSE4GOOD europeo amplio, formado por cien empresas. Sin embargo, ninguna empresa española entró en el índice europeo selectivo, de 50 empresas. Conviene poner en relación tal evidencia con la presencia de empresas españolas en el índice EUROSTOXX 50, donde cabe registrar la presencia de 5 empresas españolas. De igual manera, mientras que el 3,6% de las compañías incluidas en el FTSE Eurotop 300 son españolas, sólo tres, es decir, un 1,9% forman parte del Dow Jones STOXX Sustainability Index, otro índice acreditado de valores emitidos por empresas que acreditan buenas prácticas RSC.

En definitiva, la presencia de empresas españolas es significativamente menor en aquellos índices internacionales que incorporan criterios RSC. La explicación más inmediata de tal hecho reside en que la empresa española, en este caso, la de mayor tamaño, no hace uso, en la misma medida que las empresas europeas y americanas, de las herramientas de gestión en materia de RSC, lo que las descalifica para entrar en los índices de mayor reputación y, en consecuencia, les impide acceder a un segmento de importancia en el mercado internacional de capitales. No es fácil explicar la escasa presencia de empresas españolas en los índices RSC más importantes. Cabe, sin embargo, conjeturar que probablemente responde a que, a diferencia de otros países europeos como Alemania o Reino Unido, el marco institucional no estimula la atención empresarial respecto de estas variables de resultados. También que difícilmente las empresas españolas pueden aspirar a que agencias independientes valoren positivamente sus esfuerzos en materia de RSC, cuando no realizan ninguno. Con todo, la explicación más plausible es el desinterés. Es obvio que esta última actitud es perecedera. La aparición de FTSE4GOOD, el propósito de no quedar al margen de un segmento notable del mercado de capitales, y el ejemplo de las mejores empresas del mundo, permiten prever noticias importantes respecto de la adopción de criterios y prácticas RSC por parte de las empresas españolas. No es extraño que algunas de las empresas españolas excluidas del índice mencionado se pregunten: ¿Cómo puedo mejorar mis resultados en términos de RSC?. Es, sin duda, un buen comienzo.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LXXIV. El valor de la reputación. El Dilema de Aldama.

Finalmente, el Informe elaborado por la Comisión hizo una mención a que las empresas españolas podrían atender sus responsabilidades sociales. De manera voluntaria. Mejor que dictar normas de urbanidad en el BOE.

El pasado cuatro de septiembre (de 2002) comenzó sus trabajos la Comisión Especial para la Transparencia y Seguridad de los Mercados Financieros y Sociedades Cotizadas, o “Comisión Aldama”. Su mandato principal se refiere a la realización de informes sobre el grado de cumplimiento del código de buena conducta de los consejos de administración de las sociedades cotizadas, la implantación de nuevos mecanismos para dotar de mayor protección y seguridad a los accionistas e inversores, y la profundización de la transparencia de los mercados financieros.

Publicado previamente, junto con ramón Pueyo, en Expansión, el 25 de septiembre de 2002.

Algunas voces han sugerido la inutilidad del nuevo empeño, especialmente en lo que se refiere a la adopción de nuevas propuestas sobre el gobierno corporativo y la transparencia informativa; bastaría que las empresas españolas y sus accionistas se tomaran más en serio las recomendaciones del informe emitido por la comisión presidida por el profesor Olivencia. Se equivocan; mientras en España nos dedicábamos a hacer trampas, en otros países la doctrina sobre el buen gobierno corporativo ha sufrido modificaciones sustanciales en los últimos años. Corresponde a la nueva Comisión decidir acerca de su incorporación al acervo español. Quizá, la modificación de alcance mayor tenga que ver con el concepto mismo de empresa. Recordemos que la generación anterior de códigos de buen gobierno, de la que formaba parte el Informe Olivencia, consagraba como propósito primero y único de la empresa la creación de valor para el accionista. Hoy sabemos con qué resultados. Citaremos algunos hechos de interés.
El pasado mes de junio (del año 2003), la Cámara de los Comunes del Reino Unido aprobaba la Corporate Responsibility Act. La norma es de aplicación a todas las compañías que operan en el Reino Unido y determina nuevas obligaciones en materia de transparencia informativa. Las compañías están llamadas a la elaboración y publicación de informes de “triple resultado”, que reflejarán en el futuro sus resultados anuales en los ámbitos financiero, social y medioambiental, es decir en lo que se ha convenido en denominar Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Las empresas estarán obligadas a consultar con los correspondientes stakeholders la configuración de la información corporativa citada y, también, a presentar una evaluación, en los tres ámbitos citados, de las actividades e inversiones previstas por la compañía.

La aprobación de tales informes corresponde al consejo de administración, cuyos miembros, además, habrán de dar a conocer su experiencia pasada en relación a la información corporativa, y su curriculum profesional en RSC y en la gestión empresarial de asuntos sociales y medioambientales. El incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear, para lo consejeros, la inhabilitación para ocupar puestos en consejos de administración y, para la compañía, la suspensión de la cotización.

Quizá, la reflexión reciente más asentada sobre la naturaleza de la empresa y su gobierno es la que queda enmarcada por el Informe King II, código de gobierno corporativo de obligado cumplimiento para las empresas sudafricanas cotizadas. La referencia no es excéntrica: un buen número de inversores institucionales de todo el mundo sitúa las mejores prácticas de buen gobierno en las empresas cotizadas de ese país. El código, presentado recientemente, hace hincapié en que las prácticas de gobierno corporativo deben atender las demandas de los diversos grupos de stakeholders, a través, de nuevo, de la elaboración de la “triple cuenta de resultados”, que comprende los resultados económicos, sociales y medioambientales de las compañías.

Los acontecimientos relatados, a título de ejemplo, adquieren legitimidad económica en dos hechos relevantes: algunas empresas líderes en el mundo en sus respectivos mercados proceden ya en esta dirección; también, los principales inversores institucionales valoran la calidad y transparencia de las políticas empresariales de RSC como elemento primordial de las prácticas de gobierno corporativo de las empresas analizadas.

Respecto del primer hecho conviene traer a colación que empresas como General Motors, Nokia, British Telecom, Unilever, Credit Suisse o BP han participado activamente, y asumido después, el estándar de reporting elaborado por Global Reporting Initiative como modelo de información corporativa sobre RSC. De hecho, 15 de las 50 compañías más grandes del mundo por cifra de negocio, según Fortune, han hecho suyo tal estándar, a pesar de su corta vida.

En cuanto al segundo hecho relatado, cabe recordar que inversores institucionales de gran reputación como Schroders o Barclays Global Investors conceden una gran importancia a la conducta social y medioambiental de las empresas. Por no citar el caso de los mayores fondos de pensiones americanos como CALPERS o TIAA –CREF, que llevan años promoviendo a través del ejercicio de los derechos de voto, la evolución del enfoque de la creación de valor para el accionista hacia un enfoque integrado RSC en materia de gobierno empresarial. Podríamos seguir con los ejemplos. Citaremos uno reciente. En octubre de 2001, las compañías pertenecientes a la asociación de aseguradoras británicas, cuyas carteras de renta variable alcanzan un valor cercano al medio billón de euros, anunciaron su intención de exigir a las compañías la divulgación de los riesgos sociales, medioambientales y de tipo ético a que están sujetas, así como información acerca de las políticas implantadas para minimizar dichos riesgos. En el mismo país, la asociación profesional de fondos de inversión británicos requiere a sus miembros información anual acerca de las actividades desarrolladas para mejorar las prácticas de gobierno corporativo de las empresas en las que invierten.

La Comisión Aldama debe decidir, pues, si anclar sus reflexiones en la generación anterior de modelos de gobierno corporativo y transparencia informativa, o si, alternativamente, mirar hacia las nuevas exigencias de los inversores institucionales internacionales. La cuestión no es banal: está en juego el modelo de la gran empresa española y, también, la propia relevancia de la Comisión. Como las empresas españolas están ausentes de los fondos e índices internacionales que valoran las prácticas RSC de las empresas, haría bien en prestar más atención a los gestores de dichos fondos que a las propias empresas. Al fin y al cabo, lo importante es el criterio del inversor.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LXXIII. El valor de la reputación. La Responsabilidad Empresarial chez Cuevas.

He tropezado recientemente con un (borrador de) documento elaborado por la CEOE sobre la responsabilidad de las empresas. No es habitual que las empresas reflexionen sobre la institución empresarial; tampoco lo es que los partidos políticos, los sindicatos o las iglesias lo hagan sobre ellos mismos. Y si lo hacen, no informan. Aunque sería injusto atribuir a las empresas españolas las opiniones vertidas por la CEOE, el documento disfruta de una cierta significación, por cuanto pretende salir al paso de algunas herejías que empiezan a circular por ahí, que pretenden acotar lo que las sociedades avanzadas pueden esperar (y deben exigir) de la institución empresarial.

Publicado previamente en Expansión, el 18 de octubre de 2002.

Por decirlo de manera sucinta, chez Cuevas se entiende que la responsabilidad social de las empresas debe referirse de manera exclusiva a la creación de la riqueza y empleo, en el marco legal establecido por el Estado. Corresponde a las empresas, y a nadie más, decidir si conviene (o no) atender otras demandas sociales. Corresponde al Estado la asunción primera (y casi única) de las responsabilidades sociales o medioambientales; además, debe procurar a las empresas un entorno transparente, flexible y competitivo. Fin de resumen del documento.

Sin embargo, algunas empresas españolas empiezan a navegar por derrotas distintas de las propuestas por la CEOE. Así, entienden que las sociedades de nuestros días no son espectadores mudos de las comedias que les toca atender: aplauden y exigen; en ocasiones, patean. En parte, su voz se articula a través de los mercados (de producto, de capitales o de trabajo); en parte, hablan por el cauce de los medios de comunicación; en ocasiones, (las peores para las empresas) se expresan de manera desarticulada. Esas mismas empresas saben que el Estado no ofrece, siempre, cobijo seguro. Entre otras razones, porque, realizando actividades en lugares muy distintos, el Estado es español, pero también argentino, filipino, chino o marroquí. La CEOE no precisa. Conviene pues a las empresas españolas percibirse como una institución social, no taparse los ojos y formalizar sus políticas en materia de responsabilidad social, esto es, comprender que el impacto externo de sus actividades (lo que los economistas denominan externalidades) tiene nombres y apellidos, que a veces se quejan. Las empresas españolas que han iniciado este camino no disfrutan de una inclinación especial por la filantropía, como pudiera pretender la CEOE; simplemente quieren disfrutar de un discernimiento mejor sobre la realidad social de nuestros días. Y, en la medida de lo posible, estar al cobijo de sustos. Son empresas.

Tengo la confianza de que algún día la patronal no se invente los problemas de la empresa española, y entienda que lo que se debate en las instituciones internacionales como la Comisión Europea o la OCDE , generalmente de la mano de las mejores empresas del mundo, no son caprichos colectivistas. La CEOE nos debe a todos otra reflexión sobre la responsabilidad de las empresas.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LXXII. El valor de la reputación.La Responsabilidad Social Corporativa, en Johannesburgo

Se celebró en agosto. Las mayores empresas del mundo estaban presentes, salvo las españolas. Malas fechas

Johannesburgo interesa a las empresas. Mejor dicho, a algunas. El domingo 1 de septiembre (del año 2002), el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible celebra su business day. Un puñado de grandes empresas multinacionales, entre las que cabe citar a Volvo, ITT o Procter & Gamble, ha presentado un documento sobre el desarrollo sostenible, que pretende integrar el concepto de sostenibilidad en todas las esferas de la actividad empresarial. La Cumbre es una buena ocasión para iniciar o reforzar el diálogo con los gobiernos y, también, con las organizaciones sociales, cuando no es una oportunidad para influir sobre las conclusiones finales, que sin duda orientarán el marco en el se desarrollará la actividad empresarial en los próximos años. Sin embargo, la presencia de empresas españolas es nula, con la única excepción de INDITEX. Tampoco ha acudido la CEOE. Malas fechas.

Uno de los asuntos más sobresalientes de la agenda de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible es la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas (RSC). Recordemos que el término se refiere a la adopción por parte de las empresas de políticas formales en los ámbitos social y medioambiental y la transparencia informativa sobre los resultados obtenidos. El documento provisional de conclusiones contempla tales extremos, pues recomienda la formalización de políticas RSC, la transparencia sobre los resultados alcanzados, sobre la base del estándar proporcionado por Global Reporting Initiative, y el reforzamiento de la regulación sobre los impactos sociales y medioambientales de las empresas.

En torno a este asunto se debaten en Johannesburgo dos enfoques, sólo aparentemente enfrentados. El primero es abanderado por el grupo de los países en vías de desarrollo, el G77, y apoyado por las principales ONGs e incluso por las empresas que se han mostrado más activas en el ámbito de la RSC. El enfoque en cuestión aboga por la adopción de marcos reguladores de la responsabilidad empresarial, que debería alcanzar a los directivos y gestores incluso en el ámbito penal. Se entiende que ello permitiría evitar, por ejemplo, desastres sociales y medioambientales, como el de Bophal. Igualmente, y en línea con la nueva legislación francesa para empresas cotizadas, en vigor desde febrero de 2002, el enfoque predica que las empresas sean obligadas a ser transparentes en cuanto a sus resultados en materia de RSC. Las organizaciones sociales solicitan a la Unión Europea que lidere esta postura, de acuerdo con la resolución de mayo de 2002 del Parlamento Europeo. Conviene recordar que algunos países europeos se han mostrado muy activos respecto de la normalización y difusión de la RSC de las empresas.

El segundo enfoque, propiciado por la mayor parte de las organizaciones empresariales presentes en la cumbre, aboga por que la responsabilidad empresarial resulte de la adopción voluntaria por parte de las empresas de las mejores prácticas y del desarrollo de acuerdos, como el Pacto Mundial de Naciones Unidas, cuyos principios han sido firmados por varios cientos de empresas de todo el mundo, entre las cuales más de un centenar de empresas españolas. Este enfoque también aboga por la transparencia informativa RSC, pero sin que ello resulte de la adopción de normas de carácter legal.

Hasta aquí nada nuevo. Normas versus compromisos voluntarios; desconfianza social respecto de las empresas versus desconfianza empresarial respecto de la intervención pública. Suma de desconfianzas.
Quizá la novedad mayor se refiere a que se empieza a prestar atención a los incentivos que se derivan de lo que se ha dado en llamar Inversión Socialmente Responsable (ISR). Como es sabido, este tipo de fondos de inversión configura la cartera de valores seleccionados sobre la base del comportamiento medioambiental y social de las empresas, además de sus resultados financieros. Últimamente, por razones obvias, los gestores de tales fondos prestan una atención especial a la calidad del gobierno corporativo. De este modo, las empresas con mejores registros sociales y medioambientales acceden al segmento del ahorro que incorpora criterios RSC, lo que genera un impacto favorable sobre sus cotizaciones.

Corresponde a los gobiernos fomentar la ISR mediante la promulgación de determinadas normas; por ejemplo, como las adoptadas recientemente en el Reino Unido y en Alemania, según las cuales los gestores de fondos de pensiones están obligados a declarar en qué medida observan criterios RSC en la estructuración de sus carteras. Naturalmente, la cumbre presta atención a esta novedad porque es ya una realidad; de hecho, muchos de los mayores inversores institucionales del mundo hacen uso de los criterios RSC; sencillamente, porque conviene a sus partícipes.

Que la potenciación de los derechos de propiedad de los ahorradores y del propio mercado de valores contribuya a que las empresas se ocupen del impacto medioambiental de su actividad puede parecer la última pirueta del capitalismo; sin duda, es una innovación social. No hay demasiadas en el horizonte. Por eso hay que estar pendientes de Johannesburgo.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LXXI. El valor de la reputación. La Responsabilidad Corporativa, en Londres y Francfort.

El pasado 11 de mayo (del año 2001), el Bundestag aprobó una nueva ley sobre fondos de pensiones privados. La ley replica para Alemania una innovación que procede del Reino Unido. Desde julio de 2000, y como consecuencia de la modificación de la ley británica de fondos de pensiones de 1995, los gestores de fondos de pensiones del Reino Unido deben informar sobre los criterios sociales, medioambientales, y éticos que emplean para seleccionar las acciones y valores de renta variable que finalmente conforman sus carteras de activos. En otros términos, tanto en Alemania como en el Reino Unido se impone la obligación de transparencia informativa respecto de la valoración de la responsabilidad social de las empresa participadas por los fondos de pensiones.

Publicado previamente, junto con Ramón Pueyo, en El País, el 8 de julio de 2001.

Conviene señalar que las respectivas leyes no obligan a los gestores a emplear este tipo de criterios para seleccionar las empresas objeto de su inversión financiera; simplemente, determinan que deben informar a los partícipes de cómo, en su caso, los aplican: no cabe la critica de intervencionismo público. La relevancia de las nuevas legislaciones es inmediata: en primer lugar, establecen un incentivo no pecuniario, sin coste aparente, para que las empresas sean responsables de los efectos externos de sus políticas¸ de no hacerlo, corren el riesgo de ser apartadas del ahorro canalizado a través de los fondos de pensiones. En segundo lugar, potencia los actuales fondos de inversión "verdes", gestionados con los criterios de responsabilidad social acreditada por las empresas participadas, cuyos activos financieros alcanzan ya en Estados Unidos el 13% del total de activos intermediados por fondos de inversión.

La doble noticia, que probablemente se multiplicará en los próximos meses en otros Estados miembros de la Unión Europea, adquiere explicación en varias evidencias. La primera se refiere a que un número creciente de ahorradores europeos no desea que en sus carteras de acciones, intermediadas por fondos de inversión o de pensiones, haya empresas que violen sistemáticamente la legislación medioambiental, desarrollen políticas de personal discriminatorias, o adopten conductas depredatorias en las comunidades sociales donde operan: de aquí el éxito de los fondos "verdes". La obligación de transparencia permite a esos ahorradores el ejercicio de los derechos inherentes a la propiedad del capital confiado a los gestores. La propiedad manda.

La segunda evidencia tiene mayor alcance y está relacionada con el hecho de que, en la actualidad, la rentabilidad de los fondos de inversión cuya gestión incorpora criterios de valoración de la responsabilidad social de las empresas participadas tiende a ser superior en promedio a la del resto de fondos. Basta con comparar las evoluciones, por ejemplo, del Dow Jones Sustainability Group, que incorpora únicamente sociedades que tienen un clasificación (rating) favorable en materia de responsabilidad social, con el Dow Jones Global Index. Sucede simplemente que las empresas que crean mayor valor para el accionista tienden a ser las mismas que mantienen relaciones de compromiso con el medio ambiente y con valores sociales generalmente aceptados. No hay que renunciar a nada.; simplemente, hacen mejor las cosas en todos los ámbitos de actividad empresarial.

El impacto de la nueva Ley del Reino Unido ha sido considerable: una buena parte de los gestores de planes de pensiones ha comenzado a solicitar clasificaciones (ratings) de responsabilidad social corporativa a las empresas y, en todo caso, información sobre el impacto social y medioambiental de sus actividades. Afortunadamente, existen instituciones especializadas en la auditoría sobre responsabilidad social: en Estados Unidos, por ejemplo, la agencia KLD&Co.; en Europa, Sustainable Investment Research International, organización que también está presente en España. Debe saberse que un número significativo de empresas españolas que cotizan en la Bolsa de Madrid han sido valoradas ya desde esta perspectiva; en parte como consecuencia de la existencia en nuestro país de fondos de inversión de estas características; en parte, como consecuencia de la ley británica.

Las decisiones de los Parlamentos del Reino Unido y Alemania merecen una reflexión más general. Hasta ahora, el impacto social y medioambiental de la actividad empresarial ha estado regulado y, en su caso, limitado por normas de carácter legal. Sin embargo, la ley no puede impedir que el beneficio económico derivado de la adopción de una conducta inconveniente para la sociedad pueda ser superior a la sanción legal esperada, que además será reducida si la empresa acierta a ocultar esa conducta. Además, no parece exagerado afirmar que el control público del impacto medioambiental y social de la actividad empresarial está sujeto a fallos que limitan su eficacia: su prolijidad produce en ocasiones efectos perjudiciales: es costoso y, sobre todo, difícil elaborar normas de carácter general sobre estas cuestiones.

De aquí el interés de las iniciativas británica y alemana, que permiten la desintermediación de la relación entre empresas y ciudadanos, que unen ahora a esta condición la de ahorradores y consumidores. La nueva relación, que no pasa por las ventanillas del Estado, enfrenta así los intereses de unos y otros sobre dos bases indiscutibles en las economías avanzadas: el ejercicio de los derechos de propiedad, y la transparencia informativa de las empresas. Por todas estas razones hay que saludar con aplausos esta innovación social: fomento de la ciudadanía corporativa sin regulación explícita de la obligaciones empresariales para con las sociedades donde operan.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LXX. El valor de la reputación. ¿Cuánto vale la Reputación Corporativa?

Lo aprenden los estudiantes de economía en cualquier facultad mínimamente dotada. Pero hay que insistir: sin reputación o confianza , no hay mercado, sólo bandidaje.

Un buen comienzo para dar respuesta a la pregunta consiste en citar a Greenspan. Lo dijo hace dos años en Harvard: “En el mundo de hoy, cuando las ideas sustituyen a las cosas en los procesos de creación de riqueza, la reputación se está convirtiendo en una fuerza mayor de progreso económico”. Advertiré que la sintaxis no es mía. Con todo, aunque Greenspan tiene una frase para cada asunto, debemos convenir que subraya lo que cualquier estudiante de economía sabe: que la reputación facilita las transacciones económicas; no porque la participación en los frutos de la economía de marcado exija la adopción de conductas bondadosas; simplemente, porque cuando el mercado funciona bien no es provechoso perder el buen nombre. La única manera de sacar partido de las trampas consiste en renunciar a la identidad: dicho en otros términos, el motor de la economía de mercado es la competencia, y la reputación, su carburante.

Publicado previamente en Expansión, en 2002.

Curiosamente, la falta de observancia de tal obviedad ha conducido a algunas grandes empresas al desastre y, en el mejor de los casos, a la búsqueda de una nueva reputación a través del cambio de carné: KPMG Consulting se llama hoy BearingPoint; Andersen Consulting, Accenture; Deloitte Consulting, Braxton. Las personas jurídicas aventajan a las personas físicas en la capacidad de disimulo. Hasta aquí nada nuevo.

Sin embargo, la nueva revista académica, Corporate Reputation Review, nos ofrece algunos trabajos de interés acerca de la relación entre reputación corporativa y valor de mercado de las empresas en situaciones no patológicas, esto es, cuando no se producen trampas contables flagrantes, irresponsabilidades manifiestas de las empresas en materia de medioambiente o seguridad de los productos fabricados, o rapacerías en el tercer mundo, esto es en ausencia de escándalos económicos o sociales. La construcción de una escala estadística de reputación corporativa (1, mínima; 10, máxima) y los análisis estadísticos correspondientes muestran que una diferencia del 60%en la escala estaría asociada a una variación del 7% en el valor de mercado de las acciones. De igual manera, algunos estudios del ranking de Fortune sobre las empresas más admiradas del mundo, es decir, con una reputación considerable, revela que un incremento de un punto en la citada escala da lugar, en promedio, a un aumento del valor de mercado de la empresa que se situaría en torno a 500 millones de dólares. Naturalmente, los estudios referidos están basados en el control de otras variables intervinientes en la determinación del precio de las acciones, como rentabilidad y riesgo.

Podrá parecer poco. No lo es tanto, cuando se comprueba que la inversión necesaria para acumular el activo reputacional es modesta: en gran medida, basta con evitar la tentaciones. De este asunto, y de las características de las políticas de reputación corporativa nos ocuparemos otro día. Hoy basta con recordar que la reputación es la gasolina de la economía de mercado y el carné de las empresas.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LXIX. Elogio de la queja. El Precio de la Autoestima.

El amigo de pupitre fue defenestrado por el otro amigo en campaña electoral. Todo cabe, menos perder unas elecciones.

Publicado previamente en El País, en 2000.

Poco a poco vamos sabiendo: la remuneración de los directivos de algunas grandes empresas españolas se ha situado en niveles más propios de la prensa deportiva que de las páginas salmón. Me refiero, claro está, a las empresas privatizadas en los últimos años. Se ha querido justificar esta evidencia sobre la base de argumentos dispares; elegiré aquellos que presentan una mayor solvencia técnica.

La tesis de la fidelización se escribe en los términos siguientes: habida cuenta de que la posición competitiva de las empresas y, en definitiva, el interés de los accionistas dependen de que la empresa cuente con directivos más cualificados que la competencia, conviene retenerlos mediante formulas “ad hoc”, por ejemplo, las “stock options”. Confieso que la tesis tiene buen aspecto, pero la simple observación de lo que pasa en España reduce bastante su alcance. Tomemos el caso de TELEFONICA; una buena parte de los directivos incorporados en los últimos años procede de ámbitos ajenos al negocio de las telecomunicaciones. Que el valor de mercado de la empresa haya crecido por encima del IBEX demuestra que para dirigir, en España, una empresa de telecomunicaciones como ésta no se requieren grandes conocimientos del sector y/o en todo caso se adquieren rápidamente. Como las poblaciones de amigos, financieros, analistas y comisarios son bastante amplias, la sustitución de un directivo infiel parece bastante sencilla: no hay que hacer grandes esfuerzos para retenerle. De aquí se deduce, igualmente, que la competencia tampoco va a sacar gran provecho de su contratación.

La tesis de la alineación subraya la importancia de que los directivos se ocupen de los intereses de los accionistas. Si la propiedad del capital está muy repartida, los mecanismos de control societario funcionan mal y, en consecuencia, la manera de prevenir que los directivos adopten decisiones, por ejemplo salariales, en provecho propio consiste en convertirlos en ganadores o perdedores de los buenos o malos resultados empresariales. Lo malo del argumento es que, volviendo de nuevo a la realidad española de nuestros días, esos mismos directivos han hecho todo lo posible para, precisamente, reducir a cenizas los mecanismos de control societario: limitaciones de los derechos políticos de los accionistas, consejeros independientes de éstos, blindajes anti-OPA, limitaciones de acceso a la Junta General, y , por no seguir, todas las prácticas que el Informe Olivencia pretende desterrar. Se aplica por tanto la máxima que dice: si está en tus manos crear un problema y puedes ser beneficiario de la solución, que sea lo más grande posible. Es evidente que las remuneraciones de los directivos serían hoy menores, si los accionistas hubieran tenido la oportunidad de oponerse a la limitación de sus derechos políticos, propiciada por los mismos que ofrecen como solución fórmulas de incentivos generosas.

La tesis de la escasez abunda en el símil futbolístico. La intensidad de la competencia (liga) española en los sectores de servicios básicos obliga a las empresas a realizar esfuerzos económicos para llevar a sus filas a talentos directivos, por definición, escasos. Es la ley de la oferta y la demanda. Sin embargo, en la mayor parte de estos sectores, la competencia es bastante limitada y, desde luego, muy poco abierta al exterior: más parece una liga regional amañada que otra europea. Tampoco se advierten grandes cambios en los equipos directivos, salvo los que se derivan de avatares políticos, probablemente porque la alternativa al puesto de trabajo ocupado, bien remunerado, es la prejubilación. En definitiva, nada que ver con el mercado americano de directivos. Como, por otra parte, la oferta de los talentos requeridos es bastante amplia y, desde luego, elástica respecto de la remuneración, no es fácil aplicar a nuestro caso la tesis en cuestión.

Sigue en pie la pregunta: ¿por qué en los últimos años/meses se aprecia un incremento notable de las remuneraciones de los altos directivos, especialmente en empresas privatizadas en procesos de liberalización?. La respuesta está en un clásico de las ciencias sociales de setenta años de antigüedad. Me refiero, claro está, al ensayo de Berle y Means sobre las grandes corporaciones en la economía de mercado. Las fijan ellos para ellos. Los defensores del capitalismo tenemos que predicar la moderación de la autoestima.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LXVIII. Elogio de la queja. Los Enemigos del Capitalismo Español.

Quiero referirme a las personas que mejor encarnan, en los últimos tiempos y España, a los enemigos de la economía de mercado, a los enemigos del capitalismo. Por citar dos nombres, Amusátegui y Corcóstegui. Diré para empezar que espero lo mejor para ellos en las vicisitudes que les depararán los procesos judiciales actuales y futuros: ninguna persona nacida bien se complace en las dificultades ajenas. Considero conocidas por el lector las indemnizaciones disfrutadas por ambos como consecuencia de su cese en la gerencia de responsabilidades principales en el SCH. Diré que se acercan, en conjunto, a los treinta mil millones de pesetas (que se sepa), aunque su expresión en términos de valor actuarial sumaría más. Añado que no me atrevo a sugerir qué habría pasado si las noticias hubieren aparecido en los medios de comunicación de la patria añorada del capitalismo: la americana. Olvido, voluntariamente, si sus indemnizaciones fueron conocidas, o no, por quienes en el citado banco tienen competencias en esta materia. Lo sabremos, o no, en la próxima, y retrasada, junta general de accionistas del citado banco y en el conocimiento público de lo que se revele, o no, en los procesos judiciales.

Publicado previamente en Expansión, el 12 de febrero de 2003.

Dejamos la penúltima efervescencia de nuestro pobre capitalismo español en una afirmación colateral del entonces ministro Solchaga sobre la oportunidad de enriquecerse en España. Lo dijo al calor de la subida de la bolsa de la segunda mitad de los ochenta. Fue un buen ejemplo de política declarativa; nada importante, aunque inconveniente: los ministros de economía no deberían opinar sobre la bolsa. Pero estamos hablando de otras cosas. No cabe atribuir la responsabilidad del atraco a los intereses de los accionistas del SCH al curriculum profesional de Amusátegui, criado y becado por el Estado en las entrañas de la empresa pública, ni a las finanzas aprendidas por Corcóstegui en una universidad americana de prestigio. Por lo que se sabemos ahora, uno no aprendió el alcance del interés general; el otro no entendió los fundamentos de los mercados financieros. Ambos desaparecerán pronto de los casos de estudio de los aprendices de la administración pública y de las Wharton Schools de este mundo. Suele suceder. Es enternecedor que el SCH haya argumentado, en favor de las indemnizaciones, que la operación de Airtel ha sido muy beneficiosa para el banco; quiere olvidar que eran empleados, no propietarios. No creo, sin embargo, que se atreva a situar el norte de su gestión en la creación de valor para el accionista; mejor volver a los bombones para las señoras en la próxima junta general de accionista.

Dejo un párrafo para los daños. Tengo un pequeño plan de pensiones, con una proporción de renta variable. He llamado a la sociedad gestora para advertirles que me informen si decide comprar acciones de alguna sociedad en la que presten o vayan a prestar servicio profesionales alguno de los dos personajes, Amusátegui y Corcóstegui. Me cambiaría de fondo; probablemente a uno de deuda pública. No me importa que se enriquezcan. Me importa, sin embargo, que sólo se ocupen de su enriquecimiento. Aun más, me preocupa que gentes que han perdido el sentido de la realidad administren tantos intereses. Me preocupa.

en definitiva, mi pensión y mi confianza en el capitalismo. Si fuera un juez americano les condenaría a leer los fines de semana a Max Weber, Bertrand Rusell y (por si las moscas) a Fanfani. Y, como tengo un día ácido, el último informe de Cáritas.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LXVII. Elogio de la queja. Incautaciones.

Cabe adoptar varias actitudes a la hora de valorar lo acaecido en el BBVA, GESCARTERA y lo que nos depare el futuro acerca del conocimiento del pasado. La que disfruta de mayor predicamento tiene carácter moralizante y se refiere a pecados tales como la avaricia o la ira. Prefiero hoy hacer uso de otro enfoque de los hechos más próximo a mi oficio ordinario de economista. En concreto: he aprendido que, a diferencia de épocas no muy lejanas, hoy es posible hacerse multimillonario trabajando por cuenta ajena; por ejemplo, administrando patrimonios de otros. La segunda evidencia que quiero comentar se refiere a que las recomendaciones habituales de los economistas sobre la pertinencia social de la moderación salarial han devenido insoportables. Los dos hechos pueden tener consecuencias económicas notables.

Publicado previamente en Heraldo de Aragón, en 2003.

El primero tiene que ver con la nueva capacidad de consejeros y administradores de algunas (¿) de las mayores empresas españolas de expropiar, en beneficio propio, una parte de la riqueza de los ahorradores confiada a su administración. Su reflejo es múltiple: incentivos injustificables, prejubilaciones precoces y millonarias, uso de información reservada, comportamiento de casta, indemnizaciones absurdas y tantas otras prácticas. El acotamiento del terreno de reflexión exige la creación de un concepto: todo lo anterior es asimilable a lo que podríamos denominar corrupción privada. O sea que apenas habíamos despertado del sueño de la corrupción pública, cuando tenemos que enfrentarnos a una nueva modalidad de corrupción. En realidad, no es tan reciente; nació en Estados Unidos al comienzo del siglo XX en Estados Unidos de la mano de la aparición de grandes empresas, cuyo capital estaba repartido entre muchos pequeños ahorradores. La dificultad de controlar a los administradores dio lugar a que éstos adoptaran comportamientos insolentes respecto de sus accionistas y, también, respecto de la sociedad americana; siempre en beneficio de sus bolsillos. Es el origen de las instituciones públicas y de las regulaciones de salvaguarda de los intereses de los pequeños ahorradores.

No estamos hablando de picarescas intrascendentes. Afectan a los hogares que han invertido parte de su patrimonio en acciones, pero también a los demás. Así, en Europa, cabe advertir una relación bastante estrecha entre los índices nacionales de corrupción, medidos por ejemplo por Transparency International, y las rentas per capita de los países. El desarrollo económico está reñido con la corrupción. Tal evidencia tiene, al menos dos interpretaciones. La primera es que la decencia de los administradores, públicos y privados, es un bien de consumo valorado especialmente por las sociedades más ricas; la segunda es que constituye una inversión que garantiza niveles superiores de prosperidad; de aquí la conveniencia de contar con buenas instituciones públicas y mecanismos de represión de las conductas predatorias en el mundo de los negocios. La conclusión es obvia aunque útil.

Lo anterior debe conducir a interrogarse sobre las dimensiones políticas de estos asuntos. Sólo la debilidad del Estado puede explicar que la adopción por parte de los señores del dinero de conductas predatorias dé en el saqueo efectivo del patrimonio de los ahorradores. En el último caso que conocemos, basta con examinar el calendario de la inspección del Banco de España y las manifestaciones de ignorancia por parte del Gobierno para sospechar que hay gato encerrado y que, probablemente, las protestas de virtud no son sino el reflejo de otra incursión de los señores del dinero en el patrimonio de los ahorradores.

No creo que la necesidad de acomodar el crecimiento de los salarios al aumento de la productividad precise hoy de largas argumentaciones. Forma parte del acervo de conocimientos populares sobre las claves de lo que se entiende por una economía sana. Soy de la opinión de que una porción significativa del crecimiento reciente de la economía española se debe a la actitud enormemente moderada de los sindicatos. Pues bien, la certeza de que la evolución última de las retribuciones de consejeros y directivos de algunas de las mayores empresas españolas no guarda relación ninguna con su aportación a los resultados de sus empresas, que en muchos casos ha sido notoriamente negativa en razón de los gruesos errores cometidos, sugiere que el rigor en estas materias va por barrios. Daré un dato: las retribuciones de los consejeros de las empresas privatizadas se ha multiplicado, en promedio, por un factor próximo a treinta desde la privatización. Corresponde a los usuarios de los servicios prestados por esas empresas valorar si su calidad se ha multiplicado por el mismo factor; corresponde a los accionistas valorar el acierto de muchas de sus decisiones. De lo anterior debe deducirse que las tropelías de unos pocos hacen estúpida, para mal de casi todos, cualquier afirmación sobre la vinculación debida entre prosperidad individual y esfuerzo; la realidad de nuestros días indica que resulta más provechosa la incautación de ahorros ajenos. Malas noticias para la economía española.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LXVI. Elogio de la queja. Elogio de la Queja

Sostenía Albert Hirschman en “Exit, Voice and Loyalty” que las organizaciones sufren una tendencia invencible hacia el deterioro , que se manifiesta, por ejemplo, en la pérdida de calidad de sus productos o en la desatención respecto de sus clientes. Que una empresa no se apoltrone, o una economía crezca, tiene que ver con el funcionamiento de dos mecanismos de expresión del descontento: sus clientes cambian de empresa proveedora; los mismos clientes protestan y exigen la restauración de las condiciones de calidad prometidas. El estudio del primer mecanismo constituye uno de los pilares del análisis económico; de aquí la importancia que los economistas conceden a la competencia. Sin embargo, algo debe pasar, porque proliferan los departamentos de quejas y reclamaciones, los defensores del cliente y, más recientemente, la adopción de responsabilidades de todo tipo por parte de las empresas.

Publicado previamente en Expansión, el 22 de noviembre de 2002.

Debería bastar con que el consumidor disfrutara de un abanico amplio de posibilidades de elección entre oferentes para que las organizaciones se vieran condenadas a mantener siempre una tensión apreciable; el desmayo conduciría inmediatamente a la desaparición. Sin embargo, las cosas no siempre suceden así; digamos que el capitalismo de nuestros días admite la existencia de organizaciones flácidas. La razón podría apuntar a que, en un buen número de mercados, coexisten clientes que parecen conformarse con cualquier cosa con compradores que están a la que salta. Si los primeros constituyen la totalidad de los clientes de una empresa, no hay estímulo a limitar el deterioro; si la empresa se enfrenta a una clientela avisada, no hay posibilidad de error. En general, hay una combinación de clientes indolentes y exigentes.

Pues bien, en el segundo caso la queja puede anteceder al abandono de la empresa. Dicho en otros términos, la protesta constituiría para la empresa la forma menos costosa de saber que las cosas no van bien y que urge ponerse a régimen. Obviamente, el mecanismo sólo funciona si los clientes insatisfechos creen que sus quejas serán atendidas; en otro caso, no perderán el tiempo.

Lo anterior debería servir para interpretar lo que sucede en España respecto del funcionamiento de los servicios de quejas y reclamaciones de muchas de las grandes empresas, especialmente de las que suministran servicios básicos. La experiencia más común sugiere que son trincheras defendidas por gentes de buena voluntad y nula capacidad de decisión, que han sido puestas allí para no pestañear ante insultos y decibelios. Esa misma experiencia indica que el ejercicio de la queja es extremadamente costoso y nada remunerador; si es posible, lo mejor es marcharse cuanto antes. Sólo encuentro una explicación respecto del desprecio que las empresas hacen de la información proporcionada por los clientes exigentes: mejor quitárselos de encima; no vaya a ser que sus protestas tengan efectos educadores sobre los clientes pacientes y se ponga al descubierto la flacidez. Por eso, para conocer la calidad de una organización, conviene iniciar la visita por el departamento de quejas.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LXV. Elogio de la queja. Normas, Valores y Coches Usados

Las crisis económicas tienen bastante que ver con la pérdida de confianza respecto de lo que el futuro deparará a empresas, países, ahorradores o trabajadores. La peculiaridad de la crisis actual del capitalismo es que nace de una desconfianza profunda respecto del presente, especialmente en lo que se refiere a los consejos de administración, la contabilidad de las grandes empresas, los análisis de valores al uso, las auditorías, la regulación de los mercados de valores, e incluso el propio capitalismo. Un cínico diría que no es para tanto, que la confianza volverá cuando los índices bursátiles registren cotas más presentables. Es posible; sucede, sin embargo, que la desconfianza hace que ese día llegue más tarde.

Publicado previamente en El País, en 2002.

Como ha destacado John Kay, la regulación de la actividad económica responde a dos mecánicas distintas: las normas y los valores. Así, las sociedades modernas determinan democráticamente los cauces por los que debe discurrir la economía; conviene prohibir el robo, el bandidaje, o la extorsión porque impiden la prosperidad social. La regulación mediante valores es más sutil: aquellos agentes cuyas conductas no son conformes con las reglas del juego, por ejemplo, con la forma debida de hacer negocios pierden la reputación, y en consecuencia la licencia social exigida para participar en la vida económica. La mecánica de la norma pretende resolver el problema de la desconfianza a través de la formulación jurídica de derechos y obligaciones; la mecánica de los valores amenaza a los tramposos con la exclusión.

La reacción de la mayor parte de los gobiernos frente a esta última crisis de confianza consiste esencialmente en el establecimiento de nuevas normas de orden preventivo y en el endurecimiento de las sanciones asociadas a su incumplimiento. Cuanto mayor es el daño social que las normas anteriores no han evitado, más probable es que los gobiernos sobreactuen, como los malos actores ante un papel que les viene grande. Confieso que me cuesta adivinar el aspecto final del aquelarre purificador convocado en España por los Ministerios de Economía y Justicia, CNMV o ICAC para reformar los soportes societarios de la actividad económica. Además, las reacciones suelen responder a un cierto histrionismo, como el mostrado por el presidente Bush, quien busca asentar la nueva panoplia normativa sobre el mundo de los negocios en un terreno intermedio entre el Antiguo Testamento y la Ley de Lynch. Naturalmente, nadie se atreve a hablar de exceso regulador, ni a mostrarse escéptico respecto de la eficacia última de este derroche jurídico. Los tiempos mandan callar. Y, sin embargo, es más que dudoso que las nuevas iniciativas legales sirvan para algo más que para lavar la cara de quienes consintieron que intereses privados penetraran en los intersticios del Estado, como se ha demostrado en los casos GESCARTERA o ENRON, o de los gobernantes que se reservaron algunos cubiertos en el festín del capitalismo popular español. Digamos que el capitalismo no se fía ni de unos ni de otros. Yo, desde luego, no compraría un coche usado a Bush o a Rato.

La ética corporativa al uso tampoco ha ayudado demasiado. El lema “todo para el accionista pero sin el accionista” apuntaba un único valor empresarial y la conveniencia de una herramienta: la creación de valor (riqueza) para el accionista y los códigos de buen gobierno, al tiempo que proponía algunos modelos ejemplares, como el de ENRON. Hoy, se anuncia una renovación del instrumento. Sin embargo, no creo que el enarbolamiento de nuevos códigos éticos y valores (por cierto:¿cuáles?) por parte de las grandes empresas sirva para restaurar la confianza. Al menos por dos razones: la primera es que sucederán a otros códigos de vida efímera que sabemos lo que han dado de sí; la segunda es que, en bastantes casos, serán formulados por quienes, en reencarnaciones anteriores, no tuvieron ningún problema en conculcar el espíritu de los mismos. Este coche usado tampoco encuentra dueño.

Sigo pensando, sin embargo, que la mejor manera de que se recupere la confianza es a través de la regulación mediante valores. Pero serán los valores exigidos por los inversores, no los producidos por las ensoñaciones de los gestores, quienes suelen utizarlos para atizar garrotazos al enemigo. Sin ir más lejos, algunos de los principales inversores institucionales del mundo están reunidos ese fin de semana en Milán para acordar una mayor presencia en el gobierno de las empresas participadas y una mejor defensa de sus intereses (por cierto: ¿qué hacían antes?). Además, algunos de esos inversores institucionales, como es el caso de CALPERS, creen que es demasiado arriesgado invertir en empresas que sólo se ocupan de sus accionistas; la razón es con bastante frecuencia sus gestores terminan ocupándose en exclusividad de ellos mismos.

Me parece que lo que viene es el ejercicio de derechos por parte de los ahorradores y la confirmación de que las empresas son demasiado importantes como para dejarlas al cuidado único de los gobiernos y los directivos.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LXIV. Elogio de la queja. La Crisis de la Creación de Valor.

El denominador común de las Juntas Generales de Accionistas que se celebran estos días reside en que los informes presentados por presidentes y consejeros delegados no abundan en compromisos y reiteraciones sobre la creación de valor para el accionista. La evolución reciente de las bolsas no admite bromas. Podría parecer, así, que el objetivo de creación de valor para el accionista es propio de momentos de efervescencia bursátil; ciertamente, no es el caso: la propiedad de la empresa determina en cualquier circunstancia sus objetivos prioritarios. Sin embargo, se adivina una cierta crisis de la cultura empresarial nacida al calor del movimiento de la creación de valor para el accionista, en beneficio de culturas alternativas que apenas han podido resistir la hegemonía mostrada por la anterior en los últimos años.

Publicado previamente en Expansión, el 26 de abril de 2001.

El movimiento de la creación de valor surge a comienzos de los años ochenta. Su mejor reflejo se encuentra en las pautas directivas establecidas desde 1981 por Jack Welch en General Electric, una empresa que se había situado desde comienzos de siglo a la cabeza tecnológica de un buen número de sectores; de la mano de Welch, General Electric ha generado un paquete importante de innovaciones organizacionales en las dos últimas décadas del siglo pasado. Por razones que no vienen a lo que nos ocupa, muchas de las empresas nacidas al amparo de la última ola tecnológica hicieron suyas tales innovaciones; en bastantes ocasiones llevándolas hasta el paroxismo.

Sin ánimo de exhaustividad, las empresas que se han adherido a esta cultura empresarial deben a General Electric la idea de que la reestructuración permanente de la cartera de negocios corporativa, mediante compras y ventas de empresas, permite mantener posiciones de liderazgo; no hace falta invertir mucho en I+D, basta con comprar empresas. También deben a General Electric el downsizing empresarial, es decir, la concentración de las actividades empresariales en torno a las competencias básicas y la reducción correspondiente de la estructura corporativa y el empleo. Igualmente, sus estrategias han sido tributarias de la idea de que la integración vertical hacia los mercados finales mediante la oferta de servicios adheridos a la oferta principal de productos, especialmente servicios financieros, conviene a los accionistas.

La lista sería interminable. Para evitarlo, citaré la atracción por el negocio de los medios de comunicación y, finalmente, el manejo de la estructura financiera, por ejemplo, a través de la compra de acciones propias como método de creación de valor. Naturalmente, el movimiento de la creación de valor ha ocasionado beneficios importantes, especialmente para quienes los han obtenido. La desaparición de la espuma de las cotizaciones bursátiles invita a analizar sus patologías.

La historia de las empresas que han querido hacer suya la cultura del valor empieza a ser bien conocida; puede ser escrita en clave de sus relaciones con los diferentes grupos de interés que concurren en la actividad empresarial.

A diferencia de otras culturas empresariales, la que nos ocupa no aprecia demasiado el compromiso y lealtad entre empresas y trabajadores: un "nonsense", según Welch. Dicen que un dicho recurrente en los círculos directivos americanos de esta clase de cultura corporativa era: “Si quieres lealtad, cómprate un perro”. Queda por saber si la consecuencia inmediata de lo anterior, esto es, que las empresas prescindan de cualquier inversión en empleabilidad de los trabajadores y la ausencia de vínculo de largo plazo entre empresas y trabajadores favorecen el crecimiento de la productividad. Lo sabremos pronto. Lo que se sabe ahora es que, al menos en Estados Unidos, la fidelidad de los clientes a las marcas se ha reducido significativamente en los últimos años, como queda evidenciado por un buen número de estudios sobre comportamiento del consumidor en compras repetidas de un mismo producto. También conocemos la ansiedad de los inversores respecto de las empresas que se rigen por este modelo cultural. Antes de la crisis, la duración media de las posiciones en Amazon.com o Yahoo eran, respectivamente, 7 y 8 días, frente a los 14 meses de empresas tecnológicas más tradicionales como IBM (Business Week). Es difícil que, cuando las cosas van peor, los inversores respondan a las admoniciones de los analistas que predican la conveniencia de mantener posiciones y de construir posiciones sobre la base de los fundamentos de los resultados.
Lo anterior ha llevado a algún estudioso de estos asuntos, por ejemplo Yankelovich, a señalar como las empresas americanas dominadas por este tipo de cultura corporativa han venido perdiendo (cambiando) la mitad de sus clientes cada cinco años, de sus empleados cada cuatro, y de sus accionistas en menos de un año. Creo que no me equivoco si afirmo que la lealtad se va a poner de moda.

El concepto de empresa sostenible- ¿ habría que decir de creación de valor sostenible?- es bastante antiguo y se refiere esencialmente a la evidencia de que en el largo plazo los resultados empresariales mejoran si se mantienen relaciones no oportunistas con los diferentes grupos de interés que concurren en la actividad empresarial: empleados, clientes, proveedores, y comunidades sociales donde se opera. La penúltima reaparición del concepto tuvo lugar en la recesión económica anterior y – paradoja de las paradojas – respondió a la comprobación del estancamiento de la productividad en la economía americana en los primeros años de la década de los noventa. En la época, recibió cobijo doctrinal en el Partido Demócrata americano y disfrutó de la atención de académicos como Michael Porter, quien se atrevió a proponer al Congreso de Estados Unidos la presencia en los Consejos de Administración de las corporaciones americanas de representantes de clientes, proveedores, empleados y comunidades sociales. Era la economía y las empresas de los stakeholders (grupos de interés) El debate, académico y social, cruzó después el Atlántico y se refugió en el nuevo laborismo y en los escritos de algunos profesores acreditados del Reino Unido, por ejemplo John Kay, y algunos documentos de la OCDE sobre el reparto de los beneficios (valor). Después, desapareció de la escena pública expulsada por las primeras llamaradas bursátiles de los valores tecnológicos. Hasta hoy.

Cada cultura corporativa es titular de un paquete de innovaciones organizacionales; además, sus protagonistas abrigan la ambición de elevarlas a la categoría de valores sociales. La cultura de la empresa sostenible ha venido desarrollando, sin estridencias, algunas de interés notable a lo largo de los últimos años. Una de las más prometedoras consiste en la potenciación de los derechos de propiedad de los ahorradores que confían la gestión de sus patrimonios a los inversores institucionales. El éxito de los fondos de inversión "verdes", es decir, que restringen sus inversiones en renta variable a empresas que disfrutan de un rating favorable en materia de medio ambiente, respeto a los derechos humanos, responsabilidad social o comunicación con los grupos de interés nos ha enseñado lo que cabía esperar: que los ahorradores quieren orientar la gestión de su patrimonio, que existe una correlación estrecha entre este tipo de rating y la calidad de los beneficios empresariales, y que en los rankings de sostenibilidad no aparecen muchas empresas que hayan abrazado en el pasado la cultura corporativa de la creación de valor para el accionista. Algo más que una moda.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LXIII. Elogio de la queja.

El Diario ha prestado una atención especial a los episodios de enriquecimiento de los directivos de las empresas, españolas y extranjeras. También, a la crisis de la cultura empresarial que servía de excusa a lo anterior: todo para el accionista pero sin el accionista. Ahora sabemos cómo ha terminado. Lamentablemente, el enriquecimiento de los directivos no ha tenido la dignidad revolucionaria del fenómeno descrito hace más de medio siglo por James Burnham, en relación a las grandes empresas americanas. Ha sido mucho más pedestre. No ha habido afán de liderazgo social; simplemente, saqueo del bolsillo de los accionistas.

La publicación de alguno de los artículos siguientes tuvo algún eco en la red. Un internauta me llamó sesentayochista resabiado. Acepto lo segundo, pero de ninguna manera lo primero. Quizá, empleado de un banco de negocios, hoy probablemente estará en el paro.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LXIII. La empresa de mañana.

Vaticinó Paul Krugman que el caso ENRON tendría un alcance mayor que el 11-S. No se equivocó. De hecho, Krugman no suele errar. Sí lo han hecho los analistas financieros, que pronosticaban mundos felices. Por cierto, lo siguen haciendo. Y cobran por ello. Alguien debería obligarles a republicar sus análisis sobre valores bursátiles de hace tres años.

Debe saberse que ENRON era un modelo de empresa para muchos directivos, también españoles. Como muchas de las empresas que engañaban a los accionistas. Uno de los fenómenos más importantes de los últimos años ha sido el enriquecimiento considerable de los directivos de las mayores empresas españolas, sobre todo de las que operan en el sector servicios. Al final el resultado es cultura empresarial a la americana y competencia a la europea. Más incongruencias.

Como no podía ser de otra manera, también aquí hay exploraciones sobre otros modelos empresariales. La última moda en gobierno empresarial es la responsabilidad social corporativa. Esperemos que la moda sobreviva a la depresión de las bolsas y al estancamiento económico.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LXII. ¿Qué necesitamos para ser ricos? La Corona de Aragón.

Pascual Maragall propone la creación de una euro –región que abarcaría la comunidades del noreste y levante español junto a algunas regiones meridionales francesas. Gran revuelo. Porque el PP quiere hacer de la unidad de España eje de su campaña para las próximas generales. Maragall, en vano, se ha esforzado en explicar que existen varias regiones transfronterizas en Europa. Una, por cierto, comprende Galicia y el norte de Portugal. Nacionalismo castellano.

Y, sin embargo, la economía dice que la integración europea exige este tipo de realizaciones. Es la superación del efecto frontera, que podría potenciar la competencia en el mercado único europeo.

Publicado previamente en Expansión, el 25 de julio de 2003.

Sólo cuatro de los diez países más ricos del mundo, en renta per capita, tienen más de un millón de habitantes. Sólo dos, Estados Unidos y Noruega, tienen más de seis, un tamaño que no alcanzan el 50% de los más de 190 países del mundo. Sólo uno de los cinco países más grandes, Estados Unidos, es un país rico. Singapur, con apenas tres millones de habitantes, es el segundo país del mundo en crecimiento económico desde 1960.

Los economistas suelen tomar como dato las fronteras nacionales. El asunto parece haber quedado reservado a los historiadores y politólogos. Sin embargo, recientemente, Alesina, Spolaore y Wacziarg se han tomado la molestia de examinar las relaciones entre crecimiento económico y tamaño de los países. ¿Qué propondría un economista: países grandes o pequeños?. Aparentemente, la apertura de los mercados nacionales a la competencia exterior, es decir el comercio, es un buen sustituto del tamaño: permite obtener todas sus ventajas (amplitud de mercado y economías de escala en la producción de determinados bienes públicos entre otras) y evita algunos de sus inconvenientes (los costes de administración de la heterogeneidad social y económica). Quizá el hecho que el número de países se haya multiplicado casi por tres desde 1947 tenga que ver con que las ventajas del tamaño han disminuido en razón de la globalización de la economía mundial y de la constitución de áreas económicas amplias. Si éstas avanzan, veremos la proliferación de pequeños países prósperos. Añado una condición: que los conflictos entre naciones estén sujetos a la intervención de las instituciones internacionales. En bastantes ocasiones, los Estados han buscado la ampliación de las fronteras con el único fin de ser militarmente poderosos.

Así pues, están en lo cierto quienes proponen a la vez la profundización del mercado único europeo, la potenciación política de regiones y ciudades y el reforzamiento de las instituciones internacionales: los tres argumentos conducen a la prosperidad económica. También lo está quien defiende la creación de regiones trasfronterizas en Europa, si eso sirve para pasar por encima de las fronteras nacionales, que todavía fragmentan los mercados europeos en perjuicio de la competencia y de la amplitud de los mercados. Naturalmente, si hay que asociarse que sea con alguien que sea más rico que nosotros: podemos aspirar a capturar los beneficios redistributivos de la unión.

Sospecho que Alesina y sus colegas aplaudirían la propuesta de Pascual Maragall de creación de una región trasfronteriza y considerarían irrelevante su denominación. Eso sí, advertirían que ello debería servir para integrar en mayor medida la nueva economía regional en los mercados internacionales. Pero, en ocasiones, la opinión de los economistas cuenta poco.

La lógica anterior tenía un bache. No hay ninguna razón económica inmediata para que los países adopten su tamaño óptimo, es decir, el que hace máxima la renta per capita de sus ciudadanos. No dije que un mecanismo que produciría tal efecto sería la libre adscripción de las personas a los países, con independencia de sus lugares de residencia. Los países más prometedores serían más grandes. Sería, probablemente, más eficiente que la ciudadanía universal. Los países competirían por los ciudadanos como las empresas por los clientes. De paso, no seríamos españoles por obligación. Esta semana, me gustaría ser francés.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LXI. ¿Qué necesitamos para ser ricos? La Angustia de los Mayores

A pesar de los acuerdos entre los partidos políticos, el termómetro electoral es implacable. Cuando se habla del futuro del sistema de pensiones, las elecciones están cerca.

Publicado previamente en Expansión, el 15 de enero de 2003.

Con una cierta regularidad temporal, ven la luz pública sesudos análisis económicos que tienden a concluir que, a largo plazo, nuestro sistema público de pensiones es inviable. Curiosamente, tal género de unanimidades suele recibir un sonoro rechazo social y aun político, especialmente si son presentadas en vísperas de citas electorales, que desencadenan habitualmente una competición entre partidos que concluye en la reafirmación de la viabilidad a largo plazo del sistema. Así ha sido en las últimas convocatorias electorales, a pesar de la voluntad pactada anterior de no hacer de este asunto motivo de confrontación. Me atrevo a mantener que así seguirá sucediendo en el futuro, por lo que, al menos en nuestro país, la lógica política, es decir de los votos, se impondrá a la lógica financiera.

Ipsos ofrece trimestralmente los resultados de una encuesta omnibus realizada en una veintena de países sobre opiniones de los ciudadanos relativas a asuntos distintos. Los procedimientos muestrales permiten proceder a su comparación internacional. Pues bien, recientemente, Ipsos ha querido averiguar en qué medida preocupa a los individuos de más de 18 años su suerte económica, una vez que alcancen la edad de la jubilación. Como cabía esperar, el grado de angustia de las gentes mantiene una correlación bastante estrecha con el PIB per capita del país. Así, el 89% de los colombianos muestra su preocupación respecto de lo que les deparará el retiro laboral, frente al 50% de los ciudadanos del Reino Unido. El porcentaje de españoles, 59%, se aproxima bastante a los registros del resto de países europeos.

Sin embargo, lo que nos distingue del resto del mundo es la confianza respecto del sistema público de pensiones: el 67% de los españoles lo menciona como medio principal de subsistencia, lo que contrasta con el 20% de los franceses, el 39% de los alemanes o el 42% de los ciudadanos de Reino Unido. En correspondencia con lo anterior, apenas un 26% de los españoles cita los ahorros acumulados a lo largo de la vida laboral, por ejemplo, a través de la dotación de planes de pensiones; naturalmente, los porcentajes correspondientes a Francia, Reino Unido o Alemania son muy superiores. Por cierto, en algo nos parecemos a ellos: son pocos (alrededor de un 10%) los que creen que la familia sustentará sus necesidades cuando dejen de trabajar. A estos efectos, tenemos más confianza en el Estado que en nuestros hijos.

Lo anterior podría merecer interpretaciones distintas. Una atinente a nuestra circunstancia es que la viabilidad financiera del sistema público de pensiones no será cuestionada por los partidos políticos en España, al menos en los próximos años. De lo que se deduce que los economistas harían bien, siquiera a título de ejercicio, en formular propuestas de financiación parcial de las pensiones públicas sobre la base de los impuestos. Simplemente, porque conviene tener en cuenta las preferencias y los miedos de las gentes.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LX. ¿Qué necesitamos para ser ricos? Las Virtudes Económicas del Hormigón.

Publicado previamente en Expansion, en 2002.

Una de las certezas más asentadas entre los economistas españoles de hoy es que las inversiones en infraestructura, o mejor el valor del capital acumulado en infraestructuras energéticas, de transporte y de telecomunicaciones, constituyen un factor determinante de primer orden del crecimiento económico. Habida cuenta de que una porción significativa de la financiación de las infraestructuras atraviesa los presupuestos del Estado, cabe apreciar el signo de un presupuesto en particular, por ejemplo el correspondiente al año 2002, en función de las previsiones sobre la inversión en capital público. Conviene señalar que la certeza se fundamenta en el estudio de los efectos de la dotación de infraestructuras sobre la productividad, y en última instancia, sobre el PIB. No es, por tanto, keynesianismo trasnochado, sino economía de la oferta: algo más que el impacto inmediato sobre la demanda agregada. La literatura referida no entra en detalles: distingue mal, por ejemplo, entre los efectos del capital en carreteras y del capital invertido en el tratamiento de aguas residuales, a pesar de que nuestro país se compara bien con otros en lo primero y de manera lamentable en lo segundo. Todo vale.

Como todas las certezas de la política económica, ésta adquiere legitimidad social en dos fuentes principales: disfruta de dosis apreciables de un sentido común, que generalmente tiene carácter perecedero; además, es correcta políticamente. Es sabido que la economía del hormigón ha arraigado con éxito en los gobiernos de las comunidades autónomas, que miden su éxito en términos de infraestructuras físicas proyectadas y, sobre todo, inauguradas. Como casi todas las certezas de política económica, ésta admite discusión, aunque sea a contracorriente. Un libro reciente de Parent y Prescott (Barries to Riches), dos prestigiosos economistas académicos, conjetura y creo que demuestra que las diferencias de productividad entre naciones depende sobre todo del grado de permeabilidad respecto de la adquisición y puesta en práctica de los mejores conocimientos disponibles en cada momento. Los monopolios, las barreras al comercio y a la actividad económica y, en general, la represión institucional del talento humano, junto a la pérdida de calidad de las instituciones públicas, frenan la economía y perjudican el bienestar. La ventaja de este enfoque respecto de la hipótesis del capital público es doble: de un lado, permite entender mucho mejor la historia del crecimiento económico de las economías nacionales, es decir, responder por ejemplo a las preguntas de porqué la revolución industrial se inició en Inglaterra y no en la China del siglo XV, o porqué el primer país se adelantó a Francia en esa misma circunstancia. De otro lado, su desarrollo en términos de política económica es bastante más barato, aunque probablemente más complejo. Y, todo ello, sin negar, claro está que las dotaciones de capital público suelen mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y, probablemente, influir positivamente sobre la productividad, con la única excepción, si se me permite la ironía provinciana, de lo que viene sucediendo en la Villa de Madrid en los últimos tiempos.

No es un secreto que el proceso de convergencia nominal con la Unión Europea ha pasado factura al ritmo de inversiones en infraestructuras; tampoco lo es que los fondos estructurales graciosamente otorgados por la Unión Europea han permitido remediar carencias inadmisibles. El proyecto de presupuesto de 2002 se inscribe en esta tendencia, con un agravante: no es plausible que los ingresos del Estado crezcan a las tasas proyectadas y, en consecuencia, las inversiones en capital público sufrirán del cambio de signo del ciclo económico; ni siquiera, el advenimiento de Keynes cambiaría muchos las cosas. Digo esto siendo plenamente consciente de que la valoración, a través de la observación de los presupuestos públicos, del esfuerzo público en inversión es un ejercicio propio de detectives económicos, tal es la proliferación de agencias públicas nacidas al calor de la voluntad política de cumplir los criterios de convergencia, y el potencial creador de la nueva contabilidad pública.

Pongo en relación los dos primeros párrafos con el tercero: lo grave no es el estancamiento de la inversión pública, lo grave es que el Gobierno ha perdido impulso reformador. Hasta no hace mucho, aprobaba con una regularidad llamativa programas de reformas estructurales, cuya eficacia no quiero valorar en este momento. Nadie espera iniciativas políticas de calado sobre la propiedad o financiación de las televisiones públicas, la liberalización efectiva de los servicios básicos, la transparencia de los mercados de valores, el suelo o la financiación de las administraciones locales. Nadie espera iniciativas de calado sobre el diseño y funcionamiento de las instituciones públicas; tampoco sobre la economía. Estamos en otras cosas. Por eso es importante lo que creo que no lo es tanto: qué va a suceder con las inversiones en capital público en 2002.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LIX. ¿Qué necesitamos para ser ricos? ¿Cómo va España?

Publicado previamente en Heraldo de Aragón, en 2002.

De vez en cuando conviene salir al paso de la críticas a la calidad de la política española. No porque sean injustas, que no suelen serlo, sino porque pecan de los mismos males que objetan; entre otros, el tremendismo. Cabe a este respecto echar mano de recuerdos personales o, alternativamente, prestar atención a cómo nos ven por ahí fuera. Tal perspectiva puede estar desenfocada, pero goza de la virtud de la relevancia: influye sobre las decisiones de inversión directa de empresas extranjeras en nuestro país y, en general, del grado de atracción que la sociedad española ejerce sobre la economía internacional. En definitiva, alumbra bien los aspectos más brillantes u oscuros de la reputación económica nacional.

Pues bien, el World Economic Forum presenta todos los años una clasificación de un buen puñado de naciones de acuerdo con su competitividad internacional, es decir, en función de su capacidad de crecimiento a medio y largo plazo. La medida de la competitividad se alimenta de las opiniones de expertos, directivos de empresas multinacionales, además de la valoración de datos estadísticos. La clasificación en cuestión goza de bastante crédito entre quienes se ocupan de saber cómo va el mundo y sus países, esto es, analistas de inversiones y funcionarios de organizaciones multilaterales. El último informe de World Economic Forum proporciona algunas evidencias interesantes referidas a España. Por ejemplo, el crecimiento último de la economía española ) nos sitúa en un honorable 17º lugar; sin embargo, la valoración de su competitividad actual y futura nos llevaría hasta el puesto 22º. Dicho en otros términos, el futuro económico de España va a ser un poco peor que el pasado reciente; tal efecto puede ser valorado indirectamente en un menor crecimiento anual algo superior al 0,5% anual, cifra que habrá que detraer a la diferencia entre la evolución de la economía internacional y la de nuestro país.

Pero quizá, el interés mayor del informe reside en que aporta un diagnóstico de los males de la economía española en términos poco visitados por los focos españoles de opinión económica. Por sintetizar: el hecho de pertenecer a la Unión Europea nos permite alcanzar el puesto 15º en la clasificación de estabilidad económica, tan buena para la economía. Sin embargo, la valoración de la tecnología empleada por las empresas españolas nos empuja hasta el puesto 24º del concierto de países, aunque donde parece que tenemos más problemas es en la apreciación de la instituciones públicas españolas, que nos lleva hasta el lugar 26º. El informe citado permite desentrañar la razones de tan escasa valoración. Citaré dos: la desconfianza del World Economic Forum respecto de la administración española de justicia (ocupamos el puesto 46º del mundo) y también respecto de la neutralidad y transparencia de las administraciones públicas en la gestión de los contratos y compras públicas, cuya valoración nos deja en un puesto similar.

Este último extremo permite subrayar la importancia de las noticias relativas a presuntos comportamientos desviados de nuestras administraciones públicas: cuestan mucho más a todos de lo que aprovechan a algunos. Las sospechas de favoritismo de las administraciones es un repelente eficacísimo contra la instalación en España de empresas de otros lugares, especialmente en los ámbitos económicos donde el Estado, en todas sus instancias, tiene la facultad de condicionar el juego de la economía. Conviene recordar además que, más o menos, la mitad del gasto público español es decidido por las administraciones regionales y locales, por lo que, al menos a este respecto, éstas tienen responsabilidades mayores en la imagen exterior de la economía española.

Se equivocan quienes creen que siempre ha sido así. No lo es: hace unos pocos años nuestra clasificación era mucho peor; incluso era inexistente. Hoy, a pesar de todo, contamos con un entramado institucional comparable formalmente al de los países más desarrollados. Por decirlo de manera breve: los mercados de valores españoles eran trampas para incautos, el favoritismo de las administraciones públicas constituía la regla, invertir en España era ante todo un ejercicio de captura del Estado. La asociación de España al proyecto de construcción europea limitó considerablemente la discrecionalidad del Estado. Sin embargo, algo debe estar sucediendo últimamente para que nuestra posición en el ranking del World Economic Forum empeore, especialmente en lo que depende de nosotros: la calidad de las instituciones públicas. Para mí que este fenómeno puede responder a la administración masiva en la sociedad española de uno de los más poderosos narcotizantes: “todo va bien” (ponga el lector en “todo” la instancia territorial que estime oportuna), es decir, la autocomplacencia, pase lo que pase. Y, claro, lo que ha sucedido al fin es que hemos despertado del sueño cuando el chapapote nos llega ya a las rodillas.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LVIII. ¿Qué necesitamos para ser ricos?

Para ser ricos mañana, claro, porque lo de hoy no tiene ya remedio. Siempre me ha parecido sorprendente que auguremos futuros prometedores para España y que, al mismo tiempo, pronostiquemos que los pensionistas lo van a pasar mal. Alguien se va a poner las botas.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LVII. Mercado y competencia. Teoría de la Empresa Popular

Quería referirme, medio en serio, medio en broma, al curioso género de las empresas ex -públicas cuya privatización concluyó el PP. Su trayectoria ha sido asunto de discusión política recurrente estos últimos años. Por cierto, nadie sospecha del puritanismo empresarial de las empresas privatizadas íntegramente por los gobiernos del PSOE. No creo que hoy SEAT se deje condicionar sus decisiones empresariales por la influencia del Gobierno. Pero esto es algo que nunca ha dicho el PSOE, que siempre se ha enfrentado al asunto de las privatizaciones con actitudes vergonzantes.

Inédito, 1999.

La Teoría Institucional de la Empresa vincula la eficiencia de las organizaciones a la existencia de cuatro derechos derivados de la propiedad: el derecho a dirigir y supervisar, el derecho a contratar factores de producción, el derecho de apropiación del beneficio y el derecho de enajenación de los derechos anteriores. Los dos primeros derechos son de carácter político; los dos últimos son de naturaleza económica. De acuerdo con la Teoría, las limitaciones al ejercicio de tales derechos reduce la eficiencia empresarial; la razón es que restan incentivos o incrementan los costes de supervisión y control por parte de la propiedad. Sobre tal base, la misma Teoría analiza, en estos términos, formas empresariales distintas: el empresario individual, la sociedad anónima, la empresa corporativa, la empresa cooperativa, la empresa pública. Denominaremos Empresa Popular la resultante de los procesos de privatización y liberalización promovidos por el PP. Ejemplos de Empresa Popular son TELEFÓNICA, ENDESA, TABACALERA y, en menor medida, REPSOL.

La Empresa Popular es una subespecie de la empresa corporativa. Demostraremos que la eficiencia de la Empresa Popular es, en principio, reducida y que, por lo tanto, cabe esperar que la atención debida a la cuenta de resultados se canalice a través de actividades de captura de la regulación y de limitación de la competencia en el mercado. Pero, partamos de la empresa corporativa; se entiende por tal la forma empresarial en la que la dispersión de la propiedad da lugar a que haya una disociación entre derechos económicos y políticos. Los primeros son ejercidos por los (pequeños) accionistas; los segundos son, de hecho, propiedad de la dirección de la empresa, que, detenta una parte reducida o nula del capital social.

La Teoría predice que las decisiones empresariales estarán orientadas, en este caso, a la satisfacción de los objetivos personales de la dirección (promoción, status, remuneraciones) y en menor medida a la atención de los intereses de la propiedad (beneficios). La Teoría, y el sentido común, también predice que la dirección intentará mantener este tipo de situación limitando el ejercicio de los derechos políticos formales de los accionistas, especialmente los que se refieren a la remoción de los órganos de gobierno de la sociedad.

Sin embargo, la misma Teoría establece que las ineficiencias resultantes de la disociación entre derechos económicos (propiedad) y políticos (control) pueden ser corregidas mediante el concurso de tres mecanismos de mercado: el mercado de valores, el mercado de compra-venta de empresas y el mercado de bienes y servicios. El primero traslada a los precios de las acciones información completa sobre el impacto sobre los beneficios de las decisiones de la dirección de la empresa; el segundo limita a través de las OPA’S la discrecionalidad de la dirección y la atención a intereses propios; el tercero reduce la holgura decisional mediante la competencia, que transporta de manera inmediata a la cuenta de resultados la debilidad de la gestión.

Cualquiera que sea la eficacia de los tres mecanismos, no conviene olvidar su existencia. Primero, se pre a desinformar al mercado de valores, lo que queda ejemplificado en los sucesivos avatares bursátiles de ENDESA, sus OPA’s, y su inversión en ENERSIS. Segundo, se procede a blindar la sociedad frente a OPA’s hostiles y amistosas, lo que es el caso de las Empresas Populares mencionadas. Tercero, se limita la competencia en el mercado atendido.

La Empresa Popular se caracteriza, por tanto, por contar con una propiedad del capital dispersa; además, la dirección tiende a defender la consecución de intereses propios mediante la desactivación de los mecanismos correctores de la disociación de derechos políticos y económicos sobre la sociedad. Finalmente, se refugia en contextos regulatorios favorables para dar satisfacción a los accionistas mediante la consecución de rentas monopolísticas amparadas por la legislación.

Con todo, cabe subrayar que la Teoría predice que la Empresa Popular debería arrojar niveles reducidos de eficiencia. Ello se opone a la eficiencia presumida en la captura de la regulación. Así, TELEFÓNICA y ENDESA han anunciado recientemente que los beneficios de 1998 se han incrementado, respectivamente, en un 15% y 9% respecto de 1997. ¿Es ello muestra de una gran eficiencia en la orientación de la regulación en beneficio de los accionistas, lo que desmentiría los vaticinios de la Teoría?. La respuesta a tal pregunta exige el recurso a terrenos de juego más neutrales. Allí situados, por ejemplo en Latinoamérica, no parece que la eficiencia de captura de la Empresa Popular sea sobresaliente, lo que definitivamente corroboraría la Teoría inicial: la Empresa Popular, ineficiente en todos sus extremos, obtiene rentas de monopolio en las proximidades del poder político español; errores aparte, ello constituye la estrategia empresarial que mejor atiende las insuficiencias de gestión, el interés de la dirección y la satisfacción de los pequeños accionistas.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LVI. Mercado y competencia. Mejor Estado, Mejor Mercado.

Inédito, 1999.

Quizá una de las frases que describen mejor el sustrato ideológico y la acción política del Gobierno del PP es la atribuida al Ministro Portavoz (en la época Josep Piqué): “menos Estado, más sociedad”. La frase es intencionada: pretende hacer propia la defensa de lo que se ha convenido en denominar sociedad civil. De igual manera, una de las prácticas que describen mejor el estilo y la voluntad política del Gobierno del PP es la negociación con coaliciones de interés sobre asuntos que atañen directamente a esos grupos y también sobre asuntos que trascienden sus responsabilidad y se sitúan en la órbita del interés general. Se negocia con el sector eléctrico las pautas de la liberalización; se acuerda su retribución y también la de agentes económicos no presentes en la negociación; se condiciona la facultad última del Parlamento o de la Comisión Europea.

El examen de lo acaecido estos dos últimos años ha demostrado que más sociedad quiere decir en la práctica menos competencia, atención escrupulosa a los grupos de interés y envilecimiento del mercado.

No es fácil encontrar ejemplos de decisiones políticas que hayan beneficiado a la sociedad en su conjunto en detrimento de los grupos de interés, o que hayan atribuido a los consumidores/ciudadanos más y mejores derechos que los ganados por los grupos de interés. La reflexión está suficientemente perfilada, o sea que la abandonamos por el momento para abordar otra: ¿qué quiere decir menos Estado?.

Un administrativista radical, si cabe esta contradicción, ha opuesto al Estado de Derecho otro Estado distinto, cuyas características infiere de la realidad española y occidental, el Estado Negociador Moderno (ENM). El ENM no es el Estado legislador que se relaciona con los individuos sobre la base del principio de igualdad ante la Ley. El ENM pacta primero con las coaliciones de intereses, a ser posible en la oscuridad para evitar que ello tenga consecuencias políticas indeseables, y después eleva, mera formalidad, el pacto a la categoría de Ley. Las coaliciones de interés tienen así leyes especiales o, en su caso, aplicaciones singulares de las existentes. Ni que decir tiene que el régimen de privilegios es acordado al margen del parlamento democrático. No conviene, todavía proyectar juicios de valor sobre esta descripción; por ahora, basta con constatar que el ENM se parece bastante al Antiguo Régimen, o Estado asociativo de los modelos neocorporatistas, en el que el monarca absoluto pactaba y otorgaba privilegios singulares. En todo caso, si la pintura pareciera ajustada a la realidad, entonces “menos Estado” quiere decir “más Estado” (propiedad) de los grupos de interés.

Porque no es cierto que el Estado legisle menos o que establezca unas reglas más respetuosas con los derechos de los ciudadanos no integrados directa o indirectamente en grupos de interés; no, legisla bastante pero siempre sobre la base de pactar con coaliciones poderosas. La relación de pactos, protocolos, acuerdos,... trasladados o no al Boletín Oficial del Estado sería interminable. Pero, completemos la descripción. El ENM no sustituye al Estado legislador; simplemente, se produce la dualización del Estado y la coexistencia de las dos formas. Mientras unos ciudadanos están sometidos al imperio de la Ley, pactada en su beneficio con los grupos de interés, otros, integrados en éstos, producen a través del ENM la norma que mejor se adapta a su conveniencia.

La dualización del Estado tiene dos efectos principales: las desigualdades sociales y la corrupción del Estado. Los derechos de un individuo son directamente proporcionales a la capacidad de influencia de los grupos o estamentos de los que forma parte. No es lo mismo ser el empleado de una empresa de UNESA que trabajador de un pequeño comercio; no es lo mismo ser empresario textil que presidente de una empresa farmacéutica. Además, el ENM es el mejor caldo de cultivo de la corrupción; no olvidemos que la captura del Estado se realiza en la oscuridad. Un pacto privado puede respetar los intereses generales, pero es obvio que propicia la sobrevaloración y defensa de los particulares.

El problema no es del todo nuevo. Ya hemos visto a Bertrand Russell, testigo de otra época de concentración y ejercicio del poder económico, oponer libertad a organización, defensa de la democracia política a desarrollo económico. De igual manera podríamos traer a colación al Ministro que negocia con la empresa multinacional su permanencia en el país, determinadas inversiones o el compromiso de creación de puestos de trabajo. O el reciente caso de empresas alemanas que amenazan con abandonar el territorio si su mayoría parlamentaria aprueba una determinada reforma fiscal. La emergencia del ENM parece sobre todo una exigencia del desarrollo económico; es sin embargo el resultado del poder político de las coaliciones y grupos de interés.

“Menos Estado” quiere decir también “otro Estado”. Cito al administrativista radical:
“La ideología oficial es la del mercado exacerbado y la del Estado inhibido; pero la realidad es muy otra, porque sin la protección del Estado el estamento (grupo de interés) no podría sobrevivir. Los grandes negocios se hacen o con ayuda directa del Estado o con tolerancia y a su sombra (...). Para la cultura del estamento, el Estado no es un enemigo sino un colaborador, no es un detractor de la riqueza, sino cabalmente quien la produce; no es un expoliador, sino una víctima fácil de expoliar. En esto se distingue claramente de la cultura tradicional, para la que el Estado es o bien un enemigo (que sanciona y exige impuestos) o bien un benefactor (que presta servicios públicos o proporciona empleo). Por ello mismo, las empresas del estamento privilegiado mantienen unas relaciones constantes y peligrosamente íntimas con el Estado”.
El Estado negociador es, en fin, la confusión de la economía y la política, del poder económico y el poder político.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LV. Mercado y competencia. El TDC, Hoy

Publicado previamente en Expansión, el 11 de abril de 2003.

Es sabido que la política de defensa de la competencia es uno de los pilares de la política de la competencia, junto con la supresión de obstáculos a la actividad empresarial y la introducción de competencia en las industrias de red. A lo largo de los últimos años, la OCDE ha manifestado en repetidas ocasiones la conveniencia de reforzar los órganos españoles de defensa de la competencia; simplemente, porque la liberalización y desregulación de actividades ensanchan el ámbito de los sectores empresariales sujetos a tutela. Un estudio reciente de María Jesús Alonso y Jorge Rosell, de la Universidad de Zaragoza, permite comprobar el grado de cumplimiento de esa recomendación.

Así, cabe constatar, en primer lugar, que desde 1996 el número de titulados superiores del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) ha permanecido invariable: los diez miembros del tribunal más cuatro titulados superiores. Curiosamente, el número de expedientes trasladados del Servicio de Defensa de la Competencia al TDC en los últimos años ha disminuido con respecto a las cifras observadas en 1994 o 1995, a pesar de que el BOE ha sido especialmente fértil en la instauración formal de las reglas de competencia en un buen número de sectores. En segundo lugar, la actividad del TDC, en términos de expedientes sancionadores, sigue prestando una atención especialísima a los colegios profesionales, las asociaciones empresariales, las empresas de pompas fúnebres y los mataderos y panaderos, que suman más del cincuenta por ciento del total de expedientes sancionadores. Terminaré la descripción señalando que el plazo medio entre la denuncia y la resolución del TDC alcanza ya los tres años, para desesperación de las empresas afectadas. En 1999, se batió el récord: se resolvió un expediente después de más de nueve años de procedimientos. Aparentemente, las cosas no mejoran: los plazos tienden a demorarse.

Naturalmente, a los plazos anteriores hay que sumar los posteriores dictados por los recursos judiciales.

Las evidencias anteriores sugieren, a falta de análisis más detallados, que la autoridad de competencia en España es, en la práctica, el Ministerio de Economía, mientras que el TDC desempeña funciones residuales y no siempre con la diligencia debida. No parece que hayamos hecho mucho caso a las recomendaciones de la OCDE. Es cierto, sin embargo, que las cosas podrían cambiar. La aplicación de la nueva ley de coordinación de las competencias del Estado y la Comunidad Autónomas en materia de defensa de la competencia va a dar lugar a que éstas se doten de órganos propios de protección de la competencia.

Habida cuenta de que, aproximadamente, el sesenta por ciento de los expedientes sancionadores estudiados por el TDC se refieren a ámbitos económicos locales, está asegurado su descanso. Por eso cabe preguntarse de qué se va a ocupar nuestro TDC y en qué va a quedar la política de defensa de la competencia en España.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LIV. Mercado y competencia. ¿Qué nos Defiende del Poder Económico?

Inédito.

Una, primera, respuesta a la pregunta que titula podría ser: el Estado democrático. Lamentablemente, es decir poco. Nadie puede dudar de que el nuestro lo es y, sin embargo, no ha sido beligerante respecto de las manifestaciones del poder de mercado y político de los grupos de interés. La cuestión es pues qué Estado.

Pero antes de desentrañar el asunto, conviene añadir rápidamente una segunda respuesta a la anterior, que además es más inmediata: la competencia. La existencia de competencia, es decir, la ausencia de poder de mercado en todos los sectores de actividad y, en especial, en ámbitos próximos a los servicios públicos ciega la principal fuente de poder político de los grupos de interés: no pueden ofrecer nada al Estado; no pueden demandar de éste un trato singular; no hay pacto posible. La distinción entre competencia y mercado permite comprender que carece de sentido, por obvio, afirmar que puede haber economía de mercado sin democracia, pero no democracia sin economía de mercado. Sí que tiene sentido, sin embargo, afirmar, por menos obvio, que la competencia favorece la igualdad de derechos y restringe las oportunidades de ejercicio del poder político por parte de los grupos de interés.

Volvamos ahora al Estado. La modelización de la captura del Estado nos ha enseñado que la mejor protección de los derechos ciudadanos tiene que ver con la notoriedad pública de los abusos perpetrados desde el Estado contra los derechos no representados en grupos de interés; la razón es que la transparencia genera costes políticos en tales circunstancias. Una pregunta nos lleva a otra: ¿qué mecanismos sociales y estatales producen ese bien llamado transparencia?. Ciertamente, tiene algunas características de bien público, por ejemplo, un ciudadano particular ha podido beneficiarse de la transparencia del debate sobre la tarifa eléctrica, en forma de un recibo menor, aunque nadie hubiera estado dispuesto a financiar estudios sesudos sobre la cuestión, porque su coste habría sido superior al beneficio individual. En este caso, sólo las empresas eléctricas tendrían interés en financiar un estudio, con las conclusiones esperadas, lo que lleva a concluir que en materia de transparencia nos pueden dar gato por liebre.

Si el argumento es correcto, y tiene toda la apariencia de serlo, cabe derivar una conclusión y un corolario. La conclusión es que la defensa mejor ante el abuso de poder se sitúa en el Estado, que es el mejor proveedor de bienes públicos; el corolario es que no hay que ser demasiado exigentes con respecto a los medios de comunicación; no se trata de que alumbren el ejercicio del poder no democrático, basta con que no apaguen la luz. Y así despachamos un asunto de difícil discernimiento.

El Estado debe controlarse a sí mismo. Creo que no es erróneo afirmar que hay un acuerdo amplio sobre el hecho de que el control parlamentario no es condición suficiente, aunque sí necesaria, para que no haya sumisión del poder ejecutivo respecto de los grupos de interés. Ello nos lleva a situar la cuestión en las entrañas mismas del Gobierno y la Administración. Caben, al respecto, dos tipos de desarrollos. El primero se refiere a la arquitectura institucional: se trata, por ejemplo, de instituir organismos independientes de la Administración, cuya misión principal sea la producción de transparencia. El segundo, más complejo, se remite a la práctica política, es decir, a que el estilo de hacer política huya de despotismos ilustrados, eficacias autoritarias y soledades. Por facilidad, centraremos la atención en el primero. Es forzoso referirse a las instituciones públicas que velan por la competencia y por la defensa de los consumidores y transparencia de la regulación, por ejemplo, el Tribunal de Defensa de la Competencia. Adelantemos la conclusión: en España, los mecanismos públicos de protección frente al poder económico son insuficientes, están sometidos a una dirección política cómplice de los grupos de interés y, además, hay indicios de que las cosas van a peor.
El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) fue hasta comienzos de los años noventa un cementerio de elefantes. Sólo a partir de esa fecha adquirió presencia social a través de la emisión de informes sobre restricciones públicas a la competencia en sectores diversos de la economía española. Quizá, lo más sobresaliente de esta aportación fue que educó a la sociedad española y al propio Estado en la necesidad de prestar mayor atención a la competencia, mediante la supresión de obstáculos, privilegios corporativos y regulaciones dictadas por intereses empresariales.

Distinta suerte corrió el desempeño de la función primordial del TDC, es decir, la represión de prácticas anticompetitivas por parte de las empresas españolas. Hoy, cualquier conocedor de la economía española podría citar cinco recomendaciones al Estado de aquel TDC; nadie sería capaz de recordar más de dos resoluciones sobre practicas restrictivas.

Desde entonces, sobre todo en los últimos años, las cosas han empeorado notablemente. Aquellos informes apenas han tenido prolongación; el TDC no ha informado públicamente sobre su criterio acerca de los efectos anticompetitivos de las múltiples regulaciones sectoriales que han visto la luz o han sido modificadas. Hoy, cualquier conocedor de la economía española sería incapaz de citar más de un hecho relevante referido a las actuaciones recientes del TDC; “el” hecho es la reforma de algunas funciones atribuidas al TDC. Las gentes con experiencia en la Administración Pública saben que la manera más eficaz de reducir a cenizas un organismo público consiste en abrir un paréntesis sin cierre con proyectos de reforma del mismo que nunca ven la luz.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LIII. Mercado y competencia. La Privatización más Necesaria.

Naturalmente, la tesis se aplica a todos los medios de comunicación de carácter público. Nunca tendremos una BBC; mejor renunciar al empeño. De paso, no nos veremos obligados a financiar los telediarios públicos.

Publicado previamente en Expansión, el 12 de febrero de 2003.

Una ley no escrita dice que las únicas privatizaciones de empresas públicas que no se acometen son las imprescindibles. El caso de la primera cadena de Televisión Española es la mejor demostración del precepto anterior. Cabe distinguir al respecto tres tipos de argumentos: los que permiten concluir que debería ser privada, los que conducen a que no puede ser pública y, finalmente, los que llevan al convencimiento de que el estado de naturaleza más conveniente para todos es que no sea nada: ni privada, ni pública. El asunto viene a colación de las noticias recurrentes sobre su gestión: las últimas, de la mano del Tribunal de Cuentas. Por si no fueran determinantes, basta con dedicar unos minutos a ver la programación y sus informativos, por ejemplo, con ocasión de las manifestaciones del pasado sábado.

Las televisiones privadas disfrutan de toda la razón cuando denuncian que las ayudas públicas prestadas por el Estado español a la televisión pública alteran las reglas de la competencia en el mercado español. En cualquier otro sector de actividad económica, las autoridades de competencia prohibirían tales ayudas; por si hubiera alguna duda acerca de si el asunto es competencia de las autoridades españolas o comunitarias, conviene recordar que la ley atribuye a nuestro Tribunal ciertas facultades en materia de ayudas públicas. Los tratados europeos no prohíben la existencia de empresas públicas, pero impiden que éstas se vean beneficiadas de tal condición cuando compiten con empresas privadas. Se dirá que tales ayudas obedecen a que Televisión Española presta determinados servicios esenciales para la comunidad, de manera que sus déficits reflejan los costes incurridos. El argumento es falaz: como se hace en otros sectores, cabe perfectamente que ese tipo de servicios fuera encomendado a las empresas privadas. Por lo demás, es imposible saber qué servicios imprescindibles para la comunidad ofrece en la actualidad la televisión pública: todos son prescindibles. Mientras se beneficie de un seguro de cobertura de sus pérdidas, la competencia está falseada.

Todas las noticias apuntan a que la gestión económica de la televisión pública parece haber optado por el despilfarro inútil. El sustantivo obedece a que sus pérdidas carecen de otra explicación que no sea la tautológica: pierde dinero porque no puede ser de otra manera. El adjetivo responde a que lo anterior beneficia a muy pocos, y en cuantías modestas en relación a los costes (y programaciones) soportados por los contribuyentes. Es posible pues que la única alternativa al carácter público de Televisión Española, cuando sea inevitable respetar las reglas de la competencia en el mercado televisivo español, sea, simplemente, el desmantelamiento: nadie compraría este ente. Para que hubiera compradores, habría que hacer frente al pago (al comprador) de un precio sumamente gravoso. Quitársela de encima es caro.

Se dirá que las cosas pueden cambiar; que algún día disfrutaremos de una programación y de unos informativos de tal calidad que nadie prestará demasiada atención a la cuenta de resultados. Olvido que ese argumento exceptuaría a nuestra televisión de una regla que impera en todos los mercados: las empresas que lo hacen mejor obtienen beneficios. Me parece, en definitiva, que los gestores de la televisión pública española han demostrado que lo mejor que se puede hacer es desmantelarla. Un pequeño fracaso nacional; nada importante, pero urge incorporar su constatación al próximo paquete de reformas estructurales.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LII. Mercado y competencia. Economía del Pollo Súper con Plomo.

Curiosamente, una buena parte de los precios en los sectores liberalizados siguen estando fijados por el Gobierno.

Publicado previamente en El País, en 2000.

En los últimos meses, especialmente desde abril (del año 2000), el Gobierno ha adoptado una serie de medidas orientadas al control de la inflación. Su núcleo ha sido la intervención, no encuentro mejor término, de los precios de algunos servicios básicos en proceso de liberalización: la electricidad, otras energías y las telecomunicaciones. Omito cualquier observación sobre su eficacia: en todo caso, tiende a cifrarse en unidades más propias de la física de partículas que de la economía. Recuérdese que los servicios de estudios adjudicaron al Real Decreto Ley de abril un impacto de una décima de punto porcentual de inflación. Más recientemente, el efecto de la última modificación de los precios de algunos servicios de telefonía parece cifrarse en 5 ó 6 centésimas.

Es sabido que el Estado es el único agente facultado legalmente para incumplir sus compromisos. Le basta con cambiar la norma que los soporta. Esta circunstancia recibe el nombre de riesgo regulatorio, cuando el Estado fija los precios y condiciones de provisión de algunos servicios básicos. Afortunadamente, el Estado suele administrar juiciosamente esa facultad, de suerte que el riesgo financiero soportado por los accionistas de las compañías reguladas es inferior al del resto de sociedades, cuyo riesgo tiene por origen los avatares del mercado, la competencia y los aciertos o errores propios. Se trata, pues, de valores seguros; los analistas pueden valorar fácilmente el precio de las acciones.

La liberalización de los servicios básicos consiste esencialmente en la implantación de nuevos esquemas de reparto de riesgos. Los accionistas asumen los riesgos propios del mercado; los consumidores no pagan errores ajenos; desaparece el riesgo regulatorio. La consecuencia esperada es la disminución de los precios. Como las liberalizaciones son graduales, en la transición coexisten el riesgo de mercado y el regulatorio. Si el Estado se comporta con buen juicio, entonces se produce una sustitución sostenida del riesgo regulatorio por el riesgo de mercado. Hasta aquí la teoría.

Me fijaré en tres intervenciones distintas. La primera fue la rebaja en abril de la tarifa eléctrica en un 1,5%. La Comisión Nacional del Sistema Eléctrico había propuesto en diciembre de 1998 una disminución, muy superior a la que finalmente se aprobó, de acuerdo con la norma y el análisis sobre la demanda y los costes de la electricidad. No se hizo así. Lo malo es que la rebaja del 1,5% tuvo por origen la evolución del precio del aceite y su impacto sobre el IPC. Desde entonces, los analistas del sector escrutan con pavor los precios del pescado fresco, prendas de vestir y otros artículos de contenido energético similar. La intervención ha tenido dos consecuencias principales: incrementar el riesgo regulatorio y reducir el riesgo de mercado. Hoy es menos probable que una empresa no establecida decida entrar en el sector; sencillamente, porque la rentabilidad de la inversión no depende del precio del pollo.

En agosto, la bombona de butano nos dio un susto. La actualización de precios, de acuerdo con una fórmula que relacionaba el precio de la bombona con los precios internacionales, daba lugar a una cifra histórica.

Respuesta regulatoria: suprimir la fórmula, fijar arbitrariamente un precio y autorizar a los españoles a romperse la espalda transportando a sus domicilios hasta más de 50 Kg. de peso, a cambio de un descuento insignificante. Como la ley pretende introducir competencia en este sector, se aplica lo dicho antes: más riesgo regulatorio, menos riesgo de mercado. Además, la intervención rinde homenaje a un rasgo característico del genio nacional: el arbitrismo. Más recientemente, las compañías petroleras han decidido adoptar una curiosa política de precios. Cuando el precio internacional de las gasolinas y gasóleos sube, ellas mantienen sus precios; cuando baja, algunas los suben. Cabe conjeturar que han decidido compartir con el Banco de España la tutela de la estabilidad de precios. Lo malo es que esta forma de proceder perjudica la competencia. Si adjudico a estos hechos el término intervención, es porque cuesta pensar que la iniciativa haya partido de las compañías.

No parece exagerado concluir que la atención debida a sus accionistas por parte de las empresas reguladas debería llevar a éstas a proponer ritmos más acusados de competencia y liberalizaciones menos tramposas. El riesgo regulatorio se ha puesto por las nubes y es preferible una buen riesgo de mercado.

De no conducirse así, el próximo aumento del precio de la patata les obligará a hacer lo que algunos de mis alumnos cuando formulo una pregunta en clase: esconden la cabeza, cierran los ojos y esperan que el azar sea propicio.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LI. Mercado y competencia. El Revés de una Teoría

Después, vino la Comisión Europea que echó abajo la golden share española. Vinieron también empresas públicas europeas. El Gobierno español siempre ha tenido más confianza en los inversores institucionales americanos que en los Estados de la Unión Europea. En todo caso, seguimos manteniendo un lenguaje de otra época. Una parte muy significativa del capital de las grandes empresas “españolas” está en manos de inversores extranjeros.

Publicado previamente en Expansión, en 2001.

El Gobierno español, y por lo que parece algunos de los accionistas de referencia, no desean que la principal empresa española de telecomunicaciones se integre con una compañía europea. La razón fundamental de tal oposición es que la segunda cuenta con una participación importante del Estado holandés en su capital. La integración daría pues lugar a que la empresa española, hoy privada, pasaría a ser controlada, al menos parcialmente, por una empresa pública extranjera.

La posición del Gobierno se apoya en dos argumentos. El primero viene a decir que el mercado europeo de las telecomunicaciones debe ser desarrollado por empresas privadas, lo que además de una recomendación al Gobierno holandés sobre cómo tiene que hacer las cosas en materia de empresa pública, es el soporte de un veto a la operación derivado del ejercicio de la golden share sobre Telefónica. El Gobierno recuerda además que la Ley de Acompañamiento vigente estableció una suerte de golden share sobre operaciones de fusión/absorción de empresas energéticas españolas con empresas públicas extranjeras. Cabe advertir respecto de este argumento que es nuevo; Telefónica aparte, el mercado español de telecomunicaciones cuenta como protagonistas de primera línea a operadores participados por empresas públicas europeas de telecomunicaciones. No parece que ello haya sido perjudicial para la competencia, consumidores y eficiencia de esas empresas.

El segundo argumento es más comprensible y se expresa así: sería absurdo que la privatización de Telefónica tuviera como corolario su control por parte por parte de un Gobierno extranjero. Olvidaré su aplicación dificultaría enormemente que Telefónica estableciera este tipo de acuerdos con alguna gran empresa europea: muchas de ellas están participadas por el Estado. También que la Unión Europea no prohíbe la existencia de empresas públicas, sólo exige que estas no tengan un trato de favor del estado en relación a las empresas privadas. Ello y la tutela de la competencia garantizan la irrelevancia de que la propiedad sea pública o privada y, finalmente, conduce a que los Estados tiendan a realizar programas de privatización. El argumento citado, sin embargo, se remite a una de las principales justificaciones empleadas estos últimos años: la empresa pública es en toda circunstancia menos eficiente que la privada.

Aplicada a este caso, la tesis en cuestión diría que la privatización de Telefónica ha sido beneficiosa para todos y que su renacionalización holandesa sería perjudicial puesto que la empresa sería menos eficiente.

Desgraciadamente para la teoría en cuestión, los mercados de valores recibieron la noticia de la integración con satisfacción; de hecho, se produjo un incremento del precio de las acciones de ambas compañías.

Si se abordara la situación sin tanto prejuicio y con algo más de pragmatismo, podríamos concluir que la privatización de Telefónica tuvo sentido en la medida en que contribuía a crear un marco general más propicio para la competencia en el sector español de las telecomunicaciones, simplemente porque la ruptura del cordón umbilical entre el Estado y la compañía situaba a la misma en pie de igualdad con respecto a sus competidores. Ello no porque la propiedad pública pudiera constituir fuente de desventajas, según la teoría al uso, sino más bien por todo lo contrario.

La postura del Gobierno español parece, además guardar relación con un nuevo régimen de golden share instado por la Ley de Acompañamiento y que por ahora afecta únicamente a las empresas españolas del sector energético: privadas y ex-públicas. El régimen en cuestión prohíbe el ejercicio de derechos políticos a empresas, españolas y extranjeras, participadas o contratadas en cualquier forma por entidades o administraciones públicas que adquieran participaciones en el capital de empresas españolas de ese ámbito de actividad. Es cierto que el Gobierno puede autorizar finalmente el ejercicio de esos derechos, en su caso bajo condiciones establecidas por el mismo, en aplicación de los principios de objetividad, transparencia, reciprocidad, equilibrio y buen funcionamiento de los sistemas y mercados energéticos. La alusión a la citad Ley por el Gobierno en el caso que nos ocupa permite deducir que la base argumental para el ejercicio de la golden share sobre Telefónica se ha desplazado de la garantía de continuidad a los mencionados principios, de los cuales sólo uno tiene una interpretación inmediata: el de reciprocidad. El Gobierno español entiende que no cabe aceptar la participación pública holandesa en una empresa española, porque hoy no cabe que una empresa pública española tome una participación en una empresa privada de aquel país; no cabe porque ya no hay empresas públicas españolas.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA L. Mercado y competencia. ¿Viviría usted en Monopoly?

Lo publiqué en plena campaña electoral de las generales del año 2000. Algunos colegas lo calificaron como extrañamente radical. Eran buenos tiempos para la bolsa, que parecía confirmar el acierto de las privatizaciones. Las empresas españolas prosperaban en Argentina.

Publicado en El País, en febrero de 2000.

Debo adelantar mi juicio acerca de la mayor parte de las teorías al uso sobre los beneficios sociales de las privatizaciones: me parecen extravagantes, por alejadas de la realidad. La evolución del monopolio público hacia la prestación de un determinado servicio por empresas privadas se rige por el proceso siguiente: primero, se hace posible y, por lo tanto, inevitable que empresas privadas desarrollen esa actividad; segundo, las exigencias de la competencia obligan al Estado-propietario a gestionar la empresa pública como si fuera un inversor privado y, en consecuencia, a convertirse en un Estado-regulador. Ello conduce finalmente a la privatización. Además, la transferencia de la propiedad puede resultar de la aplicación de un impreciso sentido común: no es fácil encontrar razones que justifiquen que el Estado produzca galletas o coches, de la misma manera que no suele fabricar productos de cosmética o trajes de baño.

Los procesos de privatización generan polémica cuando no cumplen las condiciones que les otorgan legitimidad. Las condiciones están en relación con el buen cumplimiento del proceso descrito. Si el Estado consiente que las empresas establecidas obstaculicen la entrada de nuevos competidores; si la concentración empresarial hace ilusorios los derechos de elección de los consumidores; si el mismo Estado tolera que las compañías herederas de los monopolios hagan inviable cualquier vestigio de competencia, entonces, el proceso de privatización carece de legitimidad social y, en consecuencia, está sujeto a propuestas permanentes de revisión de las reglas del juego.

No es ésta la única fuente de insatisfacción social. En el caso de una buena parte de los servicios públicos, la nueva situación invita al Estado a reforzar la regulación de la calidad de los servicios y la seguridad asociada a su uso, y a promover la inversión en infraestructuras de red, así como el acceso a los mismos por parte de grupos sociales desfavorecidos y/o alejados de los núcleos importantes de población. La razón es que las privatizaciones/liberalizaciones pueden afectar a la atención prestada por las empresas respecto de estos extremos. Por poner un ejemplo: casi todos los análisis demuestran que los accidentes aéreos no tienen un impacto significativo sobre el valor de mercado de la compañías operadoras de los aviones siniestrados. Invita pero no obliga, a no ser que lo exijan los ciudadanos.

En los últimos años, los procesos de privatización han coincidido con operaciones importantes de concentración empresarial, tanto horizontal como vertical. Es lo que se ha convenido en denominar concentración del poder económico. Se dirá que esto no es nuevo, y que refleja la oposición empresas grandes/países pequeños debatida en otros tiempos y lugares. Creo que es más exacto describir la realidad española de nuestros días en términos de empresas poderosas/Estado débil. El problema que nos ocupa es, por tanto, algo más que la incongruencia entre la regulación de los servicios básicos y las estructuras de mercado, o que el balance de las privatizaciones; es un problema político de primer orden.

Las reglas de juego del Monopoly, antes El Palé, guardan alguna similitud con el funcionamiento de las sociedades modernas. En origen, hay igualdad de oportunidades entre los jugadores; el Estado, en el juego la banca, es gestionado por uno de los jugadores; estos se esfuerzan en adquirir propiedades próximas para consolidar posiciones de dominio; el éxito extermina la competencia. La consideración de la metáfora invita a subrayar tres aspectos del juego: caben pocos jugadores, sólo uno de ellos gana ante las quiebras sucesivas del resto, y nadie vive en las calles y casas del tablero, salvo quizá los jugadores. Un sondeo de opinión realizado entre mis amigos me ha revelado que nadie querría habitar una ciudad que se rigiera por la mecánica del Monopoly. Por ello, es un problema político.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XLIX. Mercado y competencia. La Fiebre de las Fusiones.

Cayó la bolsa y desapareció la fiebre, lo que demuestra la naturaleza del virus. Volverá con el próximo calentamiento.

Publicado previamente en La Actualidad Económica, el 11 de octubre de 2000.

Corren buenos tiempos para la literatura sobre fusiones empresariales. En los últimos quince días, el jefe de la división de competencia del departamento de justicia de los Estados Unidos, Joel Klein, ha sugerido, en su discurso de despedida, crear una autoridad mundial de la competencia. El comisario europeo de la competencia, Mario Monti, ha propuesto modificar los procedimientos de defensa de la competencia que aplica la Comisión Europea. Los oponentes a la mundialización han vuelto a manifestarse, esta vez en Praga, con motivo de las reuniones del FMI y el Banco Mundial. Y, mientras tanto, en nuestro pais, después de unas cuantas fusiones sonadas, las dos mayores empresas eléctricas han anunciado que están en negociaciones. El interés de políticos, manifestantes y empresarios está justificado porque las fusiones, sin duda, van a modificar de manera irreversible la economía internacional. La cuestión es en qué dirección.

Nuevos paisajes

Se ha estimado que, en 1999, se fusionaron activos por un valor de 3.4 billones de dólares, en torno a seis veces el Producto Interior Bruto español. Algunas de las fusiones recientes tienen una escala gigantesca.

Por ejemplo, la unión de los bancos Chase y J.P. Morgan, anunciada en septiembre, está valorada en 660.000 millones de dólares; la fusión de Time Warner y America Online, presentada en enero de este año, alcanza un montante de 165.000 millones de dólares. A lo largo de 1999, se anunciaron no menos de diez fusiones con un valor superior a los 40.000 millones de dólares. Además, el vendaval afecta a sectores muy diversos, desde las telecomunicaciones y los medios de comunicación, hasta la gran industria –fabricantes de automóviles, aviones y armamento – pasando por el sector farmaceútico, la distribución comercial y las empresas del sector de la energía – petroleras y eléctricas-.

Lo nuevo de las fusiones empresariales de nuestros días es su tamaño y su dimensión internacional. A lo largo de los últimos cinco años, se vienen registrando entre 5.000 y 6.000 operaciones anuales entre empresas de paises distintos. El valor de estas operaciones, unos 500.000 millones de dólares por año, es comparable al PIB español. Algunos sectores escapan a esta progresiva internacionalización. En la banca comercial, las fusiones atienden fundamentalmente a la consolidación de las posiciones de los bancos de un mismo país: son operaciones nacionales. En otros sectores, como la aviación comercial, las empresas, especialmente las compañías de bandera, prefieren optar por modalidades "blandas" de integración, como las alianzas estratégicas. Y aún en otros, como la electricidad, la propiedad pública de algunas empresas eléctricas, como la francesa EDF o la sueca Vattenfall, garantiza el control nacional del capital, aunque, paradójicamente, esas mismas empresas se cuentan entre las más activas en la adquisición de empresas de otros paises. Con todo, salvando las diferencias, la tendencia general apunta hacia empresas cada vez más grandes y más internacionales.

La perspectiva de los inversores

Esta fiebre compradora responde a varias causas distintas. Por un lado, las fusiones son consecuencia de la globalización – empresas más grandes en mercados más grandes -, la reforma de la regulación – hoy es posible comprar empresas en sectores que antes estaban protegidos de la competencia y de apetitos externos – y, en determinados casos, el cambio tecnológico y las dificultades financieras de algunas empresas. Todas estas son “buenas” razones, pues vinculan el fenómeno a las fuentes del crecimiento económico: la extensión de los mercados y la competencia. Sin embargo, la fiebre compradora también se ha alimentado de unos cash-flows empresariales abundantes y unos tipos de interés extremadamente bajos. El cambio de ciclo económico y la instauración de condiciones monetarias más normales dará lugar a que operaciones que han podido parecer correctas en unas circunstancias anormalmente favorables no lo sean tanto después: se constatará entonces que la epidemia ha exagerado las virtudes de las fusiones.

Con todo, los accionistas no deberían tener una buena opinión acerca de las fusiones empresariales, al menos a priori. Un buen número de estudios coinciden en la valoración de los procesos de fusión: en torno a la mitad de las adquisiciones fracasan; el resultado de la fusión acaba valiendo menos de lo que valían las empresas por separado. En otras palabras, es frecuente que los accionistas – sobre todo los de la empresa adquirente – pierdan dinero; o, dicho en la jerga al uso, una buena parte de las fusiones destruye valor para el accionista. Las fusiones son provechosas para el accionista en apenas una cuarta parte de los casos. Al igual que en los matrimonios de interés, las dificultades para integrar convenientemente dos organizaciones antes separadas no desaparecen por mucho que la globalización u otras buenas razones económicas hagan de la fusión una idea atractiva. Cabe sospechar que estos riesgos son especialmente importantes cuando las operaciones de concentración responden a motivaciones defensivas, de búsqueda o aplicación de cash flow, o de carrera ciega hacia el crecimiento. Entonces ¿por qué las fusiones?.

Probablemente, la mejor explicación, al menos de los fracasos, tiene que ver con los viejos modelos de conducta empresarial de los directivos no propietarios: "ande o no ande, caballo grande", como dice el refrán español. En este mismo sentido, se ha señalado que la fiebre de las fusiones no es ajena a la implantación de fórmulas retributivas para los directivos basadas en acciones u opciones.

Pese a tales evidencias, los analistas han venido aplaudiendo sistemáticamente la presunta bondad de la gran mayoría de las operaciones de fusión y absorción, con ocasión de su presentación pública. Los juicios negativos sólo se han oido con alguna fuerza en algunas compras extravagantes de empresas de Internet a precios desorbitados. No es fácil explicar este sesgo pro-fusiones. En todo caso, los accionistas deberían escuchar con cierta disciplicencia la opinión de los analistas.

La competencia

Las “mega-fusiones” también entrañan riesgos para la competencia. Con frecuencia, el resultado son empresas con una posición dominante en los mercados. Es más, puede sospecharse que en algunos sectores ésta sea la motivación principal. El peligro es, naturalmente, que esas empresas dominantes ahoguen la competencia, abusando de los competidores más pequeños, y fijando precios demasiado elevados. En algunos sectores liberalizados recientemente, como el eléctrico, las fusiones pueden impedir el nacimiento de la competencia.

Las instituciones de defensa de la competencia fueron concebidas para un mundo más aldeano que el actual. Son instituciones con una jurisdicción nacional o, a lo más, comunitaria, aunque hoy tienen que supervisar la conducta de empresas extendidas por todo el mundo. El desajuste entre medios y fines limita cada vez más la eficacia de la política de la competencia y precisa una respuesta, ya sea la creación de un tribunal internacional de la competencia, como aconseja el jefe de la división de competencia de la justicia americana, ya sea una simple armonización de las normas aplicables.

Además, las instituciones de competencia se han quedado pequeñas, sobre todo en Europa. Las oficinas de competencia de la Comisión Europea están, simplemente, desbordadas. La solución que propone el comisario Monti es que las autoridades nacionales asuman más responsabilidad en los casos de prácticas restrictivas de la competencia y de abuso de posición dominante. Esta aplicación del principio de subsidiariedad está reñida, por cierto, con la realidad de la globalización. Esta fórmula, aunque es un alivio administrativo, no deja de ser una solución mediocre. La falta de recursos afecta también a muchos Estados miembros de la UE, como es nuestro caso. A pesar de la importancia atribuida a la política de la competencia, lo cierto es que el Tribunal de la Competencia español sobrevive como puede con un presupuesto que en 1998 apenas superaba los 200 millones de pesetas y cuya cuantía ha disminuido en términos reales desde 1994, y con apenas una decena de profesionales. Un problema adicional es que nuestro marco legal no garantiza que la defensa de la competencia guíe las decisiones del Gobierno sobre concentración de empresas. En España, el Tribunal de Defensa de la Competencia desempeña, de hecho, una función residual - de asesoramiento al Gobierno - en los procedimientos relativos a las concentraciones empresariales.

Para que la defensa de la competencia sea ejercida de manera razonable– algo que beneficiaría a todos y, especialmente, a las empresas afectadas – hace falta algo más que pasar la patata caliente de Bruselas a Madrid. Como se señala en un reciente informe de la OCDE sobre la reforma de la regulación en España, se precisa, en primer lugar, una buena formulación de los criterios de competencia aplicables a la apreciación de las concentraciones empresariales de ámbito nacional; en segundo, un mayor protagonismo del Tribunal; y, en tercero, dotar con mejores medios a la autoridad de competencia.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XLVIII. Mercado y competencia. ¿Por qué en Europa hay Empresas Públicas?

Es admirable cómo, en general, los economistas americanos se expresan públicamente con mucho menos dogmatismo que los europeos.

Publicado previamente en Expansión, el 6 de junio de 2002.

El examen de algunos sectores económicos europeos, por ejemplo el de telecomunicaciones, muestra que la presencia pública en el capital de los operadores dominantes sigue siendo muy importante, a pesar de los avances registrados en los procesos de liberalización. De hecho, España es uno de los pocos países europeos en los que el operador dominante, Telefónica, es una sociedad enteramente privada. Lo mismo sucede en otros ámbitos económicos. Ante tal evidencia, caben dos actitudes: la habitual que consiste en renegar de la realidad y atribuir el fenómeno a la miopía de los gobiernos, al anquilosamiento de la construcción europea o a circunstancias de orden histórico, y otra, menos frecuentada, que se interroga acerca de las condiciones que harían buena (eficiente) tal realidad y, en consecuencia, que se pregunta qué debería cambiar para que deje de tener sentido económico la existencia de empresas públicas.

Un trabajo reciente de Mark Roe (Harvard Law School) ayuda a dilucidar la cuestión, mediante el análisis de la relación entre nivel de competencia de los mercados, cultura corporativa de las empresas y bienestar social. Para simplificar entenderemos que la competencia de los mercados de producto es mayor en Estados Unidos que en Europa, en razón, por ejemplo, de la fragmentación nacional de los mercados europeos; entenderemos también que las empresas americanas están orientadas al beneficio (valor de mercado de las acciones), mientras que las europeas continentales (alemanas o francesas) prestan además atención a propósitos más amplios relacionados con intereses de orden social, ya sea por el marco institucional (codeterminación en Alemania) o por aspectos de orden cultural (Francia). Valoraremos el bienestar social mediante la observación de precios y cantidades. Precios más bajos generan mayor demanda y un nivel superior de bienestar.

Situémonos primero en Estados Unidos. La aplicación del criterio de maximización del beneficio (valor de mercado de las acciones) en un marco competitivo cumple todos las exigencias de eficiencia y, en consecuencia, hace máximo el bienestar social; los precios son los propios de un régimen de competencia. Si atravesamos el Atlántico, y aplicamos el mismo criterio a un monopolio, nos encontraríamos con precios elevados, demandas menores y un nivel más reducido de bienestar. Supongamos, sin embargo, que el monopolio europeo no maximiza beneficios, sino que de acuerdo con su cultura corporativa prefiere tomar en consideración el bienestar social, haciendo máximo el volumen de producción, con la única restricción de no registrar pérdidas. Para ello deberá fijar unos precios iguales a los costes unitarios, es decir, más bajos que los precios de monopolio. La consecuencia es que el bienestar sería comparable al alcanzado al otro lado del Atlántico. En principio, se puede alcanzar el mismo nivel de bienestar con empresas maximizadoras del beneficio que desarrollan actividades en entornos competitivos, o con monopolios atentos al interés social. Si no hay competencia en los mercados, más nos vale que la cultura empresarial vigente sea la segunda.

Naturalmente, no parece muy realista suponer que, por ejemplo, una gran empresa familiar europea podría desatender el beneficio propio, anteponiendo el interés social. Debe suponerse que el potencial ahormador de conductas de los valores empresariales dominantes es limitado. Por lo tanto, el argumento anterior exige el cumplimiento de una condición adicional: la separación entre propiedad y control. Ahora, si atribuimos a los directivos europeos el afán de que sus empresas crezcan más allá de lo que interesaría a los accionistas, entonces volvemos encontrar el resultado de que los precios y cantidades de los mercados atendidos serían similares a los registrados al otro lado del Atlántico. Sin embargo, nada les impediría la adopción de la conducta propia de una empresa monopolista, compartiendo después con los accionistas los beneficios extraordinarios conseguidos: la vinculación de las remuneraciones al valor de mercado de las acciones es una manera elegante de instrumentar unos incentivos de esta naturaleza. En términos de precios y cantidades, el bienestar podría ser menor. Es difícil vaticinar qué influye más sobre las conductas de los directivos europeos: si el afán de ganar dinero o la ambición de construir grandes organizaciones ejemplares desde un punto de vista social. Si aceptamos, lo que parece prudente, que los valores sociales tienen una eficacia limitada respecto del encauzamiento de las conductas, entonces habría que convenir que el modelo europeo es menos eficiente que el americano, simplemente porque propicia los monopolios.

La manera más sencilla de garantizar que la empresa monopolista orienta su gestión a la extensión del mercado servido y, por lo tanto, tiene incentivos a reducir los precios por debajo de los niveles propios del monopolio consiste en la participación pública en el capital, sobre todo porque ello permite controlar las remuneraciones de los directivos, inclinando así la balanza de los incentivos del lado del crecimiento de la empresa. De esta suerte, cualquiera que sea la autonomía de los gestores respecto del Estado, la conducta empresarial legitima desde el punto de vista del bienestar social su condición de campeón nacional. Una fuente potencial de ineficiencias, la no maximización de los beneficios, corrige los efectos de otra, el monopolio. Nada extraño en economía.

Lo anterior conduce indefectiblemente a la conclusión sobre la racionalidad de la empresa pública cuando los mercados de producto no son competitivos, como sucede en una buena parte de los mercados europeos. En definitiva, es más exacto decir que hay empresas públicas porque el mercado único europeo no es todavía una realidad que lo contrario. Mientras tanto, es decir mientras no lo es, a lo mejor conviene considerar, a título de ejercicio, que los países europeos que siguen contando con participaciones públicas en empresas que desarrollan actividades en mercados donde la competencia es insuficiente han acertado, y que los países que han anticipado el ritmo de privatización a la generalización de la competencia y a la propia constitución del mercado único se han equivocado. Más que nada, porque es higiénico interrogarse de vez en cuando si no tendrán razón los demás.

Para ir abriendo boca, deberíamos echar un vistazo a lo que ha sucedido en los últimos años con las remuneraciones de los directivos españoles en los sectores protegidos de la competencia; quizá intuyamos los efectos del curioso modelo español: cultura empresarial a la americana y competencia a la europea.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XLVII. Mercado y competencia. El Mercado Único Europeo.

Publicado previamente en Expansión, en 2002.

Sin duda, la iniciativa europea más importante de los últimos veinte años en favor de la competencia en Europa ha sido el Acta Única, que entró formalmente en vigor en 1987 y que dio lugar a un ambicioso Programa de acciones orientadas al supresión de obstáculos a la circulación de bienes y servicios, y a la libertad de establecimiento. Lo cierto es que la estrategia dibujada en aquellos años muestra síntomas de agotamiento, a pesar de la voluntad política de reanimar el empeño. Todas las evidencias sugieren que no se han logrado avances significativos estos últimos tiempos. Así, a pesar de que en los últimos treinta años los oferentes nacionales de la Unión Europea han sufrido una disminución de sus cuotas de mercado en beneficio de oferentes de otros países de la Unión o de países terceros, la tendencia no se ha reforzado desde la culminación del Programa del Mercado Interior, especialmente en el caso de los países de mayor tamaño. En general, el Programa no ha eliminado las distorsiones derivadas de la existencia de fronteras, al menos en la proporción esperada.

El análisis comparado de la fragmentación nacional de los mercados europeos y del nivel de integración de los mismos mercados dentro de cada Estado-miembros permite valorar la importancia económica de las fronteras. Algunos estudios recientes ofrecen evidencias de interés sobre el efecto de las fronteras en la configuración de los flujos comerciales, tanto entre Estados Unidos y Canadá como entre los Estados- miembros de la Unión Europea. Así, se sabe que los flujos comerciales entre las provincias canadienses son entre 10 y 20 veces superiores a los que vinculan esas provincias con los estados de Estados Unidos.

La estimación del factor frontera se basa, naturalmente, en el control previo de las distancias geográficas, que presumiblemente determinan los costes de transporte y de obtención de información, y que por tanto podrían explicar la desviación de comercio hacia el mercado nacional. Helliwell concluye que el efecto frontera también es significativo entre los países de la Unión Europea, aunque su magnitud es notablemente menor. El efecto se estima en 6,5 veces, reduciéndose hasta 3,7 si el análisis se realiza sobre unidades geográficas que comparten un mismo idioma.

Otros indicadores de integración prestan atención a la dispersión espacial de precios en el seno de la Unión. En un mercado integrado rige la ley del precio único; en ausencia de costes de transporte, la competencia asegura que en cada momento todas las transacciones de un determinado mercado se realicen a un precio similar. Los estudios de dispersión de precios consisten, básicamente, en la comparación de los precios de determinados bienes de consumo (marcas) en una muestra de ciudades europeas. Estos estudios constatan que existen diferencias sistemáticas entre países, que superan las registradas en el seno de cada Estado- miembro. En este sentido, un análisis reciente de Serres, Hoeller y Maisonneuve , basado en una muestra de precios de productos manufacturados, observados en un número amplio de ciudades de 11 Estados- miembros, demuestra que las diferencias de precios entre Estados son, en promedio, un 20-25% más elevadas que las diferencias intranacionales. Esta estimación resulta después de haber eliminado los efectos de la distancia geográfica y de las características de las ciudades donde se hicieron las tomas de precios.

Desde una perspectiva más amplia, hay evidencias sólidas de que, en un conjunto amplio de productos de consumo, especialmente de alto valor, las empresas adaptan sus precios a las peculiaridades de los diferentes mercados nacionales. Naturalmente, ello es posible por la existencia de barreras comerciales y de restricciones verticales que afectan a los canales de distribución. A este respecto, la dispersión internacional de precios en el seno de la Unión Europea apenas descendió en el período 1993-98, lo que demuestra una cierta fatiga del proceso de convergencia económica, si bien es cierto que algunas evidencias apuntan a una recuperación de la tendencia histórica en los dos últimos años. El hecho de que la dispersión internacional de precios duplique la dispersión intranacional ofrece oportunidades obvias para mejorar el funcionamiento de la economía. La aceleración del proceso de convergencia de precios hacia los niveles más bajos registrados hoy propiciaría, de acuerdo con algunos análisis , una disminución de los precios en torno a un 3% a lo largo de los próximos cinco años en la zona euro, y un porcentaje algo superior en la Unión Europea.

La Comisión Europea valoró, en 1997, el grado y ritmo de consecución de los objetivos contemplados en el Programa del Mercado Único. En primer lugar, el Programa se había desarrollado con un ritmo inferior al esperado; desde luego, no está hoy en pleno vigor, ocho años después de la fecha prevista. En segundo lugar, la traducción política de las iniciativas técnicas, que exige el trámite del Consejo de Ministros de la Unión, ha desnaturalizado una buena parte de las mismas, en bastantes ocasiones por la necesidad de alcanzar las mayorías políticas requeridas. Finalmente, los Estados-miembros han venido aprobando, al margen del Programa, iniciativas que suponen el establecimiento de nuevas restricciones a la actividad económica, en ocasiones con el amparo (forzado) de la Comisión Europea. No debe extrañar, en consecuencia, que el descontento llevara, en 1997, a la adopción del Plan de Acción para el Mercado Único (PAMU), y en 1999 a la propuesta de una nueva Estrategia para el Mercado Interior con el propósito común de mantener vivo el empeño político del Acta Única. Está previsto proceder a un balance de la Estrategia en la presidencia española, que deberá ser negativo. Quizá sea también la ocasión de alcanzar el acuerdo político exigido para su relanzamiento.

Así, parece imprescindible la adopción de decisiones relativas a la apertura de los mercados públicos nacionales, que constituyen el 14% del PIB comunitario, la homogeneización de los impuestos especiales, la recuperación efectiva del principio de reconocimiento mutuo en cuanto a las normas técnicas, la materialización del mercado único de los servicios financieros o una nueva consideración de las acuerdos verticales entre empresas, como acaba de hacerse con el sector del automóvil.

Es cierto, sin embargo, que la situación actual de parálisis del Mercado Único podría verse modificada como consecuencia del deterioro de las expectativas económicas en la zona euro. La desaceleración económica y las limitaciones de las políticas macroeconómicas , por ejemplo del Programa de Estabilidad Fiscal de la Zona Euro, quizá den lugar a un nuevo impulso a la adopción de reformas estructurales orientadas a la profundización del Mercado Único y a la extensión de las reglas de la competencia. Por ahora, es más una necesidad que una previsión fundada.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XLVI. Mercado y competencia.

Tenemos mercados, pero no siempre disfrutamos de la competencia, es decir, de los efectos de la rivalidad entre las empresas por quedarse con nuestros bolsillos. En la legislatura anterior, y con ocasión dela guerra digital, se nos quiso convencer de que con un monopolio habrá más competencia. Visto lo visto, así tendrá que ser. La oleada de fusiones, nacida al calor de las espumas bursátiles fue presentada en sociedad de la misma manera: buena para la competencia, buena para los consumidores.

En España, la defensa de la competencia siempre vendrá de Europa.

Cash a cuatro

Publicado previamente en Expansión, el 26 de junio de 2003.

Uno. Es sabido que la naturaleza de la propiedad de las cajas de ahorro dificulta la fusión de las mismas, especialmente cuando su sede principal se sitúa en comunidades autónomas diferentes. También lo es que, en los últimos años, se han producido dos fenómenos que atañen a la banca comercial española: su concentración mediante fusiones y absorciones y la pérdida de cuota de mercado en favor de las cajas de ahorro. No parece absurdo sostener que el segundo fenómeno ha resultado, al menos en parte, del primero, lo que debería conducir a poner en cuarentena los presuntos milagros de las fusiones bancarias nacionales.

Dos. Recientemente, el gobernador del Banco de España ha querido recomendar a las cajas su repliegue hacia las comunidades autónomas de origen, como si no hubieran pasado veinticinco años desde la supresión de las limitaciones al crecimiento de las cajas más allá de las fronteras regionales. Sólo cabe preguntarse la razón de esta aparente vuelta atrás, que no debería ser la de propiciar que los bancos recuperen en los despachos lo que han perdido en los mercados.

Tres. El Gobierno insiste, igualmente, en la necesidad de que las cajas den transparencia a las remuneraciones de los miembros de sus órganos de gobierno. Se entiende mal que las cajas no hayan querido adelantarse a este signo de los tiempos modernos, pues, hasta donde se sabe, las retribuciones pecuniarias por dietas y asistencias son modestísimas, al menos si las comparamos con las disfrutadas por sus colegas de la banca española. Sorprende igualmente que las cajas hayan mostrado una sordera superlativa en relación a la adopción de códigos de buen gobierno, instada hace bastante tiempo por parte del mismo gobernador del Banco de España. En otros lares las empresas han aprendido que la adopción de reglas formales de buen gobierno las protege de sustos.

Cuatro. Llama la atención la apelación a que las cajas de ahorro sean transparentes respecto de las operaciones crediticias con los partidos políticos. Primero, porque el ciudadano confiado pensaba que la financiación transparente de los partidos políticos era asignatura aprobada por la democracia española. Segundo, porque este género de exigencias ha suscitado el rechazo de la oposición parlamentaria, que ve en esta exigencia una maniobra más en favor de la privatización de las cajas. Si los partidos políticos están en el origen de las designaciones de una fracción significativa de los órganos de gobierno de las cajas, ¿no es razonable que las operaciones financieras entre ambas instituciones estén sujetas a exigencias especiales en materia de transparencia informativa?. Incluso más: ¿no sería conveniente someter a un régimen especial de escrutinio por parte de los órganos de gobierno de las cajas los riesgos cuya contraparte, directa o indirecta, sea persona física que ostente cargo público en cualquier administración, o que desempeñe funciones ejecutivas o de gobierno en las mismas?

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XLV. Economía y Política. Historias Ejemplares.

Microsoft domina de manera abrumadora el mercado mundial de sistemas operativos. La empresa fue acusada por sus competidores de práctica contrarias a la competencia. Bush ganó y el asunto Microsoft quedó enterrado. Acerté. No era difícil.

Quería poner de manifiesto que, en Estados Unidos, la concentración de poder económico es sospechosa. No porque perjudique a los consumidores, que sí, sino sobre todo porque puede dañar a la democracia.

Publicado previamente en El País, en 2001.

Sin duda, uno de los manuales de estrategia empresarial más sugerentes entre los publicados recientemente es el compendio de hechos probados por el juez Thomas Penfield Jackson sobre el proceso Estados Unidos contra Microsoft. El fallo condenatorio subsiguiente considera que la empresa de Bill Gates ha violado las secciones primera y segunda de la Ley Sherman. No cabe que una empresa que disfruta de poder de mercado haga uso del mismo limitando la competencia de otras empresas; tampoco cabe según las reglas de la libertad económica que una empresa saque provecho de la circunstancia citada, el poder de mercado, para restringir la competencia en otros mercados mediante la exigencia de la compra exclusiva de sus productos, o a través de ventas ligadas. La sección segunda de la Ley Sherman prohíbe que los monopolios impidan la competencia; la primera, que los monopolios extiendan su poder a otros mercados de manera indebida.

Los capitanes de la industria.

El juez Thomas Penfield Jackson nos ha recordado que el sueño del empresario ingenioso es perpetuar el rendimiento de sus ideas, impidiendo que surjan mejores; sobre esta base, es fácil imponer sus productos en otros mercados como si fueran únicos. Pero, quizá, la mejor contribución del juez reside en la descripción de las prácticas limitativas de la competencia por parte de un monopolio. Ello invita a rescatar del pasado a los capitanes de la industria americana en otro período histórico de globalización económica, el que transcurrió entre 1870 y 1913, que como el de nuestros días fue fértil en episodios de concentración empresarial. Sin ánimo de construir vidas paralelas, es inevitable recordar que el éxito empresarial de J.Rockefeller y la Standard Oil consistió en eliminar cualquier posibilidad de competencia por parte de los refineros independientes mediante guerras de precios y la exclusividad del transporte por ferrocarril de sus productos; el éxito patrimonial de Carnegie residió en su contribución a la formación del monopolio de acero, United States Steel Corporation, lo que le convirtió en el hombre más rico de la época; el éxito personal de J. P. Morgan resultó de la confianza depositada por un sinfín de pequeños inversores. Podemos encontrar las mismas claves en el capitán de la nueva economía, B. Gates. Microsoft luchó, dice Jackson, para evitar que las tecnologías de middleware propiciaran el desarrollo de aplicaciones multiplataforma; amenazó a los fabricantes de PC’s para favorecer su producto, Internet Explorer, en contra del competidor, Netscape Navigator; castigó a los consumidores que optaron por este navegador mediante la introducción de incompatibilidades técnicas entre Windows y el navegador competidor; disfrutó, sin embargo, de la confianza ciega y de la admiración de una buena parte de sus clientes cautivos.

La confección de la galería de raros exige la presencia de dos protagonistas principales: ayer T. Roosevelt; hoy, B.Clinton. El primero se enfrentó con más voluntad que eficacia a la formación de monopolios en la economía americana. Mereció la displicencia por parte de Rockefeller: “un hombre tan ocupado no puede tener siempre razón (...) No quiero decir que sea conscientemente injusto. Frecuentemente está mal informado”. "Votaría incluso al candidato demócrata con tal de arrojar a este hombre fuera de la Casa Blanca", repetía Morgan con ocasión de la aplicación de la Ley Sherman a The Northern Securities Company, formada por Morgan y Hill para dominar los ferrocarriles del Noroeste. El asunto llegó al Tribunal Supremo, quien con una celeridad insólita, parece que empujada por el propio Roosevelt, ordenó la disolución de la empresa. El segundo, Clinton, ha visto correspondida su preocupación por la vigencia de las reglas de la competencia con una respuesta igualmente displicente: “la intromisión del Gobierno (...) dañará a los consumidores y dificultará el uso de los ordenadores” (Nota de prensa de Microsoft). Gates lo tiene más fácil que Morgan: Clinton termina su segundo mandato; si gana Bush, las cosas le irán mejor.

El abuso de la virtud

Es cierto que las crónicas judiciales de los capitanes de la industria registran múltiples y variados actos de bandidaje anticompetitivo; también lo es, sin embargo, que Rockefeller dio un impulso decisivo a la disponibilidad de una nueva energía primaria, el petróleo; además, entendió y explotó el vínculo tecnológico entre el refino y la logística del transporte a larga distancia. Fueron méritos de A.Carnegie la adopción de la nueva tecnología siderúrgica de Bessemer, y el entendimiento de las ventajas de la integración vertical en el sector del acero. Por su parte J.P. Morgan estableció las bases de la banca de negocios moderna. Gates ha sido protagonista principal del nacimiento y desarrollo de las nuevas tecnología de la información. Una catecismo civil de la época de los capitanes anteriores decía: “¿Quién hizo el mundo, niño?”. Respuesta: “Dios hizo el mundo en el año 4004 antes de Jesucristo; pero en 1901 lo reorganizaron J.J. J. Hill, J.P. Morgan y J.D. Rockefeller”. Aunque la primera afirmación está hoy sujeta a revisión, nadie duda que los empresarios citados han contribuido de manera decisiva a configurar sectores impulsores del crecimiento económica: ayer, las industrias básicas y la banca; hoy, las tecnologías de la información. Sucede, sin embargo, que virtudes y abusos no suman: son magnitudes heterogéneas.

Con una cierta cadencia, la historia americana de los negocios regala al mundo encontronazos entre empresas que disfrutan de posiciones indiscutible de liderazgo empresarial y tecnológico y el Departamento de Justicia con motivo de la violación de la Ley Sherman. Empresas como la citada Standard Oil, ATT, Kodak, Du Pont de Nemour, IBM o ahora Microsoft han debido dar cuentas de sus prácticas entorpecedoras de la competencia. Quizá la consecuencia más importante de estos episodios judiciales se inscribe en el ámbito educativo. Los ciudadanos del resto del mundo aprendemos que no cabe prohibir el poder: sería tan necio como pretender erradicar la inteligencia. Si cabe, sin embargo, impedir que el poder quiera perpetuarse mediante la limitación de la libertad. Este principio también rige en economía.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XLIV. Economía y Política. Retrato de un Monopolista por un Radical.

El apartado quiere ser un corto recreo entre teorías y frescos de nuestro tiempo. El radical es Bertrand Russell (BR), el libro se titula Libertad y Organización, está escrito en 1934 y traducido al castellano por León Felipe (!!) en 1936 (Espasa Calpe). Recurrir a BR es casual pero no caprichoso: la caracterización del poder económico forma parte de una tradición radical que reúne a Sidney y Beatriz Webb, Rosa Luxemburgo, Henry George, Bohm-Bawerk, Galbraith, Sombart y BR, entre otros. Se prolonga en recuerdos como Baran y Sweezy y ofrece primeras formalizaciones en Dahl. Si aquí acogemos a BR es por tres razones: por radical, una perspectiva más, por traducido por León Felipe y porque denuncia/admira el poder económico.

“El radical que cree en la competencia está condenado a la derrota en cualquier lucha con las corporaciones modernas (...). Las organizaciones económicas en gran escala de los tiempos modernos son un resultado inevitable de la técnica, y la técnica tiende cada vez más a hacer inútil toda competencia. La solución para aquellos que no quieran ser oprimidos está en que estas organizaciones que otorgan el poder económico sean de propiedad pública (...). Mientras este poder esté en manos particulares, la igualdad aparente que confiere la democracia política no es más que un simulacro (...). Para conseguir esto se requiere una nueva filosofía popular, un nuevo servicio civil y una nueva inteligencia democrática”.

Comencemos por el retrato admirado de Rockefeller. Recuerda BR la educación dispensada por su padre:
“Yo engaño a mis hijos siempre que tengo ocasión. Quiero que salgan agudos. Comercio con ellos y los burlo. Y los castigo siempre que puedo. Quiero que salgan agudos”.

Más adelante, BR llama la atención sobre su austeridad, que le llevó a morir a los 95 años:
“No seáis joviales. Yo amo a mis semejantes y me inquieto por ellos. Pero no seáis joviales (...). Yo no puedo ser un camarada jovial. Todavía no he bebido un trago largo de whisky (...). Es equivocado suponer que los hombres de inmensa fortuna son siempre felices (...). El hombre que yo busco es el que vive para sus semejantes, el que vive abierto, desplegado, contento con su suerte y tratando de hacer todo el bien que pueda a los demás”.

Ahorramos al lector los avatares del primer millón de dólares. BR nos sitúa a Rockefeller al frente de una compañía de refino, Standard Oil Company; allí, asocia la compañía con refinerías competidoras de Filadelfia, Nueva York y Pittsburg. Sobre esta base, suscribe un contrato con compañías de ferrocarril, entonces no había oleoductos de larga distancia, que le permite un transporte más económico y, sobre todo, tener conocimiento de las políticas comerciales de las refinerías competidoras. Obtenido el control del monopolio natural ofrece a los competidores adquirir sus empresas a su verdadero valor.

“Tomad acciones de la Standard Oil y vuestras familias no conocerán nunca la miseria (...). Yo tengo medios de hacer dinero, de los cuales vosotros no sabéis nada”.

No le faltaban enemigos a Rockefeller. Los más temibles no eran los competidores: su interés no era distinto del que inspiraba a nuestro personaje; eso sí, a los ineficientes los arruinaba mediante guerras de precios. Cuando los refineros independientes quisieron construir una alternativa de transporte, Rockefeller respondió con la violencia: los empleados del ferrocarril colocaron un cañón en un lugar llamado Hancock; lo dispararon y resonaron las ventanas en muchas millas a la redonda. Dice el relato del suceso:
“Estos enemigos de la competencia estaban listos para matar, aún cuando sus derechos eran muy dudosos, y no podía esperarse que les defendiese la justicia si ocurriera alguna desgracia”.

Claro está, la Standard Oil se quedó con el oleoducto construido por los refineros independientes.
Tampoco fue enemigo el Congreso. Es cierto que, a instancias de los ciudadanos temerosos de los monopolios, se aprobó el decreto Sherman de 1890 contra los trusts, para evitar los males de los monopolios. Sin embargo, la Corte Suprema falló posteriormente que el decreto no podía aplicarse a las grandes corporaciones, aunque sí a las sociedades obreras; sobre la base del mismo cabía encarcelar a sus líderes. No le fue mejor a un líder socialista, llamado Eugene V. Debs, que terminó en la cárcel después de bastantes años de denuncia de las tropelías de Rockefeller.

Dejamos el relato aquí, aunque imaginemos al lector socialista ávido de nuevos episodios de la Standard Oil, quizá tan espantado como el propio BR. Sólo añadiremos dos noticias. La primera se refiera a una característica sustantiva del ejercicio del poder económico: el secreto. Contemplemos a Rockefeller negociando:
“Este contrato se hizo y ejecutó con todos los ritos secretos peculiares en los negocios de Rockefeller (...). El contrato se firmó de noche, en casa de Rockefeller (...), donde él exigió a todos los caballeros que no debían decir nada sobre el nuevo convenio ni aún a sus esposas, y que si ganaban dinero debían ocultarlo; que no hiciesen nada que llevase sospechas a la gente de que estaban obteniendo grandes ganancias en la refinería de petróleo. Esto incitaría a la competencia (...). Únicamente los contrabandistas y los ladrones rodeaban sus operaciones de más misterio.

Atención particular merece la relación entre el monopolista y el político enemigo del abuso de poder. Está descrita magistralmente por Adam Smith.

“Aquel miembro del Parlamento que apoye cualquier propuesta para reforzar (un) monopolio adquirirá no sólo la reputación de comprender los asuntos del comercio, sino una gran popularidad e influencia (...). Si, por el contrario, se opone a ellos y, más aún, si tiene autoridad suficiente para desbaratar sus propósitos, ni la probidad más reconocida, ni el rango más alto, ni los mayores servicios a la comunidad, pueden protegerle del abuso y la detracción más infame, de los insultos personales y, a veces, del peligro real procedente del odio insolente de monopolistas furiosos y frustrados”.

Volvamos, brevemente, a BR para continuar la excursión literaria. Ya no es un economista quien habla; es el propio Rockefeller quien juzga a un político radical, Roosevelt.

“Un hombre tan ocupado no puede tener siempre razón. Todos estamos sujetos a equivocarnos alguna vez. Creo que no siempre se ven claramente todos los lados de un problema. Alguna vez yo hubiese querido que fuese más justo. No quiere decir que sea conscientemente injusto. Frecuentemente está mal informado”.

El radicalismo de BR es consecuencia, en este caso, de la voluntad de articular marcos públicos compatibles con los valores democráticos clásicos, por ejemplo, la libertad, y el escepticismo respecto de la capacidad de las instituciones democráticas para hacer frente a dos compañeros de viaje: la técnica (tecnología) y evolución natural de la economía, y los monopolios. Así es, cuando cita a otro monopolista coetáneo de Rockefeller, Vanderbilt:
“No creo que mediante una ley pueda usted refrenar a tales hombres. Imposible. Estos hombres vencerán siempre”. (Hasta aquí Vanderbilt). Añade BR: “Tal era la oposición de Vanderbilt; y dentro de la estructura del sistema capitalista así es, en efecto”.

La afirmación de existencia de un conflicto entre competencia y progreso técnico y económico es recurrente en la literatura económica que se ha ocupado del poder. Pocos años después de BR, Schumpeter detallaba con precisión lo que hasta entonces había sido una intuición. En Capitalismo, Socialismo y Democracia, Schumpeter, que contempla ante sus ojos una economía similar a la analizada por BR, establece que la “nueva” competencia no se corresponde con el patrón clásico de mercado competitivo, donde la rivalidad tiene lugar en el terreno de los precios. La rivalidad schumpeteriana se desarrolla a través de innovaciones de producto, tecnológicas y organizacionales. Tal genero de competencia “exige” niveles de concentración sectorial elevados, que permitan la apropiación de resultados (beneficios) ligados al esfuerzo innovador desplegado por el monopolio/oligopolio. El crecimiento económico, en fin, se sustenta en el progreso técnico, el cual exige a su vez que se produzcan imperfecciones de la competencia tradicional, es decir, poder de mercado y limitaciones de la competencia.

Pocos años después, 1952, otro radical, Galbraith, vulgariza a Schumpeter en su American Capitalism, renueva el concepto de competencia situándolo en el ámbito de los mecanismos de compensación y de los grupos de interés enfrentados; todo ello para salvar el dilema radical entre progreso económico y técnico y democracia política.

Curiosamente, la práctica política de izquierdas sigue siendo cautiva de tal dilema, quizá porque es deudora del pensamiento radical más tradicional. La concentración del poder económico pone en peligro valores clásicos como la libertad y la igualdad, pero, sin embargo, es consecuencia directa de factores que no están bajo el control del poder político formal, por ejemplo, la globalización y el avance técnico, que sustentan el crecimiento económico y el progreso.

Tal práctica, sin embargo, tiende a ignorar lo que hoy constituye la mejor conclusión de los innumerables análisis sobre competitividad internacional de las naciones, orígenes de la eficiencia empresarial, o procesos desencadenantes de la innovación. A pesar de B.R., Schumpeter o Galbraith, y gracias a Arrow, hoy sabemos que la existencia de competencia efectiva, es decir, la represión del poder de mercado y del monopolio constituye la condición indispensable para que nazca la innovación, el progreso técnico, la competitividad empresarial y el crecimiento económico. No es necesario elegir entre libertad y organización. No hay dilema entre Estado garante de derechos y mercado.

Si esto es así es porque, en el límite, un monopolio no tiene apenas incentivos (interés) en generar progreso técnico; cualquier cambio de las reglas del juego de su mercado puede dañar su posición de dominio. Lo contrario sucede en el caso de una empresa que desarrolla sus actividades en un mercado competitivo; la mejor manera de huir de la lucha competitiva reside en adquirir alguna superioridad incontestable frente a las empresas rivales; ello suele ser el resultado de la introducción de algún tipo de innovación: de producto, proceso u organizacional. En el monopolio, la consecuencia de la innovación es seguir igual; en la competencia, obtener beneficios más elevados. El incentivo es, pues, más poderoso en la segunda que en el primero.

Se ha argüido que la existencia de algún grado de poder de mercado garantiza la apropiabilidad de la innovación; el argumento sólo se sostiene en ausencia de un derecho asentado de la propiedad industrial e intelectual. En todo caso, se opone a la evidencia de que la rentabilidad social de la innovación está ligada a la difusión de conocimientos, es decir, a los límites de esa propiedad. No hay razones sólidas que permitan relacionar la intensidad del progreso técnico con condiciones necesarias ligadas a la imperfección competitiva de los mercados. Sí las hay, sin embargo, para concluir que sin rivalidad entre las empresas no hay estímulo y, por tanto, tampoco generación de conocimientos y tecnologías y, en consecuencia, crecimiento económico a largo plazo.

La caducidad del Informe Aldama

Publicado, junto con Ramón Pueyo, en Expansión, el 5 de febrero de 2004.

Recientemente, la OCDE ha hecho público el borrador de la revisión de sus recomendaciones sobre gobierno corporativo de las empresas, mediante la publicación del documento OECD Principles of Corporate Governance, cuya primera versión fue presentada en 1999. En esa fecha, la OCDE quiso, según manifestaba hace poco su secretario general a The Wall Street Journal, prestar atención por vez primera a las prácticas de gobierno corporativo en razón de la constatación de las malas prácticas observadas en los mercados emergentes, como el Sudeste de Asia y la antigua Unión Soviética. Sin embargo, y después, la proliferación de escándalos en el mundo empresarial de las economías avanzadas han puesto de relieve que el gobierno corporativo es también un problema a resolver en los países desarrollados.

Los formalismos no engañan

De los nuevos planteamientos de la OCDE en la materia cabe destacar la constatación de que la adopción formal y voluntaria de códigos o estándares por parte de las empresas no es suficiente, pues abandona a los accionistas y otros grupos de interés (stakeholders) a la ignorancia sobre el grado de implantación efectiva del código de turno, de suerte que los mercados de capitales no están en condiciones de otorgar crédito alguno a las prácticas de gobierno. En consecuencia, es imprescindible la más completa trasparencia respecto de la implantación efectiva del código, el nivel de cumplimiento del mismo, así como del régimen de sanciones aplicable. Como no podía ser menos, el documento de la OCDE también se refiere a la protección de los derechos de los accionistas minoritarios y al ejercicio, por parte de los inversores institucionales de sus derechos de voto; a estos últimos también se les pide el abandono de la pasividad en lo que respecta a las prácticas de gobierno de empresas en cartera, y que lleven un registro público en el que se de a conocer el sentido de sus votaciones sobre los asuntos anteriores. Igualmente, la OCDE presta atención a las relaciones societarias con los grupos de interés concurrentes en la actividad empresarial; así, se reconoce que el establecimiento de relaciones cooperativas -el informe recomienda incluso el establecimiento de mecanismos que permitan la participación de los empleados en el gobierno de las sociedades- con dichos grupos de interés redunda en la creación de valor.

Los principios de la OCDE también recomiendan el establecimiento de procedimientos que permitan que los grupos de interés puedan comunicar al consejo de administración información acerca de prácticas irregulares de la compañía, y animan a las empresas a adoptar políticas de transparencia informativa en asuntos de responsabilidad social corporativa. Se entiende que dicha información puede ser de utilidad para que los inversores y otros grupos de interés puedan formarse una imagen más cabal de las compañías.

En cuanto a la transparencia informativa en materia de gobierno corporativo, y en línea con los códigos más avanzados, las recomendaciones de la OCDE piden que los consejos informen acerca de la remuneración e historial de los consejeros, abogan de forma indirecta por la separación entre presidente del consejo de administración y el primer ejecutivo de la compañía, y solicitan que los consejeros hagan pública su pertenencia a otros consejos de administración. Las compañías deben considerar si la pertenencia de sus consejeros a otros consejos de administración es compatible con el desempeño de sus funciones. El sentido común sugiere que la poligamia corporativa y la endogamia están reñidas con el buen gobierno. Seguramente, los redactores del informe de la OCDE tenían en mente los casos de poligamia descubiertos por la revista norteamericana Forbes hace un año: de acuerdo con la información de la Securities and Exchange Commission, en aquel momento, dieciocho personas estaban presentes como consejeros externos en cinco o más compañías del S&P 500; cinco de ellos en más de seis compañías. Además de sus ocupaciones diarias. En España tenemos algún caso de este tipo. Veremos.

Más democracia societaria

Sin embargo, la principal novedad aportada por las nuevas recomendaciones de gobierno corporativo de la OCDE radica en la recomendación de que los accionistas deben participar de forma más activa en las decisiones de los consejos de administración, especialmente en lo que se refiere a nombramientos y remuneraciones. Considera la OCDE que la elección de los miembros del consejo de administración constituye un derecho básico de los accionistas y entiende que éstos deberían poder participar en la nominación de candidatos y ejercer el derecho al voto sobre candidatos individuales o sobre listas de candidatos. Los derechos electorales tienen que ir más allá de la simple ratificación. En este mismo sentido, los principios de la OCDE proponen la publicidad de las reglas de funcionamiento de los comités de nombramientos, el historial completo de los candidatos, y que sean consejeros externos quienes desempeñen los cargos clave en dichos comités, al objeto de evitar la consolidación de relaciones de compadreo.

En su aplicación a España, lo anterior podría ayudar a combatir una de las patologías más agudas de los consejos de administración, descubierta por Rafael Fraguas, profesor de IESE, en un informe del que recientemente daba cuenta este mismo periódico: la escasa preparación profesional de los consejeros de nuestra empresas. También, eliminaría una de las reglas básicas de las exóticas prácticas de gobierno corporativo en España: "Los sillones de los consejos de administración son para nosotros. Y para nuestros hijos". Debe deducirse, en fin, que la lectura de las recomendaciones de la OCDE pondrá los pelos de punta a más de uno: a la indignidad actual de tener que contar (a medias) al mundo cual es el salario percibido como miembro del consejo de administración, se suma el tener que someter a escrutinio público su capacidad profesional, e incluso el acabar la campaña electoral en votación en Junta General. Con Olivencia vivíamos mejor.

En realidad, las recomendaciones de la OCDE ofrecen pocas novedades a quienes hayan seguido de cerca las evolución de las mejores prácticas internacionales en materia de gobierno corporativo. El lector español avisado averiguará sin embargo que los nuevos principios pillan a las propuestas de la denominada Comisión Aldama con el pie cambiado. Con excepción de la mayor implicación de los inversores institucionales en las decisiones societarias, las recomendaciones del "Código Aldama" parecen, a la luz del informe de la OCDE, definitivamente oxidadas. Y sólo tienen un año.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XLIII. Economía y Política. Una breve excursión por la historia.

El artículo fue, casi, una reseña de una obra de un buen historiador económico español, Pedro Fraile. Me sorprendió la vigencia de sus apreciaciones.

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Es errónea la creencia de que la concentración empresarial es un fenómeno de nuestros días, dictado por las exigencias de competencia, globalidad o eficiencia. Al igual que en Europa o Estados Unidos, en España se produjo un fortísimo proceso de concentración empresarial en los últimos decenios del siglo anterior y primeros de éste. Tal concentración se sumó a la constitución de lobbies industriales poderosos que pretendieron y obtuvieron del Estado un régimen de protección frente a la competencia que, según los historiadores, explica las insuficiencias del proceso de industrialización y el déficit de crecimiento de la economía española. Examinemos sucintamente los hechos.

La Restauración monárquica de 1873 sentó las bases institucionales óptimas para el desarrollo de coaliciones empresariales con propósitos redistributivos, es decir, grupos de interés. El reparto pactado del poder político y la propia estabilidad permitieron el nacimiento de lobbies; en estas condiciones, fue sencillo instaurar mecanismos disciplinarios y de coordinación interna. La consecuencia de ello fue que la lógica empresarial de algunos sectores se orientó a la consecución de rentas de monopolio sobre la base de la limitación legal de la competencia, en este caso era la protección arancelaria, y la disciplina interna de los lobbies. Los análisis realizados por los historiadores concluyen a que la protección frente a la competencia fue el resultado de, entre otros, cuatro factores principales: la concentración industrial y la asimetría de tamaños, es decir, la existencia de un número muy reducido de empresas grandes en relación con la magnitud del mercado nacional; la propia concentración geográfica de la industria, que facilitó la cohesión y el diálogo con elites políticas regionales; la insuficiencia del control parlamentario y político; y, finalmente, las necesidades de financiación del Estado, que hay que poner en relación con el instrumento de constitución de rentas monopolísticas, es decir, en aquel momento la protección arancelaria.

Las conclusiones citadas se refieren al sector textil y a la siderurgia. Además, se han realizado trabajos similares sobre la electricidad, cemento, minería, explosivos y combustibles. Todos ellos apuntan a la existencia de coaliciones empresariales con propósitos redistributivos. La conjetura más plausible es que durante el primer tercio del siglo una buena parte del sistema productivo español estuvo basado en mercados oligopolísticos con fuertes barreras a la competencia o, en palabras de un historiador, en un “tinglado” múltiple, que después se hizo más extenso, prolijo, pormenorizado hasta llegar a ser exhaustivo durante la Dictadura.

La consecuencia principal de lo anterior se mide en términos de crecimiento económico y desindustrialización relativa. Citando los mismos análisis, el efecto de las restricciones a la competencia introducidas durante la primera mitad del siglo fue el retraso industrial y tecnológico. España perdió terreno en relación a los países del centro de Europa y, también, respecto de países que como Italia mostraban cifras de producto industrial y total similares a finales del siglo XIX. Es más, parece comprobado que la protección del mercado nacional retrajo el proceso de internacionalización de la empresa industrial española durante el mismo período.

En definitiva, el factor diferencial de la industrialización española a finales del siglo XIX y durante la primera mitad del XX fue la escasa resistencia del Estado a la concesión de rentas de monopolio y los bajos costes de las actividades precisas para su obtención por parte de los grupos de interés. Eso hizo que la estrategia empresarial óptima fuese la búsqueda de privilegios y monopolios en vez del esfuerzo y la innovación. A este respecto, España tomó la delantera a otros países europeos, donde la concentración de los mercados industriales observó un proceso largo, iniciado en el siglo XIX, que no llegó a materializarse hasta la crisis de los años 30. En España, el proceso se consumó rápidamente, incluso antes de la Gran Guerra y concluyó en un nivel de restricción a la competencia desconocido en el resto de Europa.

Examinemos en detalle el origen y formas de constitución del poder económico en la época. El análisis económico de la historia europea del período ratifica una hipótesis, en principio, curiosa, la del rechazo a la imposición directa. Según la misma, cuanto menor es la presión fiscal directa, mayor es la necesidad de arbitrar fuentes de financiación públicas sustitutorias, en la época de manera fundamental el arancel, y, en consecuencia, mayor es el nivel de protección frente a la competencia exterior. La hipótesis se verifica en un conjunto amplio de países europeos en el período 1900-1930, y también en el nuestro, en el que el nivel de protección arancelaria de la industria era el mayor de 17 países europeos analizados, con excepción de Polonia y Finlandia, y donde se produjo una disminución significativa de la relación entre impuestos directos e ingresos públicos, al igual que en Hungría, Yugoslavia o Bulgaria, y contrariamente a lo acaecido en Alemania, Reino Unido, Holanda, Suecia, Francia, Bélgica o Suiza.

La explicación más plausible de esta hipótesis y de los resultados establecidos por los historiadores dice que la concentración de intereses empresariales en oligopolios o lobbies presiona en favor de la disminución de la presión fiscal directa y, también, en favor de la protección frente a la competencia. En tal situación, el Estado tiene que proceder en atención a tres objetivos: introducción de restricciones a la competencia, disminución de la presión fiscal directa y mantenimiento de los equilibrios presupuestarios. En la época citada, el arancel fue el modo de intervención que permita alcanzar simultáneamente los tres objetivos; en la nuestra quizá sea la consolidación y posterior venta de los monopolios públicos.

El mismo análisis conjetura la existencia de una relación entre democracia política e instauración legal de barreras a la competencia. Según tal hipótesis, las insuficiencias democráticas, por ejemplo, alternancias pactadas entre partidos políticos, élites políticas protegidas de la competencia electoral, impermeabilidad de las candidaturas parlamentarias frente a las valoraciones sociales,... tienden a reducir el coste político del otorgamiento de privilegios y, en consecuencia, propician el ejercicio por parte de los grupos de interés del poder económico y del poder político.

La hipótesis ha sido ampliamente corroborada para un conjunto amplio de países europeos, incluido España, y el período 1900-1930. Así, los países europeos con mejores índices de democracia, medida por la relación entre censo electoral y población total junto con una clasificación de regímenes políticos en autoritarios, mixtos y competitivos, tendían a observar un menor nivel de protección arancelaria. A estos efectos conviene recordar que en 1930, sólo el 22% de la población española tenía derecho de sufragio; tal porcentaje situaba a España en el antepenúltimo lugar del ranking de 17 países europeos, solamente superada por Rumania (16%) y Hungría (6%). Mientras, por ejemplo, el 67% de la población británica, el 50% de la holandesa o el 70% de la austríaca disfrutaba de tal derecho.

Los historiadores económicos de la época aportan una tercera hipótesis explicativa de la protección arancelaria: la concentración geográfica de los intereses empresariales. Como se ha señalado anteriormente, la Teoría de la Acción Colectiva demuestra que la coherencia interna de un grupo de interés está inversamente relacionada con el número de miembros; el tamaño reducido facilita el control de la mayoría sobre cada miembro individual y reduce los costes de coordinación y, en consecuencia, de ejercicio del poder. A esto hay que añadir que estudios realizados sobre el caso de Estados Unidos y períodos similares a los citados muestran que la dispersión geográfica de los intereses empresariales incrementaba los costes de coordinación y control y, en definitiva, de ejercicio de poder. La traslación a claves europeas y, desde luego, españolas de los estudios americanos exige incorporar una explicación adicional a la hipótesis. El efecto de la concentración geográfica sobre la protección arancelaria, es decir, sobre el poder político de un grupo de interés se fundamenta, también, en la dispersión del Estado y en la coincidencia topográfica entre el grupo de interés e instancias del Estado gobernadas por élites locales. Entonces, la captura del decisor político se realiza a través de instancias políticas próximas, que proporcionan un buen transporte público a las exigencias empresariales.

En todo caso, la hipótesis reseñada disfruta de evidencias empíricas suficientes para el conjunto de países europeos durante el período 1900-1930. Los niveles mínimos de protección arancelaria se registraban en países como Inglaterra, Holanda o Suecia, con una distribución territorial uniforme del empleo industrial. Los máximos en países como España, Polonia o Rumania, que concentraban la industria en territorios muy reducidos. Y es que, no hay que olvidar, que el nivel de protección arancelaria de la industria española resultaba, fundamentalmente, de los aranceles que gravaban la importación de productos siderúrgicos y textiles, cuya manufactura se concentraba, respectivamente, en el País Vasco y Cataluña.

Trasladada a nuestros días, la hipótesis de la concentración geográfica alumbra una nueva perspectiva de análisis: la relación entre captura del Estado, restricciones monopolísticas, grupos de interés, descentralización del poder político formal, concentración territorial de la actividad económica, élites políticas locales y nacionalismo.

Tenemos ya un cuadro completo sobre un antecedente histórico de la España actual: concentración empresarial y lobbies poderosos, ejercicio de poder de mercado y asunción privada de funciones estatales, concentración geográfica con soporte político e ideológico, insuficiencias democráticas, disminución de la imposición directa, concertación de conductas en el mercado, legalización de barreras a la competencia potencial... Y sus efectos: precios elevados, beneficios importantes, competitividad internacional limitada, bajo crecimiento industrial y económico y, finalmente, atraso industrial e imposibilidad de aproximar significativamente la renta por habitante española a los niveles de los países europeos. ¿A qué recuerda aquella España?.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XLII. Economía y Política. Poder de Mercado y Poder Político

Inédito

¿Es razonable ocuparse, en el año 2003, de la concentración del poder económico en una sociedad como la española, integrada en la economía internacional?. En principio, no es tarea difícil demostrar que las liberalizaciones singulares de algunos sectores de servicios básicos de naturaleza mercantil, juntamente con los también singulares procesos de privatización, han propiciado un incremento notable de la concentración empresarial a lo largo de los últimos años. Tampoco es difícil mostrar que tal concentración ha generado oportunidades de ejercicio de poder de mercado y de captura de los procesos regulatorios.

Generalmente, se confunde la función privada de la actividad empresarial, que en principio obedece a la lógica del beneficio, con su función social, que está ligada a su contribución al crecimiento económico. Sin embargo, cabe que la rentabilidad empresarial sea muy elevada y, sin embargo, la actividad empresarial tenga un impacto nulo, incluso negativo, sobre las magnitudes macroeconómicas. Ello sucede cuando es más económico para el empresario la consecución de beneficios a través del disfrute de rentas monopolísticas que a través de la competencia y la innovación. En este caso, la actividad empresarial genera efectos externos negativos sobre el crecimiento, no responde de manera creativa a los retos de la competencia y consolida lo que se ha convenido en denominar “economía del pie invisible”.

El análisis económico se ha ocupado también de las condiciones que hacen que sea posible dar zancadillas a la competencia. Si la situación institucional da lugar a que el coste de consecución de rentas de monopolio sea menor que el derivado del uso de recursos productivos en aras a afianzar la competitividad, para el mismo nivel de beneficio, entonces la lógica empresarial dicta la necesidad de proceder a la búsqueda de rentas de monopolio, en perjuicio del interés general.

La consecución de rentas de monopolio resulta generalmente del establecimiento de barreras legales a la competencia: ayer fueron los aranceles y los contingentes a la importación; hoy, las modalidades de protección frente a la competencia son distintas: ayudas públicas, regímenes transitorios a la competencia, o limitaciones a la entrada de nuevos competidores. En todo caso, su origen es fundamentalmente administrativo o legal. Que los costes de consecución de rentas de monopolio, a través de la imposición de obstáculos a la competencia, sean más o menos elevados depende, en primer lugar, de la magnitud de los esfuerzos precisos para doblegar al Estado, Administración o Parlamento y, en segundo, de un conjunto de factores que determinan la eficacia de esos esfuerzos.

En principio, el Estado no es favorable al otorgamiento a un grupo de interés de condiciones legales que propicien la obtención de rentas de monopolio. La razón es que ello puede dar lugar a que los precios de los bienes o servicios suministrados por el grupo de interés se sitúen por encima de los niveles propios de la existencia de competencia, lo que ocasiona un coste político, incluso electoral. Sin embargo, la concesión de esos beneficios puede arrastrar apoyos políticos y financieros por parte del grupo de interés. Cuanto más importantes son estos apoyos y menos visibles los perjuicios para la colectividad del otorgamiento de concesiones a un determinado grupo de interés, menor es la resistencia del Estado y, por tanto, más general será la práctica política de establecimiento de barreras a la competencia. No es extraño, en este sentido, que los grupos de interés ayuden al Estado en esta materia mediante la complicidad, el secreto y el ocultamiento de los efectos sociales del disfrute de rentas monopolísticas. No lo es menos que los mismos grupos rechacen la transparencia, la evaluación pública, y el debate: simplemente, ello encarece el coste de captura del Estado y, en el límite, obliga a competir.

El análisis económico ha abordado el estudio de los factores que determinen la eficacia de los esfuerzos de captura del Estado. En general, el tamaño económico del grupo de interés y su concentración favorecen la captura del Estado. La razón es que la existencia de números pequeños facilita la coherencia de posturas y exigencias, evita la adopción de conductas oportunistas por parte de algún miembro del grupo y permite la vigilancia mutua. Por tales razones, la concentración empresarial suele dar lugar a una interlocución más fluida con el Estado y, sobre todo, a un menor coste de captura del mismo. Además, se argumenta, la captura es más sencilla si el Estado padece insuficiencias financieras y la barrera legal propuesta o exigida genera directa o indirectamente ingresos. En este contexto, cabe situar el famoso debate sobre qué hacer en primer lugar privatizar o liberalizar. La opción suele ser liberalizar en favor de la empresa pública, para incrementar su valor, y privatizar después, al objeto de maximizar los ingresos.

De lo anterior debe deducirse que existe una relación estrecha entre el entramado institucional y las oportunidades de ejercicio del poder económico. Si la permanencia del Gobierno es independiente de los designios de la mayoría social, entonces es menor la resistencia del Estado al otorgamiento de rentas monopolísticas. De igual manera, si los grupos de interés consiguen penetrar en la maquinaria del Estado, éste reducirá aún más su resistencia a la concesión de beneficios monopolistas. En todo caso, conviene hacer una distinción entre las diferentes instancias del aparato del Estado. En general, la captura del Parlamento, partidos políticos y del propio Gobierno por parte de los grupos de interés es menos probable que la que cabe ejercer sobre la Administración. El riesgo de pérdida del poder fortalece la resistencia frente a los grupos de presión; con todo, la ausencia de una oposición política vigorosa y de transparencia en el otorgamiento de beneficios favorece la captura. La inamovilidad propia de la condición funcionarial y, en algunos casos, la ausencia de rotación derivada de la especialización requerida facilitan, sin duda alguna, la captura.

Se ha argüido que junto a los mecanismos públicos y políticos de compensación y resistencia al poder económico existen, pueden existir, mecanismos privados cuyo desempeño podría conducir a situaciones similares por sus efectos a las propias de la competencia efectiva. Dicho con brevedad: la mejor manera de neutralizar el poder de un monopolio es oponiendo el poder de otro monopolio. La zancadilla mutua terminaría empatando el juego económico. Cabe concebir tres clases de mecanismos privados o semipúblicos de compensación de poder: las empresas adquirentes del bien o servicio suministrado por el grupo de interés, la acción colectiva de consumidores, y los trabajadores de las empresas que forman el grupo de interés. En cuanto al primer mecanismo, es cierto que en algunos casos puede ser efectivo; sin embargo, la existencia de monopolio bilateral es un incentivo poderoso para la concentración de los dos monopolios enfrentados y el ejercicio del poder resultante contra terceros; las acciones colectivas de consumidores suelen tener una eficacia limitada en razón del coste de los mecanismos de coordinación y de la heterogeneidad de intereses representados; finalmente, existen evidencias suficientes que apoyan la existencia de una relación positiva entre poder de mercado de la empresa y nivel salarial de sus trabajadores.

La resistencia de los mecanismos señalados es, por tanto, muy limitada y, en todo caso, están sujetos a los mismos fenómenos de captura, cuando su capacidad de neutralización es relevante.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XLI. Economía y Política.

Era inevitable referirse a la viscosidad de la relación entre política y economía. Es el signo de los tiempos.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XL. Nuestro Capitalismo. Lo que parecemos.

Publicado previamente en Expansión, el 11 de julio de 2003.

Entre las meritorias contribuciones del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estrátegicos cabe destacar los análisis de percepciones sociales acerca de la marca España: somos lo que parecemos. Los estereotipos vigentes quieren dibujar una imagen internacional más próxima a la calidad de vida que al rigor, más cercana a la diversión que al esfuerzo, según múltiples encuestas realizadas entre ciudadanos de otros países. Sin embargo, la valoración positiva de rasgos personales como la sociabilidad, el altruismo, o la calidad de las relaciones personales, de la transición a la democracia y del éxito de nuestra integración en Europa conduce a que la marca España despierte cierta confianza en lo español, lo que permite competir a la marca con alguna ventaja respecto de otros países mediterráneos.

Lamentablemente, las percepciones genéricas de los compradores de otros países sobre los productos españoles tienden a identificarlos con una calidad baja, una innovación tecnológica limitada y un diseño de mal gusto. En el mejor de los casos, los consumidores europeos sólo los diferencian por su bajo precio.

Por el contrario, identifican a los productos franceses con la distinción (y su alto precio) y a los italianos con el diseño (y una fiabilidad limitada). Naturalmente, lo anterior tiene consecuencias notables sobre la proyección internacional de la economía y la política españolas.

Al hilo de lo anterior y de otras consideraciones, Javier Noya propone el reposicionamiento de la marca España en torno a manifestaciones distintas del capital social de nuestro país, haciendo uso de herramientas de marketing. Así, las percepciones de calidad de las relaciones personales deberían prolongarse en las del cuidado de las transacciones económicas, esto es en la no atribución de comportamientos oportunistas; en definitiva, España podría ser percibido como un país mediterráneo donde regiría la palabra y la confianza; un buen país para hacer negocios. Quizá de esta manera podríamos neutralizar, al menos en parte, las consecuencias negativas de nuestra especialización en la industria del ocio turístico, que parece apuntarnos al jolgorio permanente. Nada que objetar a tan razonable propuesta.

Sin perjuicio de lo anterior llama la atención, sin embargo, que no se quiera extraer ventaja de un hecho cierto: el mundo de la innovación está cada vez más cerca del mundo de la creación; muchos emprendedores no distinguen entre el trabajo y el ocio; la diversión es un componente básico de la motivación laboral. Y es en este punto donde cabe apuntar un sueño: que algún día los ciudadanos de otros países perciban que en España las buenas ideas germinan, la innovación económica y social tiene premio y la libertad hace placentero el uso de la inteligencia.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XXXIX. Nuestro Capitalismo. El Gobierno de los Españoles.

Qué fácil es explicar a posteriori unos resultados electorales.

Publicado previamente en Expansión, en junio de 2000.

Las elecciones generales del 12-M son objeto de múltiples análisis e interpretaciones. Para unos, la mayoría según los resultados, el 12-M condensa la ambición de futuro de los españoles; significa el cierre de un ciclo histórico; impulsa el afán colectivo de situar a nuestro país entre los países más avanzados de Europa y el mundo. Para otros, los menos según los mismos resultados, las elecciones reflejan la falta de entendimiento de la sociedad española; interrumpen el diálogo entre la sociedad española y la izquierda; son el castigo a la miopía del partido político que ha ocupado un lugar preponderante en la escena política española desde la transición a la democracia, el PSOE. ¿Y los españoles?, ¿qué esperan del futuro gobierno?, ¿somos muy distintos de los europeos?. El estudio del International Social Programme (ISSP) permite dar respuesta a esas preguntas. Sobre la base de encuestas realizadas en más de veinte países, el ISSP aborda cuestiones de interés general, en este caso, las preferencias y exigencias de los ciudadanos respecto de la acción de sus respectivos gobiernos.

Preferencias Ciudadanas.

El examen de las preferencias de los ciudadanos españoles sobre las aplicaciones del gasto público pone de manifiesto que las más importantes se refieren a la sanidad, educación y, en menor medida, pensiones. Se trata de aplicaciones del gasto que se corresponden con el Estado de Bienestar. Frente a tales preferencias, las relativas a medioambiente, seguridad, subsidios de desempleo, cultura y defensa concitan una valoración menor. En términos generales, los resultados del estudio revelan una cierta preferencia por el gasto, con la excepción de la defensa. Ello, además de ser habitual en estudios de este tipo, revela que la acción pública en materia de gasto es considerada una suerte de “free lunch” (comida gratis), esto es, los ciudadanos no ponderan el efecto del incremento del gasto en algunas partidas, en razón de la necesaria disminución de otras, el incremento de los impuestos o los perjuicios derivados de los desajustes presupuestarios.

La escala española de preferencias no se ajusta demasiado de la vigente en otros países de la Unión Europea, aunque conviene subrayar la importancia otorgada al medio ambiente en la antigua Alemania del Oeste, a la seguridad en la ex –Alemania del Este, o a la sanidad y educación en el Reino Unido. Ello, claro está, guarda relación con la realidad última o penúltima de esos países.

La preferencia por el gasto público es contradictoria con la manifestada en relación con las políticas económicas que persiguen su contención. Ello, no obstante, coincide con las preferencias otorgadas a la financiación pública de proyectos de infraestructura para la creación de empleo y a las políticas industriales activas, tanto de corte tradicional, apoyo a sectores en declive, como más moderno, fomento de la innovación tecnológica. Conviene subrayar los bajos niveles de preferencia de la sociedad española sobre la desregulación o la reducción de la jornada laboral.

Exigencias Sociales.

Los ciudadanos de las sociedades avanzadas valoran a sus gobiernos sin descontar su fortuna o su mala suerte. Los resultados de una determinada decisión o política gubernamental no suelen ser fácilmente discernibles. Entre otras razones porque dependen de factores ajenos a los aciertos o errores políticos. Es cierto que siempre cabe la comparación internacional o histórica, pero eso queda para el debate político.
El Cuadro 3 muestra el perfil de las exigencias de los ciudadanos españoles y de otros países de la Unión Europea respecto de sus respectivos gobiernos. En lo que se refiere a los primeros, cabe advertir los elevados niveles de exigencia en cuanto a salud, nivel de vida de los mayores o becas de acceso a la universidad. Las exigencias son relativamente menores, aunque importantes, en lo que se refiere a la disminución de desigualdades, creación de empleo o moderación de la inflación. El perfil citado se asemeja al revelado por el resto de ciudadanos europeos con algunas singularidades. Por ejemplo, el relativamente bajo nivel de exigencia de Alemania del Oeste en materia de apoyo a la industria; la elevada exigencia de los ciudadanos franceses respecto del control sobre el impacto medioambiental de la actividad empresarial; a la también elevada exigencia de los británicos sobre el sistema de salud.

Lo anterior contrasta con la confianza limitada de los ciudadanos respecto de la política, lo que queda reflejado en el Cuadro 4. En lo que se refiere a España, los encuestados manifiestan un cierto grado de escepticismo en cuanto a su influencia política, que sin embargo se acrecienta en las campañas electorales, aunque la confianza sobre el respeto de los políticos por los compromisos contraídos en las campañas electorales es limitado. Idéntica lógica se reproduce en el resto de países europeos, aunque, a decir verdad, no puede deducirse de la información disponible una desconfianza notable sobre la consideración de los intereses ciudadanos por parte de los gobiernos.

Lo anterior explica, en gran medida, los resultados electorales del 12-M (del año 2000) y limita el alcance de las hipótesis relativas al desfondamiento del PSOE como alternativa de gobierno o a cambios profundos de la sociedad española: simplemente, la evolución de la economía española en los últimos cuatro años, cualquiera que haya sido el mérito del gobierno, se ha ajustado bien a las preferencias y exigencias de los electores respecto de la acción de gobierno en el ámbito de la política económica. Si esta tesis fuera cierta, la sucesión en el futuro de reveses económicos, cualquiera que sea la responsabilidad del gobierno, otorgaría una cierta ventaja electoral a la alternativa electoral, siempre y cuando plantee propuestas que sean más consonantes con las preferencias de los españoles.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XXXVIII. Nuestro Capitalismo. El Estado de Bienestar de las Empresas

Publicado previamente en Expansión, el 16 de enero de 2002.

El concepto se refiere a la evidencia de que los Estados de las economías desarrolladas observan una cierta inclinación a compensar los reveses sufridos por las empresas, especialmente por las de mayor tamaño, con la aportación de ayudas, la adopción de marcos fiscales favorables u otras medidas de efecto equivalente. La elección del término no es inocente: pretende confrontar este Estado de Bienestar con la acepción más habitual que se refiere a los regímenes de fomento de la igualdad de oportunidades y de protección económica y social de los ciudadanos, es decir, la financiación pública y universalidad de la educación, sanidad o pensiones. La confrontación es especialmente útil cuando sucede alguna crisis empresarial o hay síntomas de empeoramiento del entorno, porque entonces surgen voces y argumentos de defensa del Estado de Bienestar de las empresas, que generalmente son atendidos por los gobiernos.
En otras circunstancias, la versión más ilustrada de la reforma del Estado de Bienestar de los ciudadanos hace hincapié en la responsabilidad de estos frente a su futuro; la demanda no suele hacer mención de la responsabilidad de los inversores frente a su patrimonio.

Ejemplos de lo que estamos hablando hay muchos y muy variados: las ayudas prestadas por el Estado alemán al sector financiero en los años 90; las otorgadas a las compañías aéreas norteamericanas como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre; las prestadas a los sectores pesqueros español y francés en 2000 para hacer frente a los incrementos de los precios de los hidrocarburos; o, últimamente, la reforma del impuesto de sociedades contemplada en la Ley de Acompañamiento vigente más el desenlace no conocido de la crisis argentina.. A todo lo anterior hay que sumar los programas de ayudas habituales en las economías avanzadas.

La consulta a las encuestas de ayudas públicas de la Comisión Europea revela el orden de magnitud del fenómeno en Europa: en torno al 2% del valor añadido bruto en la industria manufacturera, frente al 0,2% en Estados Unidos. La tendencia última es decreciente, aunque parece un incremento en el sector servicios. Con todo, tales estimaciones subestiman el alcance del Estado de Bienestar de las empresas.
Si, por simplificar, confundimos las empresas con su propiedad, entonces el concepto debe referirse a los mecanismos públicos de aseguramiento de las rentas del capital. Así entendido, el ámbito se amplía considerablemente y abarca, por ejemplo, la extensión de los mecanismos de garantía de depósitos bancarios a los fondos gestionados por las agencias de valores, aprobada a raíz del conocimiento público del caso GESCARTERA. Otra expresión del mismo fenómeno es el “too big to fail” (demasiado grande para quebrar), que subraya que el capital de las grandes empresas disfruta de una seguridad especial, que se deriva de que las consecuencias económicas, sociales y territoriales de sus crisis las hace inhábiles para la quiebra. Naturalmente, ello tiene un coste ligado a la ineficiencia resultante en la asignación de recursos.

Una tercera acepción del Estado de Bienestar de las empresas tiene que ver con la ausencia de competencia: el monopolio es la vida tranquila, decía el Premio Nobel John Hicks, para significar la ausencia de sobresaltos, es decir, de riesgo cuando se disfruta de este tipo de situaciones, que suelen coincidir, por otra parte, con regulaciones que trasladan a los consumidores los efectos de cualquier cambio adverso del entorno, en beneficio de la seguridad de las rentas de capital. Así, son muchos los que anticipan (¿consideran deseable?) que la ralentización del crecimiento de la economía europea va a dar lugar al estancamiento de los ritmos reformadores de los sectores de servicios básicos.

La consideración de estas acepciones alumbra la evidencia de que el Estado de Bienestar de las empresas es importante en términos de PIB, aunque su contabilización sea compleja por no tener algunos de sus componentes más importantes un reflejo en los presupuestos públicos. También, que la demanda de mecanismos de aseguramiento por parte de los grupos de interés concernidos guarda una relación estrecha (negativa) con el ciclo económico. Hasta aquí ninguna diferencia respecto de la demanda de Estado de Bienestar de los ciudadanos: la demanda social de seguro de desempleo también está relacionada con el ciclo. Sí cabe, sin embargo, traer a colación dos preguntas y una afirmación. La primera es porqué el ardor reformador del Estado de Bienestar de los ciudadanos, generalmente acompañado de juicios sobre la imposibilidad de sostenerlo en el largo plazo, suele ser abrumadoramente más intenso que el desplegado para el otro Estado de Bienestar. La segunda es porqué, a estas alturas, la práctica política parece dudar sobre si un euro invertido en educación rinde más, o menos, que aplicado al reembolso de las inversiones de GESCARTERA. La afirmación tiene que ver con la evidencia de que el debate sobre el Estado de Bienestar está relacionado con un asunto sobre el que habría que abundar: el efecto pernicioso del Estado de Bienestar de las empresas sobre la prosperidad.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XXXVII. Nuestro Capitalismo. Vecindades

La publicación del artículo me llevó a una correspondencia electrónica intensa con un lector. “Al magrebí, ni agua”, venía a decir, de manera por cierto educada. Seguro que alguna inmigrante cuida a algunos de sus mayores. Los economistas deberían escribir más sobre el asunto en los medios de comunicación. Tienen mucho que decir.

Publicado previamente en Heraldo de Aragón, en marzo de 2003.

Son conocidas las enormes diferencias de renta y riqueza entre los habitantes de este planeta; por ejemplo, el PIB per capita del país más rico del mundo, Luxemburgo, multiplica por 417 el del país más pobre, Etiopía. Es menos conocida, sin embargo, la evidencia de que tales diferencias son mucho menores si ponemos en relación la renta per capita de los países vecinos. Un estudio reciente de Íñigo Moré ha querido cuantificar la cuantía del efecto escalón en las principales fronteras del mundo. Pues bien, el cociente medio de los PIB per capita de los países limítrofes es de 3,5, poca cosa si comparamos ese escalón con las diferencias de renta entre países no limítrofes. Es más, apenas 55 fronteras de la tierra superan el cociente mencionado; la mayor parte, en torno al 71%, separan las renta per capita en un grado menor. El examen detallado de lo que acaece en las primeras revela la existencia de conflictos, que son la consecuencia aunque también la causa de las diferencias de riqueza. Los pobres parecen tolerar la riqueza lejana, pero no soportan la próxima. Los ricos se defienden de la pobreza próxima, y se permiten ser ignorantes respecto de la lejana. La riqueza y la pobreza se aglomeran en lugares distantes.

Si observamos ahora las fronteras de los países más ricos del mundo, constataremos que España tiene el dudoso privilegio de contar con la frontera de mayor efecto escalón: la que nos separa de Marruecos. Que el PIB per capita de los españoles multiplique por 13 el de los ciudadanos marroquíes asemeja la frontera económica del sur a la que separa a Israel y Palestina, Sudáfrica y Mozambique, Arabia y Yemen, o Israel y Egipto. Nada que ver con la frontera entre Estados Unidos y Méjico, o Alemania y Polonia en las que el efecto escalón es considerablemente menor: 7, en el primer caso; 5, en el segundo. Y decreciendo de manera significativa estos últimos años. Lo contrario de lo que sucede con nuestra frontera con Marruecos; en 1970, el PIB per capital español apenas multiplicaba por 4 el marroquí.

Traduzcamos estas cifras al lenguaje de lo cotidiano. Más de un 50% de las familias españolas tienen unos ingresos mensuales inferiores a 1700 euros. Supongamos que de un día para otro perciben salarios marroquíes y disfrutan, también, de un coste de la cesta de la compra equivalente al de nuestro país vecino. Pues bien, sus ingresos pasarían a ser 300 euros mensuales en capacidad de compra a precios españoles: la mitad de la sociedad española aspiraría a invadir su país perdido, después de tan cruel sueño. La economía de los vecinos pobres no es muy grande; de hecho, la marroquí es apenas 1,5 veces la de Aragón. Pero, su población es numerosa. Así, en la actualidad hay cerca de dos millones de parados; se estima que en los próximos diez años se incorporarán al mercado de trabajo más de tres millones de personas. Como la economía crece a tasas menores que la población activa, varios millones de ciudadanos de ese país son candidatos naturales a la emigración hacia su norte. Diré, de paso, que el 52% de la población marroquí de más de 15 años es analfabeta.

El vecino rico se equivoca cuando protege su ventaja blindando el efecto escalón. Es imposible o, cuando menos oneroso, como demostró la crisis de los balseros cubanos o la de la emigración de los albaneses a Italia. Convendría, por el contrario, tener en cuenta el Tratado NAFTA o la ampliación de la Unión Europea al Este. O, lo que es lo mismo, propiciar la apertura de los mercados agrícolas europeos a los productos de Marruecos, recuperar el marco de cooperación con el Mediterráneo iniciado con la Conferencia de Barcelona de 1995 y arrumbado posteriormente, no enredar con crisis diplomáticas absurdas como la última y, sobre todo, entender que nuestro sur está en el sur más próximo y que sus problemas de desarrollo serán el problema más serio de la sociedad española en los próximos 25 años, si todo va bien. Como es la hora de pedir y predicar, no estaría de más que la mayor parte de entidades financieras española no aplicara, como es el caso, comisiones usureras a las remesas de las emigrantes a sus familias.

La alternativa a lo anterior tiene que ver con una tesis que circula por ahí. La tesis dice que la proximidad extrema del Gobierno español a las posiciones de la actual administración americana en la crisis de Iraq podría estar relacionada con la búsqueda de protección de lo que he querido denominar efecto escalón y sus consecuencias. Lo cierto es que la tesis tiene alguna verosimilitud a juzgar por la miopía con la que miramos este asunto en España. A juzgar por nuestro desprecio a la geografía.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XXXVI. Nuestro Capitalismo. Otro capitalismo popular

Publicado previamente en Expansión, el 13 de junio de 2003.

Nadie se atreve a mencionar el término capitalismo popular. Se quiso identificar con el interés de los ciudadanos por el mercado de acciones, antes de que pasara lo que pasó. Se estimuló desde los poderes públicos. Se aplaudió desde las empresas. Se puso en relación con el sistema de capitalización de las pensiones. Murió con la crisis bursátil. Nadie quiere recordarlo. Y, sin embargo, como casi todas las modas gastadas, merece un homenaje. Porque pudo ser una innovación social.

Las empresas y los ciudadanos se encuentran en los tres mercados principales que definen cualquier economía: el mercado de producto, el mercado de trabajo y el mercado financiero. Los mismos protagonistas en tres espacios diferentes de decisiones. El cuarto mercado social, el electoral, enfrenta a ciudadanos y partidos políticos. Por alguna razón de difícil discernimiento, las empresas han querido aplicar lógicas distintas a su comportamiento en los tres mercados en los que operan. En el de producto, ha prevalecido en los últimos años la retención de la base de clientes a través de la fidelización; en el de trabajo, la flexibilidad de las plantillas; en el de acciones, el si te he visto no me acuerdo. Y es así como hemos desembocado en la paradoja de sentirnos, a la vez, deseados, prescincibles y asaltados por el minúsculo puñado de empresas que configuran la realidad de la economía de mercado. Al parecer, éstas se niegan a reconocer su importancia social y, lo que es peor, a entender que son esclavas de sus apellidos.

Insisten en dividir su alma, como si al otro lado de la mesa consumidores, trabajadores y ahorradores fueran individuos distintos. Tampoco parece preocuparles que padezcan, junto con los partidos políticos, la peor de las valoraciones que los ciudadanos europeos otorgan a las instituciones sociales, de acuerdo con el Eurobarómetro y que, según la misma fuente, tal valoración venga sufriendo un declive notorio a lo largo de los últimos años. Aunque son muchos los que vaticinan un futuro difícil a los partidos como mecanismos de encauzamiento de la voluntad popular, nadie sería capaz de vislumbrar un mundo en el que las empresas estén ausentes.

Los defensores más agudos del capitalismo suelen recordarnos su potencia alumbradora de nuevas ideas. Están en lo cierto, además, cuando sostienen que la misma adquiere su mejor manifestación en las reglas del comercio, que impiden el engaño y premian la competencia en el mercado de producto: son la base de la confianza. Es llamativo, sin embargo, que alcen los hombros cuando el ahorro huye del mercado de acciones, dándolo por inevitable; también lo es que disculpen el sacrificio de talento y experiencia que resulta de las políticas de recursos humanos de un gran número de empresas. Algún día, sin embargo, el capitalismo actual querrá prescindir de tanto despilfarro. Será cuando las empresas reconozcan su importancia y de que no cabe dividir su alma entre los mercados en los que operan.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XXXV. Nuestro Capitalismo. Cuento de Navidad

Era una manera de quitarse de encima el pringue de la solidaridad navideña y del amor ilimitado entre los hombres. En ocasiones, la desigualdad es preludio de la bonanza personal. En las sociedades donde nada se mueve, la prosperidad ajena es interpretada siempre como la desdicha propia.

Publicado previamente en Expansión, el 20 de diciembre de 2002.

Se preguntaba Albert Hirschman hace ya bastantes años (Essays in Trespassing) en qué medida y de qué maneras afecta a los individuos el bienestar de los demás. Lo hacía a través de una metáfora: la felicidad o enfado del automovilista que queda atrapado en un atasco dentro de un túnel de dos carriles viarios (en el mismo sentido). La falta de perspectiva le impide saber la razón del atasco y, en consecuencia, el tiempo que va a permanecer en tal situación. En este estado de cosas, la única información a disposición del conductor es lo que sucede con la circulación en el otro carril. Sostiene Hirschman que la observación de que los automóviles del otro carril empiezan a moverse producirá una cierta satisfacción en nuestro conductor; no porque éste pueda ponerse en marcha, pues sigue parado, sino porque interpreta que el atasco ha sido solucionado y que, por lo tanto, no pasará mucho tiempo antes de que él sea también beneficiado. En definitiva y en ocasiones, la felicidad del otro nos complace, pues deducimos de la misma que el horizonte de la nuestra empieza a despejarse. En ese momento, la mano ansiosa busca el cambio de marchas.

Naturalmente, la satisfacción que se deriva de la felicidad del prójimo tiene límites: a partir de un cierto tiempo de inmovilidad, los conductores del otro carril son percibidos, simplemente, como unos tramposos. En otros términos, surge la envidia, que es el pecado ordinario cuando pensamos que la felicidad ajena es consecuencia de la desgracia propia. Además, obedece al mismo fenómeno, aunque en el sentido contrario, el impacto de las noticias de atascos circulatorios, cuando son recibidas por los conductores que han debido aparcarse en el hogar a lo largo de un puente español: la próxima vez les pasará a ellos; por lo tanto, se quejan amargamente de su suerte, mientras se dan a la vida muelle.

Lo anterior tiene aplicaciones distintas. Explica, por ejemplo, el contagio de expectativas en agentes económicos situados en ambientes entre los que la única relación es la información. Pero, hoy, vale la pena detenerse en un asunto de nuestros días: las navidades. La solidaridad humana tiene un gradiente geográfico: simpatizamos con la felicidad del otro cuando es víspera de la nuestra, lo que sucede cuando ambos estamos a la vista. Además, a nadie conviene que alguien saque varias cabezas en esta carrera: suscitaría la envidia y el entorpecimiento mutuo. Por eso, las navidades son unas fechas eminentemente familiares y, además, duran poco (algunos pensarán que demasiado). Es posible que lo dicho hasta ahora disfrute de la exactitud propia del cinismo, pero, en todo caso, parece más soportable que tener que escuchar, un año más, que todos hemos tenido suerte porque el premio gordo de la lotería nacional ha quedado muy repartido. Felices navidades lejanas. Aunque, a lo mejor, sucede que los economistas no entendemos nada.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XXXIV. Nuestro Capitalismo. El Nuevo Capitalismo de Aspen

Me llamó la atención cómo enfocaban la inmigración. Aquí, sin embargo, hemos querido ubicar la dirección de la política de inmigración en las dependencias del Ministerio de Interior.

Publicado previamente en Expansión, el 22 de noviembre de 2002.

En 1998, el Instituto Aspen promovió la constitución de un grupo de trabajo con el fin de formular el futuro de la economía y sociedad americanas. Recientemente, el Instituto ha dado cuenta de los análisis realizados, a través de un documento que lleva un título sugerente : “Grow Faster Together, Or Grow Slowly Apart: How Will America Work in the 21st Century?”. El documento está disponible en www. aspeninst.org y pretende mirar más allá de los efectos de la crisis de confianza derivada de las malas prácticas de gobierno corporativo o del pinchazo del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Naturalmente, la literalidad del documento se refiere a la economía americana, pero su gramática merecería una traducción para la economía española.

Al decir del Instituto, el problema más serio de la economía de Estados Unidos tiene que ver con tres déficits relacionados con el factor trabajo. En los dos próximos decenios, la población activa nacida en Estados Unidos apenas va a crecer; además, la población activa con mayores niveles de educación formal tampoco experimentará un crecimiento apreciable. Tales evidencias suponen una modificación profunda del modelo que ha regido la economía americana en los últimos veinte años, basado en gran medida en el crecimiento de la población activa nativa y de la productividad de las nuevas cohortes de trabajadores. El crecimiento futuro deberá, pues, estar basado en la inmigración, y en la cualificación de los mayores y de aquellos segmentos de la población activa que hasta ahora han permanecido al margen de los beneficios del progreso. Sin embargo, la satisfacción de esta necesidad se enfrenta a una realidad que parece evolucionar en el sentido opuesto: el ensanchamiento progresivo de la brecha que separa las rentas salariales más altas y bajas. Los tres déficits conducen al estancamiento económico.

A partir de tal diagnóstico, los autores del documento proponen lo que yo denominaría un nuevo pacto social. Primero, se debe esperar de los ciudadanos el mejor de sus esfuerzos y la mayor de sus responsabilidades, pero con la contrapartida de su bienestar personal. Segundo, los trabajadores deben invertir en la adquisición de habilidades y conocimientos, pero ello les hace titulares del derecho a participar en los beneficios del crecimiento y de la prosperidad general. Tercero, los trabajadores deben aceptar la movilidad en el empleo, pero ello les hace acreedores a disfrutar de una seguridad económica a largo plazo. Cuarto, el cumplimiento de las obligaciones anteriores no puede ser incompatible con la atención a la vida familiar y con la cohesión social. Lógicamente, el Instituto desarrolla los principios anteriores mediante el detalle de un conjunto de políticas públicas, que ahorraré al lector.

El asunto merece un epílogo español. Probablemente, diría que los equilibrios anteriores no funcionan en España y que, en consecuencia, no cabe esperar grandes crecimientos de la productividad mientras, en ésa u otra formulación, no adquieran el grado de las certezas sociales.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XXXIII. Nuestro Capitalismo. Capitalismo Valiente

Innovador, perspicaz. Otro, en definitiva.

Publicado, junto con Ramón Pueyo, en El País, el 21 de mayo de 2002.

Una de las paradojas más agudas de nuestros días es que las empresas se ven obligadas a competir muy duramente por el bolsillo de un número relativamente reducido de consumidores; no más de unos pocos cientos de millones de personas, cuya característica común es que disfrutan de una renta per capita superior a 15000 dólares. Mientras tanto, desatienden el mercado potencial de mayor volumen. Nos referimos al constituido por 4000 millones de personas con rentas anuales inferiores a 1500 dólares: dentro de cuarenta años, según el Banco Mundial, serán 6000 millones. Se dirá que la paradoja no es tal; que la pobreza y la no concurrencia de las reglas precisas para que prospere el capitalismo desaconsejan prestar atención a ese enorme mercado. Razonamiento de economista. Algunas empresas nos enseñan cómo sacar partido a esa oportunidad, para beneficio propio y, también, de esos países y personas. A ello se han referido recientemente S. Hart y C.K. Prahalad en “The fortune at the bottom of the pyramid”.

Así, cabe citar en primer lugar a UNILEVER, empresa multinacional conocida por todos. En el año 2010, el cincuenta por ciento de sus ventas provendrán de segmentos de población de bajo nivel de ingresos en países en vías de desarrollo. Claro que antes ha tenido que hacer los deberes. Hindustán Lever Limited, filial hindú de la multinacional, producía y vendía detergentes con fórmulas experimentadas en los países desarrollados, hasta la aparición de un competidor local, Nirma. Tal empresa desarrolló un modelo de negocio en el que la especificaciones técnicas del producto, su distribución, envasado y precio estaban adaptados al uso de los detergentes por parte de los grupos sociales más desfavorecidos de la India. HLL respondió ofreciendo productos al mismo segmento, modificando al mismo tiempo su modelo de negocio tradicional. Alteró la composición de su detergente, rebajando el contenido en aceites hidrácidos y sosa y descentralizó la producción, marketing y distribución, atendiendo al uso de los detergentes (se lava a mano) y a la existencia en las zonas rurales de la India de una mano de obra abundante. Carecía de sentido hacer uso de tecnologías intensivas en capital. Aunque los márgenes beneficiarios por unidad de producto son reducidos, el volumen de ventas es muy amplio, de manera que esta línea de negocio es hoy la más provechosa de UNILEVER en la India. La compañía ha exportado, con éxito, el mismo modelo de negocio a Brasil, Congo y Filipinas.

En 1993, el inventor británico Trevor Baylis comprendió que, en muchas regiones del mundo, la radio es el único medio de comunicación remota. Sin embargo, no siempre hay electricidad, ni distribución de pilas al alcance. Existía pues la necesidad de un aparato de radio que no dependiera del suministro de electricidad, inexistente, ni de pilas, caras y difíciles de conseguir. Así nacía la radio a cuerda. En 1994, Baylis firmaba un acuerdo con Freeplay Energy Group . Después, vendrían el cargador de teléfonos móviles a cuerda diseñado por la misma compañía, en alianza con Motorola, y el Apple eMate300, también a cuerda, todavía en fase experimental, que pretende ser el primer paso para proporcionar ordenadores, a un precio asequible, a estudiantes que viven en zonas donde no hay electricidad disponible.

¿Telefonía móvil en el tercer mundo? . La mayor parte de la población mundial vive en zonas rurales y nunca ha hecho una llamada de teléfono. Grameen Phone, cuyo socio es Grameen Bank, líder mundial del microcrédito, pretende ofrecer servicios de telefonía móvil a 100 millones de habitantes de las zonas rurales de Bangladesh, a través de su programa Village Phone. Según Marketing Management, el modelo de negocio es el siguiente: Grameen Bank otorga créditos de alrededor de 350 dólares para la adquisición de equipos de telefonía móvil y el establecimiento de locutorios públicos. A cambio de una tarifa asequible, los propietarios del locutorio-teléfono ponen el teléfono a disposición de los otros habitantes del núcleo de población donde habitan. En definitiva, una fórmula adaptada de franquicia. Grameen Phone, que a finales de 2001 contaba con más de 500.000 abonados, es la compañía de telefonía móvil de crecimiento más rápido en el Sur de Asia. Cada operador local obtiene unos beneficios de alrededor de dos dólares diarios, una vez cubiertos todos los costes. Puede parecer poco, pero duplica la renta per capita de Bangladesh. El éxito de Grameen Phone ha sido tal que Vodafone ha replicado el modelo en Sudáfrica y Uganda, en el primer caso con éxito.

¿Energía eléctrica? Dos mil millones de personas no tienen acceso al suministro de electricidad; la mayor parte de estas personas viven en zonas rurales en países en desarrollo. Las necesidades de iluminación quedan atendidas mediante la combustión de derivados del petróleo a razón de un coste medio mensual que se sitúa en torno a cinco/diez dólares. The Solar Electric Light Fund , organización no lucrativa con presencia en países como India, China, Brasil y Sudáfrica, ha desarrollado un modelo de expansión del servicio eléctrico adaptado a las peculiaridades de esos países; se trata de fomentar la producción local, a pequeña escala, mediante energía solar fotovoltaica. A través de la compra a crédito de equipos, los habitantes de las zonas rurales donde opera SELF, se convierten en propietarios y operadores de sus sistemas eléctricos. La inversión se amortiza en un periodo de alrededor de cinco años; obviamente, procura, además, un mayor bienestar que el de la energía alternativa. Se estima que el mercado mundial de equipos de energía solar para las zonas rurales de países pobres puede alcanzar la cifra de 3.000 millones de euros en 2005.

Una de las dificultades mayores que deben sortear las empresas para acceder al consumidor final en el tercer mundo es la ausencia de canales de distribución. Aunque parezca mentira, las familias no hacen la compra semanal en grandes superficies comerciales. Algunas empresas han conseguido resolver el problema. Cabe citar al respecto la experiencia de Coca Cola en Sudáfrica, relatada en Business Economic Review. Mientras que en los países avanzados, Coca Cola basa su distribución en empresas consolidadas de gran tamaño, en Sudáfrica ha optado por apoyarse una red tupida de microempresas informales, que disfrutan de la posibilidad de comercializar un producto de gran notoriedad con márgenes beneficiarios altos. Se estima que la presencia de Coca Cola ayuda a sostener la actividad de 215000 pequeños comerciantes en Sudáfrica. Para que nadie se lleve a engaño, el modelo de distribución permite a Coca Cola penetrar su mercado potencial, es decir, vender más y mejor.

Podríamos seguir relatando historias ejemplares. Las citadas sirven, sin embargo, para deducir algunas moralejas. Habrá quién diga que el problema de los países en desarrollo tiene que ver con las condiciones precisas para que las empresas puedan explotar las oportunidades; suele aludirse a la ausencia de reglas e instituciones. El razonamiento al uso viene a significar que mientras los países en desarrollo no se desarrollen nunca serán desarrollados. Sin embargo, cabe que las empresas contribuyan de manera efectiva al desarrollo de los países más pobres; no hablamos de conductas filantrópicas, nos referimos a la cuenta de resultados. Para ello, basta con que adopten modelos de negocio distintos de los empleados en los países desarrollados.

En otras épocas, el capitalismo mostraba una capacidad admirable de ahormar reglas, valores e instituciones. Ello resultaba del despliegue de los estímulos propios del mercado y de la iniciativa personal. Eran tiempos en los que la innovación técnica estaba ligada a la innovación social; el diseño de un producto de masas, por ejemplo los coches, estaba pensado para que pudieran adquirirlo quienes los fabricaban. Eran tiempos, creemos, que premiaban el capitalismo perspicaz y valiente. En todo caso, tanto se habla y escribe sobre la globalización que debería concederse un hueco a la conjetura de que el problema no es el exceso de capitalismo, sino la ausencia de capitalismo inteligente; también a la evidencia de que el capitalismo depredador no es el único posible.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XXXII. La economía de hoy.

Un economista escribiendo de economía. Nada raro. Uno de los efectos del derrumbamiento del muro de Berlín es la mutación de los eufemismos. Lo que hace diez años se llamaba economía de mercado recibe hoy la denominación más propia de capitalismo, sin apellidos. Un avance del lenguaje. Me doy cuenta ahora que he intentado, sin demasiado éxito, encontrar adjetivos (valiente, nuevo, otro). Supongo que por el rechazo hacia las formas zafias de detentación de la riqueza.

El retrato de un monopolista por un radical es inédito. Me impresionó el del viejo Rockefeller pintado por Bertrand Russell. Fundamentalmente, porque es una mezcla extraña de admiración y repudio. Aprendí del mismo que la gente de izquierdas se rinde fácilmente a la inteligencia del poder económico cuando se asoma a su mundo.

A lo largo de estos años he prestado bastante atención a los procesos de liberalización dictados por el Gobierno. En primer lugar, por deformación profesional, pero también porque han iluminado la sintaxis política del Gobierno hasta la saciedad. Basta con recordar que el primer paquete de medidas económicas aprobadas en esta legislatura fue presentado como la iniciativa más importante desde el Plan de Estabilización de 1958. Mi balance sobre las privatizaciones/liberalizaciones de los últimos años es bastante negativo. Hoy los sectores presuntamente liberalizados están como hace unos años y, en gran medida, las empresas peor. Lo malo es que las voces competencia y liberalización han quedado amortizadas y, probablemente, su pronunciación genera desconfianza. Me extraña que los liberales españoles de derechas sean tan poco críticos con el Gobierno. Probablemente, pesa más la afinidad política que las ideas. De vez en cuando tengo noticia de alguna tesis doctoral acerca de la comparación de los niveles de eficiencia de las empresas privada y pública. ¡Qué inocencia!. Ya no hace falta engrosar el argumentario. Ya no hay empresas públicas.

Y, sin embargo, la izquierda se resiste a hacer suyas las virtudes sociales de algunos capitalismos. Como si hubiera alternativas.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XXV. La Guerra. Al Borde del Precipicio.

Era inevitable. La quería el hegemon.

Estábamos en los prolegómenos de la guerra de Irak. Observando un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dividido y un gobierno americano que enseñaba un rostro impaciente.

Un amigo me reprochó la equidistancia del artículo. Ser equidistante en este género de circunstancias no es correcto políticamente.

Publicado previamente en Heraldo de Aragón, en febrero de 2003.

Los próximos acontecimientos relativos a la adopción por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de la resolución que desencadenaría la intervención militar en Irak invitan a examinar su lógica. Hasta hoy, el enfoque predominante ha sido el de los principios morales; nada que objetar al respecto, sino es que, en bastantes ocasiones, la historia se conduce por derroteros distintos: todo el mundo pierde; ningún principio queda incólume. El economista que mejor ha contribuido a explicar la naturaleza de situaciones similares a la actual es Thomas Schelling (Arms and Influence).

Simplificaremos ésta, señalando que el conflicto de pareceres en el seno del Consejo opone a Estados Unidos y Francia y que está en juego la configuración del nuevo orden político internacional. Los dos países parecen haber adoptado el funambulismo (andan a ciegas sobre un delgado cable que pende en el vacío). Una estrategia de esta características consiste en crear un riesgo de pérdidas importantes para ambas partes, en la confianza de que ello obligará a la otra a negociar un acuerdo. En nuestro caso, Francia amaga con el ejercicio del derecho de veto sobre la aprobación de la segunda resolución; Estados Unidos con iniciar la guerra diga lo que diga el Consejo. Ambos países amenazan, en definitiva, con la muerte del actual orden político internacional. Está en sus manos. Conviene señalar al respecto algo que se olvida habitualmente: los equilibrios internacionales estables otorgan al hegemon la capacidad de imponer reglas de conducta a los otros países en beneficio propio, pero debe ofrecerles alguna ventaja. La hegemonía siempre comporta un elemento de cooperación y de participación en el proceso de toma de decisiones. No hay equilibrios hegemónicos puros. Decía que la postura de los dos países es igualmente amenazante, porque Francia parece negar la existencia del hegemon y Estados Unidos la conveniencia de la cooperación.

La resolución propuesta por Estados Unidos es una máquina del fin del tiempo. Establece el automatismo de la intervención militar vinculado a que en una fecha determinada el gobierno de Irak demuestre su propósito inequívoco de desarme. En general estas estrategias son bastante ineficaces. No consiguen los resultados apetecidos. Simplemente, porque la otra parte entiende que no son creíbles: Estados Unidos perdería mucho si comprometiera el actual equilibrio político internacional. Kennedy lo entendió así en la crisis de los misiles de 1962: no amenazó con una guerra nuclear; simplemente estableció un bloqueo naval sobre Cuba, lo que dio lugar a que Khrushchev ordenara el desmantelamiento de los misiles instalados en territorio cubano. Ambos pactaron tácitamente volver a territorios seguros , aunque el ganador de la crisis fue Estados Unidos. La estrategia francesa parece, por el contrario, más afinada. No amenaza abiertamente con el ejercicio de derecho de veto, cuyo anuncio no sería creíble y, en consecuencia, sería inútil. Más bien, parece decantarse por aducir que el asunto reviste gran importancia y que está dispuesto a presentar batalla, aunque no se sepa cuál sería el último episodio de esa batalla. Sin embargo, la estrategia americana goza de sutileza cuando se la enjuicia desde el punto de vista de un ingrediente básico del funambulismo estratégico: “no hay mucho tiempo para llegar a un acuerdo en el seno del Consejo”, es decir, puede llegar un momento en que ni siquiera nosotros (Estados Unidos) seamos capaces de controlar la situación. Interesa generar este tipo de riesgos cuando se adoptan tales estrategias. Así pues, nos encontramos frente al despliegue de dos ejercicios de funambulismo, el francés y el americano. Lo anterior debería servir para predecir un desenlace, pero antes conviene prestar atención a otro extremo.

En una situación de esta naturaleza conviene ser pacientes. Doy por sentado ahora, en consonancia con lo dicho antes, que tanto Estados Unidos como Francia están interesados en que lo que vaya a pasar resulte de una posición común del Consejo en la que ambos países estén presentes. Pues bien, un economista, Ariel Rubinstein, ha demostrado que la parte más impaciente por llegar a un acuerdo suele hacer concesiones pronto y de cierta magnitud, en beneficio de la otra parte. Por eso, quienes negocian con intereses políticos americanos saben que el tiempo es un aliado imprescindible. Sus medios de comunicación cultivan la impaciencia social y la sociedad americana gusta de pasar página rápidamente a los asuntos incómodos.

Podríamos ser pesimistas. De hecho, casi todo el mundo lo es. Sin embargo, a veces, la realidad es racional. No cabe descartar que, para sorpresa de todos y presiones aparte, alguna resolución concite un apoyo sustancial del Consejo de Seguridad, incluida Francia. Todo esto, claro está, siempre y cuando las gentes no decidan tirar contra sus pies. Por cierto, el no ejercicio del veto es una forma de acuerdo. Por cierto, nuestra pobre España quedaría más arrinconada que nunca. El único optimismo posible es el que lleva a predecir la supervivencia de la Organización de Naciones Unidas.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XXIV. El Prestige. Maquiavelo y el Prestige.

Publicado previamente en Expansión, el 13 de diciembre de 2002.

Sostenía Maquiavelo en El Príncipe que el gobernante sabio administra el rigor y las gracias a los súbditos con ritmos distintos. En términos contemporáneos, conviene dar las malas noticias en una única dosis, y las buenas en pequeñas, continuadas y, a ser posible, inesperadas porciones. La observancia de tal principio de buen gobierno desencadena la gratitud de los ciudadanos y estimula su confianza en el Estado y en quien lo gobierna.

Pues bien, la crónica política de lo acaecido estas últimas semanas debe concluir en que el Gobierno parece haberse conducido por sendas perpendiculares al mandato de Maquiavelo. Hoy, nadie es capaz de aventurar el alcance de los males que afectarán a los intereses de los ciudadanos gallegos y españoles y al medio ambiente; es más, cualquier estimación, por pesimista que sea, será vista con recelo (por escasa) por unos y otros. Habiéndose producido un engaño, nadie es capaz de producir valoraciones de los efectos del mal que disfruten de crédito social. Por el contrario, los afectados directamente por la marea negra saben perfectamente a cuánto puede ascender el valor actual de las ayudas pecuniarias futuras: las únicas sorpresas que caben al respecto son negativas para sus intereses. De aquí debe seguirse lo que todos sabemos, es decir, que la catástrofe económica y ecológica va a venir acompañada de otra no menos importante: la desconfianza de los ciudadanos respecto de las instituciones del Estado y sus príncipes.

Sin embargo, conviene formular alguna matización respecto de lo anterior: nuestros tiempos políticos se rigen por la democracia parlamentaria. En consecuencia, la traslación del principio de Maquiavelo a nuestros días solamente podría dar en el desprestigio social del Gobierno y del partido que lo apoya en el Parlamento, y no del Estado y del conjunto de fuerzas parlamentarias. La atribución de presuntas responsabilidades por parte del Gobierno a la oposición política en la gestión pública de este asunto sería entonces manifestación de la voluntad de atrincherarse en el Estado, aunque sea a costa de llevárselo por delante. Nadie puede imputar el origen del problema del Prestige al Gobierno, pero sí responsabilizarlo de su gestión. Y es en este punto donde el parte de daños parece crecer por momentos: el desprestigio de los medios de comunicación públicos, que ya venían bastante embadurnados, el arrinconamiento hasta fechas recientes de los recursos de las fuerzas armadas, el crédito de científicos y técnicos innominados, e incluso la pereza de la institución parlamentaria; apenas se ha salvado el Estado de las autonomías, pero ha sido porque el PP gobierna en España y Galicia.

Tengo para mí que lo sucedido resulta un efecto no deseado, aunque inevitable, de la copiosa administración de un poderoso narcotizante: “todo va bien”, que se formula en términos de autocomplacencia de los príncipes y negación de la política. Lo malo es que, despertados del sueño, algunos comprueban que el chapapote alcanza las rodillas y que sigue subiendo

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XXIV. El Prestige. Maquiavelo y el Prestige.

Sostenía Maquiavelo en El Príncipe que el gobernante sabio administra el rigor y las gracias a los súbditos con ritmos distintos. En términos contemporáneos, conviene dar las malas noticias en una única dosis, y las buenas en pequeñas, continuadas y, a ser posible, inesperadas porciones. La observancia de tal principio de buen gobierno desencadena la gratitud de los ciudadanos y estimula su confianza en el Estado y en quien lo gobierna.

Pues bien, la crónica política de lo acaecido estas últimas semanas debe concluir en que el Gobierno parece haberse conducido por sendas perpendiculares al mandato de Maquiavelo. Hoy, nadie es capaz de aventurar el alcance de los males que afectarán a los intereses de los ciudadanos gallegos y españoles y al medio ambiente; es más, cualquier estimación, por pesimista que sea, será vista con recelo (por escasa) por unos y otros. Habiéndose producido un engaño, nadie es capaz de producir valoraciones de los efectos del mal que disfruten de crédito social. Por el contrario, los afectados directamente por la marea negra saben perfectamente a cuánto puede ascender el valor actual de las ayudas pecuniarias futuras: las únicas sorpresas que caben al respecto son negativas para sus intereses. De aquí debe seguirse lo que todos sabemos, es decir, que la catástrofe económica y ecológica va a venir acompañada de otra no menos importante: la desconfianza de los ciudadanos respecto de las instituciones del Estado y sus príncipes.

Sin embargo, conviene formular alguna matización respecto de lo anterior: nuestros tiempos políticos se rigen por la democracia parlamentaria. En consecuencia, la traslación del principio de Maquiavelo a nuestros días solamente podría dar en el desprestigio social del Gobierno y del partido que lo apoya en el Parlamento, y no del Estado y del conjunto de fuerzas parlamentarias. La atribución de presuntas responsabilidades por parte del Gobierno a la oposición política en la gestión pública de este asunto sería entonces manifestación de la voluntad de atrincherarse en el Estado, aunque sea a costa de llevárselo por delante. Nadie puede imputar el origen del problema del Prestige al Gobierno, pero sí responsabilizarlo de su gestión. Y es en este punto donde el parte de daños parece crecer por momentos: el desprestigio de los medios de comunicación públicos, que ya venían bastante embadurnados, el arrinconamiento hasta fechas recientes de los recursos de las fuerzas armadas, el crédito de científicos y técnicos innominados, e incluso la pereza de la institución parlamentaria; apenas se ha salvado el Estado de las autonomías, pero ha sido porque el PP gobierna en España y Galicia.

Tengo para mí que lo sucedido resulta un efecto no deseado, aunque inevitable, de la copiosa administración de un poderoso narcotizante: “todo va bien”, que se formula en términos de autocomplacencia de los príncipes y negación de la política. Lo malo es que, despertados del sueño, algunos comprueban que el chapapote alcanza las rodillas y que sigue subiendo

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XXIII. El Prestige. La Marea Gris.

De nuevo, otro error. Lo que cuenta entre gentes con dificultades para llegar a fin de mes es la tranquilidad inmediata. El PP acertó cuando garantizó y pagó rentas compensatorias a los afectados. Así fueron las elecciones en Muxía.

Publicado previamente en Expansión, el 10 de enero de 2003.

El naufragio del Prestige es uno de los asuntos más reveladores, entre los acaecidos en los últimos años, de cómo están las cosas en España. El asunto ha merecido la atención de la opinión pública, que parece haber incrementado unos cuantos grados su sensibilidad medioambiental; igualmente, ha descubierto algunos rasgos de cómo se enfrenta la sociedad española y el Estado a catástrofes de esta naturaleza. No quiero insistir en estos extremos. Sí cabe, sin embargo, explorar otras perspectivas menos visitadas. Dejo para otra ocasión la respuesta primera de las empresas españolas más vinculadas al territorio afectado por la marea negra o que disponen, por la actividad desarrollada, de medios humanos y logísticos aptos para hacer frente a estas circunstancias. En general, el balance ha sido desolador. Pero hoy prefiero referirme a la marea que, con toda probabilidad, sucederá al chapapote: la marea gris.

Leo que el presidente Fraga propone, entre otras, las iniciativas siguientes: el acortamiento de los plazos previstos para la llegada del AVE a Galicia, un puerto de refugio en A Coruña, la prolongación de la autovía del Cantábrico a lo largo de todo el litoral gallego, y un conjunto de polos industriales en áreas geográficas pobres de Ourense y Lugo, aunque no vayan a sufrir el impacto social y económico del vertido del fuel, más otro polo de desarrollo en la Costa da Morte. Leo también que la Xunta de Galicia se dispone a flexibilizar su política sobre la instalación de parques eólicos en la costa dañada: bálsamo financiero para sus ayuntamientos. No niego la justicia histórica de tales demandas, ni siquiera su oportunidad. Sin embargo, conviene establecer el denominador común de las mismas: el cemento. Es la marea gris.

Suele ser bastante habitual que la respuesta humana a las catástrofes ecológicas consista en la propuesta y ejecución de programas que pretenden revitalizar la economía destruida por la alteración de las condiciones medioambientales. Un cínico diría que cómo no ha quedado nada a preservar más vale ocuparse del futuro de una manera distinta. Pasa con los bosques incendiados: en ocasiones, después, se convierten en suelo urbanizable. La paradoja es que la naturaleza disfruta de una capacidad notable de regeneración: las catástrofes ecológicas son, en un plazo más o menos amplio, reversibles. Las mareas grises no lo son. Añado también que la fotografía publicada de los presidentes de las principales compañías constructoras españolas y la noticia del reparto acordado de la costa gallega (no se sabe a qué efectos) son todo menos tranquilizadoras. Pero he dicho antes que dejo para otro día la descripción del comportamiento observado por las empresas españolas. En fin, nadie debería dudar que la catástrofe del Prestige ha contribuido a afianzar la sensibilidad medioambiental de la sociedad española, lo que es una buena noticia. Sólo queda acertar con la solución del problema: nada menos que una restauración compleja y masiva. Tengo para mí que debería exigir más inteligencia, investigación y cuidado que cemento.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XXII. El 11-S. La política cuenta.

Publicado previamente en La Actualidad Económica, en diciembre de 2001.

La concesión del Premio Nobel de Economía 2001 a Akerlof, Spence y Stiglitz invita a leer el futuro económico de las economías desarrolladas desde las aportaciones de la nueva economía institucional. Desde luego, no es el único enfoque, probablemente tampoco el más esclarecedor, pero tiene la virtud de ensanchar las avenidas de la reflexión económica.

Supongamos que la característica principal del momento actual sea la incertidumbre sobre lo que nos depara el futuro. Los economistas institucionales muestran que, junto con otros factores, la incertidumbre genera costes de transacción. Los agentes se ven obligados a multiplicar las actividades de búsqueda de información, diseño de contratos, supervisión de los mismos, negociación antes de llegar a un acuerdo, para tener una cierta garantía de que será provechoso. Naturalmente, si los costes son superiores a los beneficios esperados, la transacción no se realiza; la economía padece el efecto de la incertidumbre. Sin embargo, la magnitud de los costes de transacción depende bastante del marco institucional; así, por ejemplo, no hay que preocuparse demasiado del cumplimiento de los contratos, si la sociedad penaliza la adopción de conductas deshonestas.

Desde esta perspectiva, el estancamiento económico resulta, sobre todo, de la inadecuación del marco institucional. Algunos estudios de otro Premio Nobel, North, muestran que los costes de transacción de las economías desarrolladas crecen más que las propias economías. Suponían el 25% del PIB americano en 1870; un siglo después alcanzaban el 55%. Tal evolución es la contrapartida de la globalización y la aparición de las grandes corporaciones. Pues bien, sólo la adecuación del marco institucional permite reducir los costes de transacción e incrementar la productividad de los factores. En momentos en que el gobierno del Estado no sabe qué hacer con la defensa, la seguridad o la libertad, ha llegado la hora de reflexionar sobre las instituciones.

Por cierto, algunos economistas de la nueva economía institucional han argumentado, a mi juicio con acierto, que nuestra circunstancia propicia la aparición de políticos emprendedores (schumpeterianos), que son capaces de ordenar el futuro de manera que los costes de transacción vuelvan a ser soportables. ¿Quiénes son? ¿Dónde están?. Hay que prestar atención a Blair.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XXI. El 11-S. La Economía de Nuestra Guerra.

Publicado previamente en Expansión, el 10 de octubre de 2001.

Los economistas de hoy han querido valorar en términos económicos el impacto de los atentados terroristas del 11 de septiembre. Digamos que el diagnóstico más compartido apunta a que los stocks de factores productivos (la base productiva) no han sufrido una modificación apreciable; en consecuencia, el impacto tendrá que ver sobre todo con el comportamiento del consumo privado, sensible como se sabe a la incertidumbre sobre la evolución de las rentas personales y familiares. Se tratará, por tanto, de una crisis de demanda. Está implícito en este planteamiento que, desde el punto de vista de la oferta, el impacto económico del 11 de septiembre está vinculado a la destrucción física de factores productivos: limitado y no muy relevante a juzgar por el efecto conocido de algunas catástrofes naturales. El juicio de los economistas, que se expresa de manera disciplente en términos de décimas de PIB, contrasta con los temores de los ciudadanos, el ritmo trepidante de los líderes internacionales y la atención prestada por los medios de comunicación. ¿Miopía de los economistas o conmoción social transitoria?. Me temo que el inicio de la guerra el pasado domingo, con el primer bombardeo sobre Afganistán, ha dado fecha de caducidad a los análisis económicos al uso.

Si recordamos crisis económicas pasadas, por ejemplo la primera crisis del petróleo, podremos concluir rápidamente que el alcance de un shock, en aquel caso el incremento de los precios del petróleo, tiene que ver bastante con la destrucción del valor económico de los activos, simplemente porque las nuevas condiciones derivadas del shock dan lugar a que algunos activos dejan de ser idóneos. Ya no sirven. En el ejemplo que nos ocupa, la súbita obsolescencia económica de un buen número de equipamientos productivos y de transporte se derivó de su intensidad en el consumo de energía. Pasó bastante tiempo para que se produjera su sustitución por nuevos equipamientos; el necesario para la generación y desarrollo de innovaciones tecnológicas ahorradoras de energía. Todo ello dio lugar a una disminución de las tasas de crecimiento de la productividad, que tardaron bastante en recuperar la tendencia anterior. Todavía recuerdo los análisis económicos de 1974, que señalaban que el retorno a la felicidad económica de los sesenta era cuestión de un par de trimestres.

En términos más generales, la destrucción de riqueza es apenas un reflejo del verdadero alcance de los cambios inducidos por una crisis: se produce un incremento significativo de los costes de mantenimiento del orden económico; los costes de organización de la sociedad crecen más que las cifras de negocios de las empresas; el Estado reaparece como máximo reparador del desorden. Como señaló hace bastantes años F. Ewald, el accidente humano es el origen principal del Estado de Bienestar.

A mi juicio, probablemente apresurado, el impacto económico de los atentados terroristas tiene que ver con tres dimensiones principales de la economía de mercado, ocultas tras la contabilidad nacional al uso: la aglomeración, la movilidad y la seguridad. La aglomeración espacial y organizacional de las transacciones económicas viene determinada por la explotación de los rendimientos de escala y de las economías de proximidad: es el origen de las ciudades y las empresas. La movilidad de capitales, mercancías e ideas está en relación con la tendencia natural a la extensión de los mercados y, en cierta manera, es la otra cara de la aglomeración. La seguridad constituye una condición necesaria para que se puedan realizar transacciones económicas; sin seguridad no hay economía de mercado. Pues bien, los procesos económicos que desarrollan tales dimensiones requieren el concurso de determinados activos: generan costes.
Así, no cabe duda de que una buena parte de las infraestructuras de transporte aéreo, es decir del soporte del nomadismo global, se adapta mal a las nuevas exigencias de seguridad, al igual que los equipamientos de defensa a las nuevas amenazas. En los aeropuertos actuales no cabe tanto tráfico con tanta seguridad.

El capital institucional internacional, es decir, los mecanismos de represión de la violencia y de concierto de intereses, parece haber envejecido prematuramente estos últimos días. Las nuevas instituciones, que tendrán que vehicular la estrategia de asfixia financiera del terrorismo y de inclusión económica y cultural de la periferia, no han nacido. La seguridad que viene es extremadamente costosa; exige mucha inteligencia. Las grandes empresas, antes poderosas, nos ofrecen imágenes de fragilidad. Las ciudades no son un refugio seguro frente a los bárbaros.

Así pues, no parece extravagante conjeturar que la crisis del 11 de septiembre es una crisis de los estándares conocidos sobre aglomeración, movilidad y seguridad; afecta a las reglas del juego en un sentido que hoy es indeterminable; modificará los comportamientos de los agentes en una dirección
Cuando nos prometíamos la prosperidad extrema y el consumo de los enormes excedentes generados por las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, cuando vislumbrábamos la libertad máxima proporcionada por la red, cuando endeudábamos a nuestras familias y empresas confiados en el valor cierto de nuestra riqueza, nos vemos obligados a cavar trincheras para defendernos del enemigo y a aguzar el oído. Por eso me parece un error asimilar los atentados terroristas del 11 de septiembre a una catástrofe natural; porque es una catástrofe de origen humano, el género más temible de desórdenes. Por eso me parece que los economistas de hoy se equivocan.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XX. El 11-S. La Economía de Armagedón.

Publicado previamente en Heraldo de Aragón, en septiembre de 2001.

El entendimiento de las consecuencias políticas de los atentados terroristas sobre la sociedad americana requiere despojarse de los hábitos propios de un cínico europeo y vestir la túnica de los americanos creyentes. Probablemente, la referencia mítica más citada por las cadenas de televisión de Nueva York a lo largo del 11 de septiembre fue Armagedón, lugar donde dice el Apocalipsis de Juan tendrá lugar la gran batalla catastrófica librada por Dios omnipotente . A lo largo de sus mandatos, Ronald Reagan solía hacer uso de la voz revelada: “ por primera vez en la historia, todo está en su sitio para la batalla de Argamedón" o “no es inminente Armagedón”, en función de los ritmos pedidos por el electorado americano. George W. Bush se ha referido más discretamente al diablo.

En cuanto a la economía, la valoración del impacto de las catástrofes no cuenta con una larga tradición entre los economistas atentos al mundo. Si nos referimos a la economía de Estados Unidos, sin embargo, cabe recordar algunos estudios que se han ocupado de valorar en términos de PIB, el coste económico de dos tipos de catástrofes. En promedio, el coste de los mayores tifones apenas alcanza el 0,08% del PIB de la economía americana, cifra muy inferior al error de medición de esta variable económica. Por otra parte, la mayor crisis padecida por la economía americana a lo largo del siglo XX, la gran depresión de 1929, facturó el 25% del PIB de la época. De lo anterior se deduce que las catástrofes más costosas no son las naturales, sino más bien las que resultan de la conducta de los hombres, aunque no disfruten del carácter destructor de las primeras. Me da la impresión de que los actos terroristas corresponden al género de la catástrofe natural por su apariencia, y al de la catástrofe humana por su origen. De aquí la dificultad de hacer vaticinios y la conveniencia de prestar más atención a las consecuencias sociales y políticas que a las económicas más inmediatas.

No sé de muchos científicos que se hayan ocupado del origen y consecuencias de Armagedón. Entre los no científicos, las contribuciones más esclarecedoras han sido escritas por Gore Vidal. También, Juan Aranzadi se ha ocupado recientemente de explicar el milenarismo americano en su obra "El Escudo de Arquíloco". Me viene a la memoria un breve escrito de Stephen Jay Gould, autoridad reconocida en dinámica evolutiva y científico liberal, publicado en 1999 en The Times Higher Education Supplement. Brevemente: Gould nos recuerda que en el primer cambio de milenio de la era cristiana, Europa (occidente) temió todas las profecías sangrientas asociadas a Armagedón; también señala que la expresión del miedo colectivo en el segundo cambio de milenio de la era cristiana registraba, en la fecha, niveles comparativamente pueriles: el efecto 2000 de los ordenadores. De ahí concluía, con satisfacción, la levedad progresiva del milenarismo. Estaba equivocado.

Pero, lo más importante del escrito de Gould es que formula de manera sintética la lógica de la dinámica evolutiva de la sociedad humana: la tecnología y la conducta humana interaccionan de manera extraña. Un sistema complejo puede ser destruido en una fracción ínfima del tiempo que fue necesario para su construcción: un incendio destruyó un milenio de conocimiento acumulado en la Biblioteca de Alejandría; el último moa de Nueva Zelanda pereció de un disparo o de un golpe de un ser humano, aunque fuera el resultado de la evolución de un millón de años. La discordancia entre el progreso de la técnica y la natural ausencia de acumulación de capital moral es el motor de la inestabilidad, que se expresa en décimas de tiempo secular. Los cambios no son graduales, sino explosivos. La naturaleza da saltos.

La reflexión de Gould ilumina lo que todos sabemos: un acto humano concebido en un lugar apartado del planeta social puede generar grandes alteraciones, en virtud de la técnica que nos hemos dado. Es la otra cara de la globalización. Así, un estudiante filipino de informática puede infectar todos los ordenadores del planeta, de la misma manera que un rumor de origen desconocido puede convertirse en creencia universal. La técnica de nuestros días multiplica los efectos externos de nuestros actos. Curiosamente, la gestión de la brecha que separa el progreso técnico y la moral de los hombres suele apuntar a la técnica o al envilecimiento. Como acaba de decir el vicepresidente Cheney, "puede que la CIA necesite algunos indeseables"; como está por venir, nada escapará, en principio, al escrutinio del ojo del Estado.

La triple referencia a Reagan, Armagedón y Gould no es caprichosa: alumbra la percepción milenarista de que nada va a ser igual después del 11 de septiembre. Basta con volver a vestir los hábitos de un cínico europeo, para concluir que los economistas del siglo XXI tendrán que suponer escenarios sociales integristas, que la libertad de pensamiento es un valor a la baja y que no hay otra meta posible que la victoria. Malos tiempos para los cínicos europeos. En cuanto a la economía, bastante dependerá del grado de despliegue del buen pragmatismo americano.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XIX. El 11-S.

Quise explorar el impacto económico del 11-S. Los economistas tienden a equivocarse cuando analizan la trascendencia de este tipo de fenómenos. Otorgan a la economía una autonomía respecto de la política y de las emociones colectivas que no tiene.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XVIII. Catástrofes

Los últimos cuatro años han sido pródigos en catástrofes. Las que han provocado más emoción social han sido, sin duda, el 11-S, el Prestige y la guerra de Irak. En estas fechas, los respectivos pecios siguen arrojando chapapote a las playas sociales. Admito un error de apreciación: deposité demasiada confianza en el liderazgo internacional de Blair.

Los economistas saben que el impacto económico de las catástrofes naturales es limitado: apenas unas décimas de Producto Interior Bruto (PIB) en el peor de los tornados. Cuando interviene el hombre las cosas son bien diferentes. Entonces cabe esperar lo peor: el derrumbamiento del orden político internacional, el dolor de un pueblo o la desconfianza de la sociedad respecto de las instituciones; en definitiva, una obsolescencia repentina del capital social. Afortunadamente, algunos economistas empiezan a prestar atención al valor económico de las instituciones sociales y de la confianza: dicen que constituyen un factor imprescindible del crecimiento económico. A lo mejor los políticos de mañana lo tienen presente.

Lamento no haberme fijado en los episodios inmediatamente posteriores al hundimiento del Prestige, es decir, el abandono de funciones por parte del Ministro de Fomento y el Presidente de la Xunta de Galicia. Perdí la ocasión de redactar una crónica del pánico. También lamento haber ignorado el alcance de Nunca Mais. Queda por entender el impacto electoral de la insatisfacción social respecto del Gobierno. No muy grande, como mostraron los resultados de las últimas elecciones municipales y autonómicas.