DIARIOS DE UN ECONOMISTA LII. Mercado y competencia. Economía del Pollo Súper con Plomo.

Curiosamente, una buena parte de los precios en los sectores liberalizados siguen estando fijados por el Gobierno.

Publicado previamente en El País, en 2000.

En los últimos meses, especialmente desde abril (del año 2000), el Gobierno ha adoptado una serie de medidas orientadas al control de la inflación. Su núcleo ha sido la intervención, no encuentro mejor término, de los precios de algunos servicios básicos en proceso de liberalización: la electricidad, otras energías y las telecomunicaciones. Omito cualquier observación sobre su eficacia: en todo caso, tiende a cifrarse en unidades más propias de la física de partículas que de la economía. Recuérdese que los servicios de estudios adjudicaron al Real Decreto Ley de abril un impacto de una décima de punto porcentual de inflación. Más recientemente, el efecto de la última modificación de los precios de algunos servicios de telefonía parece cifrarse en 5 ó 6 centésimas.

Es sabido que el Estado es el único agente facultado legalmente para incumplir sus compromisos. Le basta con cambiar la norma que los soporta. Esta circunstancia recibe el nombre de riesgo regulatorio, cuando el Estado fija los precios y condiciones de provisión de algunos servicios básicos. Afortunadamente, el Estado suele administrar juiciosamente esa facultad, de suerte que el riesgo financiero soportado por los accionistas de las compañías reguladas es inferior al del resto de sociedades, cuyo riesgo tiene por origen los avatares del mercado, la competencia y los aciertos o errores propios. Se trata, pues, de valores seguros; los analistas pueden valorar fácilmente el precio de las acciones.

La liberalización de los servicios básicos consiste esencialmente en la implantación de nuevos esquemas de reparto de riesgos. Los accionistas asumen los riesgos propios del mercado; los consumidores no pagan errores ajenos; desaparece el riesgo regulatorio. La consecuencia esperada es la disminución de los precios. Como las liberalizaciones son graduales, en la transición coexisten el riesgo de mercado y el regulatorio. Si el Estado se comporta con buen juicio, entonces se produce una sustitución sostenida del riesgo regulatorio por el riesgo de mercado. Hasta aquí la teoría.

Me fijaré en tres intervenciones distintas. La primera fue la rebaja en abril de la tarifa eléctrica en un 1,5%. La Comisión Nacional del Sistema Eléctrico había propuesto en diciembre de 1998 una disminución, muy superior a la que finalmente se aprobó, de acuerdo con la norma y el análisis sobre la demanda y los costes de la electricidad. No se hizo así. Lo malo es que la rebaja del 1,5% tuvo por origen la evolución del precio del aceite y su impacto sobre el IPC. Desde entonces, los analistas del sector escrutan con pavor los precios del pescado fresco, prendas de vestir y otros artículos de contenido energético similar. La intervención ha tenido dos consecuencias principales: incrementar el riesgo regulatorio y reducir el riesgo de mercado. Hoy es menos probable que una empresa no establecida decida entrar en el sector; sencillamente, porque la rentabilidad de la inversión no depende del precio del pollo.

En agosto, la bombona de butano nos dio un susto. La actualización de precios, de acuerdo con una fórmula que relacionaba el precio de la bombona con los precios internacionales, daba lugar a una cifra histórica.

Respuesta regulatoria: suprimir la fórmula, fijar arbitrariamente un precio y autorizar a los españoles a romperse la espalda transportando a sus domicilios hasta más de 50 Kg. de peso, a cambio de un descuento insignificante. Como la ley pretende introducir competencia en este sector, se aplica lo dicho antes: más riesgo regulatorio, menos riesgo de mercado. Además, la intervención rinde homenaje a un rasgo característico del genio nacional: el arbitrismo. Más recientemente, las compañías petroleras han decidido adoptar una curiosa política de precios. Cuando el precio internacional de las gasolinas y gasóleos sube, ellas mantienen sus precios; cuando baja, algunas los suben. Cabe conjeturar que han decidido compartir con el Banco de España la tutela de la estabilidad de precios. Lo malo es que esta forma de proceder perjudica la competencia. Si adjudico a estos hechos el término intervención, es porque cuesta pensar que la iniciativa haya partido de las compañías.

No parece exagerado concluir que la atención debida a sus accionistas por parte de las empresas reguladas debería llevar a éstas a proponer ritmos más acusados de competencia y liberalizaciones menos tramposas. El riesgo regulatorio se ha puesto por las nubes y es preferible una buen riesgo de mercado.

De no conducirse así, el próximo aumento del precio de la patata les obligará a hacer lo que algunos de mis alumnos cuando formulo una pregunta en clase: esconden la cabeza, cierran los ojos y esperan que el azar sea propicio.