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DIARIOS DE UN ECONOMISTA LIII. Mercado y competencia. La Privatización más Necesaria.

Naturalmente, la tesis se aplica a todos los medios de comunicación de carácter público. Nunca tendremos una BBC; mejor renunciar al empeño. De paso, no nos veremos obligados a financiar los telediarios públicos.

Publicado previamente en Expansión, el 12 de febrero de 2003.

Una ley no escrita dice que las únicas privatizaciones de empresas públicas que no se acometen son las imprescindibles. El caso de la primera cadena de Televisión Española es la mejor demostración del precepto anterior. Cabe distinguir al respecto tres tipos de argumentos: los que permiten concluir que debería ser privada, los que conducen a que no puede ser pública y, finalmente, los que llevan al convencimiento de que el estado de naturaleza más conveniente para todos es que no sea nada: ni privada, ni pública. El asunto viene a colación de las noticias recurrentes sobre su gestión: las últimas, de la mano del Tribunal de Cuentas. Por si no fueran determinantes, basta con dedicar unos minutos a ver la programación y sus informativos, por ejemplo, con ocasión de las manifestaciones del pasado sábado.

Las televisiones privadas disfrutan de toda la razón cuando denuncian que las ayudas públicas prestadas por el Estado español a la televisión pública alteran las reglas de(la competencia en el mercado español. En cualquier otro sector de actividad económica, las autoridades de competencia prohibirían tales ayudas; por si hubiera alguna duda acerca de si el asunto es competencia de las autoridades españolas o comunitarias, conviene recordar que la ley atribuye a nuestro Tribunal ciertas facultades en materia de ayudas públicas. Los tratados europeos no prohíben la existencia de empresas públicas, pero impiden que éstas se vean beneficiadas de tal condición cuando compiten con empresas privadas. Se dirá que tales ayudas obedecen a que Televisión Española presta determinados servicios esenciales para la comunidad, de manera que sus déficits reflejan los costes incurridos. El argumento es falaz: como se hace en otros sectores, cabe perfectamente que ese tipo de servicios fuera encomendado a las empresas privadas. Por lo demás, es imposible saber qué servicios imprescindibles para la comunidad ofrece en la actualidad la televisión pública: todos son prescindibles& Mientras se beneficie de un seguro de cobertura de sus pérdidas, la competencia está falseada.

Todas las noticias apuntan a que la gestión económica de la televisión pública parece haber optado por el despilfarro inútil. El sustantivo obedece a que sus pérdidas carecen de otra explicación que no sea la tautológica: pierde dinero porque no puede ser de otra manera. El adjetivo responde a que lo anterior beneficia a muy pocos, y en cuantías modestas en relación a los costes (y programaciones) soportados por los contribuyentes. Es posible pues que la única alternativa al carácter público de Televisión Española, cuando sea inevitable respetar las reglas de la competencia en el mercado televisivo español, sea, simplemente, el desmantelamiento: nadie compraría este ente. Para que hubiera compradores, habría que hacer frente al pago (al comprador) de un precio sumamente gravoso. Quitársela de encima es caro.

Se dirá que las cosas pueden cambiar; que algún día disfrutaremos de una programación y de unos informativos de tal calidad que nadie prestará demasiada atención a la cuenta de resultados. Olvido que ese argumento exceptuaría a nuestra televisión de una regla que impera en todos los mercados: las empresas que lo hacen mejor obtienen beneficios. Me parece, en definitiva, que los gestores de la televisión pública española han demostrado que lo mejor que se puede hacer es desmantelarla. Un pequeño fracaso nacional; nada importante, pero urge incorporar su constatación al próximo paquete de reformas estructurales.

Posted by Alberto Lafuente on at 07:35 AM in IV.3 Mercado y competencia | Enlace permanente

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