DIARIOS DE UN ECONOMISTA LIV. Mercado y competencia. ¿Qué nos Defiende del Poder Económico?

Inédito.

Una, primera, respuesta a la pregunta que titula podría ser: el Estado democrático. Lamentablemente, es decir poco. Nadie puede dudar de que el nuestro lo es y, sin embargo, no ha sido beligerante respecto de las manifestaciones del poder de mercado y político de los grupos de interés. La cuestión es pues qué Estado.

Pero antes de desentrañar el asunto, conviene añadir rápidamente una segunda respuesta a la anterior, que además es más inmediata: la competencia. La existencia de competencia, es decir, la ausencia de poder de mercado en todos los sectores de actividad y, en especial, en ámbitos próximos a los servicios públicos ciega la principal fuente de poder político de los grupos de interés: no pueden ofrecer nada al Estado; no pueden demandar de éste un trato singular; no hay pacto posible. La distinción entre competencia y mercado permite comprender que carece de sentido, por obvio, afirmar que puede haber economía de mercado sin democracia, pero no democracia sin economía de mercado. Sí que tiene sentido, sin embargo, afirmar, por menos obvio, que la competencia favorece la igualdad de derechos y restringe las oportunidades de ejercicio del poder político por parte de los grupos de interés.

Volvamos ahora al Estado. La modelización de la captura del Estado nos ha enseñado que la mejor protección de los derechos ciudadanos tiene que ver con la notoriedad pública de los abusos perpetrados desde el Estado contra los derechos no representados en grupos de interés; la razón es que la transparencia genera costes políticos en tales circunstancias. Una pregunta nos lleva a otra: ¿qué mecanismos sociales y estatales producen ese bien llamado transparencia?. Ciertamente, tiene algunas características de bien público, por ejemplo, un ciudadano particular ha podido beneficiarse de la transparencia del debate sobre la tarifa eléctrica, en forma de un recibo menor, aunque nadie hubiera estado dispuesto a financiar estudios sesudos sobre la cuestión, porque su coste habría sido superior al beneficio individual. En este caso, sólo las empresas eléctricas tendrían interés en financiar un estudio, con las conclusiones esperadas, lo que lleva a concluir que en materia de transparencia nos pueden dar gato por liebre.

Si el argumento es correcto, y tiene toda la apariencia de serlo, cabe derivar una conclusión y un corolario. La conclusión es que la defensa mejor ante el ab}so de poder se sitúa en el Estado, que es el mejor proveedor de bienes públicos; el corolario es que no hay que ser demasiado exigentes con respecto a los medios de comunicación; no se trata de que alumbren el ejercicio del poder no democrático, basta con que no apaguen la luz. Y así despachamos un asunto de difícil discernimiento.

El Estado debe controlarse a sí mismo. Creo que no es erróneo afirmar que hay un acuerdo amplio sobre el hecho de que el control parlamentario no es condición suficiente, aunque sí necesaria, para que no haya sumisión del poder ejecutivo respecto de los grupos de interés. Ello nos lleva a situar la cuestión en las entrañas mismas del Gobierno y la Administración. Caben, al respecto, dos tipos de desarrollos. El primero se refiere a la arquitectura institucional: se trata, por ejemplo, de instituir organismos independientes de la Administración, cuya misión principal sea la producción de transparencia. El segundo, más complejo, se remite a la práctica podítica, es decir, a que el estilo de hacer política huya de despotismos ilustrados, eficacias autoritarias y soledades. Por facilidad, centraremos la atención en el primero. Es forzoso referirse a las instituciones públicas que velan por la competencia y por la defensa de los consumidores y transparencia de la regulación, por ejemplo, el Tribunal de Defensa de la Competencia. Adelantemos la conclusión: en España, los mecanismos públicos de protección frente al poder económico son insuficientes, están sometidos a una dirección política cómplice de los grupos de interés y, además, hay indicios de que las cosas van a peor.
El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) fue hasta comienzos de los años noventa un cementerio de elefantes. Sólo a partir de esa fecha adquirió presencia social a través de la emisión de informes sobre restricciones públicas a la competencia en sectores diversos de la economía española. Quizá, lo más sobresaliente de esta aportación fue que educó a la sociedad española y al propio Estado en la necesidad de prestar mayor atención a la competencia, mediante la supresión de obstáculos, privilegios corporativos y regulaciones dictadas por intereses empresariales.

Distinta suerte corrió el desempeño de la función primordial del TDC, es decir, la represión de prácticas anticompetitivas por parte de las empresas españolas. Hoy, cualquier conocedor de la economía española podría citar cinco recomendaciones al Estado de aquel TDC; nadie sería capaz de recordar más de dos resoluciones sobre practicas restrictivas.

Desde entonces, sobre todo en los últimos años, las cosas han empeorado notablemente. Aquellos informes apenas han tenido prolongación; el TDC no ha informado públicamente sobre su criterio acerca de los efectos anticompetitivos de las múltiples regulaciones sectoriales que han visto la luz o han sido modificadas. Hoy, cualquier conocedor de la economía española sería incapaz de citar más de un hecho relevante referido a las actuaciones recientes del TDC; “el” hecho es la reforma de algunas funciones atribuidas al TDC. Las gentes con experiencia en la Administración Pública saben que la manera más eficaz de reducir a cenizas un organismo público consiste en abrir un paréntesis sin cierre con proyectos de reforma del mismo que nunca ven la luz.