DIARIOS DE UN ECONOMISTA LVI. Mercado y competencia. Mejor Estado, Mejor Mercado.

Inédito, 1999.

Quizá una de las frases que describen mejor el sustrato ideológico y la acción política del Gobierno del PP es la atribuida al Ministro Portavoz (en la época Josep Piqué): “menos Estado, más sociedad”. La frase es intencionada: pretende hacer propia la defensa de lo que se ha convenido en denominar sociedad civil. De igual manera, una de las prácticas que describen mejor el estilo y la voluntad política del Gobierno del PP es la negociación con coaliciones de interés sobre asuntos que atañen directamente a esos grupos y también sobre asuntos que trascienden sus responsabilidad y se sitúan en la órbita del interés general. Se negocia con el sector eléctrico las pautas de la liberalización; se acuerda su retribución y también la de agentes económicos no presentes en la negociación; se condiciona la facultad última del Parlamento o de la Comisión Europea.

El examen de lo acaecido estos dos últimos años ha demostrado que más sociedad quiere decir en la práctica menos competencia, atención escrupulosa a los grupos de interés y envilecimiento del mercado.

No es fácil encontrar ejemplos de decisiones políticas que hayan beneficiado a la sociedad en su conjunto en detrimento de los grupos de interés, o que hayan atribuido a los consumidores/ciudadanos más y mejores derechos que los ganados por los grupos de interés. La reflexión está suficientemente perfilada, o sea que la abandonamos por el momento para abordar otra: ¿qué quiere decir menos Estado?.

Un administrativista radical, si cabe esta contradicción, ha opuesto al Estado de Derecho otro Estado distinto, cuyas características infiere de la realidad española y occidental, el Estado Negociador Moderno (ENM). El ENM no es el Estado legislador que se relaciona con los individuos sobre la base del principio de igualdad ante la Ley. El ENM pacta primero con las coaliciones de intereses, a ser posible en la oscuridad para evitar que ello tenga consecuencias políticas indeseables, y después eleva, mera formalidad, el pacto a la categoría de Ley. Las coaliciones de interés tienen así leyes especiales o, en su caso, aplicaciones singulares de las existentes. Ni que decir tiene que el régimen de privilegios es acordado al margen del parlamento democrático. No conviene, todavía proyectar juicios de valor sobre esta descripción; por ahora, basta con constatar que el ENM se parece bastante al Antiguo Régimen, o Estado asociativo de los modelos neocorporatistas, en el que el monarca absoluto pactaba y otorgaba privilegios singulares. En todo caso, si la pintura pareciera ajustada a la realidad, entonces “menos Estado” quiere decir “más Estado” (propiedad) de los grupos de interés.

Porque no es cierto que el Estado legisle menos o que establezca unas reglas más respetuosas con los derechos de los ciudadanos no integrados directa o indirectamente en grupos de interés; no, legisla bastante pero siempre sobre la base de pactar con coaliciones poderosas. La relación de pactos, protocolos, acuerdos,... trasladados o no al Boletín Oficial del Estado sería interminable. Pero, completemos la descripción. El ENM no sustituye al Estado legislador; simplemente, se produce la dualización del Estado y la coexistencia de las dos formas. Mientras unos ciudadanos están sometidos al imperio de la Ley, pactada en su beneficio con los grupos de interés, otros, integrados en éstos, producen a través del ENM la norma que mejor se adapta a su conveniencia.

La dualización del Estado tiene dos efectos principales: las desigualdades sociales y la corrupción del Estado. Los derechos de un individuo son directamente proporcionales a la capacidad de influencia de los grupos o estamentos de los que forma parte. No es lo mismo ser el empleado de una empresa de UNESA que trabajador de un pequeño comercio; no es lo mismo ser empresario textil que presidente de una empresa farmacéutica. Además, el ENM es el mejor caldo de cultivo de la corrupción; no olvidemos que la captura del Estado se realiza en la oscuridad. Un pacto privado puede respetar los intereses generales, pero es obvio que propicia la sobrevaloración y defensa de los particulares.

El problema no es del todo nuevo. Ya hemos visto a Bertrand Russell, testigo de otra época de concentración y ejercicio del poder económico, oponer libertad a organización, defensa de la democracia política a desarrollo económico. De igual manera podríamos traer a colación al Ministro que negocia con la empresa multinacional su permanencia en el país, determinadas inversiones o el compromiso de creación de puestos de trabajo. O el reciente caso de empresas alemanas que amenazan con abandonar el territorio si su mayoría parlamentaria aprueba una determinada reforma fiscal. La emergencia del ENM parece sobre todo una exigencia del desarrollo económico; es sin embargo el resultado del poder político de las coaliciones y grupos de interés.

“Menos Estado” quiere decir también “otro Estado”. Cito al administrativista radical:
“La ideología oficial es la del mercado exacerbado y la del Estado inhibido; pero la realidad es muy otra, porque sin la protección del Estado el estamento (grupo de interés) no podría sobrevivir. Los grandes negocios se hacen o con ayuda directa del Estado o con tolerancia y a su sombra (...). Para la cultura del estamento, el Estado no es un enemigo sino un colaborador, no es un detractor de la riqueza, sino cabalmente quien la produce; no es un expoliador, sino una víctima fácil de expoliar. En esto se distingue claramente de la cultura tradicional, para la que el Estado es o bien un enemigo (que sanciona y exige impuestos) o bien un benefactor (que presta servicios públicos o proporciona empleo). Por ello mismo, las empresas del estamento privilegiado mantienen unas relaciones constantes y peligrosamente íntimas con el Estado”.
El Estado negociador es, en fin, la confusión de la economía y la política, del poder económico y el poder político.