DIARIOS DE UN ECONOMISTA LX. ¿Qué necesitamos para ser ricos? Las Virtudes Económicas del Hormigón.

Publicado previamente en Expansion, en 2002.

Una de las certezas más asentadas entre los economistas españoles de hoy es que las inversiones en infraestructura, o mejor el valor del capital acumulado en infraestructuras energéticas, de transporte y de telecomunicaciones, constituyen un factor determinante de primer orden del crecimiento económico. Habida cuenta de que una porción significativa de la financiación de las infraestructuras atraviesa los presupuestos del Estado, cabe apreciar el signo de un presupuesto en particular, por ejemplo el correspondiente al año 2002, en función de las previsiones sobre la inversión en capital público. Conviene señalar que la certeza se fundamenta en el estudio de los efectos de la dotación de infraestructuras sobre la productividad, y en última instancia, sobre el PIB. No es, por tanto, keynesianismo trasnochado, sino economía de la oferta: algo más que el impacto inmediato sobre la demanda agregada. La literatura referida no entra en detalles: distingue mal, por ejemplo, entre los efectos del capital en carreteras y del capital invertido en el tratamiento de aguas residuales, a pesar de que nuestro país se compara bien con otros en lo primero y de manera lamentable en lo segundo. Todo vale.

Como todas las certezas de la política económica, ésta adquiere legitimidad social en dos fuentes principales: disfruta de dosis apreciables de un sentido común, que generalmente tiene carácter perecedero; además, es correcta políticamente. Es sabido que la economía del hormigón ha arraigado con éxito en los gobiernos de las comunidades autónomas, que miden su éxito en términos de infraestructuras físicas proyectadas y, sobre todo, inauguradas. Como casi todas las certezas de política económica, ésta admite discusión, aunque sea a contracorriente. Un libro reciente de Parent y Prescott (Barries to Riches), dos prestigiosos economistas académicos, conjetura y creo que demuestra que las diferencias de productividad entre naciones depende sobre todo del grado de permeabilidad respecto de la adquisición y puesta en práctica de los mejores conocimientos disponibles en cada momento. Los monopolios, las barreras al comercio y a la actividad económica y, en general, la represión institucional del talento humano, junto a la pérdida de calidad de las instituciones públicas, frenan la economía y perjudican el bienestar. La ventaja de este enfoque respecto de la hipótesis del capital público es doble: de un lado, permite entender mucho mejor la historia del crecimiento económico de las economías nacionales, es decir, responder por ejemplo a las preguntas de porqué la revolución industrial se inició en Inglaterra y no en la China del siglo XV, o porqué el primer país se adelantó a Francia en esa misma circunstancia. De otro lado, su desarrollo en términos de política económica es bastante más barato, aunque probablemente más complejo. Y, todo ello, sin negar, claro está que las dotaciones de capital público suelen mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y, probablemente, influir positivamente sobre la productividad, con la única excepción, si se me permite la ironía provinciana, de lo que viene sucediendo en la Villa de Madrid en los últimos tiempos.

No es un secreto que el proceso de convergencia nominal con la Unión Europea ha pasado factura al ritmo de inversiones en infraestructuras; tampoco lo es que los fondos estructurales graciosamente otorgados por la Unión Europea han permitido remediar carencias inadmisibles. El proyecto de presupuesto de 2002 se inscribe en esta tendencia, con un agravante: no es plausible que los ingresos del Estado crezcan a las tasas proyectadas y, en consecuencia, las inversiones en capital público sufrirán del cambio de signo del ciclo económico; ni siquiera, el advenimiento de Keynes cambiaría muchos las cosas. Digo esto siendo plenamente consciente de que la valoración, a través de la observación de los presupuestos públicos, del esfuerzo público en inversión es un ejercicio propio de detectives económicos, tal es la proliferación de agencias públicas nacidas al calor de la voluntad política de cumplir los criterios de convergencia, y el potencial creador de la nueva contabilidad pública.

Pongo en relación los dos primeros párrafos con el tercero: lo grave no es el estancamiento de la inversión pública, lo grave es que el Gobierno ha perdido impulso reformador. Hasta no hace mucho, aprobaba con una regularidad llamativa programas de reformas estructurales, cuya eficacia no quiero valorar en este momento. Nadie espera iniciativas políticas de calado sobre la propiedad o financiación de las televisiones públicas, la liberalización efectiva de los servicios básicos, la transparencia de los mercados de valores, el suelo o la financiación de las administraciones locales. Nadie espera iniciativas de calado sobre el diseño y funcionamiento de las instituciones públicas; tampoco sobre la economía. Estamos en otras cosas. Por eso es importante lo que creo que no lo es tanto: qué va a suceder con las inversiones en capital público en 2002.