DIARIOS DE UN ECONOMISTA LXVII. Elogio de la queja. Incautaciones.

Cabe adoptar varias actitudes a la hora de valorar lo acaecido en el BBVA, GESCARTERA y lo que nos depare el futuro acerca del conocimiento del pasado. La que disfruta de mayor predicamento tiene carácter moralizante y se refiere a pecados tales como la avaricia o la ira. Prefiero hoy hacer uso de otro enfoque de los hechos más próximo a mi oficio ordinario de economista. En concreto: he aprendido que, a diferencia de épocas no muy lejanas, hoy es posible hacerse multimillonario trabajando por cuenta ajena; por ejemplo, administrando patrimonios de otros. La segunda evidencia que quiero comentar se refiere a que las recomendaciones habituales de los economistas sobre la pertinencia social de la moderación salarial han devenido insoportables. Los dos hechos pueden tener consecuencias económicas notables.

Publicado previamente en Heraldo de Aragón, en 2003.

El primero tiene que ver con la nueva capacidad de consejeros y administradores de algunas (¿) de las mayores empresas españolas de expropiar, en beneficio propio, una parte de la riqueza de los ahorradores confiada a su administración. Su reflejo es múltiple: incentivos injustificables, prejubilaciones precoces y millonarias, uso de información reservada, comportamiento de casta, indemnizaciones absurdas y tantas otras prácticas. El acotamiento del terreno de reflexión exige la creación de un concepto: todo lo anterior es asimilable a lo que podríamos denominar corrupción privada. O sea que apenas habíamos despertado del sueño de la corrupción pública, cuando tenemos que enfrentarnos a una nueva modalidad de corrupción. En realidad, no es tan reciente; nació en Estados Unidos al comienzo del siglo XX en Estados Unidos de la mano de la aparición de grandes empresas, cuyo capital estaba repartido entre muchos pequeños ahorradores. La dificultad de controlar a los administradores dio lugar a que éstos adoptaran comportamientos insolentes respecto de sus accionistas y, también, respecto de la sociedad americana; siempre en beneficio de sus bolsillos. Es el origen de las instituciones públicas y de las regulaciones de salvaguarda de los intereses de los pequeños ahorradores.

No estamos hablando de picarescas intrascendentes. Afectan a los hogares que han invertido parte de su patrimonio en acciones, pero también a los demás. Así, en Europa, cabe advertir una relación bastante estrecha entre los índices nacionales de corrupción, medidos por ejemplo por Transparency International, y las rentas per capita de los países. El desarrollo económico está reñido con la corrupción. Tal evidencia tiene, al menos dos interpretaciones. La primera es que la decencia de los administradores, públicos y privados, es un bien de consumo valorado especialmente por las sociedades más ricas; la segunda es que constituye una inversión que garantiza niveles superiores de prosperidad; de aquí la conveniencia de contar con buenas instituciones públicas y mecanismos de represión de las conductas predatorias en el mundo de los negocios. La conclusión es obvia aunque útil.

Lo anterior debe conducir a interrogarse sobre las dimensiones políticas de estos asuntos. Sólo la debilidad del Estado puede explicar que la adopción por parte de los señores del dinero de conductas predatorias dé en el saqueo efectivo del patrimonio de los ahorradores. En el último caso que conocemos, basta con examinar el calendario de la inspección del Banco de España y las manifestaciones de ignorancia por parte del Gobierno para sospechar que hay gato encerrado y que, probablemente, las protestas de virtud no son sino el reflejo de otra incursión de los señores del dinero en el patrimonio de los ahorradores.

No creo que la necesidad de acomodar el crecimiento de los salarios al aumento de la productividad precise hoy de largas argumentaciones. Forma parte del acervo de conocimientos populares sobre las claves de lo que se entiende por una economía sana. Soy de la opinión de que una porción significativa del crecimiento reciente de la economía española se debe a la actitud enormemente moderada de los sindicatos. Pues bien, la certeza de que la evolución última de las retribuciones de consejeros y directivos de algunas de las mayores empresas españolas no guarda relación ninguna con su aportación a los resultados de sus empresas, que en muchos casos ha sido notoriamente negativa en razón de los gruesos errores cometidos, sugiere que el rigor en estas materias va por barrios. Daré un dato: las retribuciones de los consejeros de las empresas privatizadas se ha multiplicado, en promedio, por un factor próximo a treinta desde la privatización. Corresponde a los usuarios de los servicios prestados por esas empresas valorar si su calidad se ha multiplicado por el mismo factor; corresponde a los accionistas valorar el acierto de muchas de sus decisiones. De lo anterior debe deducirse que las tropelías de unos pocos hacen estúpida, para mal de casi todos, cualquier afirmación sobre la vinculación debida entre prosperidad individual y esfuerzo; la realidad de nuestros días indica que resulta más provechosa la incautación de ahorros ajenos. Malas noticias para la economía española.