DIARIOS DE UN ECONOMISTA LXXXII. Falta energía. Parte de Daños.

No quiero detenerme en el episodio de los CTC´s. Está en la hemerotecas. El consumidor español paga por algo que no disfruta: la competencia. Mientras, las compañías hicieron inversiones ruinosas en Latinoamérica. También las pagamos.

El primer registro de daños derivados del frustrado acuerdo Endesa-Iberdrola tiene que ver con la constatación de un fracaso: el de la liberalización eléctrica promovida en la legislatura anterior. Lo señala el informe del Tribunal de Defensa de la Competencia y creo que lo asume el propio Gobierno. Hoy, el debate sobre el sector eléctrico debería centrarse en asuntos como la garantía de potencia, la regulación de la calidad en el suministro de electricidad o la articulación del régimen especial, es decir, en el perfeccionamiento de la regulación pública; sin embargo, en los próximos meses vamos a tener que ocuparnos de una asignatura que debería estar ya aprobada, esto es, la competencia.

Publicado previamente en Expansión, en 2001.

Además, al fracaso anterior se suma el del diseño de los CTC´s. Como se ha podido comprobar, las compañías eléctricas defendieron bastante mal el interés de sus accionistas cuando, en 1996, acordaron con el Gobierno un régimen retributivo manifiestamente incompatible con la Directiva del Mercado Único de la Electricidad. Aquello embarró el proceso de liberalización, y sometió el valor de mercado de las empresas a un riesgo regulatorio con un desenlace fácilmente predecible. La última reforma de los CTC´s no es suficiente: seguirán contaminando el proceso de formación de precios y tarifas. Es dudoso, sin embargo, que en el futuro las compañías obtengan algún beneficio en forma de ingresos adicionales significativos.

Pero, quizá, el daño más grave tiene que ver con el descrédito del Gobierno en materia de liberalizaciones, pues lo sucedido afianza lo acaecido, por ejemplo en el sector de telecomunicaciones. Lo apunto en el parte de daños porque a nadie conviene esa pérdida de reputación: dificulta avances futuros. Que hoy los analistas estén dedicados a tiempo completo a descifrar el fracaso de la fusión invita a pensar que sospechan que la mano del Gobierno en los sectores regulados es larga, y que las cosas no se hacen del todo bien. Por ejemplo, no parece razonable que se modifique por sorpresa un capitulo retributivo esencial como el de los CTC´s en pleno proceso de presentación de OPA´s sobre Hidrocantábrico; tampoco que se diseñe sobre la marcha un estatuto de operador dominante en el sector eléctrico; menos que el informe del Tribunal de Defensa de la Competencia haya sido secreto y, por tanto, conocido en grado distinto por los diferentes intereses en presencia. En suma, no parece razonable que la determinación de criterios generales sobre control de concentraciones resulte de la acumulación desordenada de casos particulares. Reglas generales para todos. La solicitud no es extravagante: el Departamento de Justicia de Estados Unidos determinó hace bastantes años unas Merger Guidelines, que permiten a las empresas protagonistas de procesos de fusión anticipar el juicio de la autoridad de competencia.

El último daño que quiero registrar se refiere al fracaso de las reglas que rigen la actividad en el sector eléctrico español. De un lado, hay una sobreprotección de las empresas mediante artefactos dudosos: los regímenes de golden share, la limitación de los derechos de elección de los consumidores, las barreras administrativas a la competencia. De otro, se ata de pies y manos a las compañías imponiéndoles límites que no afectarán a las empresas entrantes. En suma, sobreprotección de las empresas establecidas y regulación asimétrica en beneficio de los nuevos operadores. No hay que decir que sería fácil encontrar un equilibrio más beneficioso para todos consistente en una protección menor y, en consecuencia, una asimetría menos pronunciada al menos formalmente.

Hasta la fecha nadie ha dudado del interés de los mercados españoles de servicios básicos de naturaleza mercantil: crecimientos apreciables, demanda solvente, país serio. Debería seguir siendo así; es la mejor garantía de competencia y de calidad de los servicios. Pues bien, hay síntomas de que la acción pública en el mercado de empresas, en la regulación de los servicios básicos y en el ejercicio de la política de la competencia empieza a estar teñida de arbitrismo y regirse por un cierto paroxismo. Hoy, se establecen limitaciones sobre la propiedad de las empresas extranjeras que desean comprar empresas españolas, que mañana quedan corregidas para no impedir que una determinada empresa alemana con participación municipal pueda hacerlo. Mañana, se aprueba un régimen de CTC´s que pasado es modificado para volver a la situación anterior. Ayer, se dice que se seguirán de cerca las recomendaciones de los órganos consultivos, aunque hoy se crea uno nuevo para tutelar el cumplimiento de las mismas. Demasiada confusión.