DIARIOS DE UN ECONOMISTA XLII. Economía y Política. Poder de Mercado y Poder Político

Inédito

¿Es razonable ocuparse, en el año 2003, de la concentración del poder económico en una sociedad como la española, integrada en la economía internacional?. En principio, no es tarea difícil demostrar que las liberalizaciones singulares de algunos sectores de servicios básicos de naturaleza mercantil, juntamente con los también singulares procesos de privatización, han propiciado un incremento notable de la concentración empresarial a lo largo de los últimos años. Tampoco es difícil mostrar que tal concentración ha generado oportunidades de ejercicio de poder de mercado y de captura de los procesos regulatorios.

Generalmente, se confunde la función privada de la actividad empresarial, que en principio obedece a la lógica del beneficio, con su función social, que está ligada a su contribución al crecimiento económico. Sin embargo, cabe que la rentabilidad empresarial sea muy elevada y, sin embargo, la actividad empresarial tenga un impacto nulo, incluso negativo, sobre las magnitudes macroeconómicas. Ello sucede cuando es más económico para el empresario la consecución de beneficios a través del disfrute de rentas monopolísticas que a través de la competencia y la innovación. En este caso, la actividad empresarial genera efectos externos negativos sobre el crecimiento, no responde de manera creativa a los retos de la competencia y consolida lo que se ha convenido en denominar “economía del pie invisible”.

El análisis económico se ha ocupado también de las condiciones que hacen que sea posible dar zancadillas a la competencia. Si la situación institucional da lugar a que el coste de consecución de rentas de monopolio sea menor que el derivado del uso de recursos productivos en aras a afianzar la competitividad, para el mismo nivel de beneficio, entonces la lógica empresarial dicta la necesidad de proceder a la búsqueda de rentas de monopolio, en perjuicio del interés general.

La consecución de rentas de monopolio resulta generalmente del establecimiento de barreras legales a la competencia: ayer fueron los aranceles y los contingentes a la importación; hoy, las modalidades de protección frente a la competencia son distintas: ayudas públicas, regímenes transitorios a la competencia, o limitaciones a la entrada de nuevos competidores. En todo caso, su origen es fundamentalmente administrativo o legal. Que los costes de consecución de rentas de monopolio, a través de la imposición de obstáculos a la competencia, sean más o menos elevados depende, en primer lugar, de la magnitud de los esfuerzos precisos para doblegar al Estado, Administración o Parlamento y, en segundo, de un conjunto de factores que determinan la eficacia de esos esfuerzos.

En principio, el Estado no es favorable al otorgamiento a un grupo de interés de condiciones legales que propicien la obtención de rentas de monopolio. La razón es que ello puede dar lugar a que los precios de los bienes o servicios suministrados por el grupo de interés se sitúen por encima de los niveles propios de la existencia de competencia, lo que ocasiona un coste político, incluso electoral. Sin embargo, la concesión de esos beneficios puede arrastrar apoyos políticos y financieros por parte del grupo de interés. Cuanto más importantes son estos apoyos y menos visibles los perjuicios para la colectividad del otorgamiento de concesiones a un determinado grupo de interés, menor es la resistencia del Estado y, por tanto, más general será la práctica política de establecimiento de barreras a la competencia. No es extraño, en este sentido, que los grupos de interés ayuden al Estado en esta materia mediante la complicidad, el secreto y el ocultamiento de los efectos sociales del disfrute de rentas monopolísticas. No lo es menos que los mismos grupos rechacen la transparencia, la evaluación pública, y el debate: simplemente, ello encarece el coste de captura del Estado y, en el límite, obliga a competir.

El análisis económico ha abordado el estudio de los factores que determinen la eficacia de los esfuerzos de captura del Estado. En general, el tamaño económico del grupo de interés y su concentración favorecen la captura del Estado. La razón es que la existencia de números pequeños facilita la coherencia de posturas y exigencias, evita la adopción de conductas oportunistas por parte de algún miembro del grupo y permite la vigilancia mutua. Por tales razones, la concentración empresarial suele dar lugar a una interlocución más fluida con el Estado y, sobre todo, a un menor coste de captura del mismo. Además, se argumenta, la captura es más sencilla si el Estado padece insuficiencias financieras y la barrera legal propuesta o exigida genera directa o indirectamente ingresos. En este contexto, cabe situar el famoso debate sobre qué hacer en primer lugar privatizar o liberalizar. La opción suele ser liberalizar en favor de la empresa pública, para incrementar su valor, y privatizar después, al objeto de maximizar los ingresos.

De lo anterior debe deducirse que existe una relación estrecha entre el entramado institucional y las oportunidades de ejercicio del poder económico. Si la permanencia del Gobierno es independiente de los designios de la mayoría social, entonces es menor la resistencia del Estado al otorgamiento de rentas monopolísticas. De igual manera, si los grupos de interés consiguen penetrar en la maquinaria del Estado, éste reducirá aún más su resistencia a la concesión de beneficios monopolistas. En todo caso, conviene hacer una distinción entre las diferentes instancias del aparato del Estado. En general, la captura del Parlamento, partidos políticos y del propio Gobierno por parte de los grupos de interés es menos probable que la que cabe ejercer sobre la Administración. El riesgo de pérdida del poder fortalece la resistencia frente a los grupos de presión; con todo, la ausencia de una oposición política vigorosa y de transparencia en el otorgamiento de beneficios favorece la captura. La inamovilidad propia de la condición funcionarial y, en algunos casos, la ausencia de rotación derivada de la especialización requerida facilitan, sin duda alguna, la captura.

Se ha argüido que junto a los mecanismos públicos y políticos de compensación y resistencia al poder económico existen, pueden existir, mecanismos privados cuyo desempeño podría conducir a situaciones similares por sus efectos a las propias de la competencia efectiva. Dicho con brevedad: la mejor manera de neutralizar el poder de un monopolio es oponiendo el poder de otro monopolio. La zancadilla mutua terminaría empatando el juego económico. Cabe concebir tres clases de mecanismos privados o semipúblicos de compensación de poder: las empresas adquirentes del bien o servicio suministrado por el grupo de interés, la acción colectiva de consumidores, y los trabajadores de las empresas que forman el grupo de interés. En cuanto al primer mecanismo, es cierto que en algunos casos puede ser efectivo; sin embargo, la existencia de monopolio bilateral es un incentivo poderoso para la concentración de los dos monopolios enfrentados y el ejercicio del poder resultante contra terceros; las acciones colectivas de consumidores suelen tener una eficacia limitada en razón del coste de los mecanismos de coordinación y de la heterogeneidad de intereses representados; finalmente, existen evidencias suficientes que apoyan la existencia de una relación positiva entre poder de mercado de la empresa y nivel salarial de sus trabajadores.

La resistencia de los mecanismos señalados es, por tanto, muy limitada y, en todo caso, están sujetos a los mismos fenómenos de captura, cuando su capacidad de neutralización es relevante.