DIARIOS DE UN ECONOMISTA XLVIII. Mercado y competencia. ¿Por qué en Europa hay Empresas Públicas?

Es admirable cómo, en general, los economistas americanos se expresan públicamente con mucho menos dogmatismo que los europeos.

Publicado previamente en Expansión, el 6 de junio de 2002.

El examen de algunos sectores económicos europeos, por ejemplo el de telecomunicaciones, muestra que la presencia pública en el capital de los operadores dominantes sigue siendo muy importante, a pesar de los avances registrados en los procesos de liberalización. De hecho, España es uno de los pocos países europeos en los que el operador dominante, Telefónica, es una sociedad enteramente privada. Lo mismo sucede en otros ámbitos económicos. Ante tal evidencia, caben dos actitudes: la habitual que consiste en renegar de la realidad y atribuir el fenómeno a la miopía de los gobiernos, al anquilosamiento de la construcción europea o a circunstancias de orden histórico, y otra, menos frecuentada, que se interroga acerca de las condiciones que harían buena (eficiente) tal realidad y, en consecuencia, que se pregunta qué debería cambiar para que deje de tener sentido económico la existencia de empresas públicas.

Un trabajo reciente de Mark Roe (Harvard Law School) ayuda a dilucidar la cuestión, mediante el análisis de la relación entre nivel de competencia de los mercados, cultura corporativa de las empresas y bienestar social. Para simplificar entenderemos que la competencia de los mercados de producto es mayor en Estados Unidos que en Europa, en razón, por ejemplo, de la fragmentación nacional de los mercados europeos; entenderemos también que las empresas americanas están orientadas al beneficio (valor de mercado de las acciones), mientras que las europeas continentales (alemanas o francesas) prestan además atención a propósitos más amplios relacionados con intereses de orden social, ya sea por el marco institucional (codeterminación en Alemania) o por aspectos de orden cultural (Francia). Valoraremos el bienestar social mediante la observación de precios y cantidades. Precios más bajos generan mayor demanda y un nivel superior de bienestar.

Situémonos primero en Estados Unidos. La aplicación del criterio de maximización del beneficio (valor de mercado de las acciones) en un marco competitivo cumple todos las exigencias de eficiencia y, en consecuencia, hace máximo el bienestar social; los precios son los propios de un régimen de competencia. Si atravesamos el Atlántico, y aplicamos el mismo criterio a un monopolio, nos encontraríamos con precios elevados, demandas menores y un nivel más reducido de bienestar. Supongamos, sin embargo, que el monopolio europeo no maximiza beneficios, sino que de acuerdo con su cultura corporativa prefiere tomar en consideración el bienestar social, haciendo máximo el volumen de producción, con la única restricción de no registrar pérdidas. Para ello deberá fijar unos precios iguales a los costes unitarios, es decir, más bajos que los precios de monopolio. La consecuencia es que el bienestar sería comparable al alcanzado al otro lado del Atlántico. En principio, se puede alcanzar el mismo nivel de bienestar con empresas maximizadoras del beneficio que desarrollan actividades en entornos competitivos, o con monopolios atentos al interés social. Si no hay competencia en los mercados, más nos vale que la cultura empresarial vigente sea la segunda.

Naturalmente, no parece muy realista suponer que, por ejemplo, una gran empresa familiar europea podría desatender el beneficio propio, anteponiendo el interés social. Debe suponerse que el potencial ahormador de conductas de los valores empresariales dominantes es limitado. Por lo tanto, el argumento anterior exige el cumplimiento de una condición adicional: la separación entre propiedad y control. Ahora, si atribuimos a los directivos europeos el afán de que sus empresas crezcan más allá de lo que interesaría a los accionistas, entonces volvemos encontrar el resultado de que los precios y cantidades de los mercados atendidos serían similares a los registrados al otro lado del Atlántico. Sin embargo, nada les impediría la adopción de la conducta propia de una empresa monopolista, compartiendo después con los accionistas los beneficios extraordinarios conseguidos: la vinculación de las remuneraciones al valor de mercado de las acciones es una manera elegante de instrumentar unos incentivos de esta naturaleza. En términos de precios y cantidades, el bienestar podría ser menor. Es difícil vaticinar qué influye más sobre las conductas de los directivos europeos: si el afán de ganar dinero o la ambición de construir grandes organizaciones ejemplares desde un punto de vista social. Si aceptamos, lo que parece prudente, que los valores sociales tienen una eficacia limitada respecto del encauzamiento de las conductas, entonces habría que convenir que el modelo europeo es menos eficiente que el americano, simplemente porque propicia los monopolios.

La manera más sencilla de garantizar que la empresa monopolista orienta su gestión a la extensión del mercado servido y, por lo tanto, tiene incentivos a reducir los precios por debajo de los niveles propios del monopolio consiste en la participación pública en el capital, sobre todo porque ello permite controlar las remuneraciones de los directivos, inclinando así la balanza de los incentivos del lado del crecimiento de la empresa. De esta suerte, cualquiera que sea la autonomía de los gestores respecto del Estado, la conducta empresarial legitima desde el punto de vista del bienestar social su condición de campeón nacional. Una fuente potencial de ineficiencias, la no maximización de los beneficios, corrige los efectos de otra, el monopolio. Nada extraño en economía.

Lo anterior conduce indefectiblemente a la conclusión sobre la racionalidad de la empresa pública cuando los mercados de producto no son competitivos, como sucede en una buena parte de los mercados europeos. En definitiva, es más exacto decir que hay empresas públicas porque el mercado único europeo no es todavía una realidad que lo contrario. Mientras tanto, es decir mientras no lo es, a lo mejor conviene considerar, a título de ejercicio, que los países europeos que siguen contando con participaciones públicas en empresas que desarrollan actividades en mercados donde la competencia es insuficiente han acertado, y que los países que han anticipado el ritmo de privatización a la generalización de la competencia y a la propia constitución del mercado único se han equivocado. Más que nada, porque es higiénico interrogarse de vez en cuando si no tendrán razón los demás.

Para ir abriendo boca, deberíamos echar un vistazo a lo que ha sucedido en los últimos años con las remuneraciones de los directivos españoles en los sectores protegidos de la competencia; quizá intuyamos los efectos del curioso modelo español: cultura empresarial a la americana y competencia a la europea.