DIARIOS DE UN ECONOMISTA LXXXIV. Falta energía. Historias Eléctricas.

¿Algún hogar español ha recibido una oferta para cambiar el contrato de la luz a otra compañía eléctrica?

Cito a Francisco Cayón: “En definitiva, desde el año (…) el mercado (…) de la electricidad quedaba ya claramente dominado por las grandes empresas eléctricas que, actuando de forma conjunta, repartiéndose los contratos y unificando las recaudaciones impedían la existencia de cualquier tipo de competencia (…). Si no de derecho sí de hecho, se había constituido un fuerte monopolio que otorgaba escasas posibilidades de defenderse ante posibles abusos que pudieran cometer cualquiera de las sociedades eléctricas”. La cita del historiador se refiere a 1920 y al mercado madrileño de la electricidad y, debemos convenir, guarda un sabor contemporáneo, al igual que las admoniciones del ministro Indalecio Prieto en febrero de 1933, cuando “advirtió a las empresas eléctricas que no toleraría ninguna actitud que concluyese en cualquier tipo de confabulación para subir el precio del fluido” (Velarde Fuertes).

Publicado previamente en Expansión, el 18 de octubre de 2002.

He querido recordar tiempos pretéritos, ahora que nos acercamos al momento en que se fijará la tarifa eléctrica de 2003, para mostrar la importancia histórica de enero del próximo año: por vez primera, los hogares españoles disfrutarán del derecho formal de elección de compañía suministradora: un fruto más de nuestra pertenencia a la Unión Europea. Se dirá que la experiencia de la introducción de competencia en el mercado de grandes consumidores ha sido decepcionante, que las condiciones estructurales del sector eléctrico español condenan de antemano el alcance real del empeño, que los apagones de California o Nueva Zelanda invitan a mirar con recelo este género de experimentos, o que la situación financiera de las empresas eléctricas obliga a los reguladores a no tomarse muy a pecho la introducción de competencia. Se trata, sin duda, de buenas y prudentes razones para justificar que las cosas deben seguir como están, manteniéndose, eso sí, las apariencias. Lo malo es que tantas razones, prudentes y buenas, nos remiten de nuevo a 1920.

En los últimos años, el BOE nos ha regalado una copiosa literatura sobre el sector eléctrico, de suerte que sólo los muy expertos son capaces de conocer el marco regulatorio vigente; más aún, cuando no hay semana en la que no se le ponga un apósito. El último, el déficit tarifario, cuya lógica guarda grandes similitudes con la empleada por el sector en 1921 para reclamar a Antonio Maura, quien ocupaba la presidencia de su último gobierno, una actualización de tarifas, según se colige de los trabajos del citado historiador.

La única salida posible de los oscuros callejones regulatorios consiste en que las autoridades públicas centren la atención en lo fundamental, es decir, el ejercicio de los derechos de elección de los consumidores por parte de los hogares españoles; desde Maura y Prieto, sabemos adónde conduce el afán de perfeccionar el régimen tarifario.

Y si, además, todo ello se consigue sin que la operación de cambio de contadores esté contaminada por irregularidades y anomalías, mejor que mejor.