Libertad y Organización

DIARIOS DE UN ECONOMISTA CXII. El deporte como metáfora. El regreso del héroe.

Bajó a segunda y subió. Como no me hacen caso, volverá a bajar.

¿Qué será de la nueva historia del Real Madrid? Hemos visto tantas parecidas.

Leo con preocupación en las páginas de deporte de los diarios regionales manifestaciones y protestas desasosegadas sobre la nueva condición del Real Zaragoza. Como es habitual en estas circunstancias, se reitera el propósito (volver a primera), a la vez que se ventilan aires catárticos (hay que cambiar las estructuras, hay que empezar desde cero). No parece ocioso ante tanta zozobra preguntarse acerca de la razón última de la victoria futbolística. Simplemente, para aplicar los medios.

Publicado previamente en Heraldo de Aragón, en 2002.

Aunque, como es sabido, hay economistas para cualquier cosa, ninguno español se ha ocupado seriamente de la razón del éxito deportivo, lo que llama poderosamente la atención porque la competición deportiva se parece bastante a la competencia por el cliente en los mercados de bienes y servicios y, también, porque la mayor parte de los clubes profesionales de fútbol son sociedades mercantiles. Para consuelo propio, tampoco lo han hecho los economistas europeos, con un par de excepciones, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, donde la economía del deporte de masas goza de una larga y fértil tradición.

Hay que echar mano pues de un economista inglés, Dawson, que ha publicado recientemente un trabajo en una revista académica (Journal of Sports Economics), que toma como base de referencia la liga de fútbol profesional en Inglaterra (Premier League). Como guarda bastantes similitudes con la nuestra, supondremos que las conclusiones son trasladables a la liga española de fútbol profesional. El éxito/fracaso deportivo de un equipo parece explicarse, en primer lugar, por el valor de mercado de sus jugadores. Aproximadamente, dos tercios de la distancia que separa el honor de la vergüenza tiene que ver con la calidad de los jugadores medida a través de lo que estarían dispuestos a pagar otros equipos por contar con sus servicios. Lo sorprendente del resultado empírico es que existen otros factores que parecen ejercer una influencia muy relevante sobre la trayectoria deportiva de un equipo. Dawson ha estudiado dos: la calidad del manager y el azar estadístico, que en términos no académicos recibe la denominación de “fútbol es fútbol”, como dijera nuestro añorado Boskov. Nos fijaremos en el primer factor, puesto que el Real Zaragoza parece querer conformar una nueva estructura deportiva. Dejo el tratamiento de la suerte para otra ocasión.

El estudio de Dawson ordena a los managers de la liga inglesa de acuerdo con el cociente entre los resultados deportivos de los equipos y el valor de mercado (transferencia) de los jugadores de cada equipo. Conviene subrayar que los dos factores considerados (calidad de los jugadores y del manager) son independientes. La única manera de que un equipo mediocre se mantenga en la Premier es contando con un manager excepcional. De igual suerte, no es preciso un gran manager si el equipo es sobresaliente; tal parece ser el caso, según Dawson, de Ferguson, manager del Manchester United. Añado yo: y el de Del Bosque, y el de Miguel Muñoz en la primera etapa de triunfos europeos del Real Madrid.

Para contento de quienes ejercen esta función, parece existir una relación estrecha entre el valor de sus contribuciones al éxito y las remuneraciones percibidas; de igual manera, la presión sobre los managers ejerce una influencia positiva sobre su productividad. De lo anterior se deduce que no cabe escatimar esfuerzos económicos a la vez en jugadores y manager. El resultado de tal práctica conduce indefectiblemente a la derrota.

Pero lo más sobresaliente del análisis es que los mejores managers parecen responder a un perfil común: ex-jugadores con un amplio y meritorio curriculum deportivo (títulos nacionales e internacionales, especialmente los últimos), que después han adquirido una experiencia también amplia como gestores del espectáculo. Curiosamente, su contribución al buen funcionamiento deportivo del club parece estar relacionada con la existencia de una vinculación anterior, por ejemplo como jugador. Así, no es extraño que los managers que más aportan al éxito de sus equipos sean, según el análisis estadístico de Dawson, personajes tan conocidos como Vialli, Gullit o Keegan. Lo anterior ofrece explicación y criterio sobre los pares Clemente/Camacho, Van Gaal/Cruyff, o Flores/Schuster. Los aficionados me entenderán. Por cierto, la persona que cumple mejor el perfil estadístico de Dawson es, a nuestros efectos, Víctor Muñoz. De lo anterior debe deducirse igualmente que el éxito deportivo es, sobre todo, la conmemoración del regreso del héroe. La victoria tiene memoria.

Para concluir: el análisis de Dawson y de otros economistas del deporte ha demostrado bastante poder predictivo, de manera que, en breve, una vez hayan concluido los fichajes del Real Zaragoza para la nueva temporada, podremos saber la suerte inmediata del mismo. Por el momento, el templo está vacío y el aficionado ayuna: no hay héroes a la vista.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA CXI. El deporte como metáfora. La Economía de Zidane.

En la época, la de los últimos campeonatos mundiales de fútbol, los partidos de la selección española eran retransmitidos en horas laborales. Había que echar una mano a los fútbol-adictos.

Desde que en España el fútbol, y España, son de interés general, nunca ha habido unos campeonatos mundiales menos retransmitidos.

La celebración pública de la gloria de algunos atletas en el Campeonato Mundial de Fútbol en curso obliga a echar un vistazo a una de las cuestiones que entretienen al puñado de economistas que se ocupan del fútbol y, en general, de los deportes de masas. La perspicacia editorial de Cambridge University Press ha regalado recientemente un título de Dobon y Goddard (The Economics of Football) que recuerda asuntos distintos. Uno de los más interesantes es el que tiene que ver con la economía de las superestrellas; en concreto, las razones de ser de los multimillonarios salarios de los zidanes y de la razón de que el género de superestrellas sea tan escaso.

Publicado previamente en Expansion, en 2002.

El examen detenido del espectáculo futbolístico alumbra dos características principales. En primer lugar, las superestrellas no tienen sustitutos perfectos. Entre una cola de vaca de Romario y mil minutos de juego más algunos goles de un jugador anónimo, el aficionado prefiere lo primero: no es posible sustituir el genio por la cantidad. En segundo, al ser hoy el fútbol un producto de información, los costes de producción y distribución del espectáculo son independientes del número de aficionados que, directamente o a través de la televisión, disfrutan del talento. Estas dos características explican que las superestrellas sean una suerte de monopolios naturales. Es sabido que en este tipo de mercados, el beneficio, en este caso la remuneración, está en consonancia con el volumen de producto, en este caso el tamaño de la audiencia, más que con el precio pagado por cada espectador que debe ser modesto. De hecho, la compra de partidos en “pay per view” parece concentrarse en un número reducido de equipos.

En otras palabras, el éxito económico de Zidane reside en que el número de espectadores que espera alguna genialidad es muy superior al que contempla con paciencia el juego de Pavón. De lo anterior se sigue que la mejor estrategia económica de un equipo de un fútbol consiste en contar con alguna superestrella e intentar sacar partido de su notoriedad en mercados amplios; que el beneficio quede embalsado en la cuenta de resultados del equipo o se desplace a la nómina del jugador depende esencialmente de la regulación del mercado de trabajo: desde la sentencia Bosman, una buena parte de los beneficios procurados por las estrellas se transforma en remuneración.

El fenómeno podría conducir a que la totalidad de los ingresos de los clubes de fútbol fueran disfrutados por un número muy reducido de jugadores y equipos; aquéllos a los que se atribuye el mérito del genio. En la práctica, también los jugadores menos vistosos están bien remunerados; la razón es que existen límites para las economías de producción del espectáculo. La FIFA acaba de establecer la regla de los 4000 minutos; un jugador que esté sobre el terreno de juego a lo largo de una temporada más de ese tiempo se sitúa en una condición crítica de agotamiento, lesiones graves y acortamiento de la carrera profesional. Tales deseconomías conceden una oportunidad a los jugadores y equipos menos talentosos, que finalmente pueden participar en los ingresos totales generados por el juego. De aquí se sigue que los jugadores más modestos, al igual que los equipos humildes, deberían estar interesados en que las temporadas fueran muy largas.
Conviene añadir a tal consideración la denominada paradoja de Schmelling (referida al adversario de Joe Louis): en el deporte, los ingresos dependen positivamente del grado de competencia. Si no hay duda acerca del resultado final de la competición, la emoción se ausenta, la atención pública se retrae. La razón última reside en que el espectáculo es la producción conjunta por parte de los contendientes de un bien: la propia competición. A todos conviene que cada equipo tenga una estrella.

Una tercera cuestión que merece ser dilucidada es la dispersión de los salarios en un mismo equipo. Cabría pensar a priori que la unidad de espectáculo es el equipo y, no tanto, el jugador. La teoría económica de torneos ayuda a entender la situación, que no se aparta demasiado de la dispersión observada en las empresas según niveles jerárquicos de los empleados. El hecho de que Zidane disfrute de una remuneración superlativa no es sólo el reflejo de la escasez de su talento y de que el fútbol sea un producto de información; también, obedece al establecimiento de un concurso implícito que motiva a todos los jugadores a convertirse en futuros zidanes, multiplicando así sus productividades a lo largo de su carrera, en beneficio de los equipos en los que juegan.. Dicho en otros términos, que las diferencias de salarios sean superiores a las diferencias de productividades fomenta las carreras hacia la fama.

Con todo, la competición interna generada vía diferencias salariales tiene un límite. Algunos estudios realizados sobre la liga inglesa de fútbol demuestran que la existencia de diferencias salariales importantes reduce las tasas de éxito deportivo. Se supone que porque los incentivos pesan poco en relación a la ausencia de equidad, lo que puede dar lugar a un cierto abandono y, en definitiva, a la alineación de las productividades de los jugadores peor remunerados con sus salarios actuales.

Así pues, es perfectamente legítimo echar un vistazo a los partidos del Mundial, aunque sean retransmitidos en horario de trabajo: mejoramos nuestros conocimientos de economía, aunque sea recreativa.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA CX. El deporte como metáfora. Las Sociedades Comprensivas y el Tour de Francia.

Tradicionalmente, el análisis político y económico de las desigualdades sociales se ha centrado en las diferencias entre las dotaciones individuales de recursos al comienzo de la carrera social y entre los recursos adquiridos durante la misma. La igualdad de oportunidades refleja simplemente la voluntad política de que las desigualdades en origen no predeterminen el resultado de la carrera; las políticas del Estado de Bienestar responden al propósito de que las diferencias de capacidades individuales no empujen a los perdedores a la exclusión social. Está implícito en todo ello que la carrera social es una suerte de competición donde algunos están condenados a perder. Las sociedades de bienestar, tal y como las conocemos, producen finalmente muchos empates y pocas derrotas irremediables. Por eso el debate relevante sobre su supervivencia se fija en el crecimiento económico, que la nutre, y la cuantía precisa de redistribución de renta.

Publicado previamente en El País, en 2000.

Sin embargo, la constatación de que la prosperidad no contribuye a corregir las desigualdades entre individuos invita a echar un vistazo a la naturaleza de la competición social de nuestros días. Mi conjetura es que tiende a asemejarse a lo que algunos economistas han denominado mercados de ganador único. Como, tradicionalmente, en el arte, deporte o algunos servicios profesionales, en este tipo de mercados sólo cabe un ganador y, sobre todo, el premio otorgado a éste por la sociedad en forma de reconocimiento y retribuciones es infinitamente superior a los disfrutados por los perdedores; la diferencia entre ambos premios no es proporcional a las existentes entre las capacidades y aportaciones de unos y otros. Sucede simplemente que en los mercados de ganador único, la lógica lleva a subrayar la excelencia del primero multiplicando las desigualdades con respecto a los perdedores. Las sociedades de ganador único generan, así, pocos ganadores y muchos perdedores.

El mejor ejemplo de los mercados de ganador único es la competición ciclista. El ganador y el farolillo rojo del Tour de Francia recorren finalmente la misma distancia en tiempos totales que no difieren en más de un 2%. Sin embargo, las desigualdades en remuneración y reconocimiento exceden en mucho ese porcentaje, de suerte que es habitual que el farolillo rojo opte por la retirada de la competición, simplemente porque la remuneración obtenida no compensa el escarnio social y el esfuerzo desplegado para seguir vivo.

Algunos fenómenos de nuestros días como el ensanchamiento de los abanicos retributivos en el seno de las empresas, derivado de la aplicación de fórmulas que benefician a directivos y consejeros y que coexisten con empleos precarios mal remunerados en los escalones inferiores, como la aparición de nuevas bolsas de pobreza en período de prosperidad económica, o como la concentración de poder económico, apuntan en la dirección sugerida: pocos ganadores, muchos perdedores. Naturalmente, las sociedades de ganador único no son sociedades de oportunidades; la probabilidad de que un individuo medio consiga colocarse en el cajón de los ganadores es estadísticamente irrelevante.

Se ha querido explicar la existencia de mercados de ganador único sobre la base de hipótesis diversas. Así, de manera insospechada las sociedades avanzadas deciden convertir un mercado tradicional en uno de ganador único cuando proceden a convocar excelencias; entonces la naturaleza de las cosas lleva a que el juego concluya en la personalización del ganador. Que ello suceda con la belleza, la oferta de muchos bienes y servicios, o con el pensamiento, y no con las religiones, el tamaño de las vísceras o la calidad de algunos servicios públicos, es una cuestión de difícil discernimiento. También, la conversación social sobre referencias comerciales, ideológicas o institucionales se ve facilitada si existe una aglomeración suficiente de las mismas, es decir si hay pocos ganadores. Finalmente, la lógica del ganador único conduce a que la victoria sea disfrutada por quien cuenta con alguna ventaja, escasa aunque crucial, sobre los perdedores. Estos comprueban al final del Tour, que el líder ha ganado simplemente porque ha sido capaz de recorrer muchos centenares de kilómetros en 15 o 20 segundos menos. Cuanto más intensa es la competición, menores son las diferencias entre los participantes y mayores las desigualdades resultantes de la misma.

La reflexión sobre las sociedades de ganador único no puede concluir, claro está, en una propuesta de supresión del Tour de Francia. Más bien, lo apuntado sugiere la necesidad de contar con una sociedad que comprenda a ganadores y perdedores; donde la participación de quienes saben de antemano que van a perder la carrera sea un mérito social; donde el olor ácido de la derrota no produzca sospecha. Sólo así disfrutaremos de los beneficios de la competición: en las sociedades comprensivas.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA CIX. El deporte como metáfora. Estado, Empresas y Espectáculo.

Hay pocos asuntos más tediosos que el debate económico sobre el lugar que deben ocupar el Estado y las empresas en las sociedades modernas. Está dicho casi todo sus respectivos méritos y funciones, sobre la lógica de la intervención o sobre la naturaleza de la captura del primero a manos de las segundas; aparentemente, sólo queda escribir la historia y esperar que ésta evolucione de acuerdo con las creencias personales. Una de las razones del hastío reside en que el lienzo que acoge las sombras del debate es la economía, es decir, los mecanismos de asignación de recursos; si cambiamos la pantalla, entonces es posible recuperar el placer de la complejidad. La reciente celebración del mayor espectáculo universal, los Juegos Olímpicos, invita a explorar territorios vírgenes.

Inédito, 2000

Olimpiadas

La creencia más extendida es que la presencia de las empresas en los Juegos Olímpicos es relativamente reciente, pongamos desde Los Ángeles. Sin embargo, no es cierto. Kodak colaboró con los Juegos de Atenas de 1896 a cambio de publicidad en el programa oficial de las pruebas. Desde entonces y de manera progresiva algunas de las empresas más importantes del mundo fueron asociándose al espectáculo a través de programas de patrocinio. El antes y el después de esta breve historia se produjo en Los Ángeles-1984, cuando el COI redujo de manera significativa, hasta 35, el número de empresas patrocinadoras que en la edición anterior de Moscú-80 había alcanzado la cifra de 200. La nueva filosofía de “menos es más” dio lugar a que el espectáculo generara posteriormente réditos económicos importantes. Hoy, cualquier espectáculo deportivo de alcance internacional disfruta de una financiación vía patrocinio empresarial no inferior al 40% del presupuesto. La paradoja es que, según numerosos estudios empíricos, el patrocinio no es rentable desde la perspectiva empresarial . Aproximadamente, dos tercios de los espectadores de este tipo de espectáculos no recuerdan poco tiempo después de su celebración las marcas patrocinadoras. Además, el porcentaje de recuerdos incorrectos es bastante elevado. Ello responde, en parte, a que algunas empresas practican el denominado “marketing de emboscada”, es decir, campañas publicitarias y de relaciones públicas asociadas temáticamente y en el tiempo al espectáculo, sin pagar por ello los derechos de patrocinio.

La historia de la presencia del Estado en los Juegos Olímpicos es más conocida y, en consecuencia, requiere menos atención. Digamos, en primer lugar, que ha sido agente financiador, aunque tal función haya perdido importancia a raíz de la explotación de los derechos de televisión y patrocinio, concentrándose en la construcción de infraestructuras civiles y deportivas. En segundo lugar, el Estado provee la función de configuración de los equipos deportivos nacionales. Está suficientemente probado que la celebración de unos Juegos por parte de un país genera rendimientos importantes, especialmente para la ciudad organizadora; ello es especialmente cierto desde Los Ángeles-84. Antes, era una ruina económica. De hecho, había muy pocas candidaturas. Resulta mucho más aventurado, sin embargo, valorar el rendimiento para un determinado país del éxito, o fracaso, deportivo de su participación en unos Juegos. Sin embargo, algo debe haber puesto que los Estados totalitarios suelen tomar atajos para mejorar sus posiciones en el medallero, y las autoridades deportivas de los Estados democráticos suelen empeñarse en transformar el agua en vino cuando las cosas vienen mal dadas. A nuestros efectos, la paradoja es que no es fácil encontrar fallos de mercado que justifiquen la relevancia de las banderas nacionales en los Juegos Olímpicos y ,por extensión, del Estado.

Conjeturas

Tenemos pues tres agentes concurrentes en el espectáculo. Las empresas patrocinadoras, que por lo que parece pierden dinero; los Estados, cuya ambición está en consonancia con la emoción social despertada por el número de medallas ganadas; y los deportistas. Nos olvidaremos de estos últimos, pues su comportamiento tiene una interpretación económica inmediata: la medalla de oro de un atleta estadounidense vale 2.000 millones de pesetas en contratos publicitarios. A partir de aquí sólo cabe la formulación de conjeturas sobre la lógica de la conducta de Estado y empresas.

La primera es que ambas instituciones son mecanismos de construcción de identidades. Se ha hablado de ello en relación al Estado-nación, pero apenas se ha considerado tal fenómeno desde la perspectiva empresarial; lo cual es ciertamente llamativo, puesto que nadie negaría tal carácter a algunas organizaciones no lucrativas como el Barcelona F.C., Green Peace o la Iglesia Católica, y tampoco a algunos medios de comunicación. La pista más próxima a esta conjetura se inicia en el Informe de la Comisión Dahrendorf sobre la creación de riqueza y la cohesión social en una sociedad libre (1995), ha sido transitada por el nuevo laborismo y tiene a John Kay como mejor exponente académico. A nuestros efectos, las ideas básicas de esta línea de pensamiento son las siguientes: (i) la economía funciona mejor si se respetan valores relacionados con la confianza, la inclusión de grupos de interés distintos de los accionistas en la lógica empresarial, y la igualdad de oportunidades; (ii) los valores son indivisibles: no cabe distinguir entre valores propios del mundo de los negocios y valores aplicables a otros tipos de relaciones sociales; (iii) las empresas son protagonistas principales en la promoción de valores comunes. Es cierto que tales planteamientos destilan un cierto organicismo; sin embargo, ayudan a explicar por qué, en ocasiones, las empresas toman decisiones que no generan valor para el accionista. Desde otra perspectiva, las ideas en cuestión no se alejan demasiado de la Declaración de la OCDE sobre la inversión internacional y las empresas multinacionales, del pasado mes de junio, ni del consecuente Código de Conducta recomendado a este tipo de empresas.

La segunda conjetura establece una ecuación, que salvo sorpresas deportivas chinas y corredores africanos, se escribe así: riqueza nacional/empresas patrocinadoras/éxito deportivo/identidad nacional. El sentido de la causalidad no está claro: podría parecer que la riqueza conduce al éxito deportivo, pero, al igual que se hace con la I+D, la estimación empírica de la elasticidad del PIB con respecto al capital deportivo (o espectacular) de un país arrojaría valores no nulos, e incluso informaría de la existencia de externalidades. La conclusión que cabe extraer de esta conjetura es que el lienzo elegido, el espectáculo como trasfondo de relaciones, crece con el PIB y que el asunto del que venimos ocupándonos no es trivial.

La tercera, y última conjetura, se refiere a las relaciones entre los dos mecanismos de generación de identidades. Por lo anterior, sabemos que en parte son complementarios, aunque también sean sustitutivos: muchos ciudadanos de Bilbao preferirán hoy que se asocie la villa al Guggenheim a otro tipo de identidades. Pero lo más llamativo de la cuestión es que no es fácil encontrar argumentos económicos que hagan preferible un mecanismo a otro, ni siquiera acotando las circunstancias. Tampoco políticos: ya no se trata de optar (únicamente) entre socialdemócratas y conservadores sobre la base, por ejemplo, de sus políticas de ayuda al tercer mundo. Nos tememos que hoy se trata (también) de elegir entre Ikea y Habitat en función de su conducta en los países menos desarrollados o, quizá, en función de la simpatía suscitada por los héroes del espectáculo.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA CVIII. El deporte como metáfora.

Los economistas con buenas intenciones señalan que la competencia es un buen mecanismo de asignación de recursos; el único que promete la prosperidad. Algunos teoremas y el sentido común les asisten. Sin embargo, la competencia es además un espectáculo; de aquí la conveniencia de mirar el mundo del deporte. La llamada paradoja de Schmelling (Max, el boxeador rival de Joe Louis) sugiere que en el deporte los ingresos dependen positivamente del grado de competencia. Sin rivalidad no hay emoción, nadie paga por asistir al espectáculo.

Además, el deporte es interesante porque exhibe rasgos de la crueldad propia de nuestras sociedades modernas. Quise explicarlo a través del examen del Tour de Francia. La diferencia entre el reconocimiento social al ganador y el prestado al farolillo rojo es infinita. Sin embargo, el último recorre el itinerario del Tour en un tiempo que no excede en más de un 3% al empleado por el ganador. Pequeñas diferencias de talento producen abismos de reconocimiento.

Ninguna sociedad como la nuestra: ama el deporte y practica la obesidad

DIARIOS DE UN ECONOMISTA CVII. Lo que viene. Restaurantes de carretera.

El artículo es una reivindicación de las identidades colectivas. Un asunto políticamente incorrecto en España, pero que merece desde hace poco la atención de algunos economistas teóricos. Mi identidad preferida es la Guía Michelin, pero el sueldo de profesor universitario impide sacar partido a este carné.

Antes de que las autopistas y autovías impusieran la uniformidad gastronómica, una de las decisiones más difíciles del automovilista era la elección del restaurante donde aliviar el cansancio del viaje. Generalmente, la opción preferida era la que había merecido la atención en esa hora de un número mayor de conductores. ” Por algo será”, se decía. Si además, delante del restaurante se alineaban muchos camiones, entonces la confianza adquiría la condición de certeza respecto del acierto de la decisión. “Seguro que se come bien”, se añadía, aunque la lógica que conducía a la atribución a los camioneros de criterio en esta materia no era de fácil discernimiento. Sucede, en definitiva, que cuando no sabemos qué elegir solemos prestar bastante atención a las decisiones de los demás; la ausencia de información conduce inevitablemente a la aglomeración, aunque la elección de restaurante por parte del primer automovilista se haya debido al azar.

Publicado previamente en Expansión, el 18 de julio de 2003.

Se cumplen cincuenta años desde que Solomon Asch publicara los resultados de algunos experimentos reveladores. Me referiré al principal. El psicólogo formó grupos de ocho individuos a quienes planteó un problema elemental con tres soluciones alternativas. Dos de las soluciones eran fácilmente descartables; la correcta era, pues, evidente. Sin embargo, Asch solicitó previamente a siete de los ocho individuos que eligieran una de las soluciones incorrectas; pretendía simplemente observar el comportamiento del octavo individuo, quien indefectiblemente y después de valorar las opciones de decisión elegidas por sus compañeros de grupo seleccionaba la misma solución incorrecta. Por el contrario, cuando la misma solicitud se hacía a un único inviduo, entonces los restantes optaban por la solución correcta. El propio desarrollo del experimento mostraba que ese individuo era mirado después con cierta piedad por sus compañeros. En definitiva, no solamente tenemos muy en cuenta el comportamiento de quienes nos acompañan el una determinada circunstancia a la hora de decidir nuestra conducta, sino que además parecemos estar dispuestos a renunciar a nuestras creencias más asentadas y a la razón. Preferimos equivocarnos juntos a disfrutar en soledad de los beneficios del acierto.

El experimento de Asch ha sido recordado recientemente por Duncan J. Watts en un ensayo sobre el comportamiento de las redes sociales (Six Degrees, Norton, 2003). Que una fracción relevante de nuestros próximos adopte una determinada conducta nos hace a los hombres proclives a la misma. Por eso conviene iniciar el viaje de las vacaciones estivales debidamente pertrechados con alguna guía gastronómica. No nos protegerá de la aglomeración e incluso agudizará la apretura de los horarios de viaje, ni siquiera garantizará el contento gastronómico, pero al menos nos permitirá formar parte de una comunidad que no sea la producida por el azar de la carretera.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA CVI. Lo que viene. Cuidado con la Fábulas.

Las fábulas tienen dos características principales: se refieren a hechos acaecidos en un lugar y tiempo imprecisos; y trasmiten valores, que después se constituyen en guías de comportamiento para todo tiempo y lugar. Curiosamente, los economistas aman las fábulas; de hecho, una buena parte del conocimiento económico parte de una pequeña historia, que ejemplifica un problema económico. Después, se procede a la estilización de la situación descrita por la fábula mediante el empleo de herramientas analíticas. Finalmente, el problema y sus soluciones se trasladan a los manuales y al cajón de creencias que orientan las políticas públicas. Es cierto que los políticos (y ahora los directivos) son esclavos de economistas difuntos, pero también lo es que en el origen de esa esclavitud suele haber una fábula. Así, parece inevitable introducir la economía del bienestar mediante la alusión a la fábula de las abejas; referirse a los faros marítimos cuando se explica la teoría de los bienes públicos; recordar la adquisición de Fisher Body por General Motors con ocasión de la revisión de la teoría de la empresa; o dar cuenta de la crisis de los tulipanes si se pretende explicar el funcionamiento de los mercados financieros. Recientemente, Daniel F. Spulber ha publicado una colección de trabajos académicos sobre el origen de las fábulas que han disfrutado de una trascendencia mayor en la economía y, después, en la política económica.

Publicado previamente en Expansión, el 31 de enero de 2003.

Cabe detenerse en el examen de la última fábula, cuyo éxito social se debe a que fue difundida por dos autores que disfrutan de un reconocimiento muy amplio entre las gentes que cultivan el estudio de las reglas de la economía de la información o nueva economía. Me refiero a Shapiro y Varian. Dice la fábula del qwerty que su éxito (todos los teclados disponen sus caracteres según este estándar) responde a que los costes de cambio a otra disposición de los caracteres serían muy elevados; de hecho, el teclado Dvorak presentaba ventajas con respecto a qwerty, pero no eran suficientes para compensar los inconvenientes de una adopción masiva del nuevo estándar. De aquí se deduce que una de las reglas más características de la economía de la información es que los costes de cambio de estándar son muy elevados, lo que favorece a quienes han establecido el primero. La competencia queda dañada, pues no siempre prevalece lo mejor: ganan las empresas pioneras y también las que aciertan a agrupar a una porción significativa de usuarios. Naturalmente, es inmediato concluir que la política de la competencia debería ocuparse de este fallo de mercado. Lo curioso del caso es que las pruebas sobre la presunta superioridad de Dvorak sobre qwerty, aportadas por el historiador Paul David, que puso en circulación la fábula son extremadamente débiles: no hay tales, como han demostrado Liebowitz y Margolis. Sucede a quienes han encontrado un buen título para un artículo: mejor prescindir del rigor de los detalles. No importa: auguro una vida larga a la fábula del qwerty en las aulas y despachos profesionales.

Cuidado con las fábulas: son un pozo inagotable de presuntos fallos de mercado y, en consecuencia, de (buenas) razones para que el Estado se ocupe de intervenir en la economía. Por otra parte, nada raro: la sociedad ha responsabilizado a los médicos acerca de la salud de las gentes; sin embargo, prosperan con el descubrimiento y diagnóstico de nuevas enfermedades. La porción más respetable de la profesión de los economistas aboga por los mercados, y sin embargo nada les complace más que tropezar con una fábula que les permita hacer la teoría de un fallo. Todo por no vencer la incomodidad de mirar lo que pasa

DIARIOS DE UN ECONOMISTA CV. Lo que viene. Ofertas de Empleo.

Supe después que una parte importante de las ofertas de empleo, especialmente las anunciadas por grandes empresas, son ficticias. Los curricula van directamente al cubo de la basura. Lo hacen porque queda bien, es barato y parece que la empresa va viento en popa, lo que conviene a los gestores. Son más auténticas las ofertas de sexo.

Confieso que siento una predilección especial por la sección de los medios de comunicación escritos que se ocupa de las ofertas de empleo. No me pierdo una. Mi interés obedece a dos razones. La primera es que constituyen un magnífico observatorio de la economía. Las fases de auge económico coinciden con anuncios amplios y abundantes; las crisis adelgazan misteriosamente los suplementos laborales. También ofrecen una vista panorámica sobre el estado de avance de las nuevas tecnologías: hasta hace unos pocos meses eran numerosas las ofertas de empleo vinculadas a las tecnologías de la información y las comunicaciones; hoy, son casi la excepción y, aparentemente, rozan las condiciones del subempleo. En definitiva, el examen de la sección es más ilustrativa de cómo van las cosas de la economía que la lectura de las estadísticas del INE, o que la comprobación de la salud de Internet a través de la consulta del Estudio General de Medios.

Publicado previamente en Heraldo de Aragón, en 2002.

Pero la razón más estimulante tiene que ver con el hecho de que la lectura de las ofertas de empleo permite conocer los modos imperantes de la seducción pública en España. Al fin y al cabo un buen anuncio propicia que la empresa oferente de un puesto de trabajo acceda a una gama amplia de historiales profesionales y, lo que es más importante, atraiga la atención de la persona que necesita. La oferta de un empleo, al igual que la publicidad de un producto, es pues un ejercicio de seducción. Sin embargo, cabe constatar dos extremos a este respecto. El primero es que los argumentos de la seducción laboral varían de manera notable a lo largo de cada ciclo económico. Sin ir más lejos, ahora mismo, las ofertas más prometedoras son bastante escuetas: puesto de trabajo fijo, remuneración a convenir y, en su caso, coche de empresa. En cuanto al mercado de trabajo de los jóvenes, las diferencias son si cabe mucho mayores: en lo peor del ciclo, la única alegría que se promete es la del aprendizaje de buenos hábitos laborales; en lo mejor, las ofertas proponen a los jóvenes carreras profesionales envidiables. El segundo extremo es que, en cada momento, los anuncios laborales guardan una sintaxis tan uniforme como la propia de las ofertas periodísticas de sexo; en definitiva, repetición. Nada que ver con la publicidad de productos o servicios, donde reina la creatividad. Hoy, el trabajo es apenas una necesidad y no vale la pena informar acerca del atractivo de un puesto de trabajo. Las personas son así perfectamente intercambiables.
La redacción de las ofertas de empleo ilustra bien cómo somos y dónde estamos. Es obligado, pues, echar un vistazo a otras latitudes. Sigo con igual atención las ofertas de empleo de medios de comunicación de otros países, para saber cómo van allí las cosas. He de decir que mi oferta de empleo preferida apareció en la prensa británica hace bastantes decenios. La anunció uno de los primeros exploradores de Antártida, Mr. Stackelton. Pretendía reclutar caballeros fuertes y valientes para su expedición. Decía:
“Se buscan hombres para un viaje peligroso. Sueldo bajo. Mucho frío. No se asegura retorno con vida. Honor y reconocimiento en caso de éxito”.

Toda broma tiene su moraleja. La de ésta tiene que ver con su improbabilidad en nuestra España y en estos tiempos, y también con las ofertas de trabajo que no suelen dar lugar a anuncios en la sección de empleo; me refiero a las generadas por el mercado de empleos políticos, aunque igualmente podría referirme a las dificultades de reclutamiento de personal sufridas por las congregaciones religiosas. Se quejan en voz baja los partidos políticos de que no son capaces de convocar gentes de edad temprana: es inevitable la referencia a la despolitización de la juventud y a la estrechez de su mirada. Y cuando lo consiguen, más parecen futuros jefes de negociado que otra cosa. Sin ir más lejos, es clamorosa la ausencia de las agrupaciones juveniles de los partidos mayoritarios en cualquier cosa que se mueva, por ejemplo, la primera hora de la limpieza del desastre del “Prestige”: debían estar prometiéndose felicidades post-electorales en alguna convención de fin de semana. Igualmente, llama la atención que, en parecidas circunstancias, las ONG´s y los profesores de instituto sean capaces de arrastrar tantos ardores juveniles. Probablemente, lo anterior tiene una explicación bastante sencilla. Los primeros ofrecen trabajo; los segundos proponen aventuras. ¿Quién, en su juventud, no habría mandado el curriculum a Mr. Stackelton?.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA CIV. Lo que viene. Economía del Zoco.

Pero la Sociedad General de Autores (SGAE) sigue en lo suyo. Si pudieran, patentarían la paella. Mientras tanto, los nuevos cocineros españoles hacen como sí sus platos no tuvieran secreto. Les va mejor, pero los otros disfrutan del celo de la propiedad.

Las ciudades españolas han visto renacer los mercadillos callejeros. Me refiero a los mercados manteros especializados en la venta de prendas de marca falsificada, algo de artesanía y, sobre todo, discos y videojuegos. Me fijaré en estas dos últimas clases de productos. El éxito de los mercadillos responde a que los precios de discos y videojuegos son muy inferiores a los de los productos originales, esto es, fabricados y distribuidos a través de los circuitos legales. En el caso de los discos, seis euros con posibilidad de regateo frente a precios que no suelen bajar de quince euros. La razón última de tal diferencia es que la tecnología permite realizar copias mediante inversiones mínimas y los costes de reproducción son insignificantes en relación al precio final. Los precios tienen que ver poco con los costes de multiplicación de los discos. Aparentemente, la competencia de los mercados callejeros daña de manera sustancial los intereses de empresas y establecimientos comerciales. El hecho, con todo, no es enteramente nuevo. Prestaré atención a dos precedentes; uno de ellos próximo.

Publicado previamente en Heraldo de Aragón, en 2002.

Es sabido que una de las razones del éxito de los diarios (cuando lo tienen) es que una proporción importante de sus lectores no los compran; acceden de forma gratuita a sus páginas mediante la lectura del periódico cuando toman el café de media mañana en el bar próximo al trabajo o al domicilio. De hecho, si la lectura de los diarios no fuera gratuita en determinadas circunstancias, el número de lectores sería significativamente inferior. La lectura del periódico en los bares es equivalente a la reproducción de discos no controlada por las compañías. La Sociedad General de Autores ha logrado que la producción de discos vírgenes esté sujeta a un canon, cuyos ingresos compensarán a los autores por los ingresos no percibidos mediante la venta ordinaria. De acuerdo con la misma lógica, los diarios, y sus columnistas, deberían beneficiarse de un canon impuesto a los bares sobre la venta de servicios de café. Naturalmente, nadie en su sano juicio plantearía tal iniciativa; sucede que, en ocasiones, la gratuidad es un buen negocio para quien la disfruta, pero también para quien la otorga.

El segundo precedente es histórico y procede de dos economistas de la información, Varian y Shapiro. El negocio del alquiler de libros surgió en el Reino Unido en la primera mitad del siglo XIX. Antes, el número de lectores de libros era muy reducido, apenas 80.000 personas; entre otras razones, porque los libros eran muy caros y no estaban al alcance de la mayor parte del pueblo británico: sus precios equivalían al salario semanal de un trabajador. Como no era posible leer, ¿para qué dedicar tiempo y esfuerzo a la adquisición de una habilidad que después no se podía utilizar?. La aparición de la novela inglesa (empezaba a ser divertido leer) y el alquiler de libros, a un precio mucho más modesto que el de adquisición (empezaba a ser posible leer) tuvo un efecto inmediato: la multiplicación del número de lectores, la ampliación de las tiradas, la disminución de los precios de los libros y, finalmente, el nacimiento de la industria editorial moderna. Naturalmente, los editores de la época pretendieron que el Gobierno prohibiera el préstamo de libros. Afortunadamente para ellos, sin éxito.

Podríamos citar muchas situaciones similares; simplemente, abundaríamos en un denominador común: la gratuidad puede ser un buen negocio; al menos en los productos digitalizables. Esta afirmación sorprenderá viniendo de un economista, pero creo que es la mejor interpretación de lo que sucede en el zoco de Independencia. Los discos de Operación Triunfo han salvado el año al sector discográfico español. Hasta el mes de diciembre de 2001 las ventas habían bajado un 8% respecto del año anterior. La venta de un millón de discos (legales) en las últimas semanas de diciembre permitió recuperar las cifras alcanzadas en 2000. Cabe pensar que una de las razones del éxito reside en que los discos de Operación Triunfo se venden a precios callejeros, seis euros, tanto en mercadillos como en establecimientos comerciales. Las ventas ilegales son mucho menores. Lo curioso es que frente a la evidencia de que es beneficioso para todos (con la excepción de los comerciantes del zoco) reducir los precios de los discos, las compañías discográficas siguen manteniendo sus políticas de precios elevados. Se conducen como los editores de antaño.
El oficio de economista permite mirar el mundo con anteojos laicos, además de dar cuenta de paradojas sociales. La referencia a Operación Triunfo obliga a recordar a los intelectuales ingleses de la época del nacimiento de la novela inglesa y las librerías de préstamo. “Literatura bazofia”, decían de la primera; “pereza y sensibilidad empalagosa”, atribuía Coleridge a sus lectores. Suena tan mal como la crítica a la televisión de hoy. ¿O no?.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA CIII. Lo que viene. La Era de Torvalds.

Después, pude conocer de cerca a algunas gentes pertenecientes a la secta de los torvaldianos. Aunque la comunicación no es sencilla (no hay intérpretes y se es o no se es), ofrecen una psicología social muy interesante. Creo que esta iglesia va a influir mucho sobre el devenir de la sociedad. Están aquí. Probablemente, son vecinos.

Quizá, una de las principales innovaciones sociales derivadas de la extensión de la sociedad on line tenga que ver con la aparición de nuevas fórmulas de provisión de bienes públicos. Mi ejemplo preferido es la iniciativa de un joven finlandés estudiante de informática Linus Torvalds, quien en 1991 decidió desarrollar un sistema operativo propio para su ordenador 80386 . Después de algunos meses de trabajo y de disponer de una primera versión utilizable, Torvalds solicitó ayuda para su perfeccionamiento a través de Internet a la comunidad (virtual) de programadores. Curiosamente, la respuesta fue muy favorable: desde entonces el sistema, Linux, ha madurado gracias al esfuerzo no condicionado de un gran número de usuarios y programadores; además, cualquiera, haya colaborado o no en su gestación, ha podido hacer uso del mismo de manera gratuita desde su nacimiento.

Publicado previamente en Expansión, en 2001.

No es preciso señalar que una situación como la descrita es imposible en el mundo off-line. Cualquier economista aventuraría que ningún programador estaría dispuesto a perder parte de su tiempo en el empeño de proveer un bien del cual podría sacar provecho sin ese esfuerzo. Cualquier programador-economista aventuraría el fracaso de la empresa y, en consecuencia, se ahorraría la frustración de un empeño inútil: está en los libros que la búsqueda del provecho personal siempre prevalece sobre el interés despertado por los logros colectivos. No es extraño, por tanto, que algunos etnógrafos, de visita en el mundo on line, hayan querido dar cuenta de esta anomalía de la doctrina clásica de los bienes públicos; por ejemplo, Smith y Kollock (Communities in Cyberspace)

Las tesis avanzadas prestan atención, en primer lugar, a los costes de provisión de bienes públicos digitales, cuando su producción resulta de múltiples iniciativas personales no jerarquizadas; en segundo, se fijan en las motivaciones que guían a los individuos de ésta y otras comunidades virtuales. Lo primero es bastante obvio: los costes de comunicación y multiplicación del bien, al igual que los de coordinación, son prácticamente nulos; ello conduce a que un esfuerzo individual pueda situar una buena idea en la órbita de los bienes públicos. Lo segundo no lo es tanto: las tesis más compartidas apuntan a la notoriedad y la reciprocidad.

El propio Linus Torvalds ha querido explicar el éxito de su iniciativa sobre la base de dos hipótesis. De un lado, es preciso que un individuo o un grupo de tamaño reducido hagan el trabajo necesario para diseñar una primera versión del programa; la elaboración colectiva de bienes públicos digitales no surge espontáneamente; en su origen, siempre hay un empeño individual. De otro, el proyecto debe presentar algún atractivo. Sería raro que la comunidad virtual de programadores produjera, por ejemplo, un procesador de textos: demasiado aburrido, según Torvalds. Las dos explicaciones sugieren que la motivación de los promotores de bienes públicos digitales tiene que ver, en primer lugar, con la afirmación pública de capacidades y talentos; algo bastante parecido al proceso creador. Sin embargo, la tesis etnográfica más conocida se refiere a la reciprocidad positiva. Las comunidades productoras de bienes públicos se regirían por la economía de la donación generalizada. El juego de las identidades personales, la persistencia de las comunidades y el carácter bien definido de éstas propiciarían un marco de cooperación no apto para comportamientos oportunistas. Curiosamente, la tesis etnográfica de la reciprocidad negativa ha merecido menos atención, quizá por ser menos tranquilizadora.. La economía experimental ofrece un marco de referencia para entender tales fenómenos.

Fehr y Gachter han desarrollado un experimento revelador. La situación contemplada se refiere a un grupo de cuatro individuos, cada uno de los cuales dispone inicialmente de veinte monedas. Pueden asignar libremente la totalidad o una parte de su dotación a la producción de un bien que genera una renta de 0,4 monedas por moneda invertida a cada uno de los miembros del grupo, es decir, 1,6 monedas en total. Si todos los individuos decidieran asignar la totalidad de sus dotaciones a la financiación de ese bien, sus rentas personales alcanzarían la suma de 32 monedas; sin embargo, es dudoso que sucediera así; como el beneficio privado de la no contribución (una moneda) es superior al coste de oportunidad privado (0,4 monedas), no habrá contribuciones personales a la financiación de ese bien y, finalmente, las rentas de los miembros del grupo permanecerán inalteradas en una cuantía igual a 20 monedas. Eso sí todos los individuos tendrán la esperanza de que los demás hagan este tipo de contribución. Hasta aquí nada nuevo: simple aplicación de la teoría clásica de los bienes públicos.

El experimento consistió en replicar esta situación un cierto número de veces; además, cada miembro del grupo puede penalizar a los individuos que no han realizado ningún tipo de contribución reduciendo en x monedas sus rentas; al hacerlo incurre en un coste de (1/3)x. Los comportamientos personales son perfectamente observables, al igual que las sanciones. El experimento en cuestión fue desarrollado en dos versiones distintas. La primera, o del socio, consistió en la formación de 6 grupos de 4 personas enfrentadas a la situación anterior; la composición de los grupos permaneció inalterada. En la segunda, o del extranjero, la composición personal cambió en cada réplica del juego, de suerte que la sanción de un determinado individuo sobre otro no podía tener contestación en situaciones posteriores, ni había experiencia previa de cooperación con los mismos individuos.

Pues bien, la realización del experimento mostró que el disfrute por parte de los individuos de la facultad de sancionar tiene efectos muy beneficiosos sobre el nivel de las contribuciones personales al bien público; sin esa facultad, la contribución media tendía a converger a niveles muy reducidos en cualquiera de las dos versiones del experimento; es cierto, sin embargo, que la contribución media fue mayor en la versión del socio, pero siempre cuando los individuos ostentaban el derecho personal a sancionar que, por cierto, ejercían con profusión en el experimento. Lo anterior no debe provocar extrañeza: los etnógrafos de las comunidades virtuales han dado cuenta de episodios de violencia grupal contra los individuos que se apartan de la norma colectiva imperante. Si lo anterior fuera cierto, pesará más el miedo a la sanción que el afán de pertenencia a una comunidad.

El experimento ofrece la cara menos amable de la era de Torvalds. Es posible que la sociedad on line produzca de forma natural más bienes (y males) públicos que la sociedad off line, pero lo que es seguro es que la descentralización del monopolio de la coerción y de la sanción, hasta ahora en manos del Estado, nos hará actores del espectáculo del castigo público: una nueva lógica del poder.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA CII. Errores. Empresarios Perdidos.

El análisis económico ha barajado, entre otras, dos hipótesis que darían cuenta de la intensidad de los avances técnicos. La primera subraya la importancia de las oportunidades brindadas por el conocimiento para mejorar productos y procesos; la segunda, se refiere a los efectos estimulantes del crecimiento económico sobre la inversión en activos intensivos en nuevos conocimientos. Según esta última hipótesis, los pobres registros de las economías avanzadas podrían entorpecer el ritmo de adopción de nuevas tecnologías por parte de empresas y familias. Algo de esto parece suceder hoy con las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Publicado previamente en Expansión, en 2002.

Uno de las aspectos más destacables de este asunto tiene que ver con la suerte próxima de la generación de jóvenes españoles (y no tan jóvenes) que promovieron no hace mucho iniciativas empresariales al calor de la confianza social en las nuevas tecnologías. En primer lugar, porque ha sido un fenómeno relativamente nuevo en nuestro país; habría que remontarse a los años sesenta para encontrar un precedente comparable de atención social a la creación de empresas; entonces se expresó a través de la multiplicación de iniciativas modestas en la construcción, la industria alimentaria o la de transformados metálicos; ayer se materializó en forma de pequeñas empresas de software o de internet.

En segundo, porque, como ha mostrado la OCDE (Science, Technology and Industry Outlook, 2001), la creación de empresas y, en general, la proyección del talento empresarial daría cuenta en países como Estados Unidos, Países Bajos y Canadá de hasta una cuarta parte del crecimiento de la productividad total de los factores. En el mismo sentido, parece apreciarse una relación estadística entre el crecimiento del PIB per capita de las economías desarrolladas y medidas distintas del talento empresarial nacional; por ejemplo, la proporción de individuos adultos que ha desarrollado una experiencia personal de creación de empresas o las tasas de natalidad de nuevas empresas. Naturalmente, este género de fenómenos tiene bastante que ver con la emergencia social de las tecnología de la información y las comunicaciones.

En consecuencia, antes de que esos jóvenes empiecen a preparar oposiciones a secretario de ayuntamiento, a la vista del estado de postración de muchas de las empresas creadas en los últimos años, convendría que alguien afirmara que la promesa de la sociedad de la información no ha sido simplemente una forma nueva de bandidaje financiero y bursátil; excesos aparte, es sobre todo y todavía una oportunidad mal explotada de bienestar personal y social. También, convendría afirmar con insistencia que el interés mostrado por un puñado de jóvenes españoles en encauzar sus sueños y ambiciones a través de la creación de nuevas empresas, venciendo dificultades de todo tipo, ha sido una de las mejores noticias económicas de las últimos años, lo que por cierto y una vez nos ha situado en un lugar razonable en el ranking de países desarrollados según su inclinación a iniciar nuevas aventuras empresariales. Queda dicho. Que no se pierdan.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA CI. Errores. Santa Rita de las Ondas.

Sin duda, la noticia económica del verano de 2000 ha sido, en seria competencia con los precios de los carburantes y la inflación, el resultado financiero de la subasta de licencias de telefonía móvil UMTS en Alemania: 8,4 billones de pesetas, frente a unos escuálidos 83.000 millones ingresados por el Tesoro español como consecuencia del concurso fallado en marzo. La noticia en cuestión ha generado, y generará, bastante adjetivo y, que yo sepa, dos propuestas que pretenden remediar el error: anular el concurso y subastar de nuevo las licencias o imponer un canon sobre los ingresos derivados del ejercicio de la actividad. Lo malo es que la primera perjudicaría la imagen de España: ya se sabe, en el mundo financiero rige el dicho infantil: “Santa Rita, Rita, Rita, lo que se da no se quita”. Lo malo de la segunda, que tiene un equivalente financiero inmediato con la primera, es que introduce un riesgo fiscal no deseable; además, incrementaría el precio del servicio. La cuestión es, por tanto, qué cabe hacer para rescatar de las manos de las compañías beneficiarias unos recursos financieros que, de haberse adoptado otro procedimiento de adjudicación, estarían hoy en el Tesoro. Además, el rescate debe hacerse con pocos daños colaterales.

Publicado previamente en Expansión, el 4 de septiembre de 2000.

Precedentes

No es fácil encontrar precedentes de la situación planteada. El más lejano se remonta a 1981 y tuvo por autor a Geoffrey Howe. El Gobierno británico introdujo un impuesto especial y único en los presupuestos de ese año sobre los depósitos bancarios no remunerados. La política monetaria había elevado los tipos de interés de los créditos, de manera que los bancos disfrutaban de beneficios extraordinarios. El Gobierno entendió que una parte de esos beneficios debía ser devuelta a los ciudadanos a través de un impuesto, aunque afectara una única vez a un conjunto limitado de empresas.

El precedente más próximo se trajo a colación en la última campaña electoral española: el Partido Laborista británico valoró en 1992 que las privatizaciones realizadas en años anteriores por el Gobierno conservador habían perjudicado al Tesoro, y beneficiado a los accionistas de las empresas privatizadas, en una cuantía equivalente a la diferencia entre el valor de mercado de las compañías después de la privatización y el precio de colocación de las acciones en el mercado de valores. Más tarde, en 1997, la nueva mayoría laborista aprobó la denominada wind fall tax, que gravó una única vez con un tipo impositivo del 23% aquella diferencia; los ingresos resultantes fueron aplicados a programas de inserción laboral de jóvenes y parados de larga duración.

El precedente tiene interés porque presenta los mismos ingredientes que el caso que nos ocupa: el valor de mercado de las licencias españolas UMTS es significativamente superior al precio cobrado a las empresas adjudicatarias; debe darse por supuesto que el concurso es irreversible; la solución del problema no debe comprometer el desarrollo de este sector en España.

Por ello, es útil recordar el debate técnico sobre la wind fall tax británica, que vio la luz, fundamentalmente, en las publicaciones del The Institute for Fiscal Studies.

Eficiencia y Equidad

Nadie quiere que la solución al problema plantado afecte a la expansión de la tecnología UMTS en España. Sin embargo, no hay razones de peso que apoyen la tesis de que el recurso a la wind fall tax en el caso que nos ocupa tendría efectos perjudiciales para los usuarios de la nueva telefonía móvil: no afectaría en modo alguno a los costes marginales y tampoco a la demanda; por lo tanto, los precios serían similares a los ofertados en ausencia de este impuesto y, en consecuencia, no tendría un impacto negativo sobre las inversiones. Se trataría simplemente de una inversión hundida adicional, recuperable a través de la enajenación de la licencia a su precio de mercado. Conviene señalar, con todo, que la neutralidad del impuesto exige el cumplimiento de una condición indispensable: que los mercados financieros acepten el compromiso político de aplicación única del impuesto. Cualquier incertidumbre al respecto daría lugar a un mayor coste del capital y, en consecuencia, a precios del servicio más elevados.

La discusión sobre la equidad de la wind fall tax entraña mayor complejidad. Aunque las empresas son los sujetos pasivos del impuesto, los auténticos beneficiarios de la adquisición de licencias a precios reducidos son los accionistas en el momento de la adjudicación. Cuanto más tiempo transcurra entre la resolución del concurso y la eventual imposición de una wind fall tax, más probable es que se hayan producido modificaciones importantes en la titularidad de las acciones. En este caso, algunos inversores tendrían que pagar, indirectamente, un impuesto por un beneficio no percibido; otros inversores, los que vendieran sus acciones antes del anuncio público de la wind fall tax, habrían obtenido el beneficio sin tributar por el mismo. De lo anterior debe deducirse que la equidad horizontal de un impuesto de estas características aconsejaría un adopción pronta.

El Coste del Error

La diferencia entre los ingresos resultantes del concurso y los que hubieran resultado de la adopción de un procedimiento de subasta son tales que sólo cabe el reconocimiento del error cometido. Es cierto que en el momento del fallo del concurso no podía conocerse el resultado del empleo del mecanismo de subasta; sin embargo, que el error sea sobrevenido no resuelve el problema: apenas constituye un alivio. Hoy, el error mayor sería la defensa empecinada del procedimiento observado. El incremento del canon o la wind fall tax sugerida podrían ocasionar efectos no deseados; pero estos son de un orden de magnitud mínimo en relación con los beneficios de la aplicación de los ingresos obtenidos, es decir, en relación con el coste de no admisión del error. Todos, incluido el propio Gobierno, sacaríamos provecho de que no se cometiera este segundo error.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA C. Errores. Economía del Error UMTS.

No conviene hacer sangre. Desde que leí a Feyerabend, tengo una visión piadosa del error.

Lo malo de cometer errores es que la voluntad de subsanarlos suele empeorar la situación. Ello es especialmente cierto cuando la magnitud del error es insoportable y no cabe pasar página hacia atrás. Entonces, tenemos la costumbre de comparar los inconvenientes de las opciones para salir del fango con el coste del error. Naturalmente, valoramos este coste como si fuera evitable. La consecuencia de esta forma de proceder es el deslizamiento hacia el delirio. Hace poco tropecé por la calle con una vieja amiga. Cojeaba. “Son los zapatos”, me informó. Cuando le sugerí que no los usara, respondió: “Pero cómo no me los voy a poner si me han costado una barbaridad; además, tenía mucha ilusión”. Algo de esto sucede con el desastre del concurso español de licencias UMTS.

Publicado previamente en El País, el 24 de septiembre de 2000.

El Gobierno nos dice que el establecimiento de un canon sobre el uso del espacio radioeléctrico puede resarcir al Tesoro, es decir, al ciudadano del perjuicio causado por no haber empleado el procedimiento de subasta. Es verdad que cabe la existencia de una equivalencia financiera entre ambas fórmulas. Sin embargo, la introducción de un canon nuevo no previsto en el concurso genera un riesgo fiscal que finalmente se traducirá en un incremento del coste del capital de las compañías. Ello es relevante en un sector intensivo en capital. Es obvio que las leyes de presupuestos de los próximos años modificarán los montantes previstos en el proyecto de presupuestos para el año 2000. La consecuencia final de tal incertidumbre será mayores precios y/o un crecimiento más lento de la sociedad de la información en España. Con toda probabilidad, esos precios serán superiores a los ofertados en los países que hayan optado por la subasta y, por tanto, no precisen de remedios milagrosos. Tal efecto pernicioso se acentuará si la fijación de los cánones a cobrar a los diferentes operadores atiende hoy o en el futuro a magnitudes que tengan que ver con el volumen de actividad de las compañías o la reserva del espectro, lo que parece ser ya el caso de algunas de las empresas afectadas.

También dice el Gobierno que en España va a haber competencia en este sector. A primera vista, el anuncio parece responder a una aguda aplicación del método Ollendorf. Sin embargo, sí que existe una relación entre procedimiento de adjudicación y competencia futura: las empresas beneficiarias del concurso español están en mejores condiciones que las empresas competidoras: pueden ofrecer a sus accionistas rentabilidades superiores y financiar políticas de precios más agresivas. La diferencia entre el precio pagado hasta el momento por las licencias españolas UMTS y su valor económico puede constituir una ayuda de Estado que distorsionará la competencia en España y el Mercado Único Europeo. Que la Dirección de la Competencia de la Unión Europea no se haya pronunciado todavía responde, sobre todo, a la debilidad política de la Comisión y a la envergadura del problema.

Podríamos seguir. Yo siempre recomiendo lo mismo: quitarse cuanto antes los zapatos, limpiar las suelas, volver a la tienda y confiar en la piedad humana. Por probar que no quede.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XCIX. La Reforma de la Universidad. Pizarra y Espíritu Empresarial.

La reforma próxima de la universidad española, que vendrá de la mano de la aplicación de la Ley de Ordenación Universitaria y de la adopción de los principios establecidos por la universidades europeas en la Declaración de Bolonia, invita a indagar en qué podría quedar la educación de nuestros jóvenes en las actitudes y habilidades que, finalmente y en su caso, les convierten en promotores de nuevas iniciativas empresariales. Quiero subrayar que tal perspectiva ha permanecido ausente del debate sobre el sentido y oportunidad de la reforma, por más que, paradójicamente, no hay estudio sobre los factores de crecimiento de países o regiones que no insista en la importancia del entrepreneurship. En España, el punto de partida no es bueno; especialmente en los estudios de licenciatura de administración y dirección de empresas: hay muy pocas vocaciones empresariales, menos que en los estudios técnicos superiores e incluso de formación profesional.

Publicado previamente en Expansion, el 27 de noviembre de 2002.

Algunos estudios de Shapero y Sokol demuestran que la intención de crear una empresa por parte de un joven responde sobre todo a la valoración personal sobre el oficio de empresario y, también, a la factibilidad atribuida a la puesta en marcha de una aventura empresarial. Los individuos se convierten en empresarios si entienden que es deseable y posible. Pues bien, un trabajo reciente de Audet demuestra que tales percepciones tienen mucho que ver con el tipo de formación impartida en la universidad. A tal efecto, se realizó un experimento consistente en ofrecer a una muestra de estudiantes de último año la posibilidad de cubrir un determinado número de créditos mediante la elaboración de un plan de negocio de una empresa imaginaria o, alternativamente, un estudio en profundidad de una determinada aventura empresarial, a través de la colaboración de empresarios colaboradores. Pues bien, el experimento concluyó en que los estudiantes que eligieron la segunda opción mejoraban significativamente su valoración personal de la condición de empresario; curiosamente, los estudiantes de la primera opción revisaron a la baja su valoración después de la elaboración del plan de negocio: demasiado aburrido. Es cierto que estos últimos estudiantes ofrecían mejores valoraciones acerca de la factibilidad de la aventura empresarial; habían adquirido los conocimientos formales para su puesta en marcha. Sin embargo, las diferencias registradas en este ámbito con respecto a los otros estudiantes fueron bastante modestas.

Lo anterior parece demostrar las limitaciones de la pizarra, o cualesquiera otros medios de simulación de la realidad, como medios de transmisión de los instintos empresariales. Debería, pues, formar parte de la reforma de la enseñanza superior universitaria el diseño de los lugares de encuentro de nuestros jóvenes, y no sólo de los que cursan administración de empresas o economía, con los empresarios. Quizá, estos sepan seducir a los primeros en el interés y conveniencia personal y social de su condición. Por ahora, nuestros estudiantes sólo ven funcionarios de la docencia.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XCVIII. La Reforma de la Universidad. Viejos y nuevos tiempos.

Hasta donde me alcanza la memoria, la universidad ha disfrutado siempre de puesto de privilegio en las listas populares de instituciones en crisis. Sin embargo, a diferencia de la universidad, otras instituciones como el Estado de Bienestar, la familia, o la selección nacional de fútbol, se han beneficiado de algunos periodos vacacionales e incluso de esplendor. Lo malo es que la depresión que afecta al mundo universitario es bastante estéril. Lo cierto es que el asunto no es banal, si convenimos que nuestra universidad es una pieza esencial de la sociedad. También que la ira idiota de algunos ha desfigurado de manera notable la realidad de la universidad española. Guiados, simplemente, por la extraña razón de que la mejor manera de explicar una reforma consiste en tratar a los reformados como delincuentes.

Publicado previamente en Expansion, el 15 de julio de 2000.

Examinemos brevemente la historia penúltima de la universidad española. A lo largo de los ochenta y hasta, pongamos, 1994, la institución tuvo que hacer frente a tres tipos de exigencias: la extensión de la enseñanza universitaria a capas amplias de la sociedad española, la instauración de criterios internacionales en la asignación de fondos públicos para la financiación de la investigación, y la transferencia de resultados de investigación y prestación de servicios a la sociedad. Y es así como, en el período referido, la universidad española logró que el porcentaje de titulados universitarios respecto de la población activa se sitúe hoy en el promedio de la OCDE; multiplicó por cuatro la cuota de producción científica española respecto de la mundial; y llegó a facturar anualmente en concepto de servicios más de 20.000 millones de pesetas, cifra imprevisible en épocas anteriores. A ello hay que añadir que la consecución de estos logros se hizo de manera bastante económica: el gasto por estudiante, corregido por paridades de poder de compra, apenas alcanzaba en 1995 el 60% del correspondiente a los países de la OCDE, al igual que la remuneración media del profesorado español. Cierto es que los indicadores mencionados tapan realidades muy heterogéneas y que, en consecuencia, es posible encontrar en la universidad española despropósitos e incurias. Ello, en parte, responde a que el constituyente optó por otorgar libertad a la universidades: es sabido que la libertad suele conducir a la diferencia. En todo caso, creo que, con todas las salvedades y matizaciones que se tenga por oportuno establecer, la universidad española atendió correctamente las exigencias mencionadas. Sin ánimo de molestar, cabe decir que la universidad llegó a desempeñar las funciones encomendadas con una eficacia perfectamente comparable a la propia de otras funciones del Estado como la justicia, la defensa o la cooperación exterior.
Después vinieron tiempos peores: la búsqueda de equilibrios presupuestarios y, en algunos casos, la transferencia de las universidades a las Comunidades Autónomas, dieron lugar a dificultades insalvables para incorporar a la carrera profesional a un buen número de doctores, a la congelación de las ayudas a la investigación y, en particular, al empobrecimiento de las dotaciones de infraestructuras científicas y técnicas, y, por no seguir con la lista, a un malestar de la comunidad universitaria fácilmente constatable. Por poner un ejemplo: el gasto de I+D por investigador universitario se redujo, en pesetas constantes, un 15% entre 1992 y 1997. Y esta es, más o menos, la situación actual. En consecuencia, antes de proyectar nuevas exigencias sobre la universidad española, sería bueno cerrar dignamente el cielo abierto a comienzos de los años ochenta; no es difícil, basta con un pequeño empujón presupuestario que permita resolver algunas penurias.

Porque el nuevo ciclo que se abre – que, de hecho, está abierto desde mediados del decenio anterior – plantea exigencias de naturaleza muy distinta, que están en relación con lo que se ha convenido en denominar sociedad del conocimiento, nueva economía o sociedad emprendedora. Aunque la proximidad impide situar con precisión la nueva frontera, cabe conjeturar que las nuevas demandas tienen que ver con la contribución de la universidad a la formación de capital humano creativo, nómada y con capacidad para trabajar en espacios de cooperación amplios. Entiendo por lo primero, la facilidad para generar nuevas ideas y estructurar problemas complejos; por lo segundo, la ambición por transitar permanentemente entre ideas, proyectos y geografías; por lo tercero, la aptitud para interactuar con otros en proyectos de interés común. Aquí empiezan los problemas de la universidad española porque, al igual que una buena parte de las europeas, se ha dotado de tecnologías organizativas aptas para producir grandes volúmenes de acreditaciones homogéneas, y de culturas internas que propician la uniformidad; ambos extremos están reñidos con las nuevas exigencias apuntadas.

Si el diagnóstico anterior se aproximara a la realidad, sería bastante inmediato determinar los cambios requeridos. Primero, la universidad no puede ser ya unidad de decisión y gestión en materia docente o investigadora; es preciso proceder a una descentralización acusada del proceso de toma de decisiones. Segundo, es necesario eliminar una buena parte de las normas que estructuran sobre bases de uniformidad el quehacer universitario. Por poner un ejemplo de esto último, los planes de estudio tal y como son concebidos ayudan mediante fórmulas de menú único -todo lo más con tres primeros y segundos a elegir- la labor de la cocina, pero son incongruentes con la evidencia de que la sociedad no demanda economistas o ingenieros, sino más bien paquetes consistentes de actitudes y aptitudes, que suelen rebasar las fronteras de las áreas de conocimiento y, desde luego, de la noción tradicional de carrera. Además, los estudiantes saben lo que está en juego: de hecho, cuando concurren a procesos de selección de personal detallan mucho más lo que han hecho "fuera" de la carrera que en la misma.. Tercero, las universidades deben ofrecer espacios de acogida a profesores y estudiantes nómadas, e incitar este comportamiento entre los suyos. Cuarto, hay que propiciar la experimentación, es decir, la libertad dentro de la institución universitaria como fórmula de generación de nuevas ideas, al igual que el aprendizaje de innovaciones organizacionales ajenas. Por decirlo de manera plástica: la creación debería prevalecer sobre la manufactura; el criterio de los nómadas, ser tan importante como el de los vecinos; el cambio, imponerse a la voluntad de rutinizar comportamientos. Es posible que una universidad concebida en estos términos tenga una apariencia caótica; si fuere así, se parecerá algo más a la nueva sociedad.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XCVII. La Reforma de la Universidad. Dos Apuntes sobre el Informe Bricall.

Me gano la vida con mi trabajo en la universidad. Lo que sigue después resulta, en gran medida, de mis años en la Comisión Gestora de la Universidad Carlos III de Madrid. Curiosamente, los economistas hablaban de economía; algunos incluso se interesaban por la investigación de los colegas de disciplinas lejanas. Ahora, sólo oigo conversaciones sobre planes de estudio, plazas y otras charcuterías. Después de Javier Solana hemos tenido muy mala suerte con los ministros de la cosa. Creo que desprecian el conocimiento.

La reciente, aunque se me antoja que algo precipitada, publicación del denominado Informe Bricall ha generado un oportuno debate sobre los problemas de la universidad española. Quiero referirme a dos acentos que no han merecido gran atención. Quizá, la omisión principal del Informe sea la referencia a las universidades españolas. Y es que no todas son iguales en méritos o en grado de adaptación a las exigencias sociales. La distinción es importante por dos razones: primera, permite valorar en sus justos términos los efectos de la Ley de Reforma Universitaria; segunda, en consonancia con lo anterior, propicia una mejor apreciación de las consecuencias que se derivarían de la modificación del marco legal. El segundo apunte tiene que ver con las comunidades universitarias españolas, es decir, con la profesión.

Publicado previamente en El País, el 1 de mayo de 2000.

El hecho de que no exista un mercado universitario, es decir, un mecanismo que revele sin posibilidad de manipulación el valor de las diferentes universidades españolas, obliga a abordar esta cuestión a través de la elaboración de rankings basados en medidas distintas de producción y calidad docentes e investigadoras.
Generalmente, este tipo de ejercicios es objeto inmediato de críticas, en ocasiones justificadas, de suerte que no desencadena los resultados deseados, esto es, ayudar a estudiantes y poderes públicos a formar sus preferencias, y a orientar el destino del tiempo de aquéllos y de los recursos públicos de éstos. Sin embargo, creo que la comunidad universitaria española aceptaría lo obvio, esto es, que hay universidades mejores que otras; me atrevo a pensar que una encuesta realizada con tal fin mostraría que existe un cierto grado de acuerdo sobre qué universidades son las que merecen una reputación mejor. Por mi parte, añado que, desde la perspectiva de la investigación, existen centros y departamentos excelentes a escala internacional. Si no, no tendría explicación que en términos de producción científica internacional, según los indicadores bibliométricos al uso, nuestro país se sitúe entre los diez primeros del mundo en Química, Biología, Investigación Biomédica y Matemáticas; tampoco que en bastantes áreas de conocimiento haya equipos investigadores en primera línea internacional. Como la excelencia suele presentarse de manera excepcional, el número de centros o departamentos españoles presentes en el segmento más exigente del mercado internacional de la ciencia es reducido, pues concentran la mayor parte de las aportaciones a la ciencia mundial. La ubicación de esos polos de excelencia en algunas, pocas, universidades extiende el manto protector del prestigio al resto de las actividades de esas universidades e incluso las contagia a través de la adopción de patrones de valoración del quehacer universitario. No todo es mediocridad; en la universidad española hay también excelencia, eso sí, muy concentrada, como en casi todas partes.

Si examinamos las características comunes de esos polos y, por extensión, de sus respectivas universidades, cuyo nombre no voy a proponer para evitar que la atención se desvíe, encontramos un buen uso de la autonomía conferida por la Ley de Reforma Universitaria, el respeto escrupuloso a los patrones internacionales de valoración de la investigación, la iniciativa voluntarista de sus promotores por construir oasis de conocimiento y , en términos más generales, la adopción de códigos internos sobre pautas relativas a la promoción y contratación de profesorado, formación de investigadores, competición interna y procesos de toma de decisiones. Esos códigos trasladan prácticas observadas en universidades extranjeras que han conseguido auparse en el pasado a la cima del prestigio internacional. Nada nuevo; simplemente, elección de buenos modelos a imitar. En bastantes ocasiones, tales empeños se enfrentan a la hostilidad del resto de la comunidad universitaria española, la no excelente, que se conduce según pautas de conducta enemigas de las anteriores. En la universidad española es posible y existe la excelencia internacional; la Ley de Reforma Universitaria no la ha ahogado, aunque también ha sido utilizada indebidamente.

La calidad de la universidad española es y será reflejo de los valores defendidos por los colegios de profesores e investigadores. Es sabido que en ausencia de mercados, la promoción colegiada de valores puede ayudar a resolver algunos de los problemas derivados de la dificultad de ponderar el trabajo realizado. También aquí se aprecian diferencias notables. Algunos colegios protegen un orden basado en lealtades personales entre seniors y juniors, escalafones inamovibles, el aislamiento y la búsqueda desenfrenada de singularidades, que después justifican el todo vale. La ausencia de movilidad, la endogamia, la conformación de tribunales de tesis doctoral según afinidades personales, y otras prácticas similares son la consecuencia inmediata del mal funcionamiento de esta clase de colegios. Otros, sin embargo, han definido, explícita o implícitamente, códigos de buena conducta que orientan en la buena dirección la organización profesional del quehacer científico; esos códigos se parecen bastante a los códigos internos de los polos de excelencia. Una primera diferencia entre una y otra clase de colegios es que los segundos son simples apéndices de colegios internacionales más amplios; ello impide a sus miembros la promoción de valores académicos ajenos a la búsqueda de la excelencia.

De las dos reflexiones anteriores, se sigue que en un mismo marco legal coexisten la excelencia y la mediocridad. Probablemente, un examen cuidadoso de la universidad española nos enseñaría que hoy hay más excelencia y, a la vez, más mediocridad que, pongamos, hace veinte años. Es posible que sea preciso e incluso conveniente cambiar el marco regulador de la actividad universitaria; pero es imprescindible que la autorregulación de los colegios de profesores e investigadores universitarios y de los centros y departamentos mire en la dirección de la excelencia y no en la de los sucedáneos. Si observamos, una vez más, el origen de la excelencia universitaria española, podremos constatar que ha sido construida a través de la importación del exterior de buenas experiencias profesionales, adquiridas por buenos investigadores en buenas universidades; en resumen, importación de buena tecnología académica. Nada extraordinario. Lo que hacen las empresas.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XCVI. Los misterios de la productividad. Otras Empresas.

Hace casi veinte años dos profesores del MIT, Michael Piore y Charles Sabel, alumbraron en The Second Industrial Divide la evolución futura del modelo de empresa nacido en la primera revolución industrial, es decir, la empresa integrada verticalmente y orientada a la explotación de los beneficios de la especialización del trabajo. A su juicio, las nuevas formas empresariales atenderían a un patrón nuevo, la especialización flexible. En lugar de equipamientos de propósito único empleados por trabajadores especializados en tareas elementales y sujetos a jerarquías estrictas, el futuro reservaba en 1984 una pequeña broma: el regreso a formas organizativas más cercanas a la artesanía que a la manufactura, esto es, equipos de individuos cualificados capaces de recombinar sus destrezas en el desempeño de tareas no repetidas. He querido traer a colación la contribución de Piore y Sabel porque, en líneas generales, acertaron; en efecto, desde entonces muchas empresas han evolucionado hacia formas organizativas mejor adaptadas a la ambigüedad ambiental.

Publicado previamente en Expansión, el 13 de junio de 2003.

Recientemente, la Fundación BBVA ha publicado un ensayo de Emilio Huerta y otros profesores de la Universidad Pública de Navarra sobre la innovación organizativa y tecnológica en la empresa industrial española (Los Desafíos de la Competitividad). El estudio permite valorar la situación de la empresa española respecto de los procesos de cambio previstos por Piore y Sabel, pues se refiere a tres de sus dimensiones principales: la organización del trabajo, la política de recursos humanos y la tecnología. De paso, ofrece evidencias de gran interés acerca de la realidad de la innovación en la empresa española que va más allá del reduccionismo habitual en torno a procesos o productos. La productividad de los recursos y la buena atención a los clientes parecen estar reservada a las empresas españolas que estimulan el aprendizaje de los trabajadores, el trabajo en equipo y la participación, que mantienen relaciones de cooperación con clientes y proveedores, que subordinan la autoridad a la capacidad, y que incorporan tecnologías nuevas de fabricación y comunicación interna. La buena noticia es que tales empresas, y en general las que adoptan sistemas avanzados de gestión , parecen disfrutar de mejores resultados que las que siguen adheridas a los viejos patrones de la primera revolución industrial.

Junto a esta buena noticia cabe reseñar otra no tan buena. El modelo de especialización flexible asocia en España a empresas de un cierto tamaño, en bastantes ocasiones filiales de multinacionales. Las otras, las pequeñas de capital nacional, siguen ancladas en los viejos principios. Como se trata de empresas industriales cabe pensar que ambas desarrollan actividades en entornos abiertos a la competencia. Tal constatación conduce de manera inmediata a una pregunta: ¿Qué tendrá que suceder para que nuestras empresas abracen el mundo de la innovación?. De igual manera, esa misma constatación invita a concluir si no habrá llegado la hora de examinar las eficacia de los apoyos públicos a las pequeñas y medianas empresas españolas en este tipo de materias. De entrada cabe conjeturar que es dudosa.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XCV. Los misterios de la productividad. La Política de la Innovación.

Desde el año 2000, las políticas científicas y tecnológicas están encuadradas en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-03 (Plan de I+D+i). Cumple, pues, su valoración, a la espera de que el Gobierno apruebe el nuevo Plan para los próximos cuatro años, sin perjuicio de que el asunto sea materia de debate en las próximas elecciones generales.

Publicado previamente en Expansión, en 2003.

El Plan cifraba algunos objetivos para 2003. En general, la realidad va a estar lejos de lo pretendido, especialmente en lo que se refiere a los objetivos de gasto de I+D en relación al PIB, número de investigadores respecto de la población activa o inserción de doctores en empresas y centros tecnológicos. La constatación de la falta de vigor de la política tecnológica española parece justificada. La consecuencia es que la intensidad de la innovación de la empresa industrial española apenas alcanza el 47% de la correspondiente a la empresa europea, a la vez que el porcentaje de empresas españolas innovadoras respecto del total de empresas equivale al 52% del porcentaje de empresas innovadoras europeas. Es dudoso que el Plan haya contribuido a estrechar la brecha que separa los sectores empresariales europeo y español.

Conviene prestar atención a la herramienta estrella de la política de fomento de la innovación en España: la fiscalidad del gasto en innovación. Se ha dicho hasta la saciedad que nuestro país ofrece el cuadro de incentivos fiscales más favorable de la OCDE, lo que es cierto. Sin embargo, parece probado que su poder estimulador se limita a la población de empresas que cotizan en el mercado de valores, disfrutan de capacidades de autofinanciación elevadas u operan en sectores de contenido tecnológico elevado; la ausencia de ajuste entre los conceptos contable y fiscal de la I+D+i genera una incertidumbre considerable y dificulta el aprovechamiento de los incentivos por parte de las pequeñas y medianas empresas. En definitiva, es más que dudoso que la fiscalidad actual de lugar a una ampliación actual de lugar a una ensanchamiento de la base de empresas innovadoras. Recientemente, el Gobierno ha anunciado la instauración de un sistema de certificación de la innovación, que podría ser administrado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Habrá que esperar y ver.

Curiosamente, no es habitual que el diseño de la política de innovación preste atención a la competencia efectiva de los mercados. Sin embargo, se sabe que un tercio de la diferencia del esfuerzo innovador entre los países más avanzados en la materia y los más retrasados obedece a la existencia en estos últimos de barreras a la competencia múltiples. De igual manera, las exigencias de los clientes (mercados) son el principal factor desencadenante de los procesos innovadores en el sector empresarial. Finalmente, una parte significativa del esfuerzo innovador se concentra en el sector servicios. Pues bien, las insuficiencias de la liberalización de las industrias de red y la consolidación de los obstáculos legales a la competencia en ramas importantes del sector español de servicios no parecen ayudar al objetivo de incrementar el esfuerzo innovador. A lo anterior habría que añadir el carácter de los mercados españoles de compras públicas.

De lo anterior podría deducirse que, en España, existen dos perfiles distintos de empresas : las innovadoras y las no innovadoras. Como han demostrado García Olaverri y Huerta, las primeras realizan habitualmente innovaciones de proceso y producto, a la vez que observan prácticas organizacionales avanzadas en materia de recursos humanos, retribuciones, o acuerdos de cooperación con clientes y proveedores. Se trata de empresas medianas y grandes que operan, a título principal, en mercados competitivos; en bastantes ocasiones con presencia extranjera en su capital. En consecuencia, el propósito de ampliar la base de empresas innovadoras debería invitar a prestar atención a las empresas que no realizan habitualmente este genero de actividades. Para las otras, la innovación es una regla del juego o, simplemente, es el reflejo de su cultura corporativa. No precisan demasiadas ayudas públicas.

El Plan de I+D+i vigente no formula propuestas específicas para este fin; la fiscalidad no es un instrumento determinante. Cabe, sin embargo, echar un vistazo al mundo de los centros tecnológicos sectoriales y horizontales, públicos y para-públicos, cuyo propósito fundacional suele ser la prestación de servicios técnicos y la transferencia de tecnología a las pequeñas y medianas empresas. Habitualmente, disfrutan de financiación pública no condicionada a los resultados alcanzados. De hecho, constituyen el segmento del sistema español de ciencia y tecnología menos sujeto a evaluación externa. Es dudoso que, con carácter general, fomenten la difusión de innovaciones en sus respectivos ámbitos de actividad. Lo mismo cabe decir de los numerosos parques científicos y tecnológicos.

El nuevo Plan de I+D+i podría ocuparse de estos extremos. En todo caso, a lo mejor convendría olvidarse de la redacción de planes y prestar algo más de atención a los obstáculos que desincentivan la realización de tareas innovadoras en la empresa española. Sería una innovación de la política tecnológica española.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XXVIII. La Guerra. La Inutilidad de la Guerra.

Los líderes de la coalición internacional que ha querido iniciar la guerra de Irak suelen aducir dos tipos de motivaciones: las primeras, de carácter ético, insisten en la conveniencia de terminar de una vez con el tirano; la situación actual sería moralmente intolerable. Las segundas están relacionadas con el concepto de guerra preventiva y apuestan por una violencia que permita evitar que el futuro depare violencias mayores. Es cierto que cabe hacer lecturas éticas de esta última suerte de motivaciones, pero también cabe preguntarse acerca de la eficacia de la guerra, lo que es una cuestión eminentemente técnica.

Publicado previamente en Expansión, en marzo de 2003.

Distingue Umberto Eco entre dos tipos de guerra, la tradicional o paleoguerra y las nuevas guerras, género inaugurado con la guerra del Golfo. El propósito de las paleoguerras era la destrucción del adversario, con el fin último de alcanzar un beneficio. Su eficacia estaba condicionada al cumplimiento de tres requisitos: la ocultación al adversario de la fuerza y las intenciones; la sorpresa era una gran aliado; la cohesión en el frente interno; y, finalmente, la disposición de todos los medios para derrotar al enemigo. Ello conducía al silenciamiento de la voz procedente del frente enemigo y a la exaltación pública de su exterminio. El objetivo de las neoguerras, o mejor la manera de conducirlas, es sustancialmente distinto: no se busca la destrucción total del enemigo porque su conocimiento público podría conducir a la reprobación de los medios de comunicación. De hecho, pierde la guerra el bando que, de cara a la opinión pública, haya matado demasiado. En las neoguerras muere gente, pero no se gana. De aquí que las partes en conflicto tengan que moverse en un terreno incierto, limitado, de un lado, por el victimismo y, de otro, por la manifestación explícita del resultado de su capacidad destructiva. Lo malo es que ambos extremos pueden conducir a la derrota social y a la deslegitimación de la guerra.

Naturalmente, las características de las neoguerras determinan las estrategias de las partes. Y es aquí donde cabe registrar todo tipo de vacilaciones en las conductas de quienes están más sujetos al escrutinio de su opinión pública. Es más, es posible que un mismo conflicto sea para una de las partes una neoguerra y, para la otra, una guerra tradicional. Evidentemente, la segunda disfruta de una ventaja inicial: su cohesión interna se acrecienta con la información sobre la destrucción del rival y, al mismo tiempo, debilita a la otra parte exponiendo a la luz sus víctimas.

¿Quién es capaz de ganar una guerra así?. Probablemente, nadie. Y menos los generales educados en la técnica de la paleoguerra: las neoguerras son mucho más complejas. La importancia y tecnología de los recursos bélicos sólo determina el alcance de los daños materiales y humanos de la guerra, pero no es la antesala de la victoria. La guerra es inútil: no evita que el futuro depare violencias mayores: no destruye al enemigo.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XXVI. La Guerra. El Poder Idiota.

El poder ensimisma, el poder absoluto revienta las conexiones neuronales. El poder absoluto extiende la idiocia. La diferencia principal entre nosotros y Atapuerca reside en la instauración de mecanismos de compensación de ese poder: inventamos la democracia de los Estados hace tres siglos; apenas nos habíamos asomado a dibujar la naturaleza de los equilibrios internacionales del poder.

¿Qué hemos hecho?. Creo que la demolición del capital institucional internacional. En unas horas, las de la cumbre atlántica de las Islas Azores, tres personas y sus piquetes han querido arrumbar los esfuerzos realizados en los últimos cincuenta años. Malo para la economía: confiábamos destinar la eficiencia del capitalismo a mejorar la condición humana; ahora tenemos que empeñarla en construir nuevas instituciones.

Es una guerra simbólica. Como la de Vietnam. La victoria no es posible.

Publicado previamente en Expansión, en marzo de 2003.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XXVII. La Guerra. Anatomía del Poder Idiota.

La referencia a la biografía de Churchill no era caprichosa. Un buen cronista de la política española debe estar al tanto de las lecturas veraniegas de los presidentes del Gobierno.La foto de las Azores será pieza principal de lo que la historia diga de Aznar. Fue un ejemplo de sobreactuación.

Publicado previamente en Heraldo de Aragón, en abril de 2003.

Una de las pocas cosas que he aprendido en lo últimos tiempos ha venido de la mano de un viejo amigo, Esteban Ormeche, quien intentó convencerme, con éxito, de la actualidad del síndrome de Abraham, que él prefiere llamar de Yahveh. Recordemos que, según la leyenda bíblica, Abraham es llamado por Yahveh a sacrificar a su único hijo, Isaac, origen previsto del pueblo escogido. El patriarca se dispone a hacerlo, hasta que un gesto último de Yahveh suspende el holocausto. Uno quiere ser dios; otro, su hijo predilecto; y, como el dueño y el esclavo, sólo pueden relacionarse a través del ejercicio déspota del poder. El síndrome se refiere, pues, a la práctica de la obediencia más allá de la razón, la aquiescencia dulce de la crueldad, la sumisión ciega al poder para ser parte del mismo, la renuncia voluntaria al ser. La muerte de la civilización, en definitiva. El síndrome tiene proyecciones distintas. Elegiré una, para ilustrar dos planos distintos del síndrome: el éxito de las convocatorias sacrificiales y la desconfianza respecto del poder: Yahveh frente al discreto Abraham.

La actualidad del síndrome del poder idiota recibe beneficio de un artículo reciente de Carlos Fuentes en “Le Nouvel Observateur”, revista de culto en otras épocas:
“¿Y si la razón psicológica del Apocalipsis fuese la vanidad de un niño de papá, que consiguió pasar por Yale con notas mínimas y ayudas máximas, y que tiene ganas de decirle a su progenitor: “Mira, papá, he sido capaz de hacer lo que tú no te atreviste a terminar””?. Diré que espero que Fuentes se ocupe pronto del hermano listo, Jeb.

La proyección política del síndrome se refiere, así, a la guerra de Irak y tiene que ver con la convocatoria de ritos sacrificiales: necesitamos la guerra para vivir en paz y seguir creyendo en nosotros mismos. Sabemos que una de las consecuencias principales de los atentados del 11-S ha sido que el presidente Bush y sus halcones gustan de amenazar regularmente a la sociedad americana con la (in)seguridad, y el nuestro a la española con el agravamiento de nuestro cáncer terrorista, si no nos sumamos a la próxima guerra. Parece ser que en beneficio de la responsabilidad política. La promesa del dolor social genera réditos políticos; lo descubrió Churchill según Jenkins. En otros asuntos, los económicos, prometen la felicidad: la guerra nos va a hacer más ricos, aunque no sepamos qué quiere decir ser más ricos.

Se nos reclama, en definitiva, un acto de fe, de aceptación del sufrimiento humano y de confianza en nuestro bolsillo futuro. “Créame” decía nuestro primer ministro Aznar en la entrevista de la semana pasada de Antena 3: una expresión pobre del poder vicario y una apelación fracasada a la confianza en la sinrazón
Frente a lo anterior, las manifestaciones del último sábado contra la guerra ilustran la resistencia humana de Abraham, debidamente pasado por internet: la convocatoria no ha fructificado por el auxilio de internacionales de partidos o de sindicatos, apuntados a última hora; ha sido, más bien, el resultado de la rebelión de las gentes. Y ya sabemos como son las gentes; hay de todas las condiciones económicas y sociales y tienen su pequeño corazón. Algunos intelectuales públicos parecen apostar por un renacimiento de la ciudadanía: es sobre todo la expresión de un deseo. Se quedan cortos; debemos confiar en la red, que ha convocado con éxito la primera manifestación universal contra el poder idiota. Quienes se burlan de la nueva modernidad, creyendo que estará sometida a las reglas de los gabinetes de comunicación, no se enteran: las gentes asociadas a internet y a las redes saben cómo saber quién sabe; y, además, quieren decidir. Su grado de globalización es superior a la de los gobiernos. Que tengan cuidado, la red está al acecho. Es el poder de las gentes. Lo ha dicho bien un editorial de The New York Times: en el mundo de hoy hay dos superpotencias, Estados Unidos y la opinión ciudadana, es decir, la red.

Los rituales del sacrificio antiguo exigen silencio y unanimidad. Por eso la presencia de algunas voces, como la de Carlos Fuentes, de los internautas, o de las plataformas de ciudadanos me permiten pensar, ahora, que la apelación a la fe no es ya la manera de resolver los problemas de todos, y que quizá ha llegado el día en que el hambre de razón y la entereza de Abraham empiece a prevalecer sobre la irresistible convocatoria al sacrificio, y, sobre todo, sepa hacer frente a la expresión más caprichosa del poder idiota. Por lo demás, Aznar ha conseguido, al fin, escribir su página. Y nos ha arrinconado, de nuevo, en una capítulo viejo de nuestra triste historia.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XXX. La Guerra. El Porvenir del Antiamericanismo.

Publicado previamente en Expansión, el 11 de abril de 2003.

The Pew Research Center for the People and the Press desarrolla un interesante proyecto de estudio, mediante encuestas periódicas con una significación estadística aceptable, de la evolución de las actitudes y opiniones de los ciudadanos de un número importante de países del mundo respecto de asuntos tales como la globalización, los cambios culturales o los efectos del 11 de septiembre. Recientemente, el centro mencionado ha presentado los resultados de una encuesta realizada en los albores de la guerra de Irak.

La encuesta parece confirmar la sospecha de un avance del antiamericanismo en todos los países estudiados del mundo. Si en el año 2000 lo porcentajes de ciudadanos de, por ejemplo, Reino Unido, Francia, Italia , Alemania, España o Polonia, que confesaban un percepción favorable de Estados Unidos eran ampliamente mayoritarios, su evolución hasta fecha recientes parece indicar que se han reducido hasta la mitad, en incluso hasta un tercio, como es el caso de Alemania, España o Turquía. Ni siquiera el porcentaje de ciudadanos del Reino Unido alcanza ya el 50% (14% en España). El fenómeno parece tener pocas excepciones: algún país africano y, también, alguna república de la antigua Unión - Soviética.

Es cierto que el deterioro de la imagen social de Estados Unidos más allá de sus fronteras parece estar relacionado con la desconfianza respecto de la política exterior del presidente Bush, de acuerdo con la misma encuesta, pero, quizá, la interpretación más sugerente se refiere a que podría resultar de una insatisfacción generalizada sobre la situación actual del mundo. Así, casi sin excepciones nacionales, la satisfacción confesada de los ciudadanos respecto de su vida privada supera en bastante la satisfacción relativa a la situación de sus respectivos países y en mucho más a la del conjunto del planeta. Hoy, éste es, sobre todo, fuente de inseguridad. Lo que pase después de la guerra será valorado desde esta perspectiva.

Lo anterior tiene una implicación económica inmediata. El nuevo orden político internacional está por definir, pero, en todo caso, tendrá que vencer dos fuentes de desconfianza: el agorafobia de los ciudadanos y el recelo respecto del país hegemónico. Naturalmente, ambos fenómenos constituyen obstáculos importantes al avance de la globalización económica y a la extensión de los mercados. Menos obviamente, podrían dificultar la adopción de comportamientos globales por parte de las empresas americanas. Hace unos pocos días Richard Tomkins se refería en las páginas de Financial Times a las dificultades recientes de las grandes marcas corporativas americanas en algunos mercados exteriores.

Una anécdota apócrifa atribuida a Lord Carrington ponía en su boca la incomprensión respecto de la ambición política americana: “no solamente quieren ser temidos; además, pretenden ser queridos”. Lo malo es que la lógica del capitalismo exige que las marcas sean deseadas. Por eso, en algún momento la administración norteamericana tendrá que conciliar la orientación de su política exterior con los intereses de la mayor parte de sus empresas.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XXXI. La Guerra. Erizos y Zorras

Espero que la próxima generación de líderes políticos mundiales sea venusiana

Publicado previamente en Expansión, el 16 de mayo de 2003.

De vez en cuando, la escritura tropieza con una antinomia que permite dar cuenta de la suerte de los hombres. La última ha sido recreada por Robert Kagan, quien ha querido caracterizar las posiciones adoptadas por Estados Unidos y Europa en relación al nuevo orden político internacional como procedentes de Marte y de Venus, respectivamente. Serían marcianas la coerción, la eficacia y la estrategia del palo; serían venusianas la persuasión, la sutileza y la estrategia de la zanahoria. Concluye Kagan que las dos culturas son contradictorias; naturalmente, el poder de la primera garantiza su vigencia.

La antinomia en cuestión es un reflejo pobre de la recordada hace ya algunos años por Isaiah Berlin, cuando rememorando uno de los fragmentos conservados del poeta Arquíloco (“Muchas cosas sabe la zorra, pero el erizo sabe una sola y grande”), proponía la distancia que separa a quienes razonan en torno a un único principio universal, ensamblador de sucesos minúsculos y ordenador de todos los acontecimientos de quienes entienden que el todo es tumultuoso, inaprensible y que sólo cabe comprender lo particular. Ciertamente, las dos posturas son alérgicas entre sí. Como señaló Vargas Llosa en la presentación de la edición en castellano de la obra de Berlin mencionada aquí, los erizos han aportado a la historia de la humanidad grandes hazañas, aunque también el totalitarismo de las ideas; las zorras, por el contrario trajeron la tolerancia, el azar y el respeto de los hombres, aunque también el escepticismo. Naturalmente, las zorras envidian a los erizos; sobre todo, porque es más fácil sufrir cuando se es titular de una verdad universal; sin embargo, es igualmente cierto que en ocasiones la sombra social es un refugio anhelado por el héroe cansado.

La política es terreno propicio para los erizos. Señala Vargas Llosa que las explicaciones totalizadoras, claras y coherentes de los problemas sociales son siempre más populares y, aparentemente, más eficaces a la hora de gobernar. Por eso, los héroes políticos, como Winston Churchill o Franklin D. Roosevelt, son capaces de orientar la historia, inculcando grandes dosis de voluntad en los ciudadanos en torno a sus designios. Sin embargo, cuando los erizos políticos se alejan de la legalidad, ciegan las vías de la crítica social y son intolerantes con la disidencia se convierten en monstruos. En ese momento, muchos preferimos el éxito mediocre a la gran solución única, inequívocamente fatal. Es precisamente tal desconfianza, notablemente alimentada por las formas de proceder de la actual administración americana, lo que ha ensanchado el océano Atlántico, y no el recelo europeo ante la nueva ecuación del poder internacional, como propone Kagan. De aquí la importancia para el mundo de las próximas elecciones presidenciales americanas, que deberían traernos un liderazgo que haga bueno lo que Isaiah Berlin destacaba en su ensayo, citando a Tolstoi: “Es la opinión la que pierde las batallas, y es la opinión la que las gana”.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XXIX. La Guerra. La Responsabilidad de la Guerra

Uno de los efectos principales de las crisis sociales y políticas, por ejemplo la que estamos viviendo en España a raíz de la invasión militar de Irak, es que propician la emergencia de debates fundamentales sobre los principios morales, las normas de convivencia social o las relaciones entre Estado y sociedad. Pasada la crisis, el resultado del debate sedimenta y cimenta las nuevas instituciones, para bien o para mal.

Viene esto a cuento de un lema de éxito en una buena parte de la movilizaciones de quienes están en contra de esta guerra: “no en mi nombre”. El alcance del lema remite a la noción de responsabilidad colectiva, tal y como la plantea Leszek Kolakowski. Los individuos podrían ser responsables de los males perpetrados por la sociedad o grupos sociales a los que pertenecen, con independencia de su implicación en la decisión originaria del mal causado. La suma de renuncias individuales a la responsabilidad, esto es el “no en mi nombre”, conduciría a la ausencia de responsabilidad colectiva o, en todo caso, a su depósito en quienes apoyaron la invasión militar. La Iglesia Católica, por no hablar de algunos países e incluso empresas, ilustra el ejercicio de la responsabilidad colectiva cuando solicita el perdón público por desmanes cometidos en su nombre en el pasado histórico, aunque quienes piden hoy el perdón poco tengan que ver con quienes perjudicaron gravemente a la sociedad: en tales circunstancias, la Iglesia no dice: “no fuimos nosotros, fueron otros”. La renuncia a la asunción personal de la responsabilidad colectiva exige, en definitiva y por razones de congruencia, la autoexclusión del grupo social de pertenencia, llámese nación, confesión religiosa u organización política. Por eso no debe extrañar que las últimas manifestaciones contrarias a la guerra por parte de determinados militantes del PP haya venido acompañada del abandono de militancia.

Publicado previamente en Expansión, el 8 de abril de 2003.

Más difícil es dejar de ser español: no se puede votar con los pies; sólo cabe levantar la voz. En este sentido, el lema citado carece de racionalidad. Curiosamente, los hechos mencionados coinciden con la manifestación por parte de Mayor Oreja de su preocupación sobre el futuro de la unidad de España, si el PSOE ganara las próximas elecciones generales. La hipotética reforma constitucional podría permitir que algunos españoles dejaran de serlo. Naturalmente, tal expresión se acompaña de la apelación a la responsabilidad (colectiva) de los votantes. No resulta fácil desanudar esta madeja, pero sí cabe conjeturar que la solución del puzzle sólo puede venir de la asunción de responsabilidades personales por parte de quienes han trasladado a la sociedad española la responsabilidad colectiva de los males de esta guerra. Naturalmente, la atribución de responsabilidades políticas debe referirse al presidente del Gobierno, quien ha cometido errores de cálculo y ha querido jugar a la ruleta con la vida de la población civil de Irak: pase lo que pase, y porque así lo siente la mayor parte de la sociedad española, la cual, a pesar del lema “no en mi nombre”, desea probablemente seguir formando parte de la misma. La foto de las Azores no admite disculpa. Por eso, la única manera de poner a (casi) cero el contador de la responsabilidad colectiva es la dimisión del presidente del Gobierno, que es la única exigencia social posible. También cabe que se presente a las próximas elecciones generales. Que elija él.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XCIV. Los misterios de la productividad. Las Paradojas Españolas de la I+D.

La vigencia del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003 llega a su fin. No cabe esperar que este año depare grandes sorpresas, por lo que no parece arriesgado adelantar algunas ideas acerca de la contribución del Plan al progreso del sistema español de ciencia y tecnología. La conclusión más general es que apenas ha servido para desanudar las paradojas españolas de la I+D.

Publicado previamente en Expansión, el 26 de febrero de 2003.

Debe saberse, en primer lugar, que si tomamos a los países de la OCDE que representan algo en el mundo de la producción científica en disciplinas de interés económico y empresarial, España es el país que invierte menos en I+D por unidad de PIB. No parece, por tanto, que quepa incrementar de manera significativa (o incluso mantener) la cuota española en la producción mundial de ciencia sin una ampliación de las plantillas de investigadores y de los medios a su disposición. Por el momento, esas plantillas son muy pequeñas en términos de población activa e inferiores en volumen a las de países más pequeños como Holanda. No es por falta de oferta de recursos humanos cualificados a la búsqueda de un empleo razonable. Siguen ahí, antes y después del Plan.

En segundo, el Plan apostó por la utilización de la fiscalidad para promover la innovación en la empresa española. El más generoso de la OCDE, se dice con razón. Sin embargo, hay indicios de que sus efectos sobre la decisión de innovar son muy limitados. Más parece que beneficia a las empresas de un cierto tamaño que observan regularmente la práctica de la innovación porque es una regla de juego de sus respectivos mercados. Por ello, el porcentaje de empresas españolas innovadoras sigue siendo bajo en términos comparativos. Aunque no hay día en que no se anuncie una mejora formal de los incentivos fiscales de la innovación para determinadas poblaciones de empresas, más valdría ocuparse de los desajustes entre los conceptos contable y fiscal de la innovación y de la inseguridad fiscal de estos incentivos.

El Plan anunciaba para 2003 un gasto de I+D equivalente al 1,3% del PIB. Salvo milagros estadísticos, es dudoso que se alcance esa cifra, o que lo haga con alguna significación. Conviene constatar a este respecto que, de hecho, el gasto en I+D en España crece a tasa modestas desde que se establecen objetivos en estos términos. Cuando no se hacía, por ejemplo en los años ochenta, el crecimiento de los recursos dedicados a tal fin era sobresaliente. En consecuencia, es dudoso que la determinación de un nuevo objetivo de basto en términos de PIB sirva para ilustrar un compromiso político firme. La pólvora está mojada. Por eso y por lo anterior, los redactores del nuevo Plan se enfrentan a la difícil tarea de hacer saber que esta vez va en serio: que se ha acabado el tiempo de decir una cosa y que suceda otra bien distinta.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XCIII. Los misterios de la productividad. El Futuro de la I+D en España.

Conviene partir de algunas evidencias sobre la evolución reciente de los indicadores de I+D. El año de referencia puede ser 1992, que constituyó la culminación del modelo de política científica y tecnológica establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología de 1986 y, también, de la primera aproximación a los niveles de recursos destinados a la investigación en la Unión Europea. En aquella fecha, el gasto de I+D por activo (población activa) en la economía española alcanzaba el 42.9% del indicador correspondiente a la Unión Europea, medidos ambos en dólares corrientes corregidos por paridades de poder de compra; en 1998, el porcentaje se reducía hasta un 40,2%. En términos generales, la última década se ha caracterizado por el estancamiento del proceso de aproximación a la Unión Europea, que, por otra parte, ha reducido su esfuerzo de I+D con respecto al observado por Estados Unidos y Japón. La Comunicación de la Comisión al Consejo de la Unión Europea titulada “Towards a European Research Area” ofrece abundantes testimonios de este último fenómeno. Volviendo a nuestro país, cabe poner en relación los casos de España e Irlanda; ambos partían de cifras similares de gasto de I+D respecto del PIB a comienzos de los noventa, en torno al 0,9%; al final del decenio, el porcentaje español se mantenía en el nivel anterior, después de haber observado una caída pronunciada; el indicador irlandés se situaba ya en el 1,5%. Doy por sentado que este estado de cosas tendrá pronto remedio y que, en consecuencia, los investigadores españoles podrán poner al día sus utillajes; las empresas multiplicarán su esfuerzo gracias a los nuevos incentivos fiscales; y, en general, la investigación merecerá mejor consideración real por parte de los poderes públicos. Queda, sin embargo, por determinar la orientación de los nuevos recursos aplicados, especialmente en el sector público. Sobre ello quiero centrar la reflexión.

Publicado previamente en Expansión, en 2000.

La transferencia de las Universidades a las Comunidades Autónomas ha dado lugar a que un capítulo importante del gasto de I+D ejecutado en el sector público resulte de decisiones presupuestarias adoptadas en el ámbito autonómico. A ello hay que añadir que la aplicación de Fondos Estructurales con esta finalidad en las regiones objetivo 1 ha introducido diferencias notables entre las cifras regionales de gasto. La fragmentación de los presupuestos públicos es coherente con el diseño constitucional del Estado de las Autonomías. Con todo, cabe recordar que los Estados federales cuentan con presupuestos centrales importantes para la financiación de proyectos y centros de excelencia investigadora probada. Hoy es más importante que nunca la potenciación financiera de los fondos nacionales de I+D. De esta manera, será posible atender desde España la tendencia apuntada por la citada Comunicación sobre la configuración de redes de centros europeos de excelencia como pilar del espacio comunitario de I+D. Naturalmente, la noción de excelencia está estrechamente vinculada con la competitividad de la investigación en el ámbito internacional; conviene señalar a este respecto que la situación de partida es prometedora: bastó un bien administrado empujón presupuestario, el aludido anteriormente, para que a mediados de los noventa nuestro país se situara entre los diez países del mundo con mayor contribución a la producción científica universal en biología, investigación biomédica, química y matemáticas, según los indicadores bibliométricos al uso.

No es discutible que las políticas científicas y tecnológicas de los países avanzados tienden a otorgar una importancia creciente a la innovación como propósito último de los recursos públicos aplicados. En nuestro país se produce, sin embargo, una curiosa paradoja. De un lado, la Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas del INE atribuye a la I+D una importancia menor como fuente desencadenante de innovaciones en la empresa española. De otro, la estimación empírica de la rentabilidad social de la I+D realizada en España muestra que su contribución al crecimiento económico es notable, y que estaría plenamente justificada la multiplicación de la financiación pública a la I+D que conocemos. Finalmente, la combinación del estancamiento del gasto público en I+D y de la voluntad de reorientar los recursos disponibles hacia la innovación ha dado lugar a que, según el INE, en 1997 el porcentaje de gasto aplicado a actividades de desarrollo tecnológico fuera inferior al registrado en 1985. Si afrontamos el diseño de las políticas científicas y tecnológicas desde el reconocimiento de que la vinculación entre investigación e innovación es difícil de discernir; de que es bueno saber porque permite un crecimiento mayor, aunque también es buena la prosperidad económica porque permite dedicar recursos al saber; y de que los criterios de demarcación de la ciencia (buena/mala) y de la innovación (útil/inútil) son distintos, entonces concluiremos lo obvio: que hay que apoyar la buena investigación, que hay que incentivar la innovación útil, y que es razonable abrir espacios de encuentro entre la investigación y la innovación. Convendría , sin embargo, llamar la atención sobre los riesgos del pragmatismo. Si se entiende que todas las innovaciones son buenas y que toda la investigación debe ser útil, entonces careceremos en el futuro de buena ciencia y, lo que es peor, de gentes bien formadas en el rigor y la creación.

Como es sabido, en los últimos años se ha producido en Europa un intenso debate acerca del futuro de la universidad. En España, el testigo del mismo ha sido recogido en lo que se denomina ya, aunque en la fecha no ha visto la luz, el Informe Bricall. Naturalmente, el debate ha prestado atención especial a la vertiente investigadora del quehacer universitario y, también, a aspectos relativos a la carrera académica, la movilidad o las estructuras de gobierno. No es este el momento de pronunciarse sobre estas cuestiones; en todo caso, las conclusiones del debate español no deben oponerse a las condiciones que propician la excelencia investigadora y la formación de recursos humanos en este ámbito. En España, la buena investigación necesita una protección especial, especialmente cuando discurre lejos de la aplicación práctica. A este respecto, cabe señalar que no estaría de más que una iniciativa de corte similar al Informe Bricall examinara la situación de los organismos públicos de investigación (OPI´s).

La mencionada Comunicación de la Comisión al Consejo de la Unión Europea subraya la importancia de la extensión de la cultura científica como condición indispensable para la innovación. Hoy, la práctica totalidad de la prensa diaria de ámbito nacional ofrece una sección divulgadora de avances científicos. Sin embargo, queda mucho por hacer, especialmente en el sistema educativo. Sobreviven todavía viejas distinciones entre ciencias y letras; se acota de manera discutible la noción de humanidades; se hurta a los jóvenes el conocimiento de la pasión del saber; los museos de la ciencia no están al alcance de una buena parte de los españoles; se confunde el saber con la utilidad. Quizá sea el conocimiento científico de los secretos de nuestro mundo lo que, finalmente, contribuya a dar sentido a la facilidad técnica de la comunicación universal.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XCII. Los misterios de la productividad. Crónica de la I+D.

Es bastante sencillo relatar la historia de la investigación en España; basta con acudir a la estadística oficial. No me referiré a la investigación nacida del esfuerzo aislado de investigadores de mérito, sino a la desarrollada por comunidades amplias de acuerdo con criterios de relevancia científica y excelencia internacional. Pues bien, la primera página de tal crónica se escribe en los años ochenta, especialmente a partir de que Javier Solana se ocupara, como Ministro de Educación y Ciencia, de la dirección de la política científica. Antes, no había nada digno de tal nombre. Baste saber que el INE empezó a ocuparse en serio de las estadísticas de I+D en 1980. Así, por establecer una referencia temporal, en 1964 España invirtió en I+D poco más de 1600 millones de pesetas (el 0,13% del PIB de la época), cantidad que sustentaba el trabajo de cuatro mil investigadores. En la época, la universidad española no investigaba; el INE, en un trabajo meritorio de reconstrucción de series, ha contabilizado apenas 600 profesores/investigadores. Digo esto último en atención a los nostálgicos de épocas pretéritas de la universidad española. Después, la administración socialista legó una inversión en I+D equivalente al 0,83% del PIB, 52000 investigadores (35000 en la universidad) y, lo que es más importante, un conjunto de mecanismos de evaluación de proyectos de investigación comparable en calidad al de países más avanzados que el nuestro en esta materia.

Publicado previamente en El País, el 21 de octubre de 2001.

Las cosas empezaron a torcerse cuando el presidente del Gobierno, José María Aznar, decidió ponerse al frente de la dirección de política científica, ostentando la condición de presidente del máximo órgano de coordinación y gobierno de este asunto, algo inédito en nuestra breve historia. A pesar de la bonanza económica, que hacía presagiar un impulso presupuestario decidido y la aproximación a las cifras de inversión en I+D de la Unión Europea, hoy el gasto de I+D registra en términos de PIB un nivel inferior al de 1993. Se dirá, con razón, que ello responde a que las empresas españolas no muestran la sensibilidad requerida por los nuevos tiempos. Con todo, si examinamos en detalle la evolución de los presupuestos públicos de la Administración Central y eliminamos el maquillaje de los fondos destinados a la financiación de la participación española en proyectos militares, que sólo un convencido podría calificar como investigación, nos encontramos con que se han reducido en un 21% (pesetas constantes) desde 1990. Naturalmente, ello ha tenido efectos inmediatos sobre la calidad y actualización de los medios a disposición de los investigadores. Por ejemplo, en el conjunto de organismos públicos de investigación y universidades las dotaciones anuales han disminuido un 10% en pesetas constantes en los 10 últimos años.

La segunda pirueta estadística ha consistido en sumar al gasto de I+D los recursos dedicados a la innovación (i). De esa manera, dice el Plan Nacional de I+D+i vigente, se piensa alcanzar al final de la legislatura un esfuerzo innovador del 2% del PIB, 1,55% en la actualidad, que suena algo parecido al actual esfuerzo de I+D (sin i) de la Unión Europea, es decir, el 1,82%. El ejercicio de estilo se llama convergencia estadística. Importa poco que en España no haya estadísticas oficiales sobre la innovación en los sectores no industriales, lo que hace de la estimación del gasto actual y proyectado en I+D+i una especulación metafísica. ¡Sería tan cómodo establecer objetivos de inflación si no existiera el IPC!. Tampoco que, curiosamente, el número de empresas manufactureras innovadoras parezca haber disminuido estos últimos años, como muestra el INE: más espacio para la creación de realidades virtuales.

Eso sí, a falta de política científica, disfrutamos hoy de un flamante Ministerio de Ciencia y Tecnología y de reiterados pronunciamientos sobre la importancia económica y social de la investigación. Que la realidad no invite al optimismo es culpa, una vez más, de la estadística.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XCI. Los misterios de la productividad. La Nueva Economía en España.

El Ministerio de Economía utilizó profusamente los resultados del estudio del Servicio del BBVA. El ministerio de Ciencia y Tecnología, no. Ni estaba, ni se le espera. Naturalmente, lo hizo sin citar la procedencia. Al (entonces) enemigo, ni agua.

El análisis del Servicio de Estudios del BBV sobre los beneficios derivados de la implantación de la nueva economía en España (Situación – octubre 2000) tiene entre sus muchos méritos el de centrar el debate económico sobre la cuestión. Ello no es poco, porque hasta la fecha la crónica de la nueva economía española había atendido a aspectos bastante marginales como ciertas exuberancias bursátiles o la adopción de fórmulas retributivas de los directivos desconocidas en estas latitudes.

Publicado previamente en El País, en 2000.

En pocas palabras, el análisis demuestra que el avance técnico vinculado a la nueva economía podría dar lugar en nuestro país a un incremento significativo de PIB (7,5%) y de la renta disponible de las familias (6,6%), así como a una disminución de los precios de producción y de consumo (12,7%). El uso del condicional (podría) no es caprichoso; nada asegura que así será, al menos en esta cuantía y en los plazos previstos (10 años). Que lo sea o no dependerá de que la economía española se adapte convenientemente a las exigencias derivadas de las nuevas técnicas. Es en este punto donde parece conveniente echar un vistazo a la realidad. Antes debe precisarse que las innovaciones tecnológicas que acompañan a la nueva economía no son de hoy; de hecho, la historia reciente de los ciclos técnicos sugiere que nacieron a mediados de los años setenta. Fue entonces cuando aparecieron los primeros ordenadores personales, que a pesar de las limitaciones de la época mostraban ya sus ventajas funcionales con respecto a los ordenadores mainframe. Algunos investigadores adscritos al NBER sitúan en estas fechas el origen de la nueva economía de nuestros días. Cabe, por tanto, valorar la capacidad de la economía española con respecto a la asimilación de este cambio técnico. Un informe reciente de la OCDE (Science, Technology and Industry 2000) permite abordar esta cuestión en términos comparados.

El término nueva economía es extremadamente ambiguo. Una primera acepción se refiere a lo que se ha convenido en denominar sociedad del conocimiento. Desde este punto de vista, la nueva economía se caracterizaría por la importancia del este factor como fuente de progreso económico. Prueba de ello es que las industrias y servicios intensivos en conocimiento, de acuerdo con una convención establecida por la OCDE, que incluye la manufactura de contenido tecnológico elevado y medio y los sectores que muestran una cierta intensidad en el uso de nuevas tecnologías, habrían crecido en los últimos diez años por encima del resto del sector empresarial. Pues bien, si examinamos lo acaecido en España podremos constatar, de acuerdo con los Main Industrial Indicators de la OCDE, que el peso del valor añadido de la economía del conocimiento en el conjunto de la economía española no parece haber experimentado variación alguna en los últimos diez años, a diferencia de lo sucedido en el resto de países de la OCDE: estábamos regular y seguimos estando mal. Dicho sea de paso: tal evidencia mostraría que es dudoso que el choque tecnológico deba beneficiar especialmente a una economía como la nuestra, especialmente, si no hace correctamente los deberes.

Una segunda acepción de la nueva economía es la referencia a la implantación de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC’s). Su valoración suele cifrarse en términos de tamaño del parque de ordenadores, número de usuarios de Internet o volumen de comercio electrónico. Naturalmente, nuestro país sale mal parado en este tipo de comparaciones internacionales. Sin embargo, lo más llamativo es que la inversión en hardware, software e infraestructura de telecomunicaciones viene creciendo en España según ritmos extremadamente modestos, de suerte que la tasa medida en relación al PIB es la más reducida de la Unión Europea, con excepción de Portugal.

La tercera acepción que nos interesa aquí vincula la nueva economía a la posibilidad de acercarnos a los índices de bienestar de los países más desarrollados. El optimismo nos llevaría a sostener que puesto que la prosperidad futura depende del conocimiento, basta con adquirirlo del exterior: sería una nueva versión del “que inventen ellos”. La tesis podría tener algún fundamento si se refiriera a la España y al mundo de, digamos, hace treinta años. Se sabe que en los años cincuenta y sesenta, los niveles de renta y productividad de la mayor parte de los países occidentales, incluido el nuestro, se aproximaron a los de Estados Unidos, gracias sobre todo a la adquisición de tecnología. Sin ir más lejos, los españoles aprendimos a fabricar automóviles gracias a la asimilación de tecnología de fabricantes extranjeros. Sin embargo, en los últimos años vienen confirmándose síntomas de que esto ya no es así: las tasas de convergencia en productividad y renta per capita tienden a disminuir. Algunos análisis recientes muestran que la aproximación a los países más ricos requiere la producción nacional de conocimiento; ello parece estar relacionado con la asignación de recursos a actividades de I+D. A este respecto cabe traer a colación dos evidencias que van más allá de las referencias habituales. En 1991, el gasto de I+D ejecutado en España (excluida la I+D vinculada a defensa) suponía el 0,76% del PIB; en 1999, el 0,63%. La exclusión del sector defensa no es caprichosa: España es el único país de la OCDE que ha incrementado el gasto de I+D con esta finalidad en los últimos cinco años. En este mismo sentido, en la primera fecha el gasto de I+D suponía el 1,5% del total de la OCDE; en 1999, el 1,2%.

Todo lo anterior reafirma el malestar de quienes pretenden valorar en qué medida nuestro país construye adecuadamente su futuro. La práctica habitual suele consistir en comparar con otros países la cuantía de las inversiones per capita en recursos de prosperidad. En gran medida, esas inversiones vienen determinadas por las diferencias en la renta per capita; sin embargo lo más llamativo es que ello no queda compensado, siquiera en parte, por una mayor asignación relativa de recursos a , en este caso, la nueva economía. Es posible que el cambio técnico de nuestros días sea muy beneficioso para la economía española; pero, para que sea así, hay que hacer los deberes.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XC. Los misterios de la productividad. La Pata Coja de la Productividad.

Ha sido uno de los temas de moda de los últimos meses: el paupérrimo comportamiento de la productividad en España. Debe ser importante, porque cuando se anuncia un buen dato de la variable en Estados Unidos, la bolsa sube. Nunca se menciona que la productividad por hora de trabajo de algunos países europeos con Estados de Bienestar muy desarrollados es superior a la americana.

Poco a poco, vamos teniendo noticia de la naturaleza del crecimiento de la economía española a lo largo de los últimos años, y opinión sobre lo que queda por venir. Así, no cabe dudar de que ha observado crecimientos superiores al conjunto de la Unión Europea; el futuro, sin embargo, dependerá del comportamiento de la variable económica que, a la postre, sostiene la prosperidad, es decir, la productividad. La paradoja de la economía española de hoy es que presenta unos resultados apreciables en materia de crecimiento relativo, a la vez que registra una evolución paupérrima de la productividad.

Publicado previamente en El País, el 10 de marzo de 2002.

Productividad e Investigación.

Existe una rara unanimidad en casi todos los estudios que se pronuncian sobre el crecimiento de la productividad. Parece guardar asiento principal en tres pilares, cuya naturaleza queda descrita en el título de un informe reciente de la OCDE (Science, Technology and Industry Outlook. Drivers of Growth: Information Technology, Innovation and Entrepreneurship). Lo cierto es que desde 1990 el comercio internacional de los países de la OCDE vinculado a productos de contenido tecnológico elevado se ha multiplicado por un factor superior a dos, frente al estancamiento del comercio de productos de contenido tecnológico medio y bajo. También que los sectores intensivos en conocimiento vienen observando tasas de crecimiento mucho más elevadas que las del resto de actividades en la mayor parte de las economías desarrolladas.

El denominador común de los tres factores de crecimiento (tecnología de la información, innovación, y manifestación del talento empresarial de las gentes) es que resultan en gran medida del acierto e intensidad de las políticas públicas. Pues bien, el examen comparado de España con otros países alumbra una explicación plausible de las bajas tasas de crecimiento de la productividad, tanto la que se refiere al factor trabajo como la que resulta de la valoración agregada del conjunto de factores productivos o PTF; simplemente, invertimos poco en conocimiento y, probablemente, las políticas públicas son desacertadas
Algunos estudios recientes permiten enmarcar la relación entre I+D y productividad . Sabemos, por ejemplo, que en el conjunto de las economías desarrolladas un incremento del 1% del gasto de I+D de las empresas genera una variación positiva del 0,13% de la productividad PTF, que es la mejor medida del progreso técnico. También que un aumento igual del gasto ejecutado por universidades y centros públicos de investigación da lugar a un crecimiento de la productividad del 0,17%. Como las cifras de gasto en términos de PIB son relativamente modestas, los beneficios sociales de la investigación son obvios.
Las reglas anteriores no se verifican de igual manera en todos los países. Así, los rendimientos del gasto son mayores en las economías que asignan a la I+D un volumen superior de recursos; aparentemente, existe un umbral del esfuerzo por debajo del cual los efectos económicos de la investigación son inapreciables. También lo son en los países que asignan menos recursos a la I+D asociada a la industria de defensa. A partir de aquí cabe dibujar las singularidades españolas. La primera es que el gasto de I+D per capita apenas alcanza el 38% de la cifra correspondiente a la Unión Europea; además, su trayectoria en la década de los noventa no permite cobijar demasiadas esperanzas, salvo milagros estadísticos. Conviene poner en relación tal evidencia con lo acaecido en países que han observado un mejor comportamiento de la productividad, por ejemplo, Finlandia, Dinamarca, Australia o Suecia; también son los países que mayor esfuerzo de crecimiento han realizado en esta materia. Algunos, como Irlanda, partían de cifras similares a la nuestra; hoy doblan nuestro gasto de I+D per capita.

Otra singularidad llamativa tiene que ver con el apoyo público a la I+D de la industria de defensa. En 2002, los apoyos presupuestarios correspondientes alcanzan el 60,5% del presupuesto de gastos del programa 542-E de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Si restáramos tales cantidades del gasto total de I+D, comprobaríamos que la cifra anterior de esfuerzo per capita exagera de manera notable la aplicación real de recursos a la I+D en la economía española.

La pobreza de nuestros datos parece haber llevado a las autoridades públicas a multiplicar su valor mediante la consideración de las cifras procedentes de la Encuesta de Innovación sobre el esfuerzo innovador de la empresa española. De esta manera, añadiendo los gastos de innovación de las empresas, pasamos del 0,94% del PIB (gasto de I+D) al 1,67%, gasto de I+D+i del sector empresarial, lo que constituye un récord histórico, como reza un informe presentado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología al Consejo General de Ciencia y Tecnología el pasado 18 de enero. Omite el informe el detalle de que la mejora de las cifras de innovación del sector empresarial entre 1998 y 2000 resulta de la ampliación de la cobertura sectorial de las estadísticas sobre innovación, que contemplan ahora una buena parte del sector servicios. Es más cabe deducir del citado informe y de los datos disponibles que en el primer año de vigencia del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 2000-2003, es decir 2000, se batió de largo el objetivo de gasto de I+D+i previsto para 2003: 2% del PIB. Casi se alcanza el objetivo antes de empezar el Plan. Ello, más la evidencia de que el nuevo Ministerio ofrece los peores registros de toda la Administración Central en materia de ejecución de los presupuestos públicos, permite tener una idea de la inanidad de estos asuntos en España.

Políticas.

Una característica de las políticas científicas y tecnológicas de hoy en las economías avanzadas es la atención a la investigación básica y a la financiación pública de tal actividad. Frente a la postura miope de que lo mejor es poner a trabajar a los científicos en la solución de problemas de orden práctico, el ejemplo de los países escandinavos parece mostrar lo contrario. En primer lugar, el conocimiento básico es un bien público pero no un bien libre, es decir, la única manera de sacar provecho de lo inventado fuera de las fronteras nacionales es manteniendo un potencial científico propio. Ésta, como tantas otras, es una historia de pavones y zidanes. En segundo lugar, las nuevas tecnologías tienen un contenido científico elevado; así, mientras el número medio de artículos científicos citados en las solicitudes de patentes americanas relativas a componentes de vehículos es 0,08, el promedio de los citados para patentes de biotecnología es 17. La emergencia de las nuevas tecnologías explica que el contenido científico de las patentes se haya multiplicado en Estados Unidos por seis en los últimos diez años.

La política tecnológica española parece haber adoptado un enfoque distinto. Así, las empresas españolas cuentan hoy con el marco fiscal para la I+D más favorable de la OCDE. Sin embargo, España es uno de los pocos países que incumplen la regularidad internacional de que un incremento del gasto de I+D del sector empresarial está asociado a un aumento de la tasa tendencial de incremento de la productividad PTF. Ello permite sospechar que las políticas de apoyo a la I+D empresarial no son adecuadas o que su gestión es deficiente.

Una segunda evidencia permite subrayar el deterioro de las condiciones de trabajo de quienes se ocupan de la investigación básica en España. Por piedad, no me referiré a las laborales. En 1998, el gasto en equipamientos e instrumental científico de universidades y organismos públicos de investigación alcanzó la cifra de 42 mil millones de pesetas, cifra inferior en términos nominales (sin tener en cuenta la inflación) a la invertida en años anteriores. Cabe subrayar además que los costes presupuestarios de los apoyos a la fragata F-100 o al Eurofighter, que sólo un optimista iluminado calificaría como investigación, alcanzan este último año las sumas de 57 mil y 63 mil millones de pesetas, respectivamente. Debe calificarse de milagro que la producción científica española siga situándose entre las diez más valoradas del mundo en áreas de biología, biomedicina, matemáticas o Química según los indicadores bibliométricos al uso.

Por otra parte, el debate más reflexivo sobre las políticas científicas y tecnológicas apunta a la internacionalización de las plantillas de investigadores. Simplemente, los recursos investigadores son escasos y conviene traerlos desde donde se encuentran. Podríamos acudir a ejemplos de fomento de la inmigración cualificada en bastantes países, a través incluso de la utilización de la fiscalidad sobre la renta. La situación española es bien distinta. Es inútil leer las nuevas leyes de inmigración o de ordenación universitaria. Nada se encuentra al respecto. Ello no ha impedido, sin embargo, que algunos centros y departamentos universitarios hayan adoptado iniciativas en este sentido, pero ha sido casi siempre a pesar de los múltiples obstáculos de carácter administrativo, especialmente en el caso de los investigadores no procedentes de la Unión Europea.

Se dirá, después de lo anterior, que importa poco la forma de andar, que lo importante es el ritmo, que la productividad es cosa de economistas. Es posible, pero cualquiera que pruebe a andar a la pata coja como la economía española, apoyándose en el ciclo internacional, la actitud de los sindicatos y la paciencia salarial de casi todos, convendrá que las agujetas llegan a ser insoportables. Razón de más para que la convergencia real tenga un poco de fundamento, y para restaurar la pata de la política científica y tecnológica.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LXXXIX. La nueva economía parece vieja

Diversas circunstancias que no vienen al caso me llevaron a comienzos de los ochenta a investigar acerca de las actividades de I+D (investigación y desarrollo) en la economía española. Fue una tarea complicada porque en la época por no haber no había estadísticas. Hubo que construirlas a martillazos. No había estadísticas simplemente porque no había nada que medir. Luego cambiaron algo las cosas. Después, volvieron a cambiar. Esta vez a muy mal, porque los tiempos son cada vez más exigentes. A pesar de la cicatería de Estado y empresas, el Gobierno ha seguido predicando, hasta la extenuación de los investigadores, lo mucho que importan. Una mentira más. Por eso renuncio a escribir más artículos sobre la conveniencia de que la economía española invierta más en I+D. Parece más sensato reflexionar sobre las razones que conducen a que no convenga destinar mayores recursos a la investigación.

Vino también la eclosión bursátil de la economía de internet. Hoy, las empresas creadas a su rebufo han desaparecido y con ellas el instinto de muchos jóvenes españoles que quisieron socializar sus sueños a través de la institución empresarial. Aprendí bastante del nuevo mundo dedicando una parte de mis ahorros a la capitalización de uno de los proyectos. Sobre todo para entender lo que había tras la nueva frontera. Había mucho, pero no enriquecimiento. El valor económico de una innovación tiene poco que ver con su alcance social. La lavadora automática y los anticonceptivos han liberado a la mujer, pero no por ello su fabricación constituye el nuevo El Dorado.

Además, el episodio de los concursos/subastas de las licencias UMTS fue uno de los más chuscos de nuestra historia empresarial y política. Los accionistas de Telefónica pagaron al contribuyente alemán una cuantía equivalente al cheque anual que el ciudadano español recibe de los fondos de la Unión Europea a cambio de explotar comercialmente una tecnología que ni entonces ni ahora están disponibles (en agosto de 2003).

Naturalmente, los responsables del desaguisado siguen en sus puestos, o se han beneficiado de sabrosas indemnizaciones salariales.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LXXXVIII. Falta energía. ¿Hay que rebajar el impuesto de hidrocarburos?

El precio del petróleo subió. El PSOE propuso amortiguar su impacto sobre el precio de las gasolinas, reduciendo los impuestos de hidrocarburos. Nunca más lo ha propuesto. El nuevo equipo de dirección del PSOE se estrenaba.

La primera respuesta a esta pregunta debería ser afirmativa. La evolución del precio del crudo ha conducido a que los precios de los carburantes se sitúen en niveles insoportables para agricultores, transportistas, armadores, taxistas y, en general, para capas amplias de la sociedad española. En época de rebajas de impuestos, no sería absurdo, y desde luego sería aplaudido, que se aliviara la pesada fiscalidad que grava este producto. Además, hay precedentes: se ha hecho lo mismo y por razones similares con la bombona de butano. No tengo que decir que mantener una opinión contraria a la anterior no es aconsejable: uno se expone al boicot de la Plataforma de Consumidores de Productos Petrolíferos.

Publicado previamente en Expansion, en 2000.

Emisiones

Me apresuro a señalar que me referiré a los precios después de impuestos; no quiero discutir hoy si los precios antes de impuestos vigentes en España deberían ser más bajos. Sentado este extremo, parece oportuno traer a colación los hechos siguientes. Primero, el crecimiento futuro de la demanda de productos petrolíferos va a estar ligado, en el mundo y también en España, al transporte de mercancías y personas. Segundo, el petróleo es la energía primaria cuyo uso desencadena un volumen mayor de emisiones de CO2 : en torno al 65% del total de emisiones en la OCDE. Tercero, los escenarios energéticos más plausibles apuntan a una sustitución lenta, pero progresiva, del petróleo por otras energías menos emisoras de CO2 en los sectores residencial, industrial y de generación de electricidad. De lo anterior se deduce que el control del crecimiento de las emisiones de CO2 exige prestar una atención singular al sector del transporte. Aquí empiezan los problemas.

En primer lugar, las posibilidades técnicas de sustituir esta energía primaria por otras en este sector son mucho más limitadas que en otros sectores. Por poner un ejemplo, no es ilusorio que en el año 2010 más del 25% de la generación de electricidad en España se base en el uso de energías renovables; frente a esta perspectiva, los análisis muestran que en el mejor de los casos, mediante políticas de promoción de los biocarburantes muy agresivas, apenas el 1,5% de la demanda de energía del sector transporte podría ser cubierta en España en el año 2010 con ese tipo de energía. Además, por razones en las que no voy a entrar, me parece que la idea llega tarde. En segundo lugar, no hay muchos instrumentos de política energética que permitan propiciar el ahorro en el sector transporte. En otros sectores, cabe eliminar los subsidios al uso de energías emisoras de CO2 o promover la utilización de otras energías mediante regulación administrativa o ayudas. En éste, el principal, y casi único, instrumento disponible son los precios finales. Ello quiere decir la fiscalidad sobre el consumo de energía, puesto que los precios antes de impuestos quedan fijados a través de mecanismos de mercado. Digo casi único, porque la introducción de estándares de eficiencia energética en el equipamiento del sector de transporte también ha demostrado en el pasado un cierto potencial, como fue el caso de la Corporate Automobile Fuel Efficiency (CAFE) en Estados Unidos durante el período 1979-82 y , de igual modo, porque la oferta de modalidades de transporte de personas menos intensivas en energía que las habituales también constituye un ámbito de acción pública prometedor.

Precios

Mucho se ha discutido acerca de la elasticidad-precio de la demanda de productos petrolíferos en el sector del transporte. A mi juicio, las evidencias más robustas indican que es significativamente inferior a las elasticidades-precio de la demanda de electricidad y de energía por parte de los sectores residencial e industrial. De hecho, los shocks del petróleo de 1973 y 1979 apenas tuvieron efectos a corto-medio plazo sobre el consumo de gasolinas en el conjunto de países de la OCDE. También indican que la elasticidad en cuestión es significativamente no nula, al menos si se considera un horizonte temporal suficientemente amplio. Por ello, los escenarios previstos por la Agencia Internacional de la Energía, que suponen precios finales de la energía relativamente moderados, apuntan a que el consumo energético del sector de transporte evolucione paralelamente al PIB, lo que dificultaría alcanzar los compromisos internacionales en materia de emisiones de gases de efecto invernadero.

En definitiva, para seguir con las malas noticias, todo parece indicar que la voluntad política de estabilizar las emisiones de CO2 - para los no creyentes: de hacer más habitables nuestras ciudades- pasa, entre otros extremos, por incrementar la fiscalidad sobre el consumo de carburantes, especialmente en países como el nuestro donde se mantiene en niveles relativamente bajos. Las circunstancias actuales no propician esta decisión; habrá que dejarlo para cuando los precios antes de impuestos observen niveles menos elevados. En todo caso, si tal debe ser la tendencia, habrá que aguantar el tirón, ayudar, si fuera menester, a los sectores más afectados aunque de otra manera, y, si se quiere afrontar el problema de fondo, neutralizar el deterioro de la renta real de los agricultores y asalariados a través de otras vías. No hay que reducir el impuesto especial de hidrocarburos. Lo que sí hay que hacer es desempolvar la política de ahorro energético: en Bruselas y en Madrid.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LXXXVII. Falta energía. La energía nuclear cabalga de nuevo.

Los abogados de la energía nuclear aprovecharon una ventana abierta en la opinión pública. Se cerró. Se volverá a abrir.

Como la memoria es flaca y las generaciones más jóvenes ignoran cómo llegó la energía nuclear a España, conviene echar un vistazo a la historia, antes de entrar en cuentas. Cabe partir de dos datos: en España, año 2000, la energía nuclear registraba una potencia instalada de 7798 MW, es decir, el 14,8% de la potencia del sistema peninsular, y cubrió el 31,9% de la demanda peninsular de electricidad. Pues bien, tales cifras resultan de dos episodios históricos principales de signo opuesto: los excesos cometidos en la transición democrática, y los planes energéticos aprobados por los gobiernos socialistas.

Publicado previamente en El Pais, el 31 de marzo de 2002.

En cuanto a lo primero, cabe recordar que los sucesivos planes energéticos de las postrimerías del franquismo y de los inicios de la democracia apostaban por 15000 MW (mayo 1972, con el horizonte de 1983); 25500 MW (propuesta de UNESA para el PEN-1977, con el horizonte de 1987); 13434 MW (propuesta Oliart para el PEN-1977 con el mismo horizonte); 10525 MW (propuesta Fuentes Quintana para el PEN-1978 con ese plazo); y, finalmente lo aprobado, es decir, 10500 MW. Después, el primer gobierno socialista recortó, en 1983, la potencia prevista hasta 7600 MW en 1992, lo que implicaba la no puesta en marcha de cinco proyectos nucleares en proyecto o construcción. Los excesos de los planes anteriores condujeron a que desde entonces los consumidores españoles de energía eléctrica hayan abonado el 3,5% de los recibos de la luz en concepto de resarcimiento por las inversiones paralizadas. Afortunadamente para todos, los planes energéticos del general Franco y de UNESA nunca vieron la luz. Lo anterior debe servir para concluir que la energía nuclear suele venir acompañada, al menos en nuestro país, de excesos retóricos.

El examen de las hemerotecas alumbra la naturaleza de los argumentos empleados en la época. Por piedad, no citaré a los autores. “Energía abundante y barata”; “no hay alternativas a la energía nuclear: el gas procedente de Argelia a través del estrecho del Gibraltar es un desideratum” (1985); “urge tomar decisiones para asegurar el autoabastecimiento energético”. Después, supimos que la energía nuclear ha sido extremadamente cara; que el gas natural, junto con el ahorro de energía, es la mejor fuente de energía primaria de los próximos años; y que otros países reaccionaron con menores dosis de nacionalismo energético a las crisis del petróleo de los años setenta.

Quiero fijarme, con todo, en dos argumentos renovados sobre la conveniencia de la energía nuclear. El primero insiste en el coste, aunque se refiere implícitamente al coste variable, que por estar asociado a una tecnología muy intensiva en capital es reducido. Claro que, en el momento actual, es decir, antes de construir nuevas centrales nucleares el coste relevante es el coste unitario total de kwh. Pues bien, la experiencia española demuestra que, hoy, el coste unitario total de algunas centrales nucleares españolas se sitúa por encima, por poner una referencia, del coste del kwh eólico. Ello, sin tener en cuenta otros costes importantes y hoy desconocidos como son los referentes a la gestión del combustible nuclear gastado.

El segundo argumento tiene una vertiente medioambiental. Viene a decir que el cumplimiento de los compromisos españoles y europeos en materia de emisiones de CO2 aconseja la construcción de nuevas centrales o, cuando menos, la prolongación de la vida de las existentes. El argumento insiste en la relación entre energía nuclear y efecto invernadero. Sin embargo, está suficientemente probado que el uso de la fiscalidad medioambiental es suficiente para resolver el problema, como han mostrado Nordhaus y otros, sin necesidad de acudir a la energía nuclear. Como el cambio climático es un fenómeno secular, basta con incrementar suave aunque sostenidamente la fiscalidad sobre el consumo de energía, especialmente en los sectores donde se registra un crecimiento mayor de la demanda energía, como es el caso del transporte. Además la solución es menos incierta y más barata para todos.

Finalmente, conviene recordar que la generación de energía eléctrica es una actividad liberalizada. Es dudoso que los accionistas de cualquier compañía eléctrica estén dispuestos a asumir los riesgos derivados de la construcción y explotación de una central nuclear. La viabilidad financiera de este empeño depende pues de que el Estado, esto es contribuyentes y consumidores, estén dispuestos a asumir tal riesgo, mediante garantías explícitas o implícitas de recuperación económica de la inversión realizada, pase lo que pase. Naturalmente, ello es incompatible con la nueva regulación y conduciría al establecimiento de una exención sobre la asunción de riesgos por parte de los accionistas de las compañía eléctricas. Por eso creo que el asunto de la energía nuclear vuelve a ser un tema de calado político, sobre el que podría haber pronunciamiento expreso de los partidos políticos. El PSOE propone, proponía en el último programa electoral, el cierre ordenado de centrales nucleares: nada extravagante a juzgar por lo decidido en países como Alemania o Bélgica. El PP no se pronuncia: basta con leer el Plan Energético remitido al Congreso de los Diputados. Arranque de caballo y parada de burro.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LXXXVI. Falta energía. La Economía de Kioto.

Las cosas van mejorando. Hace unos pocos años era inconcebible la existencia de un mercado de emisiones. Pronto, será una realidad. Sucedió lo mismo con la atención al medio ambiente. Tuvimos que entrar en Europa para averiguar que la contaminación no es una forma de desarrollo.

Uno de los aspectos más llamativos del debate sobre el cambio climático y el calentamiento del planeta es la afonía de los economistas. No quiero decir que la voz de esta profesión debería callar otras; simplemente, no parece ocioso intentar responder a tres preguntas elementales sobre el cambio climático: ¿cuánto cuesta? ¿Quiénes son los ganadores y perdedores? ¿De qué manera cabe hacer frente al problema de la manera menos costosa posible?. De paso a lo mejor entendemos porqué Estados Unidos ha rechazado el Protocolo de Kioto, y Japón ha puesto en cuarentena su posición hasta la próxima conferencia de las partes en Marraquech.

Publicado previamente en Expansión, el 21 de julio de 2001.

Desde hace más de un decenio, un puñado de buenos economistas académicos, fundamentalmente americanos, entre los que destacaría a Nordhaus, pretenden cuantificar el impacto del incremento medio de la temperatura del planeta. La contribución más reciente de este autor es Warming the World: Economic Models of Global Warming, The MIT Press. Los escenarios más plausibles señalan que en los próximos cien años la temperatura media aumentará de manera sostenida hasta alcanzar un nivel superior en 2,5º-3º C la temperatura registrada en la actualidad. Los análisis distinguen distintos tipos de efectos: agricultura, aumento del nivel de los océanos, salud, asentamientos humanos, ecosistemas y catástrofes naturales.

Naturalmente, los efectos asociados a realidades no mercantiles son de difícil estimación; también lo es el impacto de las eventuales catástrofes; simplemente, porque no existe un marco teórico robusto que relacione calentamiento y catástrofes naturales. Con todo, estudios recientes muestran que el impacto económico de, por ejemplo, los ciclones tropicales en Estados Unidos es limitado: aproximadamente el 0,08% del PIB en el periodo 1987-95. Pese a lo anterior, las estimaciones más recientes apuntan a que el coste del cambio climático podría ser equivalente al 0,5% del PIB mundial de 1990. El impacto alcanzaría el 2,5%, si el incremento medio de temperaturas fuera de 4ºC. Si dicha estimación fuera correcta, o los gobiernos lo creyeran así, no deberíamos esperar grandes esfuerzos en esta materia, especialmente por parte de los que no temen grandes perjuicios.

La segunda sorpresa tiene que ver con la lista de ganadores y perdedores. La modelización regional del impacto del cambio climático sugiere que hay países vulnerables y no vulnerables. Entre los segundos, Estados Unidos, Canadá, Japón e incluso Rusia, donde el calentamiento del planeta tendría efectos beneficiosos en la agricultura; entre los primeros, Europa, para la que los análisis vaticinan un perjuicio equivalente al 2% del PIB y, también países de bajo nivel de renta como India y la mayor parte de África.

Así es fácil comprender que una de las primeras decisiones del presidente Bush haya sido dar la espalda al protocolo de Kioto: parece que tiene confianza en los economistas del cambio climático. También lo es el cambio de actitud de Canadá y Japón; podría serlo, como se barruntan algunos, la modificación de la posición de Rusia. La tercera, y última, sorpresa deparada por los economistas es que una política eficiente orientada a resolver el problema no es muy costosa. Los costes correspondientes están en relación con los beneficios esperados, esto es, evitar una pérdida del 0,5% del PIB y los riesgos de pérdida de riqueza ecológica y de catástrofes. Lo malo es que las políticas más eficientes, es decir las que pasan con mejor nota el análisis coste-beneficio, tienen que ver con la creación de un mercado mundial de emisiones de CO2 y/o con la utilización de la fiscalidad de manera armonizada a escala internacional; digo lo malo porque el Protocolo de Kioto contempla de forma muy esquinada lo primero, porque la lista de países del Protocolo adelgaza por momentos, y porque en muchos lugares y sectores las emisiones de CO2 lejos de estar gravadas están subvencionadas. Lo peor es que la compatibilidad de las políticas eficientes con las necesidades de desarrollo económico de los países más pobres de la tierra no es inmediata. Y es que el desarrollo está muy ligado al consumo de energía y, en consecuencia, a las emisiones de gases de efecto invernadero.

La economía del cambio climático trae, además de sorpresas, una buena noticia. Habida cuenta de que el proceso de calentamiento observa ritmos seculares, cabe que la nueva fiscalidad sobre emisiones de gases de efecto invernadero registre niveles iniciales de presión bastante modestos, que se incrementarían de forma paulatina a lo largo de los próximos decenios; ello sería así incluso si los países más desarrollados asumieran una parte mayor de la futura carga. Lo cual viene a cuento del debate europeo de hoy sobre la instauración de un impuesto comunitario: ¿por qué no éste?

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LXXXV. Falta energía. ¿Cómo se lo digo a Aznar?

Dicen que dijo el Ministro de Economía, cuando el Secretario de Estado de Economía, de Energía y de la PYME le trasladó las conclusiones de un interesante estudio que Red Eléctrica de España ha elaborado, con fecha 2 de enero de 2002, sobre la garantía de suministro de energía eléctrica en España. Claro que, poco antes, el mismo Secretario de Estado había hecho la misma reflexión en voz alta: ¿cómo se lo digo a Rato?. La novedad principal aportada por el estudio es que, junto a las deficiencias últimas de la distribución de electricidad, en España existe un déficit de capacidad de generación, de difícil remedio en los próximos meses. La consecuencia, en los dos casos, son los apagones. Y es que, a veces, los jefes sólo están para escuchar buenas noticias; o malas, si vienen acompañadas de la atribución de responsabilidades ajenas.

Publicado previamente en Expansión, el 22 de enero de 2002.

El Informe en cuestión, titulado “Previsión de Cobertura de la Demanda del Sistema Eléctrico en Enero y Febrero de 2002”, pone de relieve que a lo largo de los últimos dos meses de 2001 se produjeron problemas severos de cobertura de la demanda de electricidad, que obligaron a tomar medidas de emergencia para impedir el colapso. Así, durante los días laborables del 17 al 23 de diciembre fue necesario ordenar interrupciones a los clientes industriales aplicados a este tipo de tarifa, llegándose incluso al deslastre ordenado de cargas en las zonas Centro y Levante con la intención de evitar apagones generalizados. Hasta aquí, nada que no hayan sufrido y sepan madrileños, catalanes y valencianos.

Lo peor es que, dice el Informe, el nivel de los embalses y la meteorología pueden conducir a situaciones similares a lo largo de los meses de enero y febrero de 2002. Bajo hipótesis plausibles sobre demanda y disponibilidad del parque eléctrico, se comprueba que “la situación por la que atraviesa el sistema eléctrico es grave, siendo alta la probabilidad de falta de suministro y por tanto muy alto el riesgo que de ello se deriva”. Digo plausibles porque el pesimismo respecto del frío o las lluvias, inspirado por la debida aplicación de la Ley de Murphy a este género de circunstancias, está acompañado de un optimismo extremo respecto de la disponibilidad de las centrales que operan en condiciones extremas. Y, si no, que se lo digan al nuevo consejero delegado de IBERDROLA, que busca responsables de la política de mantenimiento de su centrales: no tiene que mirar muy lejos. Por lo demás, señala el citado Informe que en la hipótesis de mayor fallo térmico, esto es la vigencia en España de la Ley de Murphy, el sistema es incapaz de hacer frente a las demandas de punta, incluso con la interrupción de los abonados industriales. El problema, añado yo, renacerá con los calores de julio. No en vano, la extensión del aire acondicionado genera demandas punta similares a las del invierno.

Es cierto que el Informe está acompañado de un borrador de orden ministerial que, entre otros extremos, faculta a Red Eléctrica a adoptar las decisiones más oportunas bajo su mejor criterio, debiendo acreditar después su oportunidad a los agentes afectados y a la Comisión Nacional de la Energía. Hace bien Red Eléctrica en proponer que el Ministerio se parapete tras la Comisión. De todas maneras, llama la atención que una empresa privada esté llamada a asumir esta clase de responsabilidades. Sobre todo, cuando predica, allí donde se le escucha, que su objetivo fundamental es la creación de valor para el accionista, es decir, las compañías eléctricas.

En fin, no quiero hacer de esta columna de opinión noticia. Supongo que el Informe perderá en breve su condición secreta. Si quiero, sin embargo, subrayar que vivimos la peor de las amenazas de desabastecimiento eléctrico de los últimos cuarenta años. Hasta la fecha, la decisión principal del Gobierno ha consistido en promover la constitución de una Subcomisión en el seno de la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados; la Subcomisión deberá proceder a la planificación energética. En definitiva, el Parlamento gobierna y el Gobierno controla. Como la gravedad de la situación me lleva a renunciar a la ironía, obviaré cualquier comentario sobre la similitud de la fórmula con las empleadas con este fin en la extinta Unión Soviética. La Subcomisión, en fin, convocará a los máximos responsables de las compañías eléctricas, y dentro de algunos meses determinará lo que sabemos hoy: que hay amenazas y realidades de desabastecimiento de energía eléctrica. Lo peor es que se habrán perdido unos meses preciosos y el problema se habrá agravado.

Subrayo las fechas, esto es que hoy, 17 de enero, el Gobierno no ha tomado decisiones serias atinentes al caso, porque constituyen ejemplo de la urgencia con la que se tratan los problemas de todos en la España de hoy. Las tomará dos meses después de los primeros apagones, pese a que se viene hablando del asunto desde hace más de un año. Es posible, y deseable, que las hipótesis de Red Eléctrica no se verifiquen. Conviene esperar que la suerte, la destreza de los técnicos de Red Eléctrica y la paciencia de los consumidores nos saquen del lío. En todo caso, no estaría de más que los jefes, a veces, estuvieran para resolver problemas. Sobre todo, porque no tienen que explicarlos a nadie.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LXXXIV. Falta energía. Historias Eléctricas.

¿Algún hogar español ha recibido una oferta para cambiar el contrato de la luz a otra compañía eléctrica?

Cito a Francisco Cayón: “En definitiva, desde el año (…) el mercado (…) de la electricidad quedaba ya claramente dominado por las grandes empresas eléctricas que, actuando de forma conjunta, repartiéndose los contratos y unificando las recaudaciones impedían la existencia de cualquier tipo de competencia (…). Si no de derecho sí de hecho, se había constituido un fuerte monopolio que otorgaba escasas posibilidades de defenderse ante posibles abusos que pudieran cometer cualquiera de las sociedades eléctricas”. La cita del historiador se refiere a 1920 y al mercado madrileño de la electricidad y, debemos convenir, guarda un sabor contemporáneo, al igual que las admoniciones del ministro Indalecio Prieto en febrero de 1933, cuando “advirtió a las empresas eléctricas que no toleraría ninguna actitud que concluyese en cualquier tipo de confabulación para subir el precio del fluido” (Velarde Fuertes).

Publicado previamente en Expansión, el 18 de octubre de 2002.

He querido recordar tiempos pretéritos, ahora que nos acercamos al momento en que se fijará la tarifa eléctrica de 2003, para mostrar la importancia histórica de enero del próximo año: por vez primera, los hogares españoles disfrutarán del derecho formal de elección de compañía suministradora: un fruto más de nuestra pertenencia a la Unión Europea. Se dirá que la experiencia de la introducción de competencia en el mercado de grandes consumidores ha sido decepcionante, que las condiciones estructurales del sector eléctrico español condenan de antemano el alcance real del empeño, que los apagones de California o Nueva Zelanda invitan a mirar con recelo este género de experimentos, o que la situación financiera de las empresas eléctricas obliga a los reguladores a no tomarse muy a pecho la introducción de competencia. Se trata, sin duda, de buenas y prudentes razones para justificar que las cosas deben seguir como están, manteniéndose, eso sí, las apariencias. Lo malo es que tantas razones, prudentes y buenas, nos remiten de nuevo a 1920.

En los últimos años, el BOE nos ha regalado una copiosa literatura sobre el sector eléctrico, de suerte que sólo los muy expertos son capaces de conocer el marco regulatorio vigente; más aún, cuando no hay semana en la que no se le ponga un apósito. El último, el déficit tarifario, cuya lógica guarda grandes similitudes con la empleada por el sector en 1921 para reclamar a Antonio Maura, quien ocupaba la presidencia de su último gobierno, una actualización de tarifas, según se colige de los trabajos del citado historiador.

La única salida posible de los oscuros callejones regulatorios consiste en que las autoridades públicas centren la atención en lo fundamental, es decir, el ejercicio de los derechos de elección de los consumidores por parte de los hogares españoles; desde Maura y Prieto, sabemos adónde conduce el afán de perfeccionar el régimen tarifario.

Y si, además, todo ello se consigue sin que la operación de cambio de contadores esté contaminada por irregularidades y anomalías, mejor que mejor.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LXXXIII. Falta energía. Ibergas.

El informe (denegatorio) de la Comisión Nacional de la Energía causó conmoción, aunque Gas Natural lo veía venir. La mejor interpretación de esa decisión la formuló de manera inmediata Xavier Vidal Folch: No se (el Gobierno) podía tolerar que una empresa tan importante tuviera raices catalanas. Queda por saber porque Gas Natural formuló la OPA, cuando sabía que el Gobierno era hostil. La Comisión Nacional de la Energía amortizó su prestigio en unas horas, aunque su presidente no perdió un solo minuto de puente.

Cada cierto tiempo el sector energético español regala un anuncio de reordenación del mapa empresarial a los analistas. De hecho, uno de los pasatiempos preferidos de estos es la cartografía; no hay analista que se precie que no haya intentado levantar un nuevo mapa. En general, el empeño es inútil; simplemente porque no hay manera de atender de manera simultánea todos los intereses en juego, tanto los privados como los públicos.

Publicado previamente en Expansion, el 12 de marzo de 2003.

Desde una perspectiva estrictamente empresarial, la integración de Iberdrola y Gas Natural parece disfrutar de las ventajas de la complementariedad de los recursos y mercados de ambas empresas. Por decirlo de manera sucinta, cabe decir que en este caso sí se cumple la regla del 1+1=3, a diferencia de la aritmética de la fallida fusión entre Endesa e Iberdrola, que parecía responder al 1+1=1. Esa misma complementariedad permitiría vaticinar una fusión más sencilla de los equipos directivos y de los correspondientes intereses profesionales, lo que en España es determinante. Por eso sorprende que lo que pudo ser un acuerdo amistoso se convierta en una OPA hostil. La única explicación que se me alcanza es que, a diferencia de la citada fusión fallida, esta operación disfruta de entrada de la enemistad de otras empresas del sector energético : accionistas y competidores. Y ya se sabe que la competencia es una planta que no arraiga en el macetero energético español. Lo anterior me lleva a no augurar un final feliz de esta historia para la empresa que ha tomado la iniciativa.

El análisis de la operación desde la perspectiva del interés público es algo más intrincado. Y, sin embargo, es el fundamental. Si, hoy, los sectores eléctrico y gasista se rigieran realmente por las reglas de la competencia, no cabría oponer razones de interés público a la fusión. Gas Natural e Iberdrola tienen una presencia menor en los mercados eléctrico y gasista, respectivamente, por lo que la operación no incrementa el poder de mercado de la empresa fusionada con respecto a la situación anterior. Lo malo es, sin embargo, que las cuotas de mercado de las empresas en sus mercados principales son incompatibles con la existencia de competencia y, en consecuencia, que las empresas atraviesen las fronteras de su subsector constituye una de las escasas vías para acomodar las estructuras de mercado a las exigencias de la competencia. A lo anterior hay que añadir, además, que Gas Natural e Iberdrola se sitúan en fases adyacentes del proceso vertical de generación de electricidad, y ya se sabe que la integración vertical puede ser nociva para la competencia cuando los niveles de concentración horizontal de los respectivos mercados son elevados y hay activos esenciales. Si elegimos en este punto la senda del posibilismo, la fusión sería la ocasión para modificar, en el sentido aludido anteriormente, las estructuras de mercado de los dos sectores con el fin último de mejorar las condiciones para una competencia efectiva. En principio, el conflicto entre intereses privados y públicos sería menos acentuado que el que acompañaba a la fusión entre Endesa e Iberdrola y, en consecuencia, habría más margen para sacar partido de este viaje.

Pero, quizá, el punto de vista más determinante sea el político. Aquí la única apoyatura posible es la intuición. Creo que los tiempos actuales no son idóneos para la cartografía, especialmente cuando el lápiz debe ser empuñado por quienes tienen la cabeza en otra cosa y no quieren ruidos o distracciones. La operación podría, pues, ser conveniente para casi todos, pero es extemporánea. La funesta manía de la interpretación me lleva a concluir que sus proponentes no avizoran tiempos inmediatos más propicios, lo que constituye una lección sobre lo que nos espera en lo que queda de esta legislatura.