La economía de la prostitución

En The Economics of Public Issues (traducido al español como Análisis económico de la usura, el crimen, la pobreza, etcétera; Fondo de Cultura Económica, 1976) Douglass C. North (Premio Nobel de Economía en 1993) utilizaba la exposición de bases económicas para la comprensión y análisis de determinados problemas sociales. Como el uso de drogas. O la prostitución. O la prohibición del aborto. O la euforia. Sin ánimo moralizante; en la introducción podía leerse lo siguiente:

Los economistas no pueden decirle a la gente lo que debe hacer. Tan sólo pueden exponer los costos y beneficios de múltiples opciones para que los ciudadanos, en una sociedad democrática, tomen mejores decisiones. Éste es el propósito del presente libro.

Así, en el capítulo titulado "El análisis económico de la prostitución", North nos ofrece su particular punto de vista sobre el oficio más antiguo del mundo; y un análisis sobre las consecuencias de la ilegalización de la prostitución. Utilizando como ejemplo el cierre de los burdeles parisinos, decretado en 1945. Nos contaba North que la ilegalización tiene efectos perversos sobre la salud pública. Según North, cuando la prostitución era legal, los muchos establecimientos existentes podían anunciarse. Puesto que los clientes podían comparar rápidamente precios y calidades, la información era barata. Los clientes huían de aquellos establecimientos donde existiera una alta probabilidad de contagio. Los de mala reputación. Aquellos con peores condiciones sanitarias. Para mantenerse en el negocio, los establecimientos debían gozar de una reputación aceptable. Además, el gobierno francés, dado que la prostitución se ejercía mayoritariamente en burdeles, tenía establecidas visitas médicas semanales. Además, al no existir la posibilidad de incurrir en una sanción, los clientes podían, sin gran inversión de recursos, obtener información para evitar el riesgo de contagio. ¿Qué sucedió después de la prohibición? Se eliminó la competencia; los clientes ya no podían estar seguros acerca de la calidad del servicio. Dejaron de existir las visitas médicas. La información se convirtió en mucho más dificil de adquirir; aumentaron los riesgos de contagio. Sólo los ricos fueron capaces de asumir el costo de encontrar prostitutas saludables. En resumen, la ilegalizaciónresultó en una disminución el número y la calidad media (medida en términos de salubridad) de las prostitutas, en una disminución en el número de clientes, y en mayores precios medios. Las enfermedades venéreas se hicieron más frecuentes. Además, apuntillaba North un asunto importante: las enfermedades venéreas son transmisibles. La penitencia por el pecado no sólo la paga el enfermo; dado que el afectado puede diseminar las enfermedades venéreas, el coste es incurrido por un segmento mayor de la sociedad. Por otras parejas sexuales. Y por las parejas de éstas.

En contra de la tendencia que aboga, en los últimos tiempos, por la prohibición de la prostitución, The Econonomist retoma, aunque sin citarlo, el argumento de North. Y lo lleva más lejos. Publica un interesante artículo en el que defiende la legalización de la prostitución. Además del consabido alegato en favor de la libertad individual y en contra de la injerencia gubernamental en el ámbito privado, entiende The Economist que la legalización convertiría a la prostitución en un negocio más transparente. Ello contribuiría a combatir las oscuras actividades que se mueven a su alrededor; el tráfico de seres humanos o prostitución infantil, por ejemplo.

Criminalisation forces prostitution into the underworld. Legalisation would bring it into the where abuses such as trafficking and under-age prostitution can be more easily tackled. Brothels would develop reputations worth protecting. Access to health care would improve—an urgent need, given that so many prostitutes come from diseased parts of the world. Abuses such as child or forced prostitution should be treated as the crimes they are, and not discussed as though they were simply extreme forms of the sex trade, which is how opponents of prostitution and, recently, the governments of Britain and America have described them.

Puritans argue that where laws have been liberalised—in, for instance, the Netherlands, Germany and Australia—the new regimes have not lived up to claims that they would wipe out pimping and sever the links between prostitution and organised crime. Certainly, those links persist; but that's because, thanks to concessions to the opponents of liberalisation, the changes did not go far enough. Prostitutes were made to register, which many understandably didn't want to do. Not surprisingly, illicit brothels continued to thrive.

If those quasi-liberal experiments have not lived up to their proponents' expectations, they have also failed to fulfil their detractors' greatest fears. They do not seem to have led to outbreaks of disease or under-age sex, nor to a proliferation of street prostitution, nor to a wider collapse in local morals.

Which brings us back to that discreet transaction between two people in private. If there's no evidence that it harms others, then the state should let them get on with it. People should be allowed to buy and sell whatever they like, including their own bodies. Prostitution may be a grubby business, but it's not the government's.