Libertad y Organización

¿Qué es la Innovación?

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La OCDE ha alumbrado, a través de los manuales de Frascati y Oslo, conceptos estándar de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i). De esta manera, los países miembros iniciaron hace ya bastantes años las encuestas sobre actividades de I+D y, más recientemente, las encuestas de innovación (i).

A estos efectos, se considera Investigación (I) la indagación original y planificada que persigue el descubrimiento de nuevos conocimientos en el ámbito científico y tecnológico. El Desarrollo (D) se refiere a la aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro tipo de conocimiento científico para la fabricación de nuevos materiales o de productos o para el diseño de nuevos procesos o sistemas de producción, así como para la mejora tecnológica sustancial de materiales, productos, procesos o sistemas preexistentes. La Innovación (i) tecnológica comprende los productos y procesos tecnológicamente nuevos, así como las mejoras de los mismos, cuando son introducidos en el mercado (innovaciones de producto) o son utilizados de manera efectiva en un proceso de producción o prestación de servicios (innovación de proceso). La innovación, en un sentido amplio (I+D+i), abarca las actividades de I+D y otras (i), tales como el diseño industrial, la inversión en equipos e ingeniería industrial, el lanzamiento de la fabricación de un nuevo producto, la adquisición de tecnologías materiales e inmateriales y la comercialización de nuevos productos, siempre que estén relacionadas con una innovación de producto o proceso.

Las convenciones estadísticas dejan de lado actividades con un contenido innovador indudable. Así, cabe mencionar la adopción de nuevas formas organizacionales, las políticas de recursos humanos o la aplicación de nuevos modos de gestión. Digamos que el concepto estadístico de innovación está bastante ligado a la tecnología de producto o proceso, y menos a las tecnologías organizacionales y de modelos de negocio. Además, cabe añadir que la cobertura sectorial de las encuestas de innovación es limitada; por ejemplo, es llamativo que no abarque a las administraciones públicas, como si sus productos o procesos no pudieran tener contenido innovador.

Numerosos estudios económicos han querido dar cuenta de las consecuencias y causas del esfuerzo innovador de los países. Entre las consecuencias, debe citarse su impacto sobre la productividad y, en último término, sobre el crecimiento económico. En España, este extremo ha ganado la categoría de debate político. En las últimas elecciones generales, se ha propuesto un nuevo rumbo al modelo de crecimiento económico, que debería avanzar por la senda de la innovación, frente al camino conocido de la moderación salarial y la competencia de las empresas españolas en costes. Los sindicatos mayoritarios se han pronunciado explícitamente a este respecto.

Son también numerosos los estudios que han pretendido explicar los factores determinantes del esfuerzo innovador. Suele citarse, por ejemplo, la permeabilidad de los mercados de capitales respecto de la innovación, o los incentivos fiscales a la inversión en esta variable. Habida cuenta de que España disfruta de un sistema financiero eficiente y de que la fiscalidad de la innovación es generosa, siendo los resultados en esta materia pobres, conviene explorar otras pistas antes de adentrarse en los caminos tortuosos de las subvenciones públicas. Por ejemplo, que en nuestro país la inversión en innovación no forma parte de la negociación colectiva, a pesar de que los intereses empresariales y sindicales parecen coincidentes. Es difícil que una empresa invierta en innovación, lo que en España suele estar asociado a la adquisición de bienes de equipo, si, al mismo tiempo, el marco de relaciones laborales dificulta la rentabilidad de la inversión. De la misma manera, no cabe esperar que los trabajadores inviertan en formación específica para el puesto de trabajo desempeñado, cuando las condiciones de trabajo son precarias. O, también, que la competencia de los mercados engendra incentivos muy poderosos a la innovación. La OCDE ofrece evidencias bastante robustas a este respecto.

En definitiva, el cambio de modelo de crecimiento económico resultará de una combinación de la negociación entre los agentes sociales y del reforzamiento de la competencia en los sectores de servicios. Si además el Estado toma nota y ofrece espacios de libertad al conocimiento y a la iniciativa, la innovación será algo más que una convención estadística.

Publicado previamente en El País, el 13 de junio de 2004.

La caducidad del Informe Aldama

Publicado, junto con Ramón Pueyo, en Expansión, el 5 de febrero de 2004.

Recientemente, la OCDE ha hecho público el borrador de la revisión de sus recomendaciones sobre gobierno corporativo de las empresas, mediante la publicación del documento OECD Principles of Corporate Governance, cuya primera versión fue presentada en 1999. En esa fecha, la OCDE quiso, según manifestaba hace poco su secretario general a The Wall Street Journal, prestar atención por vez primera a las prácticas de gobierno corporativo en razón de la constatación de las malas prácticas observadas en los mercados emergentes, como el Sudeste de Asia y la antigua Unión Soviética. Sin embargo, y después, la proliferación de escándalos en el mundo empresarial de las economías avanzadas han puesto de relieve que el gobierno corporativo es también un problema a resolver en los países desarrollados.

Los formalismos no engañan

De los nuevos planteamientos de la OCDE en la materia cabe destacar la constatación de que la adopción formal y voluntaria de códigos o estándares por parte de las empresas no es suficiente, pues abandona a los accionistas y otros grupos de interés (stakeholders) a la ignorancia sobre el grado de implantación efectiva del código de turno, de suerte que los mercados de capitales no están en condiciones de otorgar crédito alguno a las prácticas de gobierno. En consecuencia, es imprescindible la más completa trasparencia respecto de la implantación efectiva del código, el nivel de cumplimiento del mismo, así como del régimen de sanciones aplicable. Como no podía ser menos, el documento de la OCDE también se refiere a la protección de los derechos de los accionistas minoritarios y al ejercicio, por parte de los inversores institucionales de sus derechos de voto; a estos últimos también se les pide el abandono de la pasividad en lo que respecta a las prácticas de gobierno de empresas en cartera, y que lleven un registro público en el que se de a conocer el sentido de sus votaciones sobre los asuntos anteriores. Igualmente, la OCDE presta atención a las relaciones societarias con los grupos de interés concurrentes en la actividad empresarial; así, se reconoce que el establecimiento de relaciones cooperativas -el informe recomienda incluso el establecimiento de mecanismos que permitan la participación de los empleados en el gobierno de las sociedades- con dichos grupos de interés redunda en la creación de valor.

Los principios de la OCDE también recomiendan el establecimiento de procedimientos que permitan que los grupos de interés puedan comunicar al consejo de administración información acerca de prácticas irregulares de la compañía, y animan a las empresas a adoptar políticas de transparencia informativa en asuntos de responsabilidad social corporativa. Se entiende que dicha información puede ser de utilidad para que los inversores y otros grupos de interés puedan formarse una imagen más cabal de las compañías.

En cuanto a la transparencia informativa en materia de gobierno corporativo, y en línea con los códigos más avanzados, las recomendaciones de la OCDE piden que los consejos informen acerca de la remuneración e historial de los consejeros, abogan de forma indirecta por la separación entre presidente del consejo de administración y el primer ejecutivo de la compañía, y solicitan que los consejeros hagan pública su pertenencia a otros consejos de administración. Las compañías deben considerar si la pertenencia de sus consejeros a otros consejos de administración es compatible con el desempeño de sus funciones. El sentido común sugiere que la poligamia corporativa y la endogamia están reñidas con el buen gobierno. Seguramente, los redactores del informe de la OCDE tenían en mente los casos de poligamia descubiertos por la revista norteamericana Forbes hace un año: de acuerdo con la información de la Securities and Exchange Commission, en aquel momento, dieciocho personas estaban presentes como consejeros externos en cinco o más compañías del S&P 500; cinco de ellos en más de seis compañías. Además de sus ocupaciones diarias. En España tenemos algún caso de este tipo. Veremos.

Más democracia societaria

Sin embargo, la principal novedad aportada por las nuevas recomendaciones de gobierno corporativo de la OCDE radica en la recomendación de que los accionistas deben participar de forma más activa en las decisiones de los consejos de administración, especialmente en lo que se refiere a nombramientos y remuneraciones. Considera la OCDE que la elección de los miembros del consejo de administración constituye un derecho básico de los accionistas y entiende que éstos deberían poder participar en la nominación de candidatos y ejercer el derecho al voto sobre candidatos individuales o sobre listas de candidatos. Los derechos electorales tienen que ir más allá de la simple ratificación. En este mismo sentido, los principios de la OCDE proponen la publicidad de las reglas de funcionamiento de los comités de nombramientos, el historial completo de los candidatos, y que sean consejeros externos quienes desempeñen los cargos clave en dichos comités, al objeto de evitar la consolidación de relaciones de compadreo.

En su aplicación a España, lo anterior podría ayudar a combatir una de las patologías más agudas de los consejos de administración, descubierta por Rafael Fraguas, profesor de IESE, en un informe del que recientemente daba cuenta este mismo periódico: la escasa preparación profesional de los consejeros de nuestra empresas. También, eliminaría una de las reglas básicas de las exóticas prácticas de gobierno corporativo en España: "Los sillones de los consejos de administración son para nosotros. Y para nuestros hijos". Debe deducirse, en fin, que la lectura de las recomendaciones de la OCDE pondrá los pelos de punta a más de uno: a la indignidad actual de tener que contar (a medias) al mundo cual es el salario percibido como miembro del consejo de administración, se suma el tener que someter a escrutinio público su capacidad profesional, e incluso el acabar la campaña electoral en votación en Junta General. Con Olivencia vivíamos mejor.

En realidad, las recomendaciones de la OCDE ofrecen pocas novedades a quienes hayan seguido de cerca las evolución de las mejores prácticas internacionales en materia de gobierno corporativo. El lector español avisado averiguará sin embargo que los nuevos principios pillan a las propuestas de la denominada Comisión Aldama con el pie cambiado. Con excepción de la mayor implicación de los inversores institucionales en las decisiones societarias, las recomendaciones del "Código Aldama" parecen, a la luz del informe de la OCDE, definitivamente oxidadas. Y sólo tienen un año.

Emociones, fuera.

Conviene prestar atención a las actitudes y valores de los jóvenes. Por ejemplo, porque son consumidores importantes, inclinan el resultado de las convocatorias electorales de un lado u otro, o anuncian la evolución próxima de los signos de la convivencia. Para ello basta con echar un vistazo al Trend Observer (Ipsos Observer) sobre las tendencias emergentes de las juventudes de Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Francia. Cabe esperar que, tarde o temprano, serán las de la nuestra y, en todo caso, iluminan el futuro económico y político. Pues bien, algo ha pasado en los últimos años. Me fijaré en lo importante, es decir, en las pautas que rigen su inconformismo.

Primero, no creen en los milagros, en las promesas extravagantes. Aspiran simplemente a que quienes pretenden quedarse con su bolsillo o su voto les expliquen qué van a hacer con uno u otro. Se acabaron las trampas y las emociones. Segundo, aman la incorrección política, especialmente cuando propone una mirada distinta sobre algo importante, ofrece una sintaxis nueva para su interpretación o desencadena la sátira. Diesel ha inaugurado el nuevo género, ofreciendo las imágenes de un mundo en el que África disfrutaría de la opulencia y los países occidentales se verían obligados a mendigar la ayuda humanitaria. Tercero, los gestos autoritarios tienen fecha de caducidad: no más lecciones de comportamiento, suspenso a la altivez, las marcas deben ser irreprochables. Sin más. Nike ha abandonado recientemente el “Just do It”.

Pero también me fijaré en la última paradoja. Esos jóvenes inconformistas parecen mostrar un conservadurismo extremo respecto de los valores. Primero, aman la pequeña felicidad procurada por lo cotidiano; hasta el metro es un buen lugar para tropezar con algunos átomos de satisfacción: siempre con los otros: ignoran la destreza del héroe. Segundo, son globalizadores: del medio ambiente, de la paz y de las oportunidades brindadas por el comercio, la transculturalidad o de las nuevas identidades colectivas. Tercero, según Ipsos Observer, son pocos los jóvenes que manifiestan un desacuerdo radical con los mimbres de la sociedad en la que viven, a pesar de la amenazas percibidas y de la incertidumbre. Son conservadores de la libertad y de la convivencia con el planeta.

Vuelven, pues, los tiempos de la modestia, de la contabilización minuciosa de los méritos y de la desconfianza respecto del poder, cualquiera que sea su signo y origen. En definitiva, debe concluirse que quienes creemos en la teoría histórica de las generaciones asistimos consolados a la muerte del modelo juvenil auspiciado por la efervescencia empresarial de los últimos años del milenio anterior: a la muerte del héroe. Y, también, asistimos esperanzados a que la nueva generación traiga un poco más de sosiego, razón e incorrección política. Les llaman “brights”. Que así sea.

Publicado previamente en el diario Expansión

Economía del Tabaquismo

Los fumadores se enfrentan a un endurecimiento generalizado de las condiciones económicas y sociales que rigen el consumo de este bien (dicho sea en sentido económico): un incremento notable de los impuestos que lo gravan; restricciones administrativas variadas sobre los lugares donde se puede consumir y respecto de los grupos sociales que lo pueden adquirir; y, finalmente, un aluvión de información pública negativa en relación a este hábito, que suele insistir en los efectos nocivos para la salud. Que yo sepa, ningún economista español ha querido abordar el signo de las actuales políticas públicas, que sin embargo parecen asentarse en la dudosa premisa (para un economista liberal) de que el Estado está llamado a reprimir los hábitos de conducta que perjudican la salud de los individuos.

Sí lo han hecho, sin embargo, varios economistas americanos. Hace años, Gary Becker, quien postuló la racionalidad del hábito cuando el abandono del vicio es costoso, aunque mejore la calidad de vida actual y futura del individuo, y más recientemente Kip Viscusi (Harvard Law School) y Jonathan Gruber (MIT). Conviene partir de algunas evidencias empíricas, todas ellas referidas a la sociedad americana. Primera, no parece que el hábito genere coste neto alguno para la sociedad; es cierto que empeora la salud de los fumadores y, en consecuencia los costes de la atención médica, pero también lo es que acorta su vida y, en consecuencia, los costes futuros de esa atención o las pensiones. Sin, embargo, el tabaquismo genera un flujo notable de ingresos fiscales. Segunda, la sociedad tiende a sobrevalorar el impacto del hábito sobre la salud; por ejemplo, las mejores estimaciones científicas muestran que el tabaquismo acorta la esperanza de vida en torno a 6/7 años, mientras que las percepciones sociales sitúan tal efecto en 10 (hombres) y 14 años (mujeres). Por cierto que los jóvenes son menos optimistas que los adultos a estos efectos. Tercera, según Viscusi, las evidencias científicas respecto de las consecuencias sobre la salud del tabaquismo pasivo son mucho más débiles que las que se refieren al activo. A partir de aquí el debate.

No cabe discrepancia respecto de la necesidad de restringir el consumo de tabaco en lugares públicos; simplemente porque la gente lo quiere así y en la medida que lo desee. Digo esto, aunque el concepto de libertad negativa me ha parecido siempre vaporoso: no tiene límite superior. Sí que se puede debatir acerca de los impuestos sobre el consumo de tabaco. Ya hemos sugerido que su cuantía puede exceder en bastante el coste social derivado del tabaquismo. En consecuencia, los actuales niveles impositivos sólo pueden responder a la voluntad del Estado de mejorar la salud de sus ciudadanos. La fundamentación técnica más perfeccionada de este género de intervención pública guarda asiento en la teoría del nuevo paternalismo público que ha reclamado Matthew Rabin y, en particular, en la hipótesis de la inconsistencia temporal de los comportamientos individuales. La fundamentación ideólogica es mucho más primitiva: el Estado está llamado a decidir por nosotros. Me fijaré en la primera. El número de verano del Journal of Economic Perspectives publica un interesante artículo de Rabin. El desarrollo de algunos experimentos parece demostrar que los humanos tendemos a adoptar conductas inconsistentes a lo largo del tiempo. ¿Qué prefiere, 100 dólares hoy o 112 dentro de una semana?. Algunos individuos eligieron la primera opción. ¿Qué prefiere, 100 dólares dentro de un año, o 112 dentro de un año y una semana?. Curiosamente, una buena parte de los individuos que eligieron la primera opción en la primera pregunta prefirieron la segunda cuando se les formuló la segunda. Somos impacientes respecto de lo inmediato, naturalmente epicúreos y socialmente apresurados. Ello conduce a la adopción de conductas inconvenientes (para nosotros mismos). El Estado debe impedirlo.

Lo cierto es que la imposición de impuestos elevados sobre el consumo de tabaco puede reconducir los comportamientos. Así, parece probado que la elasticidad-precio de la demanda de cigarrillos es bastante elevada: un incremento de los precios de un 10% reduce el consumo en un 7%. Adviértase, sin embargo, que el hecho imponible no es significativamente distinto del que resultaría de la consideración de la ingestión de pastelería industrial, los baños de sol o una afición desmedida al paddle. En cuanto a la justificación técnica , cabe encontrar este tipo de fenómenos en las compras de automóviles, la decisión de contraer matrimonio y cualquier otra decisión que tenga consecuencias futuras. Nadie en su sano juicio, sin embargo, invitaría al Estado a corregir las estupideces que pueden acompañar tales decisiones. Una cosa es que los poderes públicos deban tener en cuenta que los individuos pueden conducirse irracionalmente y otra bien distinta es que les priven del derecho a la irracionalidad o sacar partido de la misma.

Hasta aquí el debate entre Gruber (paternalismo público contra el tabaquismo ejercido vía impuestos) y Viscusi (limitación de los lugares públicos donde está permitido fumar, sin impuestos específicos de naturaleza regresiva). Véase la revista Regulation. Creo que el segundo está más cerca de la buena economía que el primero; sin embargo, el signo de los tiempos confirmará la hipótesis de la inconsistencia temporal como fallo del mercado de cigarrillos. Será cuando el votante mediano sea no fumador. Aplaudirá la subida de impuestos sobre los vicios ajenos. Entonces, no habrá tabaquismo ni ingresos fiscales. Desaparecerá la especie de los fumadores. Y habrá ganado, una vez más, la corrección social.

Publicado previamente en el diario Expansión

Carteles Electorales

A lo largo de los próximos meses la política española va a cambiar de rostro. Pase lo que pase, el tiempo que viene borrará de los informativos la estampa de personajes tan señeros como Pujol, Arzalluz o Aznar. Además, es probable que se produzca la retirada del paisaje parlamentario de quienes, como Felipe González, quisieron posponerla tras la derrota electoral de 1996. Se va definitivamente la generación política de la transición y comienza a hacerlo la siguiente.

Las próximas elecciones generales enfrentarán por vez primera a los nuevos líderes de los principales partidos nacionales, Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero. Es una buena noticia para los españoles, pues, cualquiera que sea el resultado, recuperaremos el sosiego político que hurtó José María Aznar cuando empezó a ambicionar el gobierno de España. También, los enfrentarán por última vez: salvo empate, el perdedor concluirá la próxima legislatura aburrido en el escaño.

Habida cuenta del carácter económico de esta revista conviene hacer una precisión previa. Según las tesis más simples, el voto sería el premio o castigo a la evolución última de la economía y a las expectativas de orden económico. En consecuencia, la consideración del factor económico llevaría a vaticinar una victoria clara del PP. Sin embargo, como ha demostrado José María Maravall en “El Control de los Políticos”, la relación entre economía y voto en España es bastante más compleja, de manera que unos buenos resultados de la política económica pueden conducir a la derrota electoral. Cabe, por tanto, explorar otras avenidas.

Biografías

Las biografías de los dos candidatos guardan una similitud interesante: se asomaron al mundo de la política sin haber construido antes una carrera profesional, aunque hay que mencionar que Rajoy aprobó antes una oposición difícil, la de registrador. Resalto este extremo porque siendo casi inevitable en los años de la transición parece haberse consolidado después. Otra, igualmente interesante, es que se trata de políticos perfectamente previsibles. Nadie les atribuiría la capacidad suarista de dar un golpe de mano o la de poner la política al servicio de las grandes ambiciones para España, à la González.

En cuanto al estilo político de ambos, parece corresponder al de las zorras, con perdón y de acuerdo con la célebre taxonomía de Isaiah Berlin, quien rememorando uno de los fragmentos conservados del poeta Arquíloco (“Muchas cosas sabe la zorra, pero el erizo sabe una sola y grande”), proponía la distancia que separa a quienes razonan en torno a un único principio universal, ensamblador de sucesos minúsculos y ordenador de todos los acontecimientos a los que entienden que el todo es tumultuoso, inaprensible y que sólo cabe enfrentarse a lo particular. Me parece que la generación política entrante pertenece más a la tribu de las zorras que a la de los erizos, lo cual es acorde con el signo de los tiempos, que inclinan las preferencias de los ciudadanos hacia el éxito mediocre, renunciando así a la gran solución única de los problemas, inequívocamente fatal. Ese carácter viste de ironía a Mariano Rajoy y de parsimonia a Rodríguez Zapatero. Se admite, igualmente la hipótesis de que ambas presuntas virtudes responden sobre todo al miedo a perder o ganar las elecciones, respectivamente.

Empeños

Ambos líderes se enfrentan, por otra parte, a una decisión difícil: la conformación de sus equipos. La siguiente es una historia de primeros y segundos. Digamos que Rajoy pretende ganar las elecciones de la mano de los primeros de la época última, mientras que Rodríguez Zapatero se presenta al lado de los segundos de la antepenúltima, pues abundan en la Comisión Ejecutiva del PSOE jefes de gabinete, secretarios de grupo parlamentario, vocales asesores de ministerio o coordinadores de área del partido, casi todos ellos con un curriculum fechado en la memoria de gobierno del PSOE. En beneficio de Rodríguez Zapatero debe decirse que el equipo actual de gobierno de su partido se compara bien con el de 1981; sin embargo, su calidad palidece ante la del gobierno de 1982. En perjuicio de Mariano Rajoy, cabe señalar que se enfrenta a la difícil asignatura de conformar un equipo acorde a su estilo: sobran pues mayores orejas, ratos o cascos, y desde luego la expresión populista que anida en el PP de la mano de personajes del género Villalobos. Naturalmente, el cambio de rostro del PP sólo será posible en caso de victoria.

La memoria política de Rajoy deja algunos instantes de sabiduría, esfuerzo y apresuramiento. En cuanto a lo primero, la dirección de las crisis de las vacas locas y de las últimas campañas electorales; el Prestige, respecto de lo segundo; “sólo quieren hacerse una foto”, en las horas inmediatamente posteriores a la oferta de pacto antiterrorista por parte del PSOE, si nos queremos referir a lo tercero. Nada cabe decir de su ejecutoria en los ministerios de administraciones públicas o educación, salvo que ha hecho malos a sus sucesores. Lo del Ministerio de Interior no merece comentario: el ruido terrorista da lugar a que su desempeño no pueda ser escrutado en España.

Lo anterior apunta a que se trata de un corredor de fondo, no un sprinter. No ha habido muchos sprints en la historia de la joven democracia española: el de Suárez en las elecciones de 1979 y el de Felipe González en las de 1993. En consecuencia, se trata de una virtud poco frecuente. En cuanto a José Luis Rodríguez Zapatero, conviene concederle este mérito, pues ganó una carrera difícil, la que le llevó a ser secretario general de su partido, en el último minuto y de penalti. Antes se había distinguido por seguir la pista de la promesa electoral del PP, en 1996, de suprimir unos cuantos millares de altos cargos. La confrontación parlamentaria con Rajoy terminó como es habitual: la eliminación de las estadísticas publicadas por el Ministerio de Administraciones Públicas que se refieren al registro de altos cargos. Se acabó la rabia.

Derrotas

La carrera electoral enfrentará, pues, a un corredor de fondo, que parte con ventaja, a un mediofondista poco aficionado a los codazos de las curvas. El primero ha hecho gala de sabiduría electoral. No hace mucho dio a conocer una suerte de decálogo sobre cómo ganar las elecciones. Lo cierro a mi manera en dos mandamientos: no crees problemas donde no los hay y ofrece lo que viene solo. En cuanto al candidato del PSOE, parece decantarse por apostar por el esfuerzo último. En esta fecha, desconocemos si los candidatos optarán por centrar la campaña en el programa o en sí mismos, aunque da la impresión de que Rajoy optará por lo primero. Así, acaba de presentar las líneas programáticas de su política económica; no debe sorprender que uno de los tres pilares sea la mejora de la productividad y la inmersión en la sociedad del conocimiento. No debe sorprender, pues es idéntico a lo que viene predicando el PSOE. Y es que lo mejor que puede hacer el maillot amarillo es seguir de cerca la pista del segundo. No en vano Rajoy es aficionado al ciclismo. En lo que se refiere a Rodríguez Zapatero, cabe prever una campaña centrada en el programa, entre otras razones porque no va a tener la oportunidad de debatir por la televisión con Rajoy. Además, es probable que la economía no sea terreno buscado de confrontación por parte de Zapatero, aunque sí por Rajoy, lo que conduce al vaticinio de que disfrutaremos de una campaña electoral clásica: estado de bienestar versus crecimiento económico, con las adherencias del modelo de España y de la seguridad ciudadana.

Pero, quizá, el factor más determinante de los resultados de una convocatoria electoral sea la ambición. A posteriori siempre se comprueba que el perdedor ha hecho todo lo posible por perder: es lo que caracteriza a quienes temen la victoria. Es difícil saber qué género de miedo anida en el alma de Zapatero y Rajoy. Fíjense, sin embargo, en la gramática de sus gestos y en el rostro de sus partidarios. Queda dicho.

Publicado en La Actualidad Económica, diciembre de 2003