Libertad y Organización

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XLV. Economía y Política. Historias Ejemplares.

Microsoft domina de manera abrumadora el mercado mundial de sistemas operativos. La empresa fue acusada por sus competidores de práctica contrarias a la competencia. Bush ganó y el asunto Microsoft quedó enterrado. Acerté. No era difícil.

Quería poner de manifiesto que, en Estados Unidos, la concentración de poder económico es sospechosa. No porque perjudique a los consumidores, que sí, sino sobre todo porque puede dañar a la democracia.

Publicado previamente en El País, en 2001.

Sin duda, uno de los manuales de estrategia empresarial más sugerentes entre los publicados recientemente es el compendio de hechos probados por el juez Thomas Penfield Jackson sobre el proceso Estados Unidos contra Microsoft. El fallo condenatorio subsiguiente considera que la empresa de Bill Gates ha violado las secciones primera y segunda de la Ley Sherman. No cabe que una empresa que disfruta de poder de mercado haga uso del mismo limitando la competencia de otras empresas; tampoco cabe según las reglas de la libertad económica que una empresa saque provecho de la circunstancia citada, el poder de mercado, para restringir la competencia en otros mercados mediante la exigencia de la compra exclusiva de sus productos, o a través de ventas ligadas. La sección segunda de la Ley Sherman prohíbe que los monopolios impidan la competencia; la primera, que los monopolios extiendan su poder a otros mercados de manera indebida.

Los capitanes de la industria.

El juez Thomas Penfield Jackson nos ha recordado que el sueño del empresario ingenioso es perpetuar el rendimiento de sus ideas, impidiendo que surjan mejores; sobre esta base, es fácil imponer sus productos en otros mercados como si fueran únicos. Pero, quizá, la mejor contribución del juez reside en la descripción de las prácticas limitativas de la competencia por parte de un monopolio. Ello invita a rescatar del pasado a los capitanes de la industria americana en otro período histórico de globalización económica, el que transcurrió entre 1870 y 1913, que como el de nuestros días fue fértil en episodios de concentración empresarial. Sin ánimo de construir vidas paralelas, es inevitable recordar que el éxito empresarial de J.Rockefeller y la Standard Oil consistió en eliminar cualquier posibilidad de competencia por parte de los refineros independientes mediante guerras de precios y la exclusividad del transporte por ferrocarril de sus productos; el éxito patrimonial de Carnegie residió en su contribución a la formación del monopolio de acero, United States Steel Corporation, lo que le convirtió en el hombre más rico de la época; el éxito personal de J. P. Morgan resultó de la confianza depositada por un sinfín de pequeños inversores. Podemos encontrar las mismas claves en el capitán de la nueva economía, B. Gates. Microsoft luchó, dice Jackson, para evitar que las tecnologías de middleware propiciaran el desarrollo de aplicaciones multiplataforma; amenazó a los fabricantes de PC’s para favorecer su producto, Internet Explorer, en contra del competidor, Netscape Navigator; castigó a los consumidores que optaron por este navegador mediante la introducción de incompatibilidades técnicas entre Windows y el navegador competidor; disfrutó, sin embargo, de la confianza ciega y de la admiración de una buena parte de sus clientes cautivos.

La confección de la galería de raros exige la presencia de dos protagonistas principales: ayer T. Roosevelt; hoy, B.Clinton. El primero se enfrentó con más voluntad que eficacia a la formación de monopolios en la economía americana. Mereció la displicencia por parte de Rockefeller: “un hombre tan ocupado no puede tener siempre razón (...) No quiero decir que sea conscientemente injusto. Frecuentemente está mal informado”. "Votaría incluso al candidato demócrata con tal de arrojar a este hombre fuera de la Casa Blanca", repetía Morgan con ocasión de la aplicación de la Ley Sherman a The Northern Securities Company, formada por Morgan y Hill para dominar los ferrocarriles del Noroeste. El asunto llegó al Tribunal Supremo, quien con una celeridad insólita, parece que empujada por el propio Roosevelt, ordenó la disolución de la empresa. El segundo, Clinton, ha visto correspondida su preocupación por la vigencia de las reglas de la competencia con una respuesta igualmente displicente: “la intromisión del Gobierno (...) dañará a los consumidores y dificultará el uso de los ordenadores” (Nota de prensa de Microsoft). Gates lo tiene más fácil que Morgan: Clinton termina su segundo mandato; si gana Bush, las cosas le irán mejor.

El abuso de la virtud

Es cierto que las crónicas judiciales de los capitanes de la industria registran múltiples y variados actos de bandidaje anticompetitivo; también lo es, sin embargo, que Rockefeller dio un impulso decisivo a la disponibilidad de una nueva energía primaria, el petróleo; además, entendió y explotó el vínculo tecnológico entre el refino y la logística del transporte a larga distancia. Fueron méritos de A.Carnegie la adopción de la nueva tecnología siderúrgica de Bessemer, y el entendimiento de las ventajas de la integración vertical en el sector del acero. Por su parte J.P. Morgan estableció las bases de la banca de negocios moderna. Gates ha sido protagonista principal del nacimiento y desarrollo de las nuevas tecnología de la información. Una catecismo civil de la época de los capitanes anteriores decía: “¿Quién hizo el mundo, niño?”. Respuesta: “Dios hizo el mundo en el año 4004 antes de Jesucristo; pero en 1901 lo reorganizaron J.J. J. Hill, J.P. Morgan y J.D. Rockefeller”. Aunque la primera afirmación está hoy sujeta a revisión, nadie duda que los empresarios citados han contribuido de manera decisiva a configurar sectores impulsores del crecimiento económica: ayer, las industrias básicas y la banca; hoy, las tecnologías de la información. Sucede, sin embargo, que virtudes y abusos no suman: son magnitudes heterogéneas.

Con una cierta cadencia, la historia americana de los negocios regala al mundo encontronazos entre empresas que disfrutan de posiciones indiscutible de liderazgo empresarial y tecnológico y el Departamento de Justicia con motivo de la violación de la Ley Sherman. Empresas como la citada Standard Oil, ATT, Kodak, Du Pont de Nemour, IBM o ahora Microsoft han debido dar cuentas de sus prácticas entorpecedoras de la competencia. Quizá la consecuencia más importante de estos episodios judiciales se inscribe en el ámbito educativo. Los ciudadanos del resto del mundo aprendemos que no cabe prohibir el poder: sería tan necio como pretender erradicar la inteligencia. Si cabe, sin embargo, impedir que el poder quiera perpetuarse mediante la limitación de la libertad. Este principio también rige en economía.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XLIV. Economía y Política. Retrato de un Monopolista por un Radical.

El apartado quiere ser un corto recreo entre teorías y frescos de nuestro tiempo. El radical es Bertrand Russell (BR), el libro se titula Libertad y Organización, está escrito en 1934 y traducido al castellano por León Felipe (!!) en 1936 (Espasa Calpe). Recurrir a BR es casual pero no caprichoso: la caracterización del poder económico forma parte de una tradición radical que reúne a Sidney y Beatriz Webb, Rosa Luxemburgo, Henry George, Bohm-Bawerk, Galbraith, Sombart y BR, entre otros. Se prolonga en recuerdos como Baran y Sweezy y ofrece primeras formalizaciones en Dahl. Si aquí acogemos a BR es por tres razones: por radical, una perspectiva más, por traducido por León Felipe y porque denuncia/admira el poder económico.

“El radical que cree en la competencia está condenado a la derrota en cualquier lucha con las corporaciones modernas (...). Las organizaciones económicas en gran escala de los tiempos modernos son un resultado inevitable de la técnica, y la técnica tiende cada vez más a hacer inútil toda competencia. La solución para aquellos que no quieran ser oprimidos está en que estas organizaciones que otorgan el poder económico sean de propiedad pública (...). Mientras este poder esté en manos particulares, la igualdad aparente que confiere la democracia política no es más que un simulacro (...). Para conseguir esto se requiere una nueva filosofía popular, un nuevo servicio civil y una nueva inteligencia democrática”.

Comencemos por el retrato admirado de Rockefeller. Recuerda BR la educación dispensada por su padre:
“Yo engaño a mis hijos siempre que tengo ocasión. Quiero que salgan agudos. Comercio con ellos y los burlo. Y los castigo siempre que puedo. Quiero que salgan agudos”.

Más adelante, BR llama la atención sobre su austeridad, que le llevó a morir a los 95 años:
“No seáis joviales. Yo amo a mis semejantes y me inquieto por ellos. Pero no seáis joviales (...). Yo no puedo ser un camarada jovial. Todavía no he bebido un trago largo de whisky (...). Es equivocado suponer que los hombres de inmensa fortuna son siempre felices (...). El hombre que yo busco es el que vive para sus semejantes, el que vive abierto, desplegado, contento con su suerte y tratando de hacer todo el bien que pueda a los demás”.

Ahorramos al lector los avatares del primer millón de dólares. BR nos sitúa a Rockefeller al frente de una compañía de refino, Standard Oil Company; allí, asocia la compañía con refinerías competidoras de Filadelfia, Nueva York y Pittsburg. Sobre esta base, suscribe un contrato con compañías de ferrocarril, entonces no había oleoductos de larga distancia, que le permite un transporte más económico y, sobre todo, tener conocimiento de las políticas comerciales de las refinerías competidoras. Obtenido el control del monopolio natural ofrece a los competidores adquirir sus empresas a su verdadero valor.

“Tomad acciones de la Standard Oil y vuestras familias no conocerán nunca la miseria (...). Yo tengo medios de hacer dinero, de los cuales vosotros no sabéis nada”.

No le faltaban enemigos a Rockefeller. Los más temibles no eran los competidores: su interés no era distinto del que inspiraba a nuestro personaje; eso sí, a los ineficientes los arruinaba mediante guerras de precios. Cuando los refineros independientes quisieron construir una alternativa de transporte, Rockefeller respondió con la violencia: los empleados del ferrocarril colocaron un cañón en un lugar llamado Hancock; lo dispararon y resonaron las ventanas en muchas millas a la redonda. Dice el relato del suceso:
“Estos enemigos de la competencia estaban listos para matar, aún cuando sus derechos eran muy dudosos, y no podía esperarse que les defendiese la justicia si ocurriera alguna desgracia”.

Claro está, la Standard Oil se quedó con el oleoducto construido por los refineros independientes.
Tampoco fue enemigo el Congreso. Es cierto que, a instancias de los ciudadanos temerosos de los monopolios, se aprobó el decreto Sherman de 1890 contra los trusts, para evitar los males de los monopolios. Sin embargo, la Corte Suprema falló posteriormente que el decreto no podía aplicarse a las grandes corporaciones, aunque sí a las sociedades obreras; sobre la base del mismo cabía encarcelar a sus líderes. No le fue mejor a un líder socialista, llamado Eugene V. Debs, que terminó en la cárcel después de bastantes años de denuncia de las tropelías de Rockefeller.

Dejamos el relato aquí, aunque imaginemos al lector socialista ávido de nuevos episodios de la Standard Oil, quizá tan espantado como el propio BR. Sólo añadiremos dos noticias. La primera se refiera a una característica sustantiva del ejercicio del poder económico: el secreto. Contemplemos a Rockefeller negociando:
“Este contrato se hizo y ejecutó con todos los ritos secretos peculiares en los negocios de Rockefeller (...). El contrato se firmó de noche, en casa de Rockefeller (...), donde él exigió a todos los caballeros que no debían decir nada sobre el nuevo convenio ni aún a sus esposas, y que si ganaban dinero debían ocultarlo; que no hiciesen nada que llevase sospechas a la gente de que estaban obteniendo grandes ganancias en la refinería de petróleo. Esto incitaría a la competencia (...). Únicamente los contrabandistas y los ladrones rodeaban sus operaciones de más misterio.

Atención particular merece la relación entre el monopolista y el político enemigo del abuso de poder. Está descrita magistralmente por Adam Smith.

“Aquel miembro del Parlamento que apoye cualquier propuesta para reforzar (un) monopolio adquirirá no sólo la reputación de comprender los asuntos del comercio, sino una gran popularidad e influencia (...). Si, por el contrario, se opone a ellos y, más aún, si tiene autoridad suficiente para desbaratar sus propósitos, ni la probidad más reconocida, ni el rango más alto, ni los mayores servicios a la comunidad, pueden protegerle del abuso y la detracción más infame, de los insultos personales y, a veces, del peligro real procedente del odio insolente de monopolistas furiosos y frustrados”.

Volvamos, brevemente, a BR para continuar la excursión literaria. Ya no es un economista quien habla; es el propio Rockefeller quien juzga a un político radical, Roosevelt.

“Un hombre tan ocupado no puede tener siempre razón. Todos estamos sujetos a equivocarnos alguna vez. Creo que no siempre se ven claramente todos los lados de un problema. Alguna vez yo hubiese querido que fuese más justo. No quiere decir que sea conscientemente injusto. Frecuentemente está mal informado”.

El radicalismo de BR es consecuencia, en este caso, de la voluntad de articular marcos públicos compatibles con los valores democráticos clásicos, por ejemplo, la libertad, y el escepticismo respecto de la capacidad de las instituciones democráticas para hacer frente a dos compañeros de viaje: la técnica (tecnología) y evolución natural de la economía, y los monopolios. Así es, cuando cita a otro monopolista coetáneo de Rockefeller, Vanderbilt:
“No creo que mediante una ley pueda usted refrenar a tales hombres. Imposible. Estos hombres vencerán siempre”. (Hasta aquí Vanderbilt). Añade BR: “Tal era la oposición de Vanderbilt; y dentro de la estructura del sistema capitalista así es, en efecto”.

La afirmación de existencia de un conflicto entre competencia y progreso técnico y económico es recurrente en la literatura económica que se ha ocupado del poder. Pocos años después de BR, Schumpeter detallaba con precisión lo que hasta entonces había sido una intuición. En Capitalismo, Socialismo y Democracia, Schumpeter, que contempla ante sus ojos una economía similar a la analizada por BR, establece que la “nueva” competencia no se corresponde con el patrón clásico de mercado competitivo, donde la rivalidad tiene lugar en el terreno de los precios. La rivalidad schumpeteriana se desarrolla a través de innovaciones de producto, tecnológicas y organizacionales. Tal genero de competencia “exige” niveles de concentración sectorial elevados, que permitan la apropiación de resultados (beneficios) ligados al esfuerzo innovador desplegado por el monopolio/oligopolio. El crecimiento económico, en fin, se sustenta en el progreso técnico, el cual exige a su vez que se produzcan imperfecciones de la competencia tradicional, es decir, poder de mercado y limitaciones de la competencia.

Pocos años después, 1952, otro radical, Galbraith, vulgariza a Schumpeter en su American Capitalism, renueva el concepto de competencia situándolo en el ámbito de los mecanismos de compensación y de los grupos de interés enfrentados; todo ello para salvar el dilema radical entre progreso económico y técnico y democracia política.

Curiosamente, la práctica política de izquierdas sigue siendo cautiva de tal dilema, quizá porque es deudora del pensamiento radical más tradicional. La concentración del poder económico pone en peligro valores clásicos como la libertad y la igualdad, pero, sin embargo, es consecuencia directa de factores que no están bajo el control del poder político formal, por ejemplo, la globalización y el avance técnico, que sustentan el crecimiento económico y el progreso.

Tal práctica, sin embargo, tiende a ignorar lo que hoy constituye la mejor conclusión de los innumerables análisis sobre competitividad internacional de las naciones, orígenes de la eficiencia empresarial, o procesos desencadenantes de la innovación. A pesar de B.R., Schumpeter o Galbraith, y gracias a Arrow, hoy sabemos que la existencia de competencia efectiva, es decir, la represión del poder de mercado y del monopolio constituye la condición indispensable para que nazca la innovación, el progreso técnico, la competitividad empresarial y el crecimiento económico. No es necesario elegir entre libertad y organización. No hay dilema entre Estado garante de derechos y mercado.

Si esto es así es porque, en el límite, un monopolio no tiene apenas incentivos (interés) en generar progreso técnico; cualquier cambio de las reglas del juego de su mercado puede dañar su posición de dominio. Lo contrario sucede en el caso de una empresa que desarrolla sus actividades en un mercado competitivo; la mejor manera de huir de la lucha competitiva reside en adquirir alguna superioridad incontestable frente a las empresas rivales; ello suele ser el resultado de la introducción de algún tipo de innovación: de producto, proceso u organizacional. En el monopolio, la consecuencia de la innovación es seguir igual; en la competencia, obtener beneficios más elevados. El incentivo es, pues, más poderoso en la segunda que en el primero.

Se ha argüido que la existencia de algún grado de poder de mercado garantiza la apropiabilidad de la innovación; el argumento sólo se sostiene en ausencia de un derecho asentado de la propiedad industrial e intelectual. En todo caso, se opone a la evidencia de que la rentabilidad social de la innovación está ligada a la difusión de conocimientos, es decir, a los límites de esa propiedad. No hay razones sólidas que permitan relacionar la intensidad del progreso técnico con condiciones necesarias ligadas a la imperfección competitiva de los mercados. Sí las hay, sin embargo, para concluir que sin rivalidad entre las empresas no hay estímulo y, por tanto, tampoco generación de conocimientos y tecnologías y, en consecuencia, crecimiento económico a largo plazo.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XLIII. Economía y Política. Una breve excursión por la historia.

El artículo fue, casi, una reseña de una obra de un buen historiador económico español, Pedro Fraile. Me sorprendió la vigencia de sus apreciaciones.

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Es errónea la creencia de que la concentración empresarial es un fenómeno de nuestros días, dictado por las exigencias de competencia, globalidad o eficiencia. Al igual que en Europa o Estados Unidos, en España se produjo un fortísimo proceso de concentración empresarial en los últimos decenios del siglo anterior y primeros de éste. Tal concentración se sumó a la constitución de lobbies industriales poderosos que pretendieron y obtuvieron del Estado un régimen de protección frente a la competencia que, según los historiadores, explica las insuficiencias del proceso de industrialización y el déficit de crecimiento de la economía española. Examinemos sucintamente los hechos.

La Restauración monárquica de 1873 sentó las bases institucionales óptimas para el desarrollo de coaliciones empresariales con propósitos redistributivos, es decir, grupos de interés. El reparto pactado del poder político y la propia estabilidad permitieron el nacimiento de lobbies; en estas condiciones, fue sencillo instaurar mecanismos disciplinarios y de coordinación interna. La consecuencia de ello fue que la lógica empresarial de algunos sectores se orientó a la consecución de rentas de monopolio sobre la base de la limitación legal de la competencia, en este caso era la protección arancelaria, y la disciplina interna de los lobbies. Los análisis realizados por los historiadores concluyen a que la protección frente a la competencia fue el resultado de, entre otros, cuatro factores principales: la concentración industrial y la asimetría de tamaños, es decir, la existencia de un número muy reducido de empresas grandes en relación con la magnitud del mercado nacional; la propia concentración geográfica de la industria, que facilitó la cohesión y el diálogo con elites políticas regionales; la insuficiencia del control parlamentario y político; y, finalmente, las necesidades de financiación del Estado, que hay que poner en relación con el instrumento de constitución de rentas monopolísticas, es decir, en aquel momento la protección arancelaria.

Las conclusiones citadas se refieren al sector textil y a la siderurgia. Además, se han realizado trabajos similares sobre la electricidad, cemento, minería, explosivos y combustibles. Todos ellos apuntan a la existencia de coaliciones empresariales con propósitos redistributivos. La conjetura más plausible es que durante el primer tercio del siglo una buena parte del sistema productivo español estuvo basado en mercados oligopolísticos con fuertes barreras a la competencia o, en palabras de un historiador, en un “tinglado” múltiple, que después se hizo más extenso, prolijo, pormenorizado hasta llegar a ser exhaustivo durante la Dictadura.

La consecuencia principal de lo anterior se mide en términos de crecimiento económico y desindustrialización relativa. Citando los mismos análisis, el efecto de las restricciones a la competencia introducidas durante la primera mitad del siglo fue el retraso industrial y tecnológico. España perdió terreno en relación a los países del centro de Europa y, también, respecto de países que como Italia mostraban cifras de producto industrial y total similares a finales del siglo XIX. Es más, parece comprobado que la protección del mercado nacional retrajo el proceso de internacionalización de la empresa industrial española durante el mismo período.

En definitiva, el factor diferencial de la industrialización española a finales del siglo XIX y durante la primera mitad del XX fue la escasa resistencia del Estado a la concesión de rentas de monopolio y los bajos costes de las actividades precisas para su obtención por parte de los grupos de interés. Eso hizo que la estrategia empresarial óptima fuese la búsqueda de privilegios y monopolios en vez del esfuerzo y la innovación. A este respecto, España tomó la delantera a otros países europeos, donde la concentración de los mercados industriales observó un proceso largo, iniciado en el siglo XIX, que no llegó a materializarse hasta la crisis de los años 30. En España, el proceso se consumó rápidamente, incluso antes de la Gran Guerra y concluyó en un nivel de restricción a la competencia desconocido en el resto de Europa.

Examinemos en detalle el origen y formas de constitución del poder económico en la época. El análisis económico de la historia europea del período ratifica una hipótesis, en principio, curiosa, la del rechazo a la imposición directa. Según la misma, cuanto menor es la presión fiscal directa, mayor es la necesidad de arbitrar fuentes de financiación públicas sustitutorias, en la época de manera fundamental el arancel, y, en consecuencia, mayor es el nivel de protección frente a la competencia exterior. La hipótesis se verifica en un conjunto amplio de países europeos en el período 1900-1930, y también en el nuestro, en el que el nivel de protección arancelaria de la industria era el mayor de 17 países europeos analizados, con excepción de Polonia y Finlandia, y donde se produjo una disminución significativa de la relación entre impuestos directos e ingresos públicos, al igual que en Hungría, Yugoslavia o Bulgaria, y contrariamente a lo acaecido en Alemania, Reino Unido, Holanda, Suecia, Francia, Bélgica o Suiza.

La explicación más plausible de esta hipótesis y de los resultados establecidos por los historiadores dice que la concentración de intereses empresariales en oligopolios o lobbies presiona en favor de la disminución de la presión fiscal directa y, también, en favor de la protección frente a la competencia. En tal situación, el Estado tiene que proceder en atención a tres objetivos: introducción de restricciones a la competencia, disminución de la presión fiscal directa y mantenimiento de los equilibrios presupuestarios. En la época citada, el arancel fue el modo de intervención que permita alcanzar simultáneamente los tres objetivos; en la nuestra quizá sea la consolidación y posterior venta de los monopolios públicos.

El mismo análisis conjetura la existencia de una relación entre democracia política e instauración legal de barreras a la competencia. Según tal hipótesis, las insuficiencias democráticas, por ejemplo, alternancias pactadas entre partidos políticos, élites políticas protegidas de la competencia electoral, impermeabilidad de las candidaturas parlamentarias frente a las valoraciones sociales,... tienden a reducir el coste político del otorgamiento de privilegios y, en consecuencia, propician el ejercicio por parte de los grupos de interés del poder económico y del poder político.

La hipótesis ha sido ampliamente corroborada para un conjunto amplio de países europeos, incluido España, y el período 1900-1930. Así, los países europeos con mejores índices de democracia, medida por la relación entre censo electoral y población total junto con una clasificación de regímenes políticos en autoritarios, mixtos y competitivos, tendían a observar un menor nivel de protección arancelaria. A estos efectos conviene recordar que en 1930, sólo el 22% de la población española tenía derecho de sufragio; tal porcentaje situaba a España en el antepenúltimo lugar del ranking de 17 países europeos, solamente superada por Rumania (16%) y Hungría (6%). Mientras, por ejemplo, el 67% de la población británica, el 50% de la holandesa o el 70% de la austríaca disfrutaba de tal derecho.

Los historiadores económicos de la época aportan una tercera hipótesis explicativa de la protección arancelaria: la concentración geográfica de los intereses empresariales. Como se ha señalado anteriormente, la Teoría de la Acción Colectiva demuestra que la coherencia interna de un grupo de interés está inversamente relacionada con el número de miembros; el tamaño reducido facilita el control de la mayoría sobre cada miembro individual y reduce los costes de coordinación y, en consecuencia, de ejercicio del poder. A esto hay que añadir que estudios realizados sobre el caso de Estados Unidos y períodos similares a los citados muestran que la dispersión geográfica de los intereses empresariales incrementaba los costes de coordinación y control y, en definitiva, de ejercicio de poder. La traslación a claves europeas y, desde luego, españolas de los estudios americanos exige incorporar una explicación adicional a la hipótesis. El efecto de la concentración geográfica sobre la protección arancelaria, es decir, sobre el poder político de un grupo de interés se fundamenta, también, en la dispersión del Estado y en la coincidencia topográfica entre el grupo de interés e instancias del Estado gobernadas por élites locales. Entonces, la captura del decisor político se realiza a través de instancias políticas próximas, que proporcionan un buen transporte público a las exigencias empresariales.

En todo caso, la hipótesis reseñada disfruta de evidencias empíricas suficientes para el conjunto de países europeos durante el período 1900-1930. Los niveles mínimos de protección arancelaria se registraban en países como Inglaterra, Holanda o Suecia, con una distribución territorial uniforme del empleo industrial. Los máximos en países como España, Polonia o Rumania, que concentraban la industria en territorios muy reducidos. Y es que, no hay que olvidar, que el nivel de protección arancelaria de la industria española resultaba, fundamentalmente, de los aranceles que gravaban la importación de productos siderúrgicos y textiles, cuya manufactura se concentraba, respectivamente, en el País Vasco y Cataluña.

Trasladada a nuestros días, la hipótesis de la concentración geográfica alumbra una nueva perspectiva de análisis: la relación entre captura del Estado, restricciones monopolísticas, grupos de interés, descentralización del poder político formal, concentración territorial de la actividad económica, élites políticas locales y nacionalismo.

Tenemos ya un cuadro completo sobre un antecedente histórico de la España actual: concentración empresarial y lobbies poderosos, ejercicio de poder de mercado y asunción privada de funciones estatales, concentración geográfica con soporte político e ideológico, insuficiencias democráticas, disminución de la imposición directa, concertación de conductas en el mercado, legalización de barreras a la competencia potencial... Y sus efectos: precios elevados, beneficios importantes, competitividad internacional limitada, bajo crecimiento industrial y económico y, finalmente, atraso industrial e imposibilidad de aproximar significativamente la renta por habitante española a los niveles de los países europeos. ¿A qué recuerda aquella España?.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XLII. Economía y Política. Poder de Mercado y Poder Político

Inédito

¿Es razonable ocuparse, en el año 2003, de la concentración del poder económico en una sociedad como la española, integrada en la economía internacional?. En principio, no es tarea difícil demostrar que las liberalizaciones singulares de algunos sectores de servicios básicos de naturaleza mercantil, juntamente con los también singulares procesos de privatización, han propiciado un incremento notable de la concentración empresarial a lo largo de los últimos años. Tampoco es difícil mostrar que tal concentración ha generado oportunidades de ejercicio de poder de mercado y de captura de los procesos regulatorios.

Generalmente, se confunde la función privada de la actividad empresarial, que en principio obedece a la lógica del beneficio, con su función social, que está ligada a su contribución al crecimiento económico. Sin embargo, cabe que la rentabilidad empresarial sea muy elevada y, sin embargo, la actividad empresarial tenga un impacto nulo, incluso negativo, sobre las magnitudes macroeconómicas. Ello sucede cuando es más económico para el empresario la consecución de beneficios a través del disfrute de rentas monopolísticas que a través de la competencia y la innovación. En este caso, la actividad empresarial genera efectos externos negativos sobre el crecimiento, no responde de manera creativa a los retos de la competencia y consolida lo que se ha convenido en denominar “economía del pie invisible”.

El análisis económico se ha ocupado también de las condiciones que hacen que sea posible dar zancadillas a la competencia. Si la situación institucional da lugar a que el coste de consecución de rentas de monopolio sea menor que el derivado del uso de recursos productivos en aras a afianzar la competitividad, para el mismo nivel de beneficio, entonces la lógica empresarial dicta la necesidad de proceder a la búsqueda de rentas de monopolio, en perjuicio del interés general.

La consecución de rentas de monopolio resulta generalmente del establecimiento de barreras legales a la competencia: ayer fueron los aranceles y los contingentes a la importación; hoy, las modalidades de protección frente a la competencia son distintas: ayudas públicas, regímenes transitorios a la competencia, o limitaciones a la entrada de nuevos competidores. En todo caso, su origen es fundamentalmente administrativo o legal. Que los costes de consecución de rentas de monopolio, a través de la imposición de obstáculos a la competencia, sean más o menos elevados depende, en primer lugar, de la magnitud de los esfuerzos precisos para doblegar al Estado, Administración o Parlamento y, en segundo, de un conjunto de factores que determinan la eficacia de esos esfuerzos.

En principio, el Estado no es favorable al otorgamiento a un grupo de interés de condiciones legales que propicien la obtención de rentas de monopolio. La razón es que ello puede dar lugar a que los precios de los bienes o servicios suministrados por el grupo de interés se sitúen por encima de los niveles propios de la existencia de competencia, lo que ocasiona un coste político, incluso electoral. Sin embargo, la concesión de esos beneficios puede arrastrar apoyos políticos y financieros por parte del grupo de interés. Cuanto más importantes son estos apoyos y menos visibles los perjuicios para la colectividad del otorgamiento de concesiones a un determinado grupo de interés, menor es la resistencia del Estado y, por tanto, más general será la práctica política de establecimiento de barreras a la competencia. No es extraño, en este sentido, que los grupos de interés ayuden al Estado en esta materia mediante la complicidad, el secreto y el ocultamiento de los efectos sociales del disfrute de rentas monopolísticas. No lo es menos que los mismos grupos rechacen la transparencia, la evaluación pública, y el debate: simplemente, ello encarece el coste de captura del Estado y, en el límite, obliga a competir.

El análisis económico ha abordado el estudio de los factores que determinen la eficacia de los esfuerzos de captura del Estado. En general, el tamaño económico del grupo de interés y su concentración favorecen la captura del Estado. La razón es que la existencia de números pequeños facilita la coherencia de posturas y exigencias, evita la adopción de conductas oportunistas por parte de algún miembro del grupo y permite la vigilancia mutua. Por tales razones, la concentración empresarial suele dar lugar a una interlocución más fluida con el Estado y, sobre todo, a un menor coste de captura del mismo. Además, se argumenta, la captura es más sencilla si el Estado padece insuficiencias financieras y la barrera legal propuesta o exigida genera directa o indirectamente ingresos. En este contexto, cabe situar el famoso debate sobre qué hacer en primer lugar privatizar o liberalizar. La opción suele ser liberalizar en favor de la empresa pública, para incrementar su valor, y privatizar después, al objeto de maximizar los ingresos.

De lo anterior debe deducirse que existe una relación estrecha entre el entramado institucional y las oportunidades de ejercicio del poder económico. Si la permanencia del Gobierno es independiente de los designios de la mayoría social, entonces es menor la resistencia del Estado al otorgamiento de rentas monopolísticas. De igual manera, si los grupos de interés consiguen penetrar en la maquinaria del Estado, éste reducirá aún más su resistencia a la concesión de beneficios monopolistas. En todo caso, conviene hacer una distinción entre las diferentes instancias del aparato del Estado. En general, la captura del Parlamento, partidos políticos y del propio Gobierno por parte de los grupos de interés es menos probable que la que cabe ejercer sobre la Administración. El riesgo de pérdida del poder fortalece la resistencia frente a los grupos de presión; con todo, la ausencia de una oposición política vigorosa y de transparencia en el otorgamiento de beneficios favorece la captura. La inamovilidad propia de la condición funcionarial y, en algunos casos, la ausencia de rotación derivada de la especialización requerida facilitan, sin duda alguna, la captura.

Se ha argüido que junto a los mecanismos públicos y políticos de compensación y resistencia al poder económico existen, pueden existir, mecanismos privados cuyo desempeño podría conducir a situaciones similares por sus efectos a las propias de la competencia efectiva. Dicho con brevedad: la mejor manera de neutralizar el poder de un monopolio es oponiendo el poder de otro monopolio. La zancadilla mutua terminaría empatando el juego económico. Cabe concebir tres clases de mecanismos privados o semipúblicos de compensación de poder: las empresas adquirentes del bien o servicio suministrado por el grupo de interés, la acción colectiva de consumidores, y los trabajadores de las empresas que forman el grupo de interés. En cuanto al primer mecanismo, es cierto que en algunos casos puede ser efectivo; sin embargo, la existencia de monopolio bilateral es un incentivo poderoso para la concentración de los dos monopolios enfrentados y el ejercicio del poder resultante contra terceros; las acciones colectivas de consumidores suelen tener una eficacia limitada en razón del coste de los mecanismos de coordinación y de la heterogeneidad de intereses representados; finalmente, existen evidencias suficientes que apoyan la existencia de una relación positiva entre poder de mercado de la empresa y nivel salarial de sus trabajadores.

La resistencia de los mecanismos señalados es, por tanto, muy limitada y, en todo caso, están sujetos a los mismos fenómenos de captura, cuando su capacidad de neutralización es relevante.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XLI. Economía y Política.

Era inevitable referirse a la viscosidad de la relación entre política y economía. Es el signo de los tiempos.