Libertad y Organización

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LXII. ¿Qué necesitamos para ser ricos? La Corona de Aragón.

Pascual Maragall propone la creación de una euro –región que abarcaría la comunidades del noreste y levante español junto a algunas regiones meridionales francesas. Gran revuelo. Porque el PP quiere hacer de la unidad de España eje de su campaña para las próximas generales. Maragall, en vano, se ha esforzado en explicar que existen varias regiones transfronterizas en Europa. Una, por cierto, comprende Galicia y el norte de Portugal. Nacionalismo castellano.

Y, sin embargo, la economía dice que la integración europea exige este tipo de realizaciones. Es la superación del efecto frontera, que podría potenciar la competencia en el mercado único europeo.

Publicado previamente en Expansión, el 25 de julio de 2003.

Sólo cuatro de los diez países más ricos del mundo, en renta per capita, tienen más de un millón de habitantes. Sólo dos, Estados Unidos y Noruega, tienen más de seis, un tamaño que no alcanzan el 50% de los más de 190 países del mundo. Sólo uno de los cinco países más grandes, Estados Unidos, es un país rico. Singapur, con apenas tres millones de habitantes, es el segundo país del mundo en crecimiento económico desde 1960.

Los economistas suelen tomar como dato las fronteras nacionales. El asunto parece haber quedado reservado a los historiadores y politólogos. Sin embargo, recientemente, Alesina, Spolaore y Wacziarg se han tomado la molestia de examinar las relaciones entre crecimiento económico y tamaño de los países. ¿Qué propondría un economista: países grandes o pequeños?. Aparentemente, la apertura de los mercados nacionales a la competencia exterior, es decir el comercio, es un buen sustituto del tamaño: permite obtener todas sus ventajas (amplitud de mercado y economías de escala en la producción de determinados bienes públicos entre otras) y evita algunos de sus inconvenientes (los costes de administración de la heterogeneidad social y económica). Quizá el hecho que el número de países se haya multiplicado casi por tres desde 1947 tenga que ver con que las ventajas del tamaño han disminuido en razón de la globalización de la economía mundial y de la constitución de áreas económicas amplias. Si éstas avanzan, veremos la proliferación de pequeños países prósperos. Añado una condición: que los conflictos entre naciones estén sujetos a la intervención de las instituciones internacionales. En bastantes ocasiones, los Estados han buscado la ampliación de las fronteras con el único fin de ser militarmente poderosos.

Así pues, están en lo cierto quienes proponen a la vez la profundización del mercado único europeo, la potenciación política de regiones y ciudades y el reforzamiento de las instituciones internacionales: los tres argumentos conducen a la prosperidad económica. También lo está quien defiende la creación de regiones trasfronterizas en Europa, si eso sirve para pasar por encima de las fronteras nacionales, que todavía fragmentan los mercados europeos en perjuicio de la competencia y de la amplitud de los mercados. Naturalmente, si hay que asociarse que sea con alguien que sea más rico que nosotros: podemos aspirar a capturar los beneficios redistributivos de la unión.

Sospecho que Alesina y sus colegas aplaudirían la propuesta de Pascual Maragall de creación de una región trasfronteriza y considerarían irrelevante su denominación. Eso sí, advertirían que ello debería servir para integrar en mayor medida la nueva economía regional en los mercados internacionales. Pero, en ocasiones, la opinión de los economistas cuenta poco.

La lógica anterior tenía un bache. No hay ninguna razón económica inmediata para que los países adopten su tamaño óptimo, es decir, el que hace máxima la renta per capita de sus ciudadanos. No dije que un mecanismo que produciría tal efecto sería la libre adscripción de las personas a los países, con independencia de sus lugares de residencia. Los países más prometedores serían más grandes. Sería, probablemente, más eficiente que la ciudadanía universal. Los países competirían por los ciudadanos como las empresas por los clientes. De paso, no seríamos españoles por obligación. Esta semana, me gustaría ser francés.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LXI. ¿Qué necesitamos para ser ricos? La Angustia de los Mayores

A pesar de los acuerdos entre los partidos políticos, el termómetro electoral es implacable. Cuando se habla del futuro del sistema de pensiones, las elecciones están cerca.

Publicado previamente en Expansión, el 15 de enero de 2003.

Con una cierta regularidad temporal, ven la luz pública sesudos análisis económicos que tienden a concluir que, a largo plazo, nuestro sistema público de pensiones es inviable. Curiosamente, tal género de unanimidades suele recibir un sonoro rechazo social y aun político, especialmente si son presentadas en vísperas de citas electorales, que desencadenan habitualmente una competición entre partidos que concluye en la reafirmación de la viabilidad a largo plazo del sistema. Así ha sido en las últimas convocatorias electorales, a pesar de la voluntad pactada anterior de no hacer de este asunto motivo de confrontación. Me atrevo a mantener que así seguirá sucediendo en el futuro, por lo que, al menos en nuestro país, la lógica política, es decir de los votos, se impondrá a la lógica financiera.

Ipsos ofrece trimestralmente los resultados de una encuesta omnibus realizada en una veintena de países sobre opiniones de los ciudadanos relativas a asuntos distintos. Los procedimientos muestrales permiten proceder a su comparación internacional. Pues bien, recientemente, Ipsos ha querido averiguar en qué medida preocupa a los individuos de más de 18 años su suerte económica, una vez que alcancen la edad de la jubilación. Como cabía esperar, el grado de angustia de las gentes mantiene una correlación bastante estrecha con el PIB per capita del país. Así, el 89% de los colombianos muestra su preocupación respecto de lo que les deparará el retiro laboral, frente al 50% de los ciudadanos del Reino Unido. El porcentaje de españoles, 59%, se aproxima bastante a los registros del resto de países europeos.

Sin embargo, lo que nos distingue del resto del mundo es la confianza respecto del sistema público de pensiones: el 67% de los españoles lo menciona como medio principal de subsistencia, lo que contrasta con el 20% de los franceses, el 39% de los alemanes o el 42% de los ciudadanos de Reino Unido. En correspondencia con lo anterior, apenas un 26% de los españoles cita los ahorros acumulados a lo largo de la vida laboral, por ejemplo, a través de la dotación de planes de pensiones; naturalmente, los porcentajes correspondientes a Francia, Reino Unido o Alemania son muy superiores. Por cierto, en algo nos parecemos a ellos: son pocos (alrededor de un 10%) los que creen que la familia sustentará sus necesidades cuando dejen de trabajar. A estos efectos, tenemos más confianza en el Estado que en nuestros hijos.

Lo anterior podría merecer interpretaciones distintas. Una atinente a nuestra circunstancia es que la viabilidad financiera del sistema público de pensiones no será cuestionada por los partidos políticos en España, al menos en los próximos años. De lo que se deduce que los economistas harían bien, siquiera a título de ejercicio, en formular propuestas de financiación parcial de las pensiones públicas sobre la base de los impuestos. Simplemente, porque conviene tener en cuenta las preferencias y los miedos de las gentes.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LX. ¿Qué necesitamos para ser ricos? Las Virtudes Económicas del Hormigón.

Publicado previamente en Expansion, en 2002.

Una de las certezas más asentadas entre los economistas españoles de hoy es que las inversiones en infraestructura, o mejor el valor del capital acumulado en infraestructuras energéticas, de transporte y de telecomunicaciones, constituyen un factor determinante de primer orden del crecimiento económico. Habida cuenta de que una porción significativa de la financiación de las infraestructuras atraviesa los presupuestos del Estado, cabe apreciar el signo de un presupuesto en particular, por ejemplo el correspondiente al año 2002, en función de las previsiones sobre la inversión en capital público. Conviene señalar que la certeza se fundamenta en el estudio de los efectos de la dotación de infraestructuras sobre la productividad, y en última instancia, sobre el PIB. No es, por tanto, keynesianismo trasnochado, sino economía de la oferta: algo más que el impacto inmediato sobre la demanda agregada. La literatura referida no entra en detalles: distingue mal, por ejemplo, entre los efectos del capital en carreteras y del capital invertido en el tratamiento de aguas residuales, a pesar de que nuestro país se compara bien con otros en lo primero y de manera lamentable en lo segundo. Todo vale.

Como todas las certezas de la política económica, ésta adquiere legitimidad social en dos fuentes principales: disfruta de dosis apreciables de un sentido común, que generalmente tiene carácter perecedero; además, es correcta políticamente. Es sabido que la economía del hormigón ha arraigado con éxito en los gobiernos de las comunidades autónomas, que miden su éxito en términos de infraestructuras físicas proyectadas y, sobre todo, inauguradas. Como casi todas las certezas de política económica, ésta admite discusión, aunque sea a contracorriente. Un libro reciente de Parent y Prescott (Barries to Riches), dos prestigiosos economistas académicos, conjetura y creo que demuestra que las diferencias de productividad entre naciones depende sobre todo del grado de permeabilidad respecto de la adquisición y puesta en práctica de los mejores conocimientos disponibles en cada momento. Los monopolios, las barreras al comercio y a la actividad económica y, en general, la represión institucional del talento humano, junto a la pérdida de calidad de las instituciones públicas, frenan la economía y perjudican el bienestar. La ventaja de este enfoque respecto de la hipótesis del capital público es doble: de un lado, permite entender mucho mejor la historia del crecimiento económico de las economías nacionales, es decir, responder por ejemplo a las preguntas de porqué la revolución industrial se inició en Inglaterra y no en la China del siglo XV, o porqué el primer país se adelantó a Francia en esa misma circunstancia. De otro lado, su desarrollo en términos de política económica es bastante más barato, aunque probablemente más complejo. Y, todo ello, sin negar, claro está que las dotaciones de capital público suelen mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y, probablemente, influir positivamente sobre la productividad, con la única excepción, si se me permite la ironía provinciana, de lo que viene sucediendo en la Villa de Madrid en los últimos tiempos.

No es un secreto que el proceso de convergencia nominal con la Unión Europea ha pasado factura al ritmo de inversiones en infraestructuras; tampoco lo es que los fondos estructurales graciosamente otorgados por la Unión Europea han permitido remediar carencias inadmisibles. El proyecto de presupuesto de 2002 se inscribe en esta tendencia, con un agravante: no es plausible que los ingresos del Estado crezcan a las tasas proyectadas y, en consecuencia, las inversiones en capital público sufrirán del cambio de signo del ciclo económico; ni siquiera, el advenimiento de Keynes cambiaría muchos las cosas. Digo esto siendo plenamente consciente de que la valoración, a través de la observación de los presupuestos públicos, del esfuerzo público en inversión es un ejercicio propio de detectives económicos, tal es la proliferación de agencias públicas nacidas al calor de la voluntad política de cumplir los criterios de convergencia, y el potencial creador de la nueva contabilidad pública.

Pongo en relación los dos primeros párrafos con el tercero: lo grave no es el estancamiento de la inversión pública, lo grave es que el Gobierno ha perdido impulso reformador. Hasta no hace mucho, aprobaba con una regularidad llamativa programas de reformas estructurales, cuya eficacia no quiero valorar en este momento. Nadie espera iniciativas políticas de calado sobre la propiedad o financiación de las televisiones públicas, la liberalización efectiva de los servicios básicos, la transparencia de los mercados de valores, el suelo o la financiación de las administraciones locales. Nadie espera iniciativas de calado sobre el diseño y funcionamiento de las instituciones públicas; tampoco sobre la economía. Estamos en otras cosas. Por eso es importante lo que creo que no lo es tanto: qué va a suceder con las inversiones en capital público en 2002.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LIX. ¿Qué necesitamos para ser ricos? ¿Cómo va España?

Publicado previamente en Heraldo de Aragón, en 2002.

De vez en cuando conviene salir al paso de la críticas a la calidad de la política española. No porque sean injustas, que no suelen serlo, sino porque pecan de los mismos males que objetan; entre otros, el tremendismo. Cabe a este respecto echar mano de recuerdos personales o, alternativamente, prestar atención a cómo nos ven por ahí fuera. Tal perspectiva puede estar desenfocada, pero goza de la virtud de la relevancia: influye sobre las decisiones de inversión directa de empresas extranjeras en nuestro país y, en general, del grado de atracción que la sociedad española ejerce sobre la economía internacional. En definitiva, alumbra bien los aspectos más brillantes u oscuros de la reputación económica nacional.

Pues bien, el World Economic Forum presenta todos los años una clasificación de un buen puñado de naciones de acuerdo con su competitividad internacional, es decir, en función de su capacidad de crecimiento a medio y largo plazo. La medida de la competitividad se alimenta de las opiniones de expertos, directivos de empresas multinacionales, además de la valoración de datos estadísticos. La clasificación en cuestión goza de bastante crédito entre quienes se ocupan de saber cómo va el mundo y sus países, esto es, analistas de inversiones y funcionarios de organizaciones multilaterales. El último informe de World Economic Forum proporciona algunas evidencias interesantes referidas a España. Por ejemplo, el crecimiento último de la economía española ) nos sitúa en un honorable 17º lugar; sin embargo, la valoración de su competitividad actual y futura nos llevaría hasta el puesto 22º. Dicho en otros términos, el futuro económico de España va a ser un poco peor que el pasado reciente; tal efecto puede ser valorado indirectamente en un menor crecimiento anual algo superior al 0,5% anual, cifra que habrá que detraer a la diferencia entre la evolución de la economía internacional y la de nuestro país.

Pero quizá, el interés mayor del informe reside en que aporta un diagnóstico de los males de la economía española en términos poco visitados por los focos españoles de opinión económica. Por sintetizar: el hecho de pertenecer a la Unión Europea nos permite alcanzar el puesto 15º en la clasificación de estabilidad económica, tan buena para la economía. Sin embargo, la valoración de la tecnología empleada por las empresas españolas nos empuja hasta el puesto 24º del concierto de países, aunque donde parece que tenemos más problemas es en la apreciación de la instituciones públicas españolas, que nos lleva hasta el lugar 26º. El informe citado permite desentrañar la razones de tan escasa valoración. Citaré dos: la desconfianza del World Economic Forum respecto de la administración española de justicia (ocupamos el puesto 46º del mundo) y también respecto de la neutralidad y transparencia de las administraciones públicas en la gestión de los contratos y compras públicas, cuya valoración nos deja en un puesto similar.

Este último extremo permite subrayar la importancia de las noticias relativas a presuntos comportamientos desviados de nuestras administraciones públicas: cuestan mucho más a todos de lo que aprovechan a algunos. Las sospechas de favoritismo de las administraciones es un repelente eficacísimo contra la instalación en España de empresas de otros lugares, especialmente en los ámbitos económicos donde el Estado, en todas sus instancias, tiene la facultad de condicionar el juego de la economía. Conviene recordar además que, más o menos, la mitad del gasto público español es decidido por las administraciones regionales y locales, por lo que, al menos a este respecto, éstas tienen responsabilidades mayores en la imagen exterior de la economía española.

Se equivocan quienes creen que siempre ha sido así. No lo es: hace unos pocos años nuestra clasificación era mucho peor; incluso era inexistente. Hoy, a pesar de todo, contamos con un entramado institucional comparable formalmente al de los países más desarrollados. Por decirlo de manera breve: los mercados de valores españoles eran trampas para incautos, el favoritismo de las administraciones públicas constituía la regla, invertir en España era ante todo un ejercicio de captura del Estado. La asociación de España al proyecto de construcción europea limitó considerablemente la discrecionalidad del Estado. Sin embargo, algo debe estar sucediendo últimamente para que nuestra posición en el ranking del World Economic Forum empeore, especialmente en lo que depende de nosotros: la calidad de las instituciones públicas. Para mí que este fenómeno puede responder a la administración masiva en la sociedad española de uno de los más poderosos narcotizantes: “todo va bien” (ponga el lector en “todo” la instancia territorial que estime oportuna), es decir, la autocomplacencia, pase lo que pase. Y, claro, lo que ha sucedido al fin es que hemos despertado del sueño cuando el chapapote nos llega ya a las rodillas.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LVIII. ¿Qué necesitamos para ser ricos?

Para ser ricos mañana, claro, porque lo de hoy no tiene ya remedio. Siempre me ha parecido sorprendente que auguremos futuros prometedores para España y que, al mismo tiempo, pronostiquemos que los pensionistas lo van a pasar mal. Alguien se va a poner las botas.