Libertad y Organización

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LXXXVIII. Falta energía. ¿Hay que rebajar el impuesto de hidrocarburos?

El precio del petróleo subió. El PSOE propuso amortiguar su impacto sobre el precio de las gasolinas, reduciendo los impuestos de hidrocarburos. Nunca más lo ha propuesto. El nuevo equipo de dirección del PSOE se estrenaba.

La primera respuesta a esta pregunta debería ser afirmativa. La evolución del precio del crudo ha conducido a que los precios de los carburantes se sitúen en niveles insoportables para agricultores, transportistas, armadores, taxistas y, en general, para capas amplias de la sociedad española. En época de rebajas de impuestos, no sería absurdo, y desde luego sería aplaudido, que se aliviara la pesada fiscalidad que grava este producto. Además, hay precedentes: se ha hecho lo mismo y por razones similares con la bombona de butano. No tengo que decir que mantener una opinión contraria a la anterior no es aconsejable: uno se expone al boicot de la Plataforma de Consumidores de Productos Petrolíferos.

Publicado previamente en Expansion, en 2000.

Emisiones

Me apresuro a señalar que me referiré a los precios después de impuestos; no quiero discutir hoy si los precios antes de impuestos vigentes en España deberían ser más bajos. Sentado este extremo, parece oportuno traer a colación los hechos siguientes. Primero, el crecimiento futuro de la demanda de productos petrolíferos va a estar ligado, en el mundo y también en España, al transporte de mercancías y personas. Segundo, el petróleo es la energía primaria cuyo uso desencadena un volumen mayor de emisiones de CO2 : en torno al 65% del total de emisiones en la OCDE. Tercero, los escenarios energéticos más plausibles apuntan a una sustitución lenta, pero progresiva, del petróleo por otras energías menos emisoras de CO2 en los sectores residencial, industrial y de generación de electricidad. De lo anterior se deduce que el control del crecimiento de las emisiones de CO2 exige prestar una atención singular al sector del transporte. Aquí empiezan los problemas.

En primer lugar, las posibilidades técnicas de sustituir esta energía primaria por otras en este sector son mucho más limitadas que en otros sectores. Por poner un ejemplo, no es ilusorio que en el año 2010 más del 25% de la generación de electricidad en España se base en el uso de energías renovables; frente a esta perspectiva, los análisis muestran que en el mejor de los casos, mediante políticas de promoción de los biocarburantes muy agresivas, apenas el 1,5% de la demanda de energía del sector transporte podría ser cubierta en España en el año 2010 con ese tipo de energía. Además, por razones en las que no voy a entrar, me parece que la idea llega tarde. En segundo lugar, no hay muchos instrumentos de política energética que permitan propiciar el ahorro en el sector transporte. En otros sectores, cabe eliminar los subsidios al uso de energías emisoras de CO2 o promover la utilización de otras energías mediante regulación administrativa o ayudas. En éste, el principal, y casi único, instrumento disponible son los precios finales. Ello quiere decir la fiscalidad sobre el consumo de energía, puesto que los precios antes de impuestos quedan fijados a través de mecanismos de mercado. Digo casi único, porque la introducción de estándares de eficiencia energética en el equipamiento del sector de transporte también ha demostrado en el pasado un cierto potencial, como fue el caso de la Corporate Automobile Fuel Efficiency (CAFE) en Estados Unidos durante el período 1979-82 y , de igual modo, porque la oferta de modalidades de transporte de personas menos intensivas en energía que las habituales también constituye un ámbito de acción pública prometedor.

Precios

Mucho se ha discutido acerca de la elasticidad-precio de la demanda de productos petrolíferos en el sector del transporte. A mi juicio, las evidencias más robustas indican que es significativamente inferior a las elasticidades-precio de la demanda de electricidad y de energía por parte de los sectores residencial e industrial. De hecho, los shocks del petróleo de 1973 y 1979 apenas tuvieron efectos a corto-medio plazo sobre el consumo de gasolinas en el conjunto de países de la OCDE. También indican que la elasticidad en cuestión es significativamente no nula, al menos si se considera un horizonte temporal suficientemente amplio. Por ello, los escenarios previstos por la Agencia Internacional de la Energía, que suponen precios finales de la energía relativamente moderados, apuntan a que el consumo energético del sector de transporte evolucione paralelamente al PIB, lo que dificultaría alcanzar los compromisos internacionales en materia de emisiones de gases de efecto invernadero.

En definitiva, para seguir con las malas noticias, todo parece indicar que la voluntad política de estabilizar las emisiones de CO2 - para los no creyentes: de hacer más habitables nuestras ciudades- pasa, entre otros extremos, por incrementar la fiscalidad sobre el consumo de carburantes, especialmente en países como el nuestro donde se mantiene en niveles relativamente bajos. Las circunstancias actuales no propician esta decisión; habrá que dejarlo para cuando los precios antes de impuestos observen niveles menos elevados. En todo caso, si tal debe ser la tendencia, habrá que aguantar el tirón, ayudar, si fuera menester, a los sectores más afectados aunque de otra manera, y, si se quiere afrontar el problema de fondo, neutralizar el deterioro de la renta real de los agricultores y asalariados a través de otras vías. No hay que reducir el impuesto especial de hidrocarburos. Lo que sí hay que hacer es desempolvar la política de ahorro energético: en Bruselas y en Madrid.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LXXXVII. Falta energía. La energía nuclear cabalga de nuevo.

Los abogados de la energía nuclear aprovecharon una ventana abierta en la opinión pública. Se cerró. Se volverá a abrir.

Como la memoria es flaca y las generaciones más jóvenes ignoran cómo llegó la energía nuclear a España, conviene echar un vistazo a la historia, antes de entrar en cuentas. Cabe partir de dos datos: en España, año 2000, la energía nuclear registraba una potencia instalada de 7798 MW, es decir, el 14,8% de la potencia del sistema peninsular, y cubrió el 31,9% de la demanda peninsular de electricidad. Pues bien, tales cifras resultan de dos episodios históricos principales de signo opuesto: los excesos cometidos en la transición democrática, y los planes energéticos aprobados por los gobiernos socialistas.

Publicado previamente en El Pais, el 31 de marzo de 2002.

En cuanto a lo primero, cabe recordar que los sucesivos planes energéticos de las postrimerías del franquismo y de los inicios de la democracia apostaban por 15000 MW (mayo 1972, con el horizonte de 1983); 25500 MW (propuesta de UNESA para el PEN-1977, con el horizonte de 1987); 13434 MW (propuesta Oliart para el PEN-1977 con el mismo horizonte); 10525 MW (propuesta Fuentes Quintana para el PEN-1978 con ese plazo); y, finalmente lo aprobado, es decir, 10500 MW. Después, el primer gobierno socialista recortó, en 1983, la potencia prevista hasta 7600 MW en 1992, lo que implicaba la no puesta en marcha de cinco proyectos nucleares en proyecto o construcción. Los excesos de los planes anteriores condujeron a que desde entonces los consumidores españoles de energía eléctrica hayan abonado el 3,5% de los recibos de la luz en concepto de resarcimiento por las inversiones paralizadas. Afortunadamente para todos, los planes energéticos del general Franco y de UNESA nunca vieron la luz. Lo anterior debe servir para concluir que la energía nuclear suele venir acompañada, al menos en nuestro país, de excesos retóricos.

El examen de las hemerotecas alumbra la naturaleza de los argumentos empleados en la época. Por piedad, no citaré a los autores. “Energía abundante y barata”; “no hay alternativas a la energía nuclear: el gas procedente de Argelia a través del estrecho del Gibraltar es un desideratum” (1985); “urge tomar decisiones para asegurar el autoabastecimiento energético”. Después, supimos que la energía nuclear ha sido extremadamente cara; que el gas natural, junto con el ahorro de energía, es la mejor fuente de energía primaria de los próximos años; y que otros países reaccionaron con menores dosis de nacionalismo energético a las crisis del petróleo de los años setenta.

Quiero fijarme, con todo, en dos argumentos renovados sobre la conveniencia de la energía nuclear. El primero insiste en el coste, aunque se refiere implícitamente al coste variable, que por estar asociado a una tecnología muy intensiva en capital es reducido. Claro que, en el momento actual, es decir, antes de construir nuevas centrales nucleares el coste relevante es el coste unitario total de kwh. Pues bien, la experiencia española demuestra que, hoy, el coste unitario total de algunas centrales nucleares españolas se sitúa por encima, por poner una referencia, del coste del kwh eólico. Ello, sin tener en cuenta otros costes importantes y hoy desconocidos como son los referentes a la gestión del combustible nuclear gastado.

El segundo argumento tiene una vertiente medioambiental. Viene a decir que el cumplimiento de los compromisos españoles y europeos en materia de emisiones de CO2 aconseja la construcción de nuevas centrales o, cuando menos, la prolongación de la vida de las existentes. El argumento insiste en la relación entre energía nuclear y efecto invernadero. Sin embargo, está suficientemente probado que el uso de la fiscalidad medioambiental es suficiente para resolver el problema, como han mostrado Nordhaus y otros, sin necesidad de acudir a la energía nuclear. Como el cambio climático es un fenómeno secular, basta con incrementar suave aunque sostenidamente la fiscalidad sobre el consumo de energía, especialmente en los sectores donde se registra un crecimiento mayor de la demanda energía, como es el caso del transporte. Además la solución es menos incierta y más barata para todos.

Finalmente, conviene recordar que la generación de energía eléctrica es una actividad liberalizada. Es dudoso que los accionistas de cualquier compañía eléctrica estén dispuestos a asumir los riesgos derivados de la construcción y explotación de una central nuclear. La viabilidad financiera de este empeño depende pues de que el Estado, esto es contribuyentes y consumidores, estén dispuestos a asumir tal riesgo, mediante garantías explícitas o implícitas de recuperación económica de la inversión realizada, pase lo que pase. Naturalmente, ello es incompatible con la nueva regulación y conduciría al establecimiento de una exención sobre la asunción de riesgos por parte de los accionistas de las compañía eléctricas. Por eso creo que el asunto de la energía nuclear vuelve a ser un tema de calado político, sobre el que podría haber pronunciamiento expreso de los partidos políticos. El PSOE propone, proponía en el último programa electoral, el cierre ordenado de centrales nucleares: nada extravagante a juzgar por lo decidido en países como Alemania o Bélgica. El PP no se pronuncia: basta con leer el Plan Energético remitido al Congreso de los Diputados. Arranque de caballo y parada de burro.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LXXXVI. Falta energía. La Economía de Kioto.

Las cosas van mejorando. Hace unos pocos años era inconcebible la existencia de un mercado de emisiones. Pronto, será una realidad. Sucedió lo mismo con la atención al medio ambiente. Tuvimos que entrar en Europa para averiguar que la contaminación no es una forma de desarrollo.

Uno de los aspectos más llamativos del debate sobre el cambio climático y el calentamiento del planeta es la afonía de los economistas. No quiero decir que la voz de esta profesión debería callar otras; simplemente, no parece ocioso intentar responder a tres preguntas elementales sobre el cambio climático: ¿cuánto cuesta? ¿Quiénes son los ganadores y perdedores? ¿De qué manera cabe hacer frente al problema de la manera menos costosa posible?. De paso a lo mejor entendemos porqué Estados Unidos ha rechazado el Protocolo de Kioto, y Japón ha puesto en cuarentena su posición hasta la próxima conferencia de las partes en Marraquech.

Publicado previamente en Expansión, el 21 de julio de 2001.

Desde hace más de un decenio, un puñado de buenos economistas académicos, fundamentalmente americanos, entre los que destacaría a Nordhaus, pretenden cuantificar el impacto del incremento medio de la temperatura del planeta. La contribución más reciente de este autor es Warming the World: Economic Models of Global Warming, The MIT Press. Los escenarios más plausibles señalan que en los próximos cien años la temperatura media aumentará de manera sostenida hasta alcanzar un nivel superior en 2,5º-3º C la temperatura registrada en la actualidad. Los análisis distinguen distintos tipos de efectos: agricultura, aumento del nivel de los océanos, salud, asentamientos humanos, ecosistemas y catástrofes naturales.

Naturalmente, los efectos asociados a realidades no mercantiles son de difícil estimación; también lo es el impacto de las eventuales catástrofes; simplemente, porque no existe un marco teórico robusto que relacione calentamiento y catástrofes naturales. Con todo, estudios recientes muestran que el impacto económico de, por ejemplo, los ciclones tropicales en Estados Unidos es limitado: aproximadamente el 0,08% del PIB en el periodo 1987-95. Pese a lo anterior, las estimaciones más recientes apuntan a que el coste del cambio climático podría ser equivalente al 0,5% del PIB mundial de 1990. El impacto alcanzaría el 2,5%, si el incremento medio de temperaturas fuera de 4ºC. Si dicha estimación fuera correcta, o los gobiernos lo creyeran así, no deberíamos esperar grandes esfuerzos en esta materia, especialmente por parte de los que no temen grandes perjuicios.

La segunda sorpresa tiene que ver con la lista de ganadores y perdedores. La modelización regional del impacto del cambio climático sugiere que hay países vulnerables y no vulnerables. Entre los segundos, Estados Unidos, Canadá, Japón e incluso Rusia, donde el calentamiento del planeta tendría efectos beneficiosos en la agricultura; entre los primeros, Europa, para la que los análisis vaticinan un perjuicio equivalente al 2% del PIB y, también países de bajo nivel de renta como India y la mayor parte de África.

Así es fácil comprender que una de las primeras decisiones del presidente Bush haya sido dar la espalda al protocolo de Kioto: parece que tiene confianza en los economistas del cambio climático. También lo es el cambio de actitud de Canadá y Japón; podría serlo, como se barruntan algunos, la modificación de la posición de Rusia. La tercera, y última, sorpresa deparada por los economistas es que una política eficiente orientada a resolver el problema no es muy costosa. Los costes correspondientes están en relación con los beneficios esperados, esto es, evitar una pérdida del 0,5% del PIB y los riesgos de pérdida de riqueza ecológica y de catástrofes. Lo malo es que las políticas más eficientes, es decir las que pasan con mejor nota el análisis coste-beneficio, tienen que ver con la creación de un mercado mundial de emisiones de CO2 y/o con la utilización de la fiscalidad de manera armonizada a escala internacional; digo lo malo porque el Protocolo de Kioto contempla de forma muy esquinada lo primero, porque la lista de países del Protocolo adelgaza por momentos, y porque en muchos lugares y sectores las emisiones de CO2 lejos de estar gravadas están subvencionadas. Lo peor es que la compatibilidad de las políticas eficientes con las necesidades de desarrollo económico de los países más pobres de la tierra no es inmediata. Y es que el desarrollo está muy ligado al consumo de energía y, en consecuencia, a las emisiones de gases de efecto invernadero.

La economía del cambio climático trae, además de sorpresas, una buena noticia. Habida cuenta de que el proceso de calentamiento observa ritmos seculares, cabe que la nueva fiscalidad sobre emisiones de gases de efecto invernadero registre niveles iniciales de presión bastante modestos, que se incrementarían de forma paulatina a lo largo de los próximos decenios; ello sería así incluso si los países más desarrollados asumieran una parte mayor de la futura carga. Lo cual viene a cuento del debate europeo de hoy sobre la instauración de un impuesto comunitario: ¿por qué no éste?

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LXXXV. Falta energía. ¿Cómo se lo digo a Aznar?

Dicen que dijo el Ministro de Economía, cuando el Secretario de Estado de Economía, de Energía y de la PYME le trasladó las conclusiones de un interesante estudio que Red Eléctrica de España ha elaborado, con fecha 2 de enero de 2002, sobre la garantía de suministro de energía eléctrica en España. Claro que, poco antes, el mismo Secretario de Estado había hecho la misma reflexión en voz alta: ¿cómo se lo digo a Rato?. La novedad principal aportada por el estudio es que, junto a las deficiencias últimas de la distribución de electricidad, en España existe un déficit de capacidad de generación, de difícil remedio en los próximos meses. La consecuencia, en los dos casos, son los apagones. Y es que, a veces, los jefes sólo están para escuchar buenas noticias; o malas, si vienen acompañadas de la atribución de responsabilidades ajenas.

Publicado previamente en Expansión, el 22 de enero de 2002.

El Informe en cuestión, titulado “Previsión de Cobertura de la Demanda del Sistema Eléctrico en Enero y Febrero de 2002”, pone de relieve que a lo largo de los últimos dos meses de 2001 se produjeron problemas severos de cobertura de la demanda de electricidad, que obligaron a tomar medidas de emergencia para impedir el colapso. Así, durante los días laborables del 17 al 23 de diciembre fue necesario ordenar interrupciones a los clientes industriales aplicados a este tipo de tarifa, llegándose incluso al deslastre ordenado de cargas en las zonas Centro y Levante con la intención de evitar apagones generalizados. Hasta aquí, nada que no hayan sufrido y sepan madrileños, catalanes y valencianos.

Lo peor es que, dice el Informe, el nivel de los embalses y la meteorología pueden conducir a situaciones similares a lo largo de los meses de enero y febrero de 2002. Bajo hipótesis plausibles sobre demanda y disponibilidad del parque eléctrico, se comprueba que “la situación por la que atraviesa el sistema eléctrico es grave, siendo alta la probabilidad de falta de suministro y por tanto muy alto el riesgo que de ello se deriva”. Digo plausibles porque el pesimismo respecto del frío o las lluvias, inspirado por la debida aplicación de la Ley de Murphy a este género de circunstancias, está acompañado de un optimismo extremo respecto de la disponibilidad de las centrales que operan en condiciones extremas. Y, si no, que se lo digan al nuevo consejero delegado de IBERDROLA, que busca responsables de la política de mantenimiento de su centrales: no tiene que mirar muy lejos. Por lo demás, señala el citado Informe que en la hipótesis de mayor fallo térmico, esto es la vigencia en España de la Ley de Murphy, el sistema es incapaz de hacer frente a las demandas de punta, incluso con la interrupción de los abonados industriales. El problema, añado yo, renacerá con los calores de julio. No en vano, la extensión del aire acondicionado genera demandas punta similares a las del invierno.

Es cierto que el Informe está acompañado de un borrador de orden ministerial que, entre otros extremos, faculta a Red Eléctrica a adoptar las decisiones más oportunas bajo su mejor criterio, debiendo acreditar después su oportunidad a los agentes afectados y a la Comisión Nacional de la Energía. Hace bien Red Eléctrica en proponer que el Ministerio se parapete tras la Comisión. De todas maneras, llama la atención que una empresa privada esté llamada a asumir esta clase de responsabilidades. Sobre todo, cuando predica, allí donde se le escucha, que su objetivo fundamental es la creación de valor para el accionista, es decir, las compañías eléctricas.

En fin, no quiero hacer de esta columna de opinión noticia. Supongo que el Informe perderá en breve su condición secreta. Si quiero, sin embargo, subrayar que vivimos la peor de las amenazas de desabastecimiento eléctrico de los últimos cuarenta años. Hasta la fecha, la decisión principal del Gobierno ha consistido en promover la constitución de una Subcomisión en el seno de la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados; la Subcomisión deberá proceder a la planificación energética. En definitiva, el Parlamento gobierna y el Gobierno controla. Como la gravedad de la situación me lleva a renunciar a la ironía, obviaré cualquier comentario sobre la similitud de la fórmula con las empleadas con este fin en la extinta Unión Soviética. La Subcomisión, en fin, convocará a los máximos responsables de las compañías eléctricas, y dentro de algunos meses determinará lo que sabemos hoy: que hay amenazas y realidades de desabastecimiento de energía eléctrica. Lo peor es que se habrán perdido unos meses preciosos y el problema se habrá agravado.

Subrayo las fechas, esto es que hoy, 17 de enero, el Gobierno no ha tomado decisiones serias atinentes al caso, porque constituyen ejemplo de la urgencia con la que se tratan los problemas de todos en la España de hoy. Las tomará dos meses después de los primeros apagones, pese a que se viene hablando del asunto desde hace más de un año. Es posible, y deseable, que las hipótesis de Red Eléctrica no se verifiquen. Conviene esperar que la suerte, la destreza de los técnicos de Red Eléctrica y la paciencia de los consumidores nos saquen del lío. En todo caso, no estaría de más que los jefes, a veces, estuvieran para resolver problemas. Sobre todo, porque no tienen que explicarlos a nadie.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LXXXIV. Falta energía. Historias Eléctricas.

¿Algún hogar español ha recibido una oferta para cambiar el contrato de la luz a otra compañía eléctrica?

Cito a Francisco Cayón: “En definitiva, desde el año (…) el mercado (…) de la electricidad quedaba ya claramente dominado por las grandes empresas eléctricas que, actuando de forma conjunta, repartiéndose los contratos y unificando las recaudaciones impedían la existencia de cualquier tipo de competencia (…). Si no de derecho sí de hecho, se había constituido un fuerte monopolio que otorgaba escasas posibilidades de defenderse ante posibles abusos que pudieran cometer cualquiera de las sociedades eléctricas”. La cita del historiador se refiere a 1920 y al mercado madrileño de la electricidad y, debemos convenir, guarda un sabor contemporáneo, al igual que las admoniciones del ministro Indalecio Prieto en febrero de 1933, cuando “advirtió a las empresas eléctricas que no toleraría ninguna actitud que concluyese en cualquier tipo de confabulación para subir el precio del fluido” (Velarde Fuertes).

Publicado previamente en Expansión, el 18 de octubre de 2002.

He querido recordar tiempos pretéritos, ahora que nos acercamos al momento en que se fijará la tarifa eléctrica de 2003, para mostrar la importancia histórica de enero del próximo año: por vez primera, los hogares españoles disfrutarán del derecho formal de elección de compañía suministradora: un fruto más de nuestra pertenencia a la Unión Europea. Se dirá que la experiencia de la introducción de competencia en el mercado de grandes consumidores ha sido decepcionante, que las condiciones estructurales del sector eléctrico español condenan de antemano el alcance real del empeño, que los apagones de California o Nueva Zelanda invitan a mirar con recelo este género de experimentos, o que la situación financiera de las empresas eléctricas obliga a los reguladores a no tomarse muy a pecho la introducción de competencia. Se trata, sin duda, de buenas y prudentes razones para justificar que las cosas deben seguir como están, manteniéndose, eso sí, las apariencias. Lo malo es que tantas razones, prudentes y buenas, nos remiten de nuevo a 1920.

En los últimos años, el BOE nos ha regalado una copiosa literatura sobre el sector eléctrico, de suerte que sólo los muy expertos son capaces de conocer el marco regulatorio vigente; más aún, cuando no hay semana en la que no se le ponga un apósito. El último, el déficit tarifario, cuya lógica guarda grandes similitudes con la empleada por el sector en 1921 para reclamar a Antonio Maura, quien ocupaba la presidencia de su último gobierno, una actualización de tarifas, según se colige de los trabajos del citado historiador.

La única salida posible de los oscuros callejones regulatorios consiste en que las autoridades públicas centren la atención en lo fundamental, es decir, el ejercicio de los derechos de elección de los consumidores por parte de los hogares españoles; desde Maura y Prieto, sabemos adónde conduce el afán de perfeccionar el régimen tarifario.

Y si, además, todo ello se consigue sin que la operación de cambio de contadores esté contaminada por irregularidades y anomalías, mejor que mejor.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LXXXIII. Falta energía. Ibergas.

El informe (denegatorio) de la Comisión Nacional de la Energía causó conmoción, aunque Gas Natural lo veía venir. La mejor interpretación de esa decisión la formuló de manera inmediata Xavier Vidal Folch: No se (el Gobierno) podía tolerar que una empresa tan importante tuviera raices catalanas. Queda por saber porque Gas Natural formuló la OPA, cuando sabía que el Gobierno era hostil. La Comisión Nacional de la Energía amortizó su prestigio en unas horas, aunque su presidente no perdió un solo minuto de puente.

Cada cierto tiempo el sector energético español regala un anuncio de reordenación del mapa empresarial a los analistas. De hecho, uno de los pasatiempos preferidos de estos es la cartografía; no hay analista que se precie que no haya intentado levantar un nuevo mapa. En general, el empeño es inútil; simplemente porque no hay manera de atender de manera simultánea todos los intereses en juego, tanto los privados como los públicos.

Publicado previamente en Expansion, el 12 de marzo de 2003.

Desde una perspectiva estrictamente empresarial, la integración de Iberdrola y Gas Natural parece disfrutar de las ventajas de la complementariedad de los recursos y mercados de ambas empresas. Por decirlo de manera sucinta, cabe decir que en este caso sí se cumple la regla del 1+1=3, a diferencia de la aritmética de la fallida fusión entre Endesa e Iberdrola, que parecía responder al 1+1=1. Esa misma complementariedad permitiría vaticinar una fusión más sencilla de los equipos directivos y de los correspondientes intereses profesionales, lo que en España es determinante. Por eso sorprende que lo que pudo ser un acuerdo amistoso se convierta en una OPA hostil. La única explicación que se me alcanza es que, a diferencia de la citada fusión fallida, esta operación disfruta de entrada de la enemistad de otras empresas del sector energético : accionistas y competidores. Y ya se sabe que la competencia es una planta que no arraiga en el macetero energético español. Lo anterior me lleva a no augurar un final feliz de esta historia para la empresa que ha tomado la iniciativa.

El análisis de la operación desde la perspectiva del interés público es algo más intrincado. Y, sin embargo, es el fundamental. Si, hoy, los sectores eléctrico y gasista se rigieran realmente por las reglas de la competencia, no cabría oponer razones de interés público a la fusión. Gas Natural e Iberdrola tienen una presencia menor en los mercados eléctrico y gasista, respectivamente, por lo que la operación no incrementa el poder de mercado de la empresa fusionada con respecto a la situación anterior. Lo malo es, sin embargo, que las cuotas de mercado de las empresas en sus mercados principales son incompatibles con la existencia de competencia y, en consecuencia, que las empresas atraviesen las fronteras de su subsector constituye una de las escasas vías para acomodar las estructuras de mercado a las exigencias de la competencia. A lo anterior hay que añadir, además, que Gas Natural e Iberdrola se sitúan en fases adyacentes del proceso vertical de generación de electricidad, y ya se sabe que la integración vertical puede ser nociva para la competencia cuando los niveles de concentración horizontal de los respectivos mercados son elevados y hay activos esenciales. Si elegimos en este punto la senda del posibilismo, la fusión sería la ocasión para modificar, en el sentido aludido anteriormente, las estructuras de mercado de los dos sectores con el fin último de mejorar las condiciones para una competencia efectiva. En principio, el conflicto entre intereses privados y públicos sería menos acentuado que el que acompañaba a la fusión entre Endesa e Iberdrola y, en consecuencia, habría más margen para sacar partido de este viaje.

Pero, quizá, el punto de vista más determinante sea el político. Aquí la única apoyatura posible es la intuición. Creo que los tiempos actuales no son idóneos para la cartografía, especialmente cuando el lápiz debe ser empuñado por quienes tienen la cabeza en otra cosa y no quieren ruidos o distracciones. La operación podría, pues, ser conveniente para casi todos, pero es extemporánea. La funesta manía de la interpretación me lleva a concluir que sus proponentes no avizoran tiempos inmediatos más propicios, lo que constituye una lección sobre lo que nos espera en lo que queda de esta legislatura.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LXXXII. Falta energía. Parte de Daños.

No quiero detenerme en el episodio de los CTC´s. Está en la hemerotecas. El consumidor español paga por algo que no disfruta: la competencia. Mientras, las compañías hicieron inversiones ruinosas en Latinoamérica. También las pagamos.

El primer registro de daños derivados del frustrado acuerdo Endesa-Iberdrola tiene que ver con la constatación de un fracaso: el de la liberalización eléctrica promovida en la legislatura anterior. Lo señala el informe del Tribunal de Defensa de la Competencia y creo que lo asume el propio Gobierno. Hoy, el debate sobre el sector eléctrico debería centrarse en asuntos como la garantía de potencia, la regulación de la calidad en el suministro de electricidad o la articulación del régimen especial, es decir, en el perfeccionamiento de la regulación pública; sin embargo, en los próximos meses vamos a tener que ocuparnos de una asignatura que debería estar ya aprobada, esto es, la competencia.

Publicado previamente en Expansión, en 2001.

Además, al fracaso anterior se suma el del diseño de los CTC´s. Como se ha podido comprobar, las compañías eléctricas defendieron bastante mal el interés de sus accionistas cuando, en 1996, acordaron con el Gobierno un régimen retributivo manifiestamente incompatible con la Directiva del Mercado Único de la Electricidad. Aquello embarró el proceso de liberalización, y sometió el valor de mercado de las empresas a un riesgo regulatorio con un desenlace fácilmente predecible. La última reforma de los CTC´s no es suficiente: seguirán contaminando el proceso de formación de precios y tarifas. Es dudoso, sin embargo, que en el futuro las compañías obtengan algún beneficio en forma de ingresos adicionales significativos.

Pero, quizá, el daño más grave tiene que ver con el descrédito del Gobierno en materia de liberalizaciones, pues lo sucedido afianza lo acaecido, por ejemplo en el sector de telecomunicaciones. Lo apunto en el parte de daños porque a nadie conviene esa pérdida de reputación: dificulta avances futuros. Que hoy los analistas estén dedicados a tiempo completo a descifrar el fracaso de la fusión invita a pensar que sospechan que la mano del Gobierno en los sectores regulados es larga, y que las cosas no se hacen del todo bien. Por ejemplo, no parece razonable que se modifique por sorpresa un capitulo retributivo esencial como el de los CTC´s en pleno proceso de presentación de OPA´s sobre Hidrocantábrico; tampoco que se diseñe sobre la marcha un estatuto de operador dominante en el sector eléctrico; menos que el informe del Tribunal de Defensa de la Competencia haya sido secreto y, por tanto, conocido en grado distinto por los diferentes intereses en presencia. En suma, no parece razonable que la determinación de criterios generales sobre control de concentraciones resulte de la acumulación desordenada de casos particulares. Reglas generales para todos. La solicitud no es extravagante: el Departamento de Justicia de Estados Unidos determinó hace bastantes años unas Merger Guidelines, que permiten a las empresas protagonistas de procesos de fusión anticipar el juicio de la autoridad de competencia.

El último daño que quiero registrar se refiere al fracaso de las reglas que rigen la actividad en el sector eléctrico español. De un lado, hay una sobreprotección de las empresas mediante artefactos dudosos: los regímenes de golden share, la limitación de los derechos de elección de los consumidores, las barreras administrativas a la competencia. De otro, se ata de pies y manos a las compañías imponiéndoles límites que no afectarán a las empresas entrantes. En suma, sobreprotección de las empresas establecidas y regulación asimétrica en beneficio de los nuevos operadores. No hay que decir que sería fácil encontrar un equilibrio más beneficioso para todos consistente en una protección menor y, en consecuencia, una asimetría menos pronunciada al menos formalmente.

Hasta la fecha nadie ha dudado del interés de los mercados españoles de servicios básicos de naturaleza mercantil: crecimientos apreciables, demanda solvente, país serio. Debería seguir siendo así; es la mejor garantía de competencia y de calidad de los servicios. Pues bien, hay síntomas de que la acción pública en el mercado de empresas, en la regulación de los servicios básicos y en el ejercicio de la política de la competencia empieza a estar teñida de arbitrismo y regirse por un cierto paroxismo. Hoy, se establecen limitaciones sobre la propiedad de las empresas extranjeras que desean comprar empresas españolas, que mañana quedan corregidas para no impedir que una determinada empresa alemana con participación municipal pueda hacerlo. Mañana, se aprueba un régimen de CTC´s que pasado es modificado para volver a la situación anterior. Ayer, se dice que se seguirán de cerca las recomendaciones de los órganos consultivos, aunque hoy se crea uno nuevo para tutelar el cumplimiento de las mismas. Demasiada confusión.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LXXXI. Falta energía. La Próxima Fusión Eléctrica.

Algo que se ocultó celosamente: un porcentaje considerable de fusiones empresariales perjudican a los accionistas.

La OCDE acaba de publicar (en 2000) un estudio de lectura obligada, Regulatory Reform in Spain, sobre los procesos de liberalización de la economía española. El documento presta una atención singular al sector eléctrico. A juicio de la OCDE, la concentración empresarial dificulta considerablemente la existencia de competencia efectiva. Es más, la posición dominante de ENDESA e IBERDROLA faculta a estas empresas a ejercer su poder de mercado, de suerte que los precios del mercado de generación se situarían hoy por encima de los precios que resultarían de un mercado competitivo en una cuantía aproximada al 39%. La OCDE recomienda que el Gobierno español adopte las medidas oportunas para que las dos empresas mencionadas enajenen activos de generación en favor de empresas hoy no presentes en el sector eléctrico español.

Publicado previamente en El País, en 2000.

Naturalmente, el análisis de la OCDE es anterior al anuncio de concentración de las dos empresas españolas y también a las medidas adoptadas en el Decreto-Ley 6/2000 de 23 de junio. Desgraciadamente, la voluntad del Gobierno de someter a moratoria el crecimiento de las dos compañías en España no va a surtir ningún efecto; simplemente, porque la moratoria no afecta a las centrales autorizadas, cuya potencia cubre con mucho el déficit de capacidad de los próximos años. En definitiva, la fusión de ENDESA e IBERDROLA nos situaría en un escenario peor que el que ha dado lugar a las recomendaciones de la OCDE. Por lo que parece, las dos empresas están dispuestas a proceder a enajenaciones importantes de activos, con el fin de no perjudicar la competencia efectiva. No seré yo quien dude de la posibilidad de transformar agua en vino. En todo caso, conviene recordar que la moratoria vigente sobre el crecimiento afecta a las empresas que disfrutan hoy de una cuota de mercado superior al 20%. Hay que suponer que la cifra no fue establecida de manera arbitraria por el Gobierno; la única interpretación posible es que el Gobierno entiende que si una empresa disfruta de una cuota superior, entonces está en disposición de ejercer poder de mercado. Por tanto, el volumen de enajenaciones debería estar en consonancia, por simple coherencia con la doctrina del Gobierno en materia de concentraciones, con esa cota.

Se dirá, con razón, que el sector eléctrico mundial comienza a observar las pautas de concentración empresarial observadas por otros sectores. De hecho, el valor de las fusiones y adquisiciones transfronterizas, entre empresas de países diferentes, registradas en 1999 duplicó el nivel observado en 1996. Un estudio reciente de PricewaterhouseCoopers establece el ranking de las fusiones eléctricas más importantes de los últimos tres años. Si centramos la atención en Europa, las concentraciones empresariales han sido trasatlánticas e intraeuropeas, ambas internacionales, con la única excepción de relieve de lo acaecido en Alemania. En este país, al igual que en otros sectores, se ha querido neutralizar los efectos en territorio alemán de la apertura del sector eléctrico a la competencia dictada en 1996 mediante un proceso de concentración de las empresas alemanas. Con todo, el nivel de concentración resultante es inferior al que hoy tenemos en España, antes de la fusión, siendo bastante superior la competencia potencial. El único precedente comparable de la operación planteada que cabe encontrar en Europa se refiere a Holanda. A mediados de la década anterior, el ministro responsable de energía quiso auspiciar la fusión de las cuatro empresas generadoras con el argumento de que ello daría lugar a un campeón victorioso en el futuro mercado interior de la electricidad. La autoridad de competencia se opuso, y con ella el propio Gobierno holandés. La operación no se realizó. Por lo demás, las dos empresas españolas ocupan lugares de privilegio en el ranking mundial de empresas eléctricas privadas. Que algunos monopolios públicos hagan de las suyas en el mercado único europeo solamente puede tener una consecuencia: que la Comisión de la Unión Europea obligue de una vez por todas a algunos países refractarios a la apertura de sus mercados a garantizar el derecho de establecimiento.

Los analistas nos dirán que la fusión ENDESA-IBERDROLA es muy beneficiosa para los accionistas. No hay que hacerles mucho caso: se lo dicen a todas. Sin embargo, un estudio reciente de KPMG muestra que la mitad de las fusiones y adquisiciones perjudican a los accionistas, especialmente de la empresa adquirente. The Economist nos ha regalado este último verano algunas crónicas de fusiones fallidas y/o perjudiciales para los accionistas. La conclusión editorial es que cuando las empresas se fusionan con el propósito primordial de hacer frente a alguna amenaza externa, suelen trasladar sus problemas al matrimonio, que es contemplado como un remedio milagroso. Después, las expectativas no se confirman. Una condición adicional para el éxito es que las empresas sepan responder de manera convincente una pregunta elemental: ¿para qué?. Normalmente, la respuesta suele ser “para reducir costes”. Sin embargo, no es demasiado creíble si antes no han acreditado esa capacidad. Se dirá que las empresas saben lo que hacen; es posible. Lo que es seguro, sin embargo, es que en estas materias sus directivos se equivocan la mitad de las veces.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LXXX. Falta energía. ¿Adónde va el mercado europeo de la energía?

Las Directivas europeas pretenden introducir competencia en el sector energético. Con resultados magros, por lo que ven los consumidores. Algo debe pasar en este sector para que sea tan complicado el ejercicio del derecho de elección de compañía suministradora. Es un Estado dentro del Estado.

Si en el debate sobre la integración económica y monetaria se habló de una Europa a dos velocidades, la liberalización del sector de la energía parece regirse por siete (o más) velocidades; casi tantas como países. El mercado interior europeo de la energía es, hoy, un conjunto de mercados nacionales y regionales separados tanto por barreras legales como físicas. Entre las primeras se cuentan desde aranceles sobre la exportación de energía hasta el mantenimiento de regímenes de monopolio en algunos mercados y grupos de consumidores. Las barreras físicas, de las que España provee un rosario de ejemplos, son el resultado de la falta de infraestructuras de transporte de electricidad y gas, especialmente en lo que se refiere a las conexiones internacionales.

Publicado previamente en Expansión, en 2002.

Los acuerdos alcanzados en el Consejo Europeo de Barcelona, el pasado marzo (del año 2002), no suponen un cambio sustancial de la situación. Pese a la modestia de las propuestas de la Comisión -sin ir más lejos, el Reino Unido cumplía en 1990 las nuevas reglas- el Consejo apenas alcanzó un principio de acuerdo para abrir los mercados del gas y la electricidad a los consumidores "no domésticos” a finales de 2004, sobre la base de unas nuevas directivas de gas y electricidad. En algunos países, como Reino Unido, Suecia o Finlandia, las reformas han ido bastante más lejos de los requisitos mínimos que propone la Comisión. De todos modos, la resistencia de algunos países, entre ellos Francia y Alemania, a algunas de las propuestas de la Comisión, podría llevar a considerar que el acuerdo adoptado es un avance.

Electricidad

La directiva eléctrica vigente fijó el año 1999 como fecha límite para la apertura de un primer segmento del mercado eléctrico europeo a la competencia. Esta apertura debería incrementarse en los años 2000 y 2003 hasta alcanzar un nivel equivalente a un tercio de la demanda de electricidad. Sin embargo, la norma decía poco sobre las condiciones necesarias para asegurar que ese propósito fuera efectivo. Así, la directiva contempla hasta tres regímenes de acceso de terceros a la red eléctrica, y opta por la forma más débil de separación entre las actividades de transporte y distribución y las restantes, es decir, la separación de cuentas. Apenas aprobada la directiva, se percibió la necesidad de establecer normas para regular los intercambios internacionales de electricidad, sin las cuales no cabe hablar de un mercado interior de la electricidad. Se inició el llamado proceso de Florencia, que instituyó un amplio comité con representación de la industria, gobiernos, reguladores y la propia Comisión Europea con el mandato de proponer un sistema de normas para los intercambios transfronterizos. Los intereses encontrados de la industria y el diferente entusiasmo liberalizador de los países no han permitido todavía aprobar esas normas aunque el pasado invierno se alcanzó, finalmente, un principio de acuerdo.

La Comisión Europea propuso en marzo de 2001 varias medidas dirigidas a acelerar el desarrollo del mercado interior de electricidad; entre otras, un proyecto de directiva que enmienda la actual directiva eléctrica, y un proyecto de normativa sobre condiciones de acceso a la red en los intercambios internacionales de electricidad. El propósito de la propuesta, discutida en Barcelona, era abrir el mercado eléctrico a todos los consumidores no domésticos antes de 2003 y a los domésticos no más tarde de 2005, establecer el acceso regulado a la red como único modo de acceso, requerir la separación jurídica y de gestión de los operadores del sistema, formular la separación jurídica de las redes de distribución en 2002, y obligar a la instauración de reguladores nacionales independientes con autoridad, al menos, para establecer las tarifas de acceso a la red.

El conjunto de estas medidas está en línea con los desarrollos regulatorios observados en muchos países. Sin embargo, Francia no acepta la apertura del mercado de clientes domésticos y Alemania objeta el establecimiento de tarifas de acceso reguladas y la creación de un regulador independiente. Tampoco se ha aprobado la propuesta de regulación sobre intercambios transfronterizos de electricidad elaborada por la Comisión.

Gas natural

La situación en el sector del gas natural es muy similar a la del sector eléctrico, si bien con un desfase temporal. La directiva del gas obliga a los Estados-miembros a abrir al menos el 20% del consumo nacional a la competencia, aunque muchos Estados han ido mucho más allá de esa exigencia. En promedio, un 80% de la demanda europea de gas está sujeta, formalmente, a la competencia. Este porcentaje se incrementará hasta el 90% en 2008 según estimaciones de la Comisión. Las situaciones de los países son muy distintas: la competencia está consolidada en el Reino Unido, mientras que en otros, como Francia, la directiva no ha sido trasladada al ordenamiento jurídico nacional. Es necesario distinguir, además, entre la "elegibilidad" de los consumidores y la apertura real, que depende de la existencia de una competencia efectiva por el lado de la oferta. La directiva deja al arbitrio de los Estados el diseño de la regulación. Así, pueden optar entre dos sistemas de acceso a la red, regulado y negociado; la mayor parte de países ha elegido el sistema regulado. Las excepciones más significativas son Alemania y Austria. La directiva también establece una exigencia mínima de separación contable de las actividades de red, pero no pone obstáculos a la integración vertical de las empresas del sector. En la práctica, muchos Estados han querido una separación más estricta.

En respuesta al deseo político de acelerar la liberalización en Europa y, también, en atención a la experiencia de la liberalización eléctrica, la Comisión elaboró una propuesta de nueva directiva del gas, según la cual el mercado del gas tendría que estar enteramente abierto a la competencia a partir de 2005; se exigiría una separación legal y de gestión de las actividades de red; sólo se admitiría el sistema de acceso regulado a las redes y demás infraestructuras; y en cada Estado debería existir un regulador independiente. Estas propuestas están en línea con la experiencia adquirida, aunque son conservadoras en relación a los países más avanzados.

Un nuevo mapa empresarial

Los anuncios insistentes sobre el inicio de la liberalización energética parecen haber originado un proceso de consolidación de la industria eléctrica, mediante fusiones y adquisiciones transfronterizas. Aunque este proceso es una respuesta natural a la integración de los mercados nacionales en un mercado europeo, el resultado inmediato puede ser la consolidación del poder de mercado de los operadores dominantes en sus respectivos mercados nacionales. Incluso en el Reino Unido, donde la concentración empresarial ha caído a lo largo del último decenio, y en los países nórdicos, donde existía tradicionalmente una estructura relativamente atomizada, la concentración empresarial ha aumentado.

El problema no es tanto que disminuya el número de empresas de electricidad y gas en Europa -parece probable que durante la próxima década su número se reduzca notablemente- como que las empresas que se fusionan operen en un mismo mercado geográfico, lo que consolida situaciones de monopolio y hace muy difícil la concurrencia de operadores extranjeros. Ello podría retrasar algún que otro lustro el establecimiento de un mercado europeo auténtico. Un problema adicional es que algunas de las empresas protagonistas disfrutan de posiciones de monopolio en su mercado doméstico o, por ser de propiedad estatal, se benefician de recursos financieros de bajo coste.

Aunque con diversos grados de entusiasmo, las autoridades europeas de la competencia empiezan a enfrentarse a las operaciones de concentración entre empresas energéticas. Llama la atención, por ejemplo, que la autoridad de competencia alemana haya reconocido, recientemente, que se equivocó en el pasado al autorizar la fusión de dos grandes empresas eléctricas. En todo caso, al igual que en el caso de la regulación, los criterios que se aplican en los países de la UE no son homogéneos.

En definitiva, los mercados de la energía europeos están inmersos en un profundo aunque lento proceso de transformación. Junto a algunas regiones de la UE que observan un grado de competencia significativo, en otras la competencia es inexistente. En España, el grado de apertura formal a la competencia es ligeramente superior al promedio europeo. Como en otros países, la competencia real está lejos de las apariencias.

Lo anterior sugiere que la liberalización y la integración de la energía europea va a seguir adelante, pero también augura un camino lleno de baches.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA LXXIX. Falta energía.

Siempre me ha interesado la economía de la energía, especialmente después de mi paso por el Ministerio de Industria y Energía entre 1994 y 1996. Ofrezco aquí unos pocos de los artículos de prensa publicados estos últimos años. Esencialmente los relativos a las fusiones entre compañías eléctricas españolas y otros que rozan consideraciones de orden medioambiental.

Los proyectos de fusión de compañía energéticas españolas reúnen todos los ingredientes del joven capitalismo español: desprecio de los intereses de los accionistas, deterioro de las reglas más elementales de la competencia (¿cómo puede haberla cuando se pretende la fusión de dos compañía como ENDESA e IBERDROLA que suman el 80% del mercado eléctrico español?) y la larga mano del Gobierno en la vida empresarial. No conocemos todavía las razones de la probada hostilidad del Gobierno a la fusión entre IBERDROLA y Gas Natural. Desde luego, la hipótesis más atinada dice que respondió al rechazo de que de la misma surgiera una empresa catalana que articulara el sector energético español. Aclaro que el rechazo se debió al apellido, aunque se hizo uso de la institución pública encargada de que no prolifere ese numeral en la economía español, el Tribunal de Defensa de la Competencia.

Como otros países que han avanzado por la senda de la liberalización tramposa, España también tuvo sus apagones eléctricos. La diferencia es que por asuntos así tiene que marcharse el gobernador de California y aquí no enorgullecemos de la liberalización realizada.

Esto de singularizar al sector energético es un resabio totalitario. La importancia de la industria pesada.