Libertad y Organización

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XCVI. Los misterios de la productividad. Otras Empresas.

Hace casi veinte años dos profesores del MIT, Michael Piore y Charles Sabel, alumbraron en The Second Industrial Divide la evolución futura del modelo de empresa nacido en la primera revolución industrial, es decir, la empresa integrada verticalmente y orientada a la explotación de los beneficios de la especialización del trabajo. A su juicio, las nuevas formas empresariales atenderían a un patrón nuevo, la especialización flexible. En lugar de equipamientos de propósito único empleados por trabajadores especializados en tareas elementales y sujetos a jerarquías estrictas, el futuro reservaba en 1984 una pequeña broma: el regreso a formas organizativas más cercanas a la artesanía que a la manufactura, esto es, equipos de individuos cualificados capaces de recombinar sus destrezas en el desempeño de tareas no repetidas. He querido traer a colación la contribución de Piore y Sabel porque, en líneas generales, acertaron; en efecto, desde entonces muchas empresas han evolucionado hacia formas organizativas mejor adaptadas a la ambigüedad ambiental.

Publicado previamente en Expansión, el 13 de junio de 2003.

Recientemente, la Fundación BBVA ha publicado un ensayo de Emilio Huerta y otros profesores de la Universidad Pública de Navarra sobre la innovación organizativa y tecnológica en la empresa industrial española (Los Desafíos de la Competitividad). El estudio permite valorar la situación de la empresa española respecto de los procesos de cambio previstos por Piore y Sabel, pues se refiere a tres de sus dimensiones principales: la organización del trabajo, la política de recursos humanos y la tecnología. De paso, ofrece evidencias de gran interés acerca de la realidad de la innovación en la empresa española que va más allá del reduccionismo habitual en torno a procesos o productos. La productividad de los recursos y la buena atención a los clientes parecen estar reservada a las empresas españolas que estimulan el aprendizaje de los trabajadores, el trabajo en equipo y la participación, que mantienen relaciones de cooperación con clientes y proveedores, que subordinan la autoridad a la capacidad, y que incorporan tecnologías nuevas de fabricación y comunicación interna. La buena noticia es que tales empresas, y en general las que adoptan sistemas avanzados de gestión , parecen disfrutar de mejores resultados que las que siguen adheridas a los viejos patrones de la primera revolución industrial.

Junto a esta buena noticia cabe reseñar otra no tan buena. El modelo de especialización flexible asocia en España a empresas de un cierto tamaño, en bastantes ocasiones filiales de multinacionales. Las otras, las pequeñas de capital nacional, siguen ancladas en los viejos principios. Como se trata de empresas industriales cabe pensar que ambas desarrollan actividades en entornos abiertos a la competencia. Tal constatación conduce de manera inmediata a una pregunta: ¿Qué tendrá que suceder para que nuestras empresas abracen el mundo de la innovación?. De igual manera, esa misma constatación invita a concluir si no habrá llegado la hora de examinar las eficacia de los apoyos públicos a las pequeñas y medianas empresas españolas en este tipo de materias. De entrada cabe conjeturar que es dudosa.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XCV. Los misterios de la productividad. La Política de la Innovación.

Desde el año 2000, las políticas científicas y tecnológicas están encuadradas en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-03 (Plan de I+D+i). Cumple, pues, su valoración, a la espera de que el Gobierno apruebe el nuevo Plan para los próximos cuatro años, sin perjuicio de que el asunto sea materia de debate en las próximas elecciones generales.

Publicado previamente en Expansión, en 2003.

El Plan cifraba algunos objetivos para 2003. En general, la realidad va a estar lejos de lo pretendido, especialmente en lo que se refiere a los objetivos de gasto de I+D en relación al PIB, número de investigadores respecto de la población activa o inserción de doctores en empresas y centros tecnológicos. La constatación de la falta de vigor de la política tecnológica española parece justificada. La consecuencia es que la intensidad de la innovación de la empresa industrial española apenas alcanza el 47% de la correspondiente a la empresa europea, a la vez que el porcentaje de empresas españolas innovadoras respecto del total de empresas equivale al 52% del porcentaje de empresas innovadoras europeas. Es dudoso que el Plan haya contribuido a estrechar la brecha que separa los sectores empresariales europeo y español.

Conviene prestar atención a la herramienta estrella de la política de fomento de la innovación en España: la fiscalidad del gasto en innovación. Se ha dicho hasta la saciedad que nuestro país ofrece el cuadro de incentivos fiscales más favorable de la OCDE, lo que es cierto. Sin embargo, parece probado que su poder estimulador se limita a la población de empresas que cotizan en el mercado de valores, disfrutan de capacidades de autofinanciación elevadas u operan en sectores de contenido tecnológico elevado; la ausencia de ajuste entre los conceptos contable y fiscal de la I+D+i genera una incertidumbre considerable y dificulta el aprovechamiento de los incentivos por parte de las pequeñas y medianas empresas. En definitiva, es más que dudoso que la fiscalidad actual de lugar a una ampliación actual de lugar a una ensanchamiento de la base de empresas innovadoras. Recientemente, el Gobierno ha anunciado la instauración de un sistema de certificación de la innovación, que podría ser administrado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Habrá que esperar y ver.

Curiosamente, no es habitual que el diseño de la política de innovación preste atención a la competencia efectiva de los mercados. Sin embargo, se sabe que un tercio de la diferencia del esfuerzo innovador entre los países más avanzados en la materia y los más retrasados obedece a la existencia en estos últimos de barreras a la competencia múltiples. De igual manera, las exigencias de los clientes (mercados) son el principal factor desencadenante de los procesos innovadores en el sector empresarial. Finalmente, una parte significativa del esfuerzo innovador se concentra en el sector servicios. Pues bien, las insuficiencias de la liberalización de las industrias de red y la consolidación de los obstáculos legales a la competencia en ramas importantes del sector español de servicios no parecen ayudar al objetivo de incrementar el esfuerzo innovador. A lo anterior habría que añadir el carácter de los mercados españoles de compras públicas.

De lo anterior podría deducirse que, en España, existen dos perfiles distintos de empresas : las innovadoras y las no innovadoras. Como han demostrado García Olaverri y Huerta, las primeras realizan habitualmente innovaciones de proceso y producto, a la vez que observan prácticas organizacionales avanzadas en materia de recursos humanos, retribuciones, o acuerdos de cooperación con clientes y proveedores. Se trata de empresas medianas y grandes que operan, a título principal, en mercados competitivos; en bastantes ocasiones con presencia extranjera en su capital. En consecuencia, el propósito de ampliar la base de empresas innovadoras debería invitar a prestar atención a las empresas que no realizan habitualmente este genero de actividades. Para las otras, la innovación es una regla del juego o, simplemente, es el reflejo de su cultura corporativa. No precisan demasiadas ayudas públicas.

El Plan de I+D+i vigente no formula propuestas específicas para este fin; la fiscalidad no es un instrumento determinante. Cabe, sin embargo, echar un vistazo al mundo de los centros tecnológicos sectoriales y horizontales, públicos y para-públicos, cuyo propósito fundacional suele ser la prestación de servicios técnicos y la transferencia de tecnología a las pequeñas y medianas empresas. Habitualmente, disfrutan de financiación pública no condicionada a los resultados alcanzados. De hecho, constituyen el segmento del sistema español de ciencia y tecnología menos sujeto a evaluación externa. Es dudoso que, con carácter general, fomenten la difusión de innovaciones en sus respectivos ámbitos de actividad. Lo mismo cabe decir de los numerosos parques científicos y tecnológicos.

El nuevo Plan de I+D+i podría ocuparse de estos extremos. En todo caso, a lo mejor convendría olvidarse de la redacción de planes y prestar algo más de atención a los obstáculos que desincentivan la realización de tareas innovadoras en la empresa española. Sería una innovación de la política tecnológica española.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XCIV. Los misterios de la productividad. Las Paradojas Españolas de la I+D.

La vigencia del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003 llega a su fin. No cabe esperar que este año depare grandes sorpresas, por lo que no parece arriesgado adelantar algunas ideas acerca de la contribución del Plan al progreso del sistema español de ciencia y tecnología. La conclusión más general es que apenas ha servido para desanudar las paradojas españolas de la I+D.

Publicado previamente en Expansión, el 26 de febrero de 2003.

Debe saberse, en primer lugar, que si tomamos a los países de la OCDE que representan algo en el mundo de la producción científica en disciplinas de interés económico y empresarial, España es el país que invierte menos en I+D por unidad de PIB. No parece, por tanto, que quepa incrementar de manera significativa (o incluso mantener) la cuota española en la producción mundial de ciencia sin una ampliación de las plantillas de investigadores y de los medios a su disposición. Por el momento, esas plantillas son muy pequeñas en términos de población activa e inferiores en volumen a las de países más pequeños como Holanda. No es por falta de oferta de recursos humanos cualificados a la búsqueda de un empleo razonable. Siguen ahí, antes y después del Plan.

En segundo, el Plan apostó por la utilización de la fiscalidad para promover la innovación en la empresa española. El más generoso de la OCDE, se dice con razón. Sin embargo, hay indicios de que sus efectos sobre la decisión de innovar son muy limitados. Más parece que beneficia a las empresas de un cierto tamaño que observan regularmente la práctica de la innovación porque es una regla de juego de sus respectivos mercados. Por ello, el porcentaje de empresas españolas innovadoras sigue siendo bajo en términos comparativos. Aunque no hay día en que no se anuncie una mejora formal de los incentivos fiscales de la innovación para determinadas poblaciones de empresas, más valdría ocuparse de los desajustes entre los conceptos contable y fiscal de la innovación y de la inseguridad fiscal de estos incentivos.

El Plan anunciaba para 2003 un gasto de I+D equivalente al 1,3% del PIB. Salvo milagros estadísticos, es dudoso que se alcance esa cifra, o que lo haga con alguna significación. Conviene constatar a este respecto que, de hecho, el gasto en I+D en España crece a tasa modestas desde que se establecen objetivos en estos términos. Cuando no se hacía, por ejemplo en los años ochenta, el crecimiento de los recursos dedicados a tal fin era sobresaliente. En consecuencia, es dudoso que la determinación de un nuevo objetivo de basto en términos de PIB sirva para ilustrar un compromiso político firme. La pólvora está mojada. Por eso y por lo anterior, los redactores del nuevo Plan se enfrentan a la difícil tarea de hacer saber que esta vez va en serio: que se ha acabado el tiempo de decir una cosa y que suceda otra bien distinta.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XCIII. Los misterios de la productividad. El Futuro de la I+D en España.

Conviene partir de algunas evidencias sobre la evolución reciente de los indicadores de I+D. El año de referencia puede ser 1992, que constituyó la culminación del modelo de política científica y tecnológica establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología de 1986 y, también, de la primera aproximación a los niveles de recursos destinados a la investigación en la Unión Europea. En aquella fecha, el gasto de I+D por activo (población activa) en la economía española alcanzaba el 42.9% del indicador correspondiente a la Unión Europea, medidos ambos en dólares corrientes corregidos por paridades de poder de compra; en 1998, el porcentaje se reducía hasta un 40,2%. En términos generales, la última década se ha caracterizado por el estancamiento del proceso de aproximación a la Unión Europea, que, por otra parte, ha reducido su esfuerzo de I+D con respecto al observado por Estados Unidos y Japón. La Comunicación de la Comisión al Consejo de la Unión Europea titulada “Towards a European Research Area” ofrece abundantes testimonios de este último fenómeno. Volviendo a nuestro país, cabe poner en relación los casos de España e Irlanda; ambos partían de cifras similares de gasto de I+D respecto del PIB a comienzos de los noventa, en torno al 0,9%; al final del decenio, el porcentaje español se mantenía en el nivel anterior, después de haber observado una caída pronunciada; el indicador irlandés se situaba ya en el 1,5%. Doy por sentado que este estado de cosas tendrá pronto remedio y que, en consecuencia, los investigadores españoles podrán poner al día sus utillajes; las empresas multiplicarán su esfuerzo gracias a los nuevos incentivos fiscales; y, en general, la investigación merecerá mejor consideración real por parte de los poderes públicos. Queda, sin embargo, por determinar la orientación de los nuevos recursos aplicados, especialmente en el sector público. Sobre ello quiero centrar la reflexión.

Publicado previamente en Expansión, en 2000.

La transferencia de las Universidades a las Comunidades Autónomas ha dado lugar a que un capítulo importante del gasto de I+D ejecutado en el sector público resulte de decisiones presupuestarias adoptadas en el ámbito autonómico. A ello hay que añadir que la aplicación de Fondos Estructurales con esta finalidad en las regiones objetivo 1 ha introducido diferencias notables entre las cifras regionales de gasto. La fragmentación de los presupuestos públicos es coherente con el diseño constitucional del Estado de las Autonomías. Con todo, cabe recordar que los Estados federales cuentan con presupuestos centrales importantes para la financiación de proyectos y centros de excelencia investigadora probada. Hoy es más importante que nunca la potenciación financiera de los fondos nacionales de I+D. De esta manera, será posible atender desde España la tendencia apuntada por la citada Comunicación sobre la configuración de redes de centros europeos de excelencia como pilar del espacio comunitario de I+D. Naturalmente, la noción de excelencia está estrechamente vinculada con la competitividad de la investigación en el ámbito internacional; conviene señalar a este respecto que la situación de partida es prometedora: bastó un bien administrado empujón presupuestario, el aludido anteriormente, para que a mediados de los noventa nuestro país se situara entre los diez países del mundo con mayor contribución a la producción científica universal en biología, investigación biomédica, química y matemáticas, según los indicadores bibliométricos al uso.

No es discutible que las políticas científicas y tecnológicas de los países avanzados tienden a otorgar una importancia creciente a la innovación como propósito último de los recursos públicos aplicados. En nuestro país se produce, sin embargo, una curiosa paradoja. De un lado, la Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas del INE atribuye a la I+D una importancia menor como fuente desencadenante de innovaciones en la empresa española. De otro, la estimación empírica de la rentabilidad social de la I+D realizada en España muestra que su contribución al crecimiento económico es notable, y que estaría plenamente justificada la multiplicación de la financiación pública a la I+D que conocemos. Finalmente, la combinación del estancamiento del gasto público en I+D y de la voluntad de reorientar los recursos disponibles hacia la innovación ha dado lugar a que, según el INE, en 1997 el porcentaje de gasto aplicado a actividades de desarrollo tecnológico fuera inferior al registrado en 1985. Si afrontamos el diseño de las políticas científicas y tecnológicas desde el reconocimiento de que la vinculación entre investigación e innovación es difícil de discernir; de que es bueno saber porque permite un crecimiento mayor, aunque también es buena la prosperidad económica porque permite dedicar recursos al saber; y de que los criterios de demarcación de la ciencia (buena/mala) y de la innovación (útil/inútil) son distintos, entonces concluiremos lo obvio: que hay que apoyar la buena investigación, que hay que incentivar la innovación útil, y que es razonable abrir espacios de encuentro entre la investigación y la innovación. Convendría , sin embargo, llamar la atención sobre los riesgos del pragmatismo. Si se entiende que todas las innovaciones son buenas y que toda la investigación debe ser útil, entonces careceremos en el futuro de buena ciencia y, lo que es peor, de gentes bien formadas en el rigor y la creación.

Como es sabido, en los últimos años se ha producido en Europa un intenso debate acerca del futuro de la universidad. En España, el testigo del mismo ha sido recogido en lo que se denomina ya, aunque en la fecha no ha visto la luz, el Informe Bricall. Naturalmente, el debate ha prestado atención especial a la vertiente investigadora del quehacer universitario y, también, a aspectos relativos a la carrera académica, la movilidad o las estructuras de gobierno. No es este el momento de pronunciarse sobre estas cuestiones; en todo caso, las conclusiones del debate español no deben oponerse a las condiciones que propician la excelencia investigadora y la formación de recursos humanos en este ámbito. En España, la buena investigación necesita una protección especial, especialmente cuando discurre lejos de la aplicación práctica. A este respecto, cabe señalar que no estaría de más que una iniciativa de corte similar al Informe Bricall examinara la situación de los organismos públicos de investigación (OPI´s).

La mencionada Comunicación de la Comisión al Consejo de la Unión Europea subraya la importancia de la extensión de la cultura científica como condición indispensable para la innovación. Hoy, la práctica totalidad de la prensa diaria de ámbito nacional ofrece una sección divulgadora de avances científicos. Sin embargo, queda mucho por hacer, especialmente en el sistema educativo. Sobreviven todavía viejas distinciones entre ciencias y letras; se acota de manera discutible la noción de humanidades; se hurta a los jóvenes el conocimiento de la pasión del saber; los museos de la ciencia no están al alcance de una buena parte de los españoles; se confunde el saber con la utilidad. Quizá sea el conocimiento científico de los secretos de nuestro mundo lo que, finalmente, contribuya a dar sentido a la facilidad técnica de la comunicación universal.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XCII. Los misterios de la productividad. Crónica de la I+D.

Es bastante sencillo relatar la historia de la investigación en España; basta con acudir a la estadística oficial. No me referiré a la investigación nacida del esfuerzo aislado de investigadores de mérito, sino a la desarrollada por comunidades amplias de acuerdo con criterios de relevancia científica y excelencia internacional. Pues bien, la primera página de tal crónica se escribe en los años ochenta, especialmente a partir de que Javier Solana se ocupara, como Ministro de Educación y Ciencia, de la dirección de la política científica. Antes, no había nada digno de tal nombre. Baste saber que el INE empezó a ocuparse en serio de las estadísticas de I+D en 1980. Así, por establecer una referencia temporal, en 1964 España invirtió en I+D poco más de 1600 millones de pesetas (el 0,13% del PIB de la época), cantidad que sustentaba el trabajo de cuatro mil investigadores. En la época, la universidad española no investigaba; el INE, en un trabajo meritorio de reconstrucción de series, ha contabilizado apenas 600 profesores/investigadores. Digo esto último en atención a los nostálgicos de épocas pretéritas de la universidad española. Después, la administración socialista legó una inversión en I+D equivalente al 0,83% del PIB, 52000 investigadores (35000 en la universidad) y, lo que es más importante, un conjunto de mecanismos de evaluación de proyectos de investigación comparable en calidad al de países más avanzados que el nuestro en esta materia.

Publicado previamente en El País, el 21 de octubre de 2001.

Las cosas empezaron a torcerse cuando el presidente del Gobierno, José María Aznar, decidió ponerse al frente de la dirección de política científica, ostentando la condición de presidente del máximo órgano de coordinación y gobierno de este asunto, algo inédito en nuestra breve historia. A pesar de la bonanza económica, que hacía presagiar un impulso presupuestario decidido y la aproximación a las cifras de inversión en I+D de la Unión Europea, hoy el gasto de I+D registra en términos de PIB un nivel inferior al de 1993. Se dirá, con razón, que ello responde a que las empresas españolas no muestran la sensibilidad requerida por los nuevos tiempos. Con todo, si examinamos en detalle la evolución de los presupuestos públicos de la Administración Central y eliminamos el maquillaje de los fondos destinados a la financiación de la participación española en proyectos militares, que sólo un convencido podría calificar como investigación, nos encontramos con que se han reducido en un 21% (pesetas constantes) desde 1990. Naturalmente, ello ha tenido efectos inmediatos sobre la calidad y actualización de los medios a disposición de los investigadores. Por ejemplo, en el conjunto de organismos públicos de investigación y universidades las dotaciones anuales han disminuido un 10% en pesetas constantes en los 10 últimos años.

La segunda pirueta estadística ha consistido en sumar al gasto de I+D los recursos dedicados a la innovación (i). De esa manera, dice el Plan Nacional de I+D+i vigente, se piensa alcanzar al final de la legislatura un esfuerzo innovador del 2% del PIB, 1,55% en la actualidad, que suena algo parecido al actual esfuerzo de I+D (sin i) de la Unión Europea, es decir, el 1,82%. El ejercicio de estilo se llama convergencia estadística. Importa poco que en España no haya estadísticas oficiales sobre la innovación en los sectores no industriales, lo que hace de la estimación del gasto actual y proyectado en I+D+i una especulación metafísica. ¡Sería tan cómodo establecer objetivos de inflación si no existiera el IPC!. Tampoco que, curiosamente, el número de empresas manufactureras innovadoras parezca haber disminuido estos últimos años, como muestra el INE: más espacio para la creación de realidades virtuales.

Eso sí, a falta de política científica, disfrutamos hoy de un flamante Ministerio de Ciencia y Tecnología y de reiterados pronunciamientos sobre la importancia económica y social de la investigación. Que la realidad no invite al optimismo es culpa, una vez más, de la estadística.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XCI. Los misterios de la productividad. La Nueva Economía en España.

El Ministerio de Economía utilizó profusamente los resultados del estudio del Servicio del BBVA. El ministerio de Ciencia y Tecnología, no. Ni estaba, ni se le espera. Naturalmente, lo hizo sin citar la procedencia. Al (entonces) enemigo, ni agua.

El análisis del Servicio de Estudios del BBV sobre los beneficios derivados de la implantación de la nueva economía en España (Situación – octubre 2000) tiene entre sus muchos méritos el de centrar el debate económico sobre la cuestión. Ello no es poco, porque hasta la fecha la crónica de la nueva economía española había atendido a aspectos bastante marginales como ciertas exuberancias bursátiles o la adopción de fórmulas retributivas de los directivos desconocidas en estas latitudes.

Publicado previamente en El País, en 2000.

En pocas palabras, el análisis demuestra que el avance técnico vinculado a la nueva economía podría dar lugar en nuestro país a un incremento significativo de PIB (7,5%) y de la renta disponible de las familias (6,6%), así como a una disminución de los precios de producción y de consumo (12,7%). El uso del condicional (podría) no es caprichoso; nada asegura que así será, al menos en esta cuantía y en los plazos previstos (10 años). Que lo sea o no dependerá de que la economía española se adapte convenientemente a las exigencias derivadas de las nuevas técnicas. Es en este punto donde parece conveniente echar un vistazo a la realidad. Antes debe precisarse que las innovaciones tecnológicas que acompañan a la nueva economía no son de hoy; de hecho, la historia reciente de los ciclos técnicos sugiere que nacieron a mediados de los años setenta. Fue entonces cuando aparecieron los primeros ordenadores personales, que a pesar de las limitaciones de la época mostraban ya sus ventajas funcionales con respecto a los ordenadores mainframe. Algunos investigadores adscritos al NBER sitúan en estas fechas el origen de la nueva economía de nuestros días. Cabe, por tanto, valorar la capacidad de la economía española con respecto a la asimilación de este cambio técnico. Un informe reciente de la OCDE (Science, Technology and Industry 2000) permite abordar esta cuestión en términos comparados.

El término nueva economía es extremadamente ambiguo. Una primera acepción se refiere a lo que se ha convenido en denominar sociedad del conocimiento. Desde este punto de vista, la nueva economía se caracterizaría por la importancia del este factor como fuente de progreso económico. Prueba de ello es que las industrias y servicios intensivos en conocimiento, de acuerdo con una convención establecida por la OCDE, que incluye la manufactura de contenido tecnológico elevado y medio y los sectores que muestran una cierta intensidad en el uso de nuevas tecnologías, habrían crecido en los últimos diez años por encima del resto del sector empresarial. Pues bien, si examinamos lo acaecido en España podremos constatar, de acuerdo con los Main Industrial Indicators de la OCDE, que el peso del valor añadido de la economía del conocimiento en el conjunto de la economía española no parece haber experimentado variación alguna en los últimos diez años, a diferencia de lo sucedido en el resto de países de la OCDE: estábamos regular y seguimos estando mal. Dicho sea de paso: tal evidencia mostraría que es dudoso que el choque tecnológico deba beneficiar especialmente a una economía como la nuestra, especialmente, si no hace correctamente los deberes.

Una segunda acepción de la nueva economía es la referencia a la implantación de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC’s). Su valoración suele cifrarse en términos de tamaño del parque de ordenadores, número de usuarios de Internet o volumen de comercio electrónico. Naturalmente, nuestro país sale mal parado en este tipo de comparaciones internacionales. Sin embargo, lo más llamativo es que la inversión en hardware, software e infraestructura de telecomunicaciones viene creciendo en España según ritmos extremadamente modestos, de suerte que la tasa medida en relación al PIB es la más reducida de la Unión Europea, con excepción de Portugal.

La tercera acepción que nos interesa aquí vincula la nueva economía a la posibilidad de acercarnos a los índices de bienestar de los países más desarrollados. El optimismo nos llevaría a sostener que puesto que la prosperidad futura depende del conocimiento, basta con adquirirlo del exterior: sería una nueva versión del “que inventen ellos”. La tesis podría tener algún fundamento si se refiriera a la España y al mundo de, digamos, hace treinta años. Se sabe que en los años cincuenta y sesenta, los niveles de renta y productividad de la mayor parte de los países occidentales, incluido el nuestro, se aproximaron a los de Estados Unidos, gracias sobre todo a la adquisición de tecnología. Sin ir más lejos, los españoles aprendimos a fabricar automóviles gracias a la asimilación de tecnología de fabricantes extranjeros. Sin embargo, en los últimos años vienen confirmándose síntomas de que esto ya no es así: las tasas de convergencia en productividad y renta per capita tienden a disminuir. Algunos análisis recientes muestran que la aproximación a los países más ricos requiere la producción nacional de conocimiento; ello parece estar relacionado con la asignación de recursos a actividades de I+D. A este respecto cabe traer a colación dos evidencias que van más allá de las referencias habituales. En 1991, el gasto de I+D ejecutado en España (excluida la I+D vinculada a defensa) suponía el 0,76% del PIB; en 1999, el 0,63%. La exclusión del sector defensa no es caprichosa: España es el único país de la OCDE que ha incrementado el gasto de I+D con esta finalidad en los últimos cinco años. En este mismo sentido, en la primera fecha el gasto de I+D suponía el 1,5% del total de la OCDE; en 1999, el 1,2%.

Todo lo anterior reafirma el malestar de quienes pretenden valorar en qué medida nuestro país construye adecuadamente su futuro. La práctica habitual suele consistir en comparar con otros países la cuantía de las inversiones per capita en recursos de prosperidad. En gran medida, esas inversiones vienen determinadas por las diferencias en la renta per capita; sin embargo lo más llamativo es que ello no queda compensado, siquiera en parte, por una mayor asignación relativa de recursos a , en este caso, la nueva economía. Es posible que el cambio técnico de nuestros días sea muy beneficioso para la economía española; pero, para que sea así, hay que hacer los deberes.

DIARIOS DE UN ECONOMISTA XC. Los misterios de la productividad. La Pata Coja de la Productividad.

Ha sido uno de los temas de moda de los últimos meses: el paupérrimo comportamiento de la productividad en España. Debe ser importante, porque cuando se anuncia un buen dato de la variable en Estados Unidos, la bolsa sube. Nunca se menciona que la productividad por hora de trabajo de algunos países europeos con Estados de Bienestar muy desarrollados es superior a la americana.

Poco a poco, vamos teniendo noticia de la naturaleza del crecimiento de la economía española a lo largo de los últimos años, y opinión sobre lo que queda por venir. Así, no cabe dudar de que ha observado crecimientos superiores al conjunto de la Unión Europea; el futuro, sin embargo, dependerá del comportamiento de la variable económica que, a la postre, sostiene la prosperidad, es decir, la productividad. La paradoja de la economía española de hoy es que presenta unos resultados apreciables en materia de crecimiento relativo, a la vez que registra una evolución paupérrima de la productividad.

Publicado previamente en El País, el 10 de marzo de 2002.

Productividad e Investigación.

Existe una rara unanimidad en casi todos los estudios que se pronuncian sobre el crecimiento de la productividad. Parece guardar asiento principal en tres pilares, cuya naturaleza queda descrita en el título de un informe reciente de la OCDE (Science, Technology and Industry Outlook. Drivers of Growth: Information Technology, Innovation and Entrepreneurship). Lo cierto es que desde 1990 el comercio internacional de los países de la OCDE vinculado a productos de contenido tecnológico elevado se ha multiplicado por un factor superior a dos, frente al estancamiento del comercio de productos de contenido tecnológico medio y bajo. También que los sectores intensivos en conocimiento vienen observando tasas de crecimiento mucho más elevadas que las del resto de actividades en la mayor parte de las economías desarrolladas.

El denominador común de los tres factores de crecimiento (tecnología de la información, innovación, y manifestación del talento empresarial de las gentes) es que resultan en gran medida del acierto e intensidad de las políticas públicas. Pues bien, el examen comparado de España con otros países alumbra una explicación plausible de las bajas tasas de crecimiento de la productividad, tanto la que se refiere al factor trabajo como la que resulta de la valoración agregada del conjunto de factores productivos o PTF; simplemente, invertimos poco en conocimiento y, probablemente, las políticas públicas son desacertadas
Algunos estudios recientes permiten enmarcar la relación entre I+D y productividad . Sabemos, por ejemplo, que en el conjunto de las economías desarrolladas un incremento del 1% del gasto de I+D de las empresas genera una variación positiva del 0,13% de la productividad PTF, que es la mejor medida del progreso técnico. También que un aumento igual del gasto ejecutado por universidades y centros públicos de investigación da lugar a un crecimiento de la productividad del 0,17%. Como las cifras de gasto en términos de PIB son relativamente modestas, los beneficios sociales de la investigación son obvios.
Las reglas anteriores no se verifican de igual manera en todos los países. Así, los rendimientos del gasto son mayores en las economías que asignan a la I+D un volumen superior de recursos; aparentemente, existe un umbral del esfuerzo por debajo del cual los efectos económicos de la investigación son inapreciables. También lo son en los países que asignan menos recursos a la I+D asociada a la industria de defensa. A partir de aquí cabe dibujar las singularidades españolas. La primera es que el gasto de I+D per capita apenas alcanza el 38% de la cifra correspondiente a la Unión Europea; además, su trayectoria en la década de los noventa no permite cobijar demasiadas esperanzas, salvo milagros estadísticos. Conviene poner en relación tal evidencia con lo acaecido en países que han observado un mejor comportamiento de la productividad, por ejemplo, Finlandia, Dinamarca, Australia o Suecia; también son los países que mayor esfuerzo de crecimiento han realizado en esta materia. Algunos, como Irlanda, partían de cifras similares a la nuestra; hoy doblan nuestro gasto de I+D per capita.

Otra singularidad llamativa tiene que ver con el apoyo público a la I+D de la industria de defensa. En 2002, los apoyos presupuestarios correspondientes alcanzan el 60,5% del presupuesto de gastos del programa 542-E de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Si restáramos tales cantidades del gasto total de I+D, comprobaríamos que la cifra anterior de esfuerzo per capita exagera de manera notable la aplicación real de recursos a la I+D en la economía española.

La pobreza de nuestros datos parece haber llevado a las autoridades públicas a multiplicar su valor mediante la consideración de las cifras procedentes de la Encuesta de Innovación sobre el esfuerzo innovador de la empresa española. De esta manera, añadiendo los gastos de innovación de las empresas, pasamos del 0,94% del PIB (gasto de I+D) al 1,67%, gasto de I+D+i del sector empresarial, lo que constituye un récord histórico, como reza un informe presentado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología al Consejo General de Ciencia y Tecnología el pasado 18 de enero. Omite el informe el detalle de que la mejora de las cifras de innovación del sector empresarial entre 1998 y 2000 resulta de la ampliación de la cobertura sectorial de las estadísticas sobre innovación, que contemplan ahora una buena parte del sector servicios. Es más cabe deducir del citado informe y de los datos disponibles que en el primer año de vigencia del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 2000-2003, es decir 2000, se batió de largo el objetivo de gasto de I+D+i previsto para 2003: 2% del PIB. Casi se alcanza el objetivo antes de empezar el Plan. Ello, más la evidencia de que el nuevo Ministerio ofrece los peores registros de toda la Administración Central en materia de ejecución de los presupuestos públicos, permite tener una idea de la inanidad de estos asuntos en España.

Políticas.

Una característica de las políticas científicas y tecnológicas de hoy en las economías avanzadas es la atención a la investigación básica y a la financiación pública de tal actividad. Frente a la postura miope de que lo mejor es poner a trabajar a los científicos en la solución de problemas de orden práctico, el ejemplo de los países escandinavos parece mostrar lo contrario. En primer lugar, el conocimiento básico es un bien público pero no un bien libre, es decir, la única manera de sacar provecho de lo inventado fuera de las fronteras nacionales es manteniendo un potencial científico propio. Ésta, como tantas otras, es una historia de pavones y zidanes. En segundo lugar, las nuevas tecnologías tienen un contenido científico elevado; así, mientras el número medio de artículos científicos citados en las solicitudes de patentes americanas relativas a componentes de vehículos es 0,08, el promedio de los citados para patentes de biotecnología es 17. La emergencia de las nuevas tecnologías explica que el contenido científico de las patentes se haya multiplicado en Estados Unidos por seis en los últimos diez años.

La política tecnológica española parece haber adoptado un enfoque distinto. Así, las empresas españolas cuentan hoy con el marco fiscal para la I+D más favorable de la OCDE. Sin embargo, España es uno de los pocos países que incumplen la regularidad internacional de que un incremento del gasto de I+D del sector empresarial está asociado a un aumento de la tasa tendencial de incremento de la productividad PTF. Ello permite sospechar que las políticas de apoyo a la I+D empresarial no son adecuadas o que su gestión es deficiente.

Una segunda evidencia permite subrayar el deterioro de las condiciones de trabajo de quienes se ocupan de la investigación básica en España. Por piedad, no me referiré a las laborales. En 1998, el gasto en equipamientos e instrumental científico de universidades y organismos públicos de investigación alcanzó la cifra de 42 mil millones de pesetas, cifra inferior en términos nominales (sin tener en cuenta la inflación) a la invertida en años anteriores. Cabe subrayar además que los costes presupuestarios de los apoyos a la fragata F-100 o al Eurofighter, que sólo un optimista iluminado calificaría como investigación, alcanzan este último año las sumas de 57 mil y 63 mil millones de pesetas, respectivamente. Debe calificarse de milagro que la producción científica española siga situándose entre las diez más valoradas del mundo en áreas de biología, biomedicina, matemáticas o Química según los indicadores bibliométricos al uso.

Por otra parte, el debate más reflexivo sobre las políticas científicas y tecnológicas apunta a la internacionalización de las plantillas de investigadores. Simplemente, los recursos investigadores son escasos y conviene traerlos desde donde se encuentran. Podríamos acudir a ejemplos de fomento de la inmigración cualificada en bastantes países, a través incluso de la utilización de la fiscalidad sobre la renta. La situación española es bien distinta. Es inútil leer las nuevas leyes de inmigración o de ordenación universitaria. Nada se encuentra al respecto. Ello no ha impedido, sin embargo, que algunos centros y departamentos universitarios hayan adoptado iniciativas en este sentido, pero ha sido casi siempre a pesar de los múltiples obstáculos de carácter administrativo, especialmente en el caso de los investigadores no procedentes de la Unión Europea.

Se dirá, después de lo anterior, que importa poco la forma de andar, que lo importante es el ritmo, que la productividad es cosa de economistas. Es posible, pero cualquiera que pruebe a andar a la pata coja como la economía española, apoyándose en el ciclo internacional, la actitud de los sindicatos y la paciencia salarial de casi todos, convendrá que las agujetas llegan a ser insoportables. Razón de más para que la convergencia real tenga un poco de fundamento, y para restaurar la pata de la política científica y tecnológica.