DIARIOS DE UN ECONOMISTA XCIX. La Reforma de la Universidad. Pizarra y Espíritu Empresarial.
La reforma próxima de la universidad española, que vendrá de la mano de la aplicación de la Ley de Ordenación Universitaria y de la adopción de los principios establecidos por la universidades europeas en la Declaración de Bolonia, invita a indagar en qué podría quedar la educación de nuestros jóvenes en las actitudes y habilidades que, finalmente y en su caso, les convierten en promotores de nuevas iniciativas empresariales. Quiero subrayar que tal perspectiva ha permanecido ausente del debate sobre el sentido y oportunidad de la reforma, por más que, paradójicamente, no hay estudio sobre los factores de crecimiento de países o regiones que no insista en la importancia del entrepreneurship. En España, el punto de partida no es bueno; especialmente en los estudios de licenciatura de administración y dirección de empresas: hay muy pocas vocaciones empresariales, menos que en los estudios técnicos superiores e incluso de formación profesional.
Publicado previamente en Expansion, el 27 de noviembre de 2002.
Algunos estudios de Shapero y Sokol demuestran que la intención de crear una empresa por parte de un joven responde sobre todo a la valoración personal sobre el oficio de empresario y, también, a la factibilidad atribuida a la puesta en marcha de una aventura empresarial. Los individuos se convierten en empresarios si entienden que es deseable y posible. Pues bien, un trabajo reciente de Audet demuestra que tales percepciones tienen mucho que ver con el tipo de formación impartida en la universidad. A tal efecto, se realizó un experimento consistente en ofrecer a una muestra de estudiantes de último año la posibilidad de cubrir un determinado número de créditos mediante la elaboración de un plan de negocio de una empresa imaginaria o, alternativamente, un estudio en profundidad de una determinada aventura empresarial, a través de la colaboración de empresarios colaboradores. Pues bien, el experimento concluyó en que los estudiantes que eligieron la segunda opción mejoraban significativamente su valoración personal de la condición de empresario; curiosamente, los estudiantes de la primera opción revisaron a la baja su valoración después de la elaboración del plan de negocio: demasiado aburrido. Es cierto que estos últimos estudiantes ofrecían mejores valoraciones acerca de la factibilidad de la aventura empresarial; habían adquirido los conocimientos formales para su puesta en marcha. Sin embargo, las diferencias registradas en este ámbito con respecto a los otros estudiantes fueron bastante modestas.
Lo anterior parece demostrar las limitaciones de la pizarra, o cualesquiera otros medios de simulación de la realidad, como medios de transmisión de los instintos empresariales. Debería, pues, formar parte de la reforma de la enseñanza superior universitaria el diseño de los lugares de encuentro de nuestros jóvenes, y no sólo de los que cursan administración de empresas o economía, con los empresarios. Quizá, estos sepan seducir a los primeros en el interés y conveniencia personal y social de su condición. Por ahora, nuestros estudiantes sólo ven funcionarios de la docencia.
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DIARIOS DE UN ECONOMISTA XCVIII. La Reforma de la Universidad. Viejos y nuevos tiempos.
Hasta donde me alcanza la memoria, la universidad ha disfrutado siempre de puesto de privilegio en las listas populares de instituciones en crisis. Sin embargo, a diferencia de la universidad, otras instituciones como el Estado de Bienestar, la familia, o la selección nacional de fútbol, se han beneficiado de algunos periodos vacacionales e incluso de esplendor. Lo malo es que la depresión que afecta al mundo universitario es bastante estéril. Lo cierto es que el asunto no es banal, si convenimos que nuestra universidad es una pieza esencial de la sociedad. También que la ira idiota de algunos ha desfigurado de manera notable la realidad de la universidad española. Guiados, simplemente, por la extraña razón de que la mejor manera de explicar una reforma consiste en tratar a los reformados como delincuentes.
Publicado previamente en Expansion, el 15 de julio de 2000.
Examinemos brevemente la historia penúltima de la universidad española. A lo largo de los ochenta y hasta, pongamos, 1994, la institución tuvo que hacer frente a tres tipos de exigencias: la extensión de la enseñanza universitaria a capas amplias de la sociedad española, la instauración de criterios internacionales en la asignación de fondos públicos para la financiación de la investigación, y la transferencia de resultados de investigación y prestación de servicios a la sociedad. Y es así como, en el período referido, la universidad española logró que el porcentaje de titulados universitarios respecto de la población activa se sitúe hoy en el promedio de la OCDE; multiplicó por cuatro la cuota de producción científica española respecto de la mundial; y llegó a facturar anualmente en concepto de servicios más de 20.000 millones de pesetas, cifra imprevisible en épocas anteriores. A ello hay que añadir que la consecución de estos logros se hizo de manera bastante económica: el gasto por estudiante, corregido por paridades de poder de compra, apenas alcanzaba en 1995 el 60% del correspondiente a los países de la OCDE, al igual que la remuneración media del profesorado español. Cierto es que los indicadores mencionados tapan realidades muy heterogéneas y que, en consecuencia, es posible encontrar en la universidad española despropósitos e incurias. Ello, en parte, responde a que el constituyente optó por otorgar libertad a la universidades: es sabido que la libertad suele conducir a la diferencia. En todo caso, creo que, con todas las salvedades y matizaciones que se tenga por oportuno establecer, la universidad española atendió correctamente las exigencias mencionadas. Sin ánimo de molestar, cabe decir que la universidad llegó a desempeñar las funciones encomendadas con una eficacia perfectamente comparable a la propia de otras funciones del Estado como la justicia, la defensa o la cooperación exterior.
Después vinieron tiempos peores: la búsqueda de equilibrios presupuestarios y, en algunos casos, la transferencia de las universidades a las Comunidades Autónomas, dieron lugar a dificultades insalvables para incorporar a la carrera profesional a un buen número de doctores, a la congelación de las ayudas a la investigación y, en particular, al empobrecimiento de las dotaciones de infraestructuras científicas y técnicas, y, por no seguir con la lista, a un malestar de la comunidad universitaria fácilmente constatable. Por poner un ejemplo: el gasto de I+D por investigador universitario se redujo, en pesetas constantes, un 15% entre 1992 y 1997. Y esta es, más o menos, la situación actual. En consecuencia, antes de proyectar nuevas exigencias sobre la universidad española, sería bueno cerrar dignamente el cielo abierto a comienzos de los años ochenta; no es difícil, basta con un pequeño empujón presupuestario que permita resolver algunas penurias.
Porque el nuevo ciclo que se abre – que, de hecho, está abierto desde mediados del decenio anterior – plantea exigencias de naturaleza muy distinta, que están en relación con lo que se ha convenido en denominar sociedad del conocimiento, nueva economía o sociedad emprendedora. Aunque la proximidad impide situar con precisión la nueva frontera, cabe conjeturar que las nuevas demandas tienen que ver con la contribución de la universidad a la formación de capital humano creativo, nómada y con capacidad para trabajar en espacios de cooperación amplios. Entiendo por lo primero, la facilidad para generar nuevas ideas y estructurar problemas complejos; por lo segundo, la ambición por transitar permanentemente entre ideas, proyectos y geografías; por lo tercero, la aptitud para interactuar con otros en proyectos de interés común. Aquí empiezan los problemas de la universidad española porque, al igual que una buena parte de las europeas, se ha dotado de tecnologías organizativas aptas para producir grandes volúmenes de acreditaciones homogéneas, y de culturas internas que propician la uniformidad; ambos extremos están reñidos con las nuevas exigencias apuntadas.
Si el diagnóstico anterior se aproximara a la realidad, sería bastante inmediato determinar los cambios requeridos. Primero, la universidad no puede ser ya unidad de decisión y gestión en materia docente o investigadora; es preciso proceder a una descentralización acusada del proceso de toma de decisiones. Segundo, es necesario eliminar una buena parte de las normas que estructuran sobre bases de uniformidad el quehacer universitario. Por poner un ejemplo de esto último, los planes de estudio tal y como son concebidos ayudan mediante fórmulas de menú único -todo lo más con tres primeros y segundos a elegir- la labor de la cocina, pero son incongruentes con la evidencia de que la sociedad no demanda economistas o ingenieros, sino más bien paquetes consistentes de actitudes y aptitudes, que suelen rebasar las fronteras de las áreas de conocimiento y, desde luego, de la noción tradicional de carrera. Además, los estudiantes saben lo que está en juego: de hecho, cuando concurren a procesos de selección de personal detallan mucho más lo que han hecho "fuera" de la carrera que en la misma.. Tercero, las universidades deben ofrecer espacios de acogida a profesores y estudiantes nómadas, e incitar este comportamiento entre los suyos. Cuarto, hay que propiciar la experimentación, es decir, la libertad dentro de la institución universitaria como fórmula de generación de nuevas ideas, al igual que el aprendizaje de innovaciones organizacionales ajenas. Por decirlo de manera plástica: la creación debería prevalecer sobre la manufactura; el criterio de los nómadas, ser tan importante como el de los vecinos; el cambio, imponerse a la voluntad de rutinizar comportamientos. Es posible que una universidad concebida en estos términos tenga una apariencia caótica; si fuere así, se parecerá algo más a la nueva sociedad.
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DIARIOS DE UN ECONOMISTA XCVII. La Reforma de la Universidad. Dos Apuntes sobre el Informe Bricall.
Me gano la vida con mi trabajo en la universidad. Lo que sigue después resulta, en gran medida, de mis años en la Comisión Gestora de la Universidad Carlos III de Madrid. Curiosamente, los economistas hablaban de economía; algunos incluso se interesaban por la investigación de los colegas de disciplinas lejanas. Ahora, sólo oigo conversaciones sobre planes de estudio, plazas y otras charcuterías. Después de Javier Solana hemos tenido muy mala suerte con los ministros de la cosa. Creo que desprecian el conocimiento.
La reciente, aunque se me antoja que algo precipitada, publicación del denominado Informe Bricall ha generado un oportuno debate sobre los problemas de la universidad española. Quiero referirme a dos acentos que no han merecido gran atención. Quizá, la omisión principal del Informe sea la referencia a las universidades españolas. Y es que no todas son iguales en méritos o en grado de adaptación a las exigencias sociales. La distinción es importante por dos razones: primera, permite valorar en sus justos términos los efectos de la Ley de Reforma Universitaria; segunda, en consonancia con lo anterior, propicia una mejor apreciación de las consecuencias que se derivarían de la modificación del marco legal. El segundo apunte tiene que ver con las comunidades universitarias españolas, es decir, con la profesión.
Publicado previamente en El País, el 1 de mayo de 2000.
El hecho de que no exista un mercado universitario, es decir, un mecanismo que revele sin posibilidad de manipulación el valor de las diferentes universidades españolas, obliga a abordar esta cuestión a través de la elaboración de rankings basados en medidas distintas de producción y calidad docentes e investigadoras.
Generalmente, este tipo de ejercicios es objeto inmediato de críticas, en ocasiones justificadas, de suerte que no desencadena los resultados deseados, esto es, ayudar a estudiantes y poderes públicos a formar sus preferencias, y a orientar el destino del tiempo de aquéllos y de los recursos públicos de éstos. Sin embargo, creo que la comunidad universitaria española aceptaría lo obvio, esto es, que hay universidades mejores que otras; me atrevo a pensar que una encuesta realizada con tal fin mostraría que existe un cierto grado de acuerdo sobre qué universidades son las que merecen una reputación mejor. Por mi parte, añado que, desde la perspectiva de la investigación, existen centros y departamentos excelentes a escala internacional. Si no, no tendría explicación que en términos de producción científica internacional, según los indicadores bibliométricos al uso, nuestro país se sitúe entre los diez primeros del mundo en Química, Biología, Investigación Biomédica y Matemáticas; tampoco que en bastantes áreas de conocimiento haya equipos investigadores en primera línea internacional. Como la excelencia suele presentarse de manera excepcional, el número de centros o departamentos españoles presentes en el segmento más exigente del mercado internacional de la ciencia es reducido, pues concentran la mayor parte de las aportaciones a la ciencia mundial. La ubicación de esos polos de excelencia en algunas, pocas, universidades extiende el manto protector del prestigio al resto de las actividades de esas universidades e incluso las contagia a través de la adopción de patrones de valoración del quehacer universitario. No todo es mediocridad; en la universidad española hay también excelencia, eso sí, muy concentrada, como en casi todas partes.
Si examinamos las características comunes de esos polos y, por extensión, de sus respectivas universidades, cuyo nombre no voy a proponer para evitar que la atención se desvíe, encontramos un buen uso de la autonomía conferida por la Ley de Reforma Universitaria, el respeto escrupuloso a los patrones internacionales de valoración de la investigación, la iniciativa voluntarista de sus promotores por construir oasis de conocimiento y , en términos más generales, la adopción de códigos internos sobre pautas relativas a la promoción y contratación de profesorado, formación de investigadores, competición interna y procesos de toma de decisiones. Esos códigos trasladan prácticas observadas en universidades extranjeras que han conseguido auparse en el pasado a la cima del prestigio internacional. Nada nuevo; simplemente, elección de buenos modelos a imitar. En bastantes ocasiones, tales empeños se enfrentan a la hostilidad del resto de la comunidad universitaria española, la no excelente, que se conduce según pautas de conducta enemigas de las anteriores. En la universidad española es posible y existe la excelencia internacional; la Ley de Reforma Universitaria no la ha ahogado, aunque también ha sido utilizada indebidamente.
La calidad de la universidad española es y será reflejo de los valores defendidos por los colegios de profesores e investigadores. Es sabido que en ausencia de mercados, la promoción colegiada de valores puede ayudar a resolver algunos de los problemas derivados de la dificultad de ponderar el trabajo realizado. También aquí se aprecian diferencias notables. Algunos colegios protegen un orden basado en lealtades personales entre seniors y juniors, escalafones inamovibles, el aislamiento y la búsqueda desenfrenada de singularidades, que después justifican el todo vale. La ausencia de movilidad, la endogamia, la conformación de tribunales de tesis doctoral según afinidades personales, y otras prácticas similares son la consecuencia inmediata del mal funcionamiento de esta clase de colegios. Otros, sin embargo, han definido, explícita o implícitamente, códigos de buena conducta que orientan en la buena dirección la organización profesional del quehacer científico; esos códigos se parecen bastante a los códigos internos de los polos de excelencia. Una primera diferencia entre una y otra clase de colegios es que los segundos son simples apéndices de colegios internacionales más amplios; ello impide a sus miembros la promoción de valores académicos ajenos a la búsqueda de la excelencia.
De las dos reflexiones anteriores, se sigue que en un mismo marco legal coexisten la excelencia y la mediocridad. Probablemente, un examen cuidadoso de la universidad española nos enseñaría que hoy hay más excelencia y, a la vez, más mediocridad que, pongamos, hace veinte años. Es posible que sea preciso e incluso conveniente cambiar el marco regulador de la actividad universitaria; pero es imprescindible que la autorregulación de los colegios de profesores e investigadores universitarios y de los centros y departamentos mire en la dirección de la excelencia y no en la de los sucedáneos. Si observamos, una vez más, el origen de la excelencia universitaria española, podremos constatar que ha sido construida a través de la importación del exterior de buenas experiencias profesionales, adquiridas por buenos investigadores en buenas universidades; en resumen, importación de buena tecnología académica. Nada extraordinario. Lo que hacen las empresas.
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